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En 2022, Héctor Martínez Sosa fue intermediario en la contratación de los seguros para el Servicio Penitenciario Federal que dependía de Martín Soria.
El Ministerio de Justicia que comandó Martín Soria durante la gestión de Alberto Fernández también quedó involucrado en la maniobra irregular con la contratación de seguros. Según documentos oficiales a los que accedió Clarín, el 23 de mayo de 2022 el ex ministro K autorizó la contratación, con una orden directa, de un servicio de seguros de ART para todo el personal del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
La empresa que obtuvo el contrato fue Provincia ART y según corroboró este medio en base a fuentes oficiales -y que estuvieron al tanto de la negociación- el broker que ofició de intermediario fue Héctor Martínez Sosa, esposo de María Cantero, la secretaria del ex presidente Alberto Fernández. El nombre de Martínez Sosa fue propuesto por la gestión de Soria.
La contratación de Provincia ART salió publicada en el Boletín Oficial en mayo de 2022 bajo el rótulo de Decisión Administrativa 525/2022 y lleva la firma del ex ministro de Justicia. El área beneficiada, el Servicio Penitenciario Federal, estaba a cargo en ese entonces de María Garrigós de Rébori, ex jueza e integrante de la agrupación Justicia Legítima que aglutina a magistrados, fiscales y abogados vinculados al kirchnerismo. Juan Martín mena, el ex vice de Justicia cercano a Cristina Kirchner, también tenía influencia fuerte en esa área.
El contrato para asegurar a todos los empleados del Servicio Penitenciario fue por dos años con opción a extenderlo un año más. Y según los documentos a los que accedió Clarín costó $839.864.426.
Hoy debería seguir vigente, pero tras la llegada de Javier Milei al Gobierno y cuando el Servicio Penitenciario Federal pasó a la órbita del Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich dio de baja el contrato con el broker amigo del ex presidente. Hoy la relación entre el Servicio Penitenciario y Provincia ART se estableció de manera directa.
El negocio era redondo para Martínez Sosa que a esa altura ya se había quedado con la intermediación de varios organismo públicos en la contratación de seguros. Se quedaba con un porcentaje cercano al 15% de comisiones por ser intermediario en un negocio que no necesitaba broker.
Hasta antes de la aparición de Martínez Sosa en este nuevo negocio, el SPF tenía un sistema de auto-seguros que era brindado por la obra social que cubría a los empleados de ese organismo. La obra social era subsidiada por el Estado nacional para cubrir los requerimientos de salud y de ART del personal que trabaja en los penales federal.
Por eso el ingreso de Martínez Sosa como intermediario pareció un negocio más a su medida que a los intereses del Estado y los empleados del SPF.
Hoy Martínez Sosa busca despegarse de los presuntos favores que le habría hecho el ex presidente para que se quede con el negocio de la intemediación en organismo oficiales. En una nota que envió al mercado de seguros, dijo que nunca solicitó “como empresa al ex presidente su intervención en ninguno de nuestros negocios”. pero admitió que lo une una relación de amistad y que tuvo mucho encuentros con Fernández.
Como publicó Clarín, Martínez Sosa acumula varios ingresos a la Quinta de Olivos durante la gestión del ex presidente incluso durante la cuarentena cuando estaba prohibido. En la noche del 11 de mayo de 2020 estuvo casi una hora en la residencia presidencial, y también figura un ingreso tres días después, el 14 de mayo. Esa noche, Martínez Sosa llegó a la reunión con Fernández acompañado por María Cantero, su esposa y secretaria privada del entonces Presidente. Ese mismo año, el 8 de enero, ingresó a Olivos a las 21:36 y se retiró al día siguiente a la 1:20 de la madrugada.
El ex presidente y su amigo Martínez Sosa fueron denunciados en la Justicia por las maniobras oscuras con los seguros. Ya fueron imputados por el juez Julián Ercolini que lleva adelante el caso. Pese a las pruebas, el ex presidente sostiene que es inocente. Desde México, donde se fue cuando estalló el escándalo, aseguro que no cometió “ningún hecho indebido”. La Justicia deberá investigar si tiene razón.
