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El Gobierno habla de un aumento de 15% en luz, pero solo en una parte de las tarifas

¿Qué explicó el secretario de Energía, Darío Martínez?. Especialistas estiman un ajuste de entre 30% y 40%.

El secretario de Energía, Darío Martínez, negó que las tarifas (de luz y gas) vayan a aumentar un 30%. Sin embargo, sus definiciones al respecto dejaron abiertos interrogantes. Aunque habló de un 10% a 15% de recomposición, lo hizo solo en referencia a una parte de las boletas.

“El VAD (valor agregado de distribución, el margen de las distribuidoras por prestar sus servicios) lo definen las provincias y es su responsabilidad en cada jurisdicción, sí tenemos injerencia en el estacional que creemos que andará entre 10-15% de aumento”. dijo Martínez, en declaraciones radiales.

Sin embargo, el VAD representa solo una parte de la tarifa. En Buenos Aires, es cerca de un 20%. En el interior, puede llegar a ser más alto (40%).

“El presupuesto no establece que las tarifas deban subir un 30% el año que viene. El nivel de evolución debe ser por debajo de los salarios y el presupuesto pone topes sobre la utilización de subsidios; eso sí es una discusión de muchísimos años de la Argentina para usarlos más eficientemente”, expresó Martínez.

El ministerio de Economía confirmó el domingo que habrá segmentación de subsidios. La comunicación resultó inusual. Economía confirmó que el Gobierno avanzará en esa dirección, como había adelantado Clarín.

“A medida que evolucione el bolsillo, podrá evolucionar la tarifa pero siempre por debajo (de la inflación). Este año se tomó la decisión de que aumente un dígito y creo que el año que viene andará sólo un poco por arriba de eso, pero también hay que ver cómo evoluciona el resto de la economía”, afirmó Martinez.

Sin embargo, para lograr disminución de los subsidios, los aumentos de tarifas deben estar por arriba del 10%-15% anunciado por el secretario. De lo contrario, es improbable que se pueda achicar la partida de subvenciones para energía.

El aumento en el “VAD” mejoraría los balances de las distribuidoras. Pero no cambiaría el costo de generación eléctrica. Dos tercios de esa cuenta las paga el Estado y ese es el mayor gasto. Cualquier intento de disminuir subsidios tiene que atender esa situación.

Para que en 2022 se cumpla el presupuesto, habrá que aplicar subas. El presupuesto avisa que se buscará que la tarifa cubra un 43% de los costos eléctricos, en lugar del 30% actual. Para lograrlo, el Gobierno tendrá que avanzar con incrementos.

En algunos casos, esas subas rondarían el 40% o más en sectores de clase media, para llegar a las cuentas que presentó Economía. Especialistas consultados están haciendo estudios. Una opción que manejan en las distribuidoras es incrementos de entre 18% y 20% para  todos, sin segmentación.

En el Poder Ejecutivo existe un plan para adecuar las tarifas, a implementar después de las elecciones. Se trata de una segmentación, por la cual el nivel de incremento sería diferente según las características de los consumidores. Se vino estudiando buena parte del año.

El secretario de Energía, Darío Martínez, expresó hace una semana que no sirve “tener las tarifas congeladas” durante otro año más.

Estamos convencidos en que hay que ir hacia un esquema de segmentación, que tiene que hacerse con un nivel de base de datos que la estamos construyendo; hay limitaciones en cuanto a la información de AFIP que iremos resolviendo con una legislación para avanzar en la ley”, dijo Martínez. “El ahorro de subsidios no es la única motivación, sino la justicia en la distribución aplicada inteligentemente”, agregó.

La pregunta de los especialistas en servicios públicos es si en 2022 se repetirá la película de 2021. Es decir, si nuevamente se destinarán más fondos que los asignados para mantener las tarifas congeladas

El ministro de Economía Martín Guzmán está negociando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En ese entendimiento, la reducción de subsidios es una de las vigas, según creen varios economistas. Si Guzmán sale fortalecido de los desacuerdos entre presidente Alberto Fernández y vicepresidenta Cristina Kirchner, tendrá más chances de aplicar las correcciones que considera convenientes.

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