La fiscalía cree que son activistas de ultraderecha que pretendían alcanzar su objetivo por medios militares y por la fuerza
Veinticinco personas fueron detenidas este miércoles en Alemania dentro de una serie de redadas contra supuestos extremistas de ultraderecha, según indicó la agencia alemana de noticias DPA.
Las autoridades realizaron diversos allanamientos en 11 de los 16 estados de Alemania contra miembros del movimiento Ciudadanos del Reich, según funcionarios citados por DPA. Algunos miembros del grupo rechazan la constitución alemana de posguerra y han pedido que se derroque al gobierno.
Según el semanario Der Spiegel, entre los lugares registrados estaban las edificaciones de la unidad alemana de las fuerzas especiales KSK en la localidad suroccidental de Calw. La unidad ha sido investigada en el pasado por la supuesta pertenencia de algunos soldados a grupos de ultraderecha.
Veintidós ciudadanos alemanes fueron detenidos bajo sospecha de “pertenencia a organización terrorista”, según la fiscalía. Otras tres personas, incluido un ciudadano ruso, eran sospechosos de apoyar la organización, añadió.
La fiscalía federal declinó confirmar o negar si se habían registrado las unidades de la KSK.
Además de las operaciones en Alemania, una persona fue detenida en la localidad austriaca de Kitzbuehel y otra en la ciudad italiana de Perugia.
La fiscalía dijo que los supuestos líderes del grupo, identificados sólo como Heinrich XIII P. R. y Rüdiger v. P., están acusados de fundar el año pasado una “organización terrorista con el objetivo de revocar el orden estatal actual en Alemania y sustituirlo con su propia forma de estado, que ya estaba en proceso de fundación”.
Los sospechosos eran conscientes de que su objetivo sólo podía alcanzarse por medios militares y por la fuerza, indicó la fiscalía.
Supuestamente creían en un “conglomerado de teorías conspirativas consistentes en mensajes de los llamados Ciudadanos del Reich, así como ideología QAnon”, según el comunicado de la fiscalía.
El pasado 14 de noviembre, el partido ultraderechista Alternativa por Alemania (AfD) se querelló ante el Tribunal Constitucional contra el canciller alemán, Olaf Scholz, tras las declaraciones en las que se refirió a la formación como “partido de Rusia”.
La AfD considera que con ello el canciller “difamó” al partido e infringió también su deber de neutralidad como representante de un órgano del Estado, además de haber contravenido el derecho del partido a formular preguntas en el pleno.
Con ello, Scholz envía “una señal fatal para cultura democrática” que debe tener “consecuencias legales”, argumentó según un comunicado el asesor jurídico del grupo parlamentario de la AfD, Stephan Brandner.
“Con su desprecio de su deber de neutralidad como órgano ejecutivo del Estado hacia el grupo parlamentario de la AfD y de los millones de ciudadanos que representamos, así como del principio de buena fe, Scholz socava la confianza en nuestra democracia parlamentaria” arguyó.
El pasado mes de julio, un diputado de la AfD preguntó a Scholz por qué no emprendía los pasos necesarios para la puesta en funcionamiento del gasoducto Nord Stream 1, cuyo proceso de certificación fue paralizado por Alemania después de que Rusia reconociese a las repúblicas separatistas ucranianas de Donetsk y Lugansk.
“La AfD no es sólo un partido populista de derechas, sino también el partido de Rusia”, replicó el canciller.
La formación ultraderechista ya salió victoriosa en un proceso similar, tras haber acudido al tribunal con sede en Karlsruhe (sur de Alemania) con una querella contra la predecesora de Scholz, Angela Merkel.
En 2020, la entonces canciller calificó de “imperdonable” que el político liberal Thomas Kemmerich hubiese sido elegido primer ministro del “Land” de Turingia con los votos de su partido, la Unión Democristiana (CDU) y de la AfD y habló de “un mal día para la democracia”.
El Tribunal Constitucional falló en junio que los comentarios de Merkel habían sido realizados “de forma unilateral y partidista” contraviniendo la igualdad de oportunidades de los partidos en la competición política.
Según la sentencia, los políticos deben mantener el imperativo de la neutralidad estatal cuando se pronuncian en su papel de miembros del Gobierno.