La operación policial en la embajada mexicana en Quito es especialmente grave en una región a la que le cuesta comprender donde están los límites. Es tan complicado el suceso como el precedente que emite.
La invasión policial en la embajada de México en Quito es un acontecimiento de extrema gravedad en una región a la que le cuesta comprender donde están los límites que nunca deberían cruzarse. Es tan complicado el suceso como el precedente que emite.
La acción ordenada por el gobierno de Daniel Noboa, quien suele afirmarse en la recuperación de la legalidad, institucionalidad y derecho, tuvo como propósito el arresto de Jorge Glas, el ex vicepresidente del populista Rafael Correa. Este individuo arrastra una cadena de causas de corrupción, ligadas parte de ellas con el escándalo regional de sobornos del caso Odebrecht.
Esas miserias involucran de lleno al ex presidente que vive asilado en Bruselas para escapar de una condena a ocho años de prisión también por corrupción verificada. Ellos dicen que son perseguidos políticos con la coartada del lawfare.
Pero el impacto político interno se notó inmediatamente. Los 51 legisladores del correísmo que tienen un pacto de gobernabilidad con Noboa, se pasaron en masa a la oposición. El oficialismo cuenta con solo 14 bancas propias.
Glas se había refugiado en la embajada de México en diciembre y el polémico y saliente gobierno de Andrés Manuel López Obrador, le había otorgado hace horas el asilo en medio de un cruce de maltratos entre los dos países. Faltaba la disposición del salvoconducto por parte de Ecuador, que en cambio envió un equipo de comandos que arrestaron al político y agredieron impunemente a los diplomáticos mexicanos.
Noboa, en un comunicado que no parece advertir la gravedad del episodio y titulo “Defendemos la soberanía nacional, cero impunidad”, indicó que “ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político” y añadió que “al haberse abusado de las inmunidades y privilegios a la misión diplomática que albergaba a Glas y conceder un asilo diplomático contrario al marco convencional, se ha procedido con su captura”.
Pero esa condición no la podía definir Quito, Glas estaba refugiado en una embajada extranjera cuyo gobierno había establecido una protección blindada por convenios internacionales que también acordó Ecuador. Puede ser injusto o reprochable, pero no se debería derrumbar edificios institucionales con el dudoso argumento del interés propio.
Cuando, por ejemplo, la policía británica ingresó a la embajada de Ecuador en Londres, en abril de 2019, para arrestar a Julian Assange, el fundador de WikiLeaks que publicó cruciales e imprescindibles documentos secretos que develaron graves operaciones secretas estadounidenses, lo hizo porque Quito le levantó el asilo que le había otorgado Correa durante su gobierno. Al no existir el escudo diplomático, la acción policial era legal.
Argentina y Venezuela
No es lo que acaba de ocurrir con la embajada mexicana. El precedente que deja es de tal gravedad, que la región se unió en el repudio. Solo notar que Argentina tiene media docena de refugiados políticos en su embajada en Caracas, perseguidos por el régimen de Nicolás Maduro que los acusa de terrorismo por su actividad opositora. Si el chavismo acepta como regla el procedimiento de Ecuador, esa gente ha entrado en zona de alto peligro.
El trasfondo del episodio es el cruce cada vez más duro de Ecuador con el presidente mexicano, un lider en retirada que rompe constantemente su supuesta regla de no injerencia. La ha ignorado con Perú defendiendo al ex mandatario Pedro Castillo, arrestado por su intento de golpe quien también tras el fracaso de la sublevación intentó escapar a México.
Ahora ha escalado el enfrentamiento con Ecuador en la antesala de las elecciones presidenciales del próximo 2 de junio en México que definirán al sucesor del mandatario. La oficialista Claudia Sheinbaum marcha con fuerte ventaja según las encuestas. Sin embargo llama la atención la estrategia.
Antes de otorgar el asilo a Glas, López Obrador hizo una declaración aventurada a sabiendas de sus consecuencias, dando a entender que la victoria de Noboa en agosto de 2023 se hizo aprovechando el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio a manos de un sicario del narcotráfico.
“Hubo elecciones en Ecuador; iba la candidata de las fuerzas progresistas como 10 puntos arriba” y “entonces, un candidato que habla mal de la candidata que va arriba, es asesinado y la candidata que iba arriba (la correista Luisa González) se cae y el candidato que iba en segundo sube”, aseveró AMLO sugiriendo una estrategia mafiosa en ese decurso.
Quito repudió el comentario y enfrió las relaciones, pero el mexicano indicó ese episodio como un dato que podría repetirse en su país para malograr la carrera de Sheinbaum. No sabemos si se refería a que las cabeceras de las mafias de la droga que controlan el negocio en Ecuador están precisamente en México.
Hay una paradoja en todo este episodio que posiblemente el líder mexicano prefiera ignorar. Hace poco, en la investigación del caso “Metástasis” sobre el involucramiento del crimen organizado en las instituciones ecuatorianas, se supo que Correa tuvo contactos con un capo narco preso, Leandro Norero, alias ‘El Patrón’, para que lo ayude a liberar a Glas. Noboa ahora, lamentablemente, le ha brindado letra a quienes afirman que estos sujetos son perseguidos políticos.
