Las marchas en Santa Cruz fueron un aviso de la ciudadanía sobre lo que se está gestando en parte del gobierno de Luis Arce y en el partido de Evo Morales
En vista del exceso de coca, el gobierno boliviano decidió crear una empresa estatal que se ocupará de industrializar la hoja, a pesar de que el sector privado, todo ilegal, exporta más que nunca y predomina en la política.
La noticia llega cuando la escasez de combustibles, sobre todo diésel oil, frena la economía legal y la menor producción de gas natural obliga al país a pagar multas a Brasil por incumplir el contrato de provisión, como había ocurrido con Argentina el año pasado.
El presidente Luis Arce destinó 10 millones de dólares al proyecto Kokabol el mismo día en que el diputado Rolando Cuéllar, del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) denunció al vicepresidente de ese partido, Gerardo García, de nexos con el narcotráfico.
La iniciativa surge como respuesta a las protestas de los productores de coca de Chapare, afligidos por la caída del precio de la hoja y de la propia cocaína, por el exceso de producción y por el ingreso del producto peruano.
Es la cuarta vez que el MAS, desde que comenzó a gobernar en 2006, anuncia proyectos de industrialización de la coca, con la idea de fabricar pasta dental con sabor a coca para exportarla a todo el mundo. El partido de Evo Morales legalizó los cultivos de la zona de Chapare, que excedían el área autorizada por las leyes, con el argumento de que “mientras haya pobres, habrá coca”.
Con esa bandera expulsó a la DEA, al embajador de Estados Unidos y a USAID, pero ahora es acusado por sus propias bases de haber alentado la llegada de coca y cocaína peruana, por sus contactos y afinidades con el presidente Pedro Castillo.
Para atender la demanda de coca del uso tradicional, del masticado, bastaría la producción de 6.000 hectáreas, dice el experto Franklin Alcaraz, pero ahora los cultivos superan las 50.000 hectáreas y crecen a un ritmo de 15% anual.
Mientras se organiza Kokabol, la cocaína ha convertido a Bolivia en un centro distribuidor en la región, recibiendo la “pasta base” (sulfato de cocaína) peruana, que se convierte en clorhidrato en modernas fábricas camufladas, y se envía hacia Argentina y Brasil.
Desde Brasil, según informó O Estado de Sao Paulo, la cocaína procedente de Bolivia es manejada por el cártel Primer Comando da Capital (PCC) y es enviada a la calabresa Ndranghetta, que se ocupa de distribuirla en Europa.
El narcotráfico sigue creciendo, a juzgar por los decomisos de droga que hace la policía, que es señalada por Morales como cómplice de las mafias. Y ha producido el asesinato de tres policías, que fueron ejecutados con disparos en la nuca.
En la ciudad de Santa Cruz, la más grande de Bolivia, miles de ciudadanos marcharon esta semana, movidos por la consiga: “No queremos un Narco-Estado”, “Queremos una Bolivia digna”.
La guerra entre quienes quieren acabar con el narcotráfico y los que lo protegen ha entrado en el partido de gobierno. El ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, asistió en Asunción a una reunión de la Unión Europea y el Celac para coordinar acciones contra de narcotráfico, con el apoyo de la DEA.
El sector que sigue a Morales exige ahora la destitución de Del Castillo, quien es acusado de ser agente de la DEA, pero por otro lado avanza un trámite para la extradición a Estados Unidos del general Maximiliano Dávila, que podría llevar a la extradición del propio Evo Morales.
