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Una pericia de la Corte desmiente a la AFIP en el juicio a Oil

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Afirma que el reclamo de deuda nunca fue de $8 mil millones y que para diciembre 2015 estaban todos los planes regularizados y con las cuotas al día.

La pericia oficial realizada por contadores de la Corte Suprema que se incorporó al juicio oral por la presunta defraudación de la petrolera Oil Combustibles cuestionó la acusación de la AFIP contra el ex titular del organismo recaudador Ricardo Echegaray y los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa.

En ésta se demuestra que el reclamo de deuda por el Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) no fue de $8.000 millones y que para diciembre 2015 estaban todos los planes regularizados y con cuotas al día.

Según informa el periodista Gabriel Mornini en Ámbito Financiero, el monto refinanciado en planes especiales era de $2.200 millones de los cuales $1.600 se pagaron.

Además, en diciembre de 2015 no existía deuda exigible y que los planes de pago con los que se había financiado la firma estaban regularizados. Los expertos destacaron también que una serie de disposiciones del administrador federal Alberto Abad apenas asumió Cambiemos, generaron la caída de los planes de pago y ocasionaron que la deuda se tornara de imposible cumplimiento.

Por orden del Tribunal Oral Federal N°3, la pericia fue incorporada como prueba al juicio días antes de la feria. Los expertos de la Corte, el Ministerio Público Fiscal, de la querella de AFIP, además de los representantes de la defensa, entregaron el informe el 17 de julio pasado.

El documento explica que “en el período que va desde el inicio de actividades de Oil Combustibles hasta el día en el que ésta presentara su concurso preventivo, se abonaron por todo concepto $7.175.646.906,18”. Ésto cuestiona una de las principales hipótesis de la investigación que fue que la empresa jamás había abonado el ITC -a excepción de sólo 7 meses- y que con esos montos había financiado el conglomerado empresario del Grupo Indalo.

Se detalla también que en los Planes por el denominado Artículo 32, se pagaron más de $5.333 millones de capital más $1841 millones de intereses por financiación.

Los expertos señalan que fueron resoluciones de Abad las que hicieron caer los planes de pago vigentes hasta fines de 2015 lo que generaron la acumulación de deuda que se volvió inmediatamente exigible y generó la quiebra de la empresa.

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