Ordenó que el diputado del Parlasur no puede salir del Uruguay hasta que termine el proceso.
La Justicia uruguaya resolvió este jueves suspender el proceso de extradición del diputado del Parlasur y ex asesor de Mauricio Macri, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, hasta tanto la Comisión de Refugiados se expida sobre su pedido, en el que sostiene que es víctima de una persecución política en nuestro país y que teme ir preso en el marco de la investigación donde se lo acusa de ser integrante de una presunta asociación ilícita.
El diputado del Parlasur por Cambiemos pidió convertirse en un refugiado del otro lado del Río de la Plata porque estaba convencido de que Interpol iba a emitir el alerta roja después del pedido de la jueza María Servini, quien ordenó su captura internacional.
Con los fundamentos presentados ante la Comisión de Refugiados (CORE) con sede en Uruguay, Rodríguez Simón -investigado como parte de una presunta asociación ilícita dedicada al hostigamiento de los dueños del Grupo Indalo para desapoderarlos de sus activos- aguarda a que se defina su situación, y hasta tanto logró un fallo favorable.
Luego de la audiencia de debate desarrollada este jueves por la tarde en Montevideo, la jueza letrada Penal Especializada en Crimen Organizado de 1º Turno, Adriana Chamsarian, decidió “suspender el presente proceso de extradición (…) hasta resolución firme sobre la cuestión previa invocada de su calidad de refugiado”, según la sentencia a la que accedió Clarín.
En otro tramo de su planteo, la magistrada dispuso también que “constituya domicilio en el país, entregue los pasaportes que pueda tener en su poder y disponer el cierre de fronteras, oficiándose en carácter de urgente”.
En el marco del expediente de extradición, según señaló la jueza uruguaya, “se presentó documentos que refieren a solicitudes, documentos referidos a la misma y consultas sobre la calidad de refugiado”.
Por ese motivo y atentos a la gravedad del caso, se requirió que la Oficina Actuaria proceder a desglosar todas aquellas actuaciones, “que están amparadas al derecho de confidencialidad”. Bajo esa oficina estará a cargo la custodia de Rodríguez Simón como “la prohibición de exhibir dicha documentación sin autorización judicial”.
“Está avanzando el procesamiento, están dadas las condiciones para que me lo otorguen (el refugio)”, dijo Rodríguez Simón, abordado por un movilero del oficialista C5N, a la salida de la reunión en la capital de Uruguay. “Me considero un perseguido político”, reiteró.
El ex asesor judicial de Mauricio Macri ya había presentado dos habeas corpus que fueron rechazados. En ellos manifestó que fue fotografiado por personas desconocidas, dijo que ha visto coches en actitud de aparente vigilancia y movimientos raros a su alrededor. “No obstante no ha formulado petición alguna sobre el punto ni mucho menos ha atribuido tales situaciones a decisiones del Estado uruguayo ni de organismos del mismo”, indicó la jueza uruguaya, que ya en ese momento había entendido que primero debía resolver su pedido de refugio político.
Pero como parte del expediente que se inició en Uruguay tras la orden de la jueza María Servini de extraditarlo y detenerlo, se había convocado a una audiencia.
En ese marco, Rodríguez Simón planteó su caso y dijo que hace un mes aproximadamente había formulado un pedido para ser acogido por Uruguay como refugiado político, trámite que inició ante la CORE (Comisión de Refugiados) que funciona por vía separada del Poder Judicial.
Si bien, Rodríguez Simón realizó su trámite para obtener el status jurídico como refugiado político ante la CORE, presidida este año por la cancillería uruguaya, el caso pasó a manos de la justicia tras el envío del exhorto por parte de la justicia federal argentina, ordenando la captura internacional.
La jueza federal Servini declaró en estado de rebeldía a Pepín cuando solicitó ser refugiado en Uruguay. Sobre él hay una citación a declaración indagatoria para el 17 de junio, ya que se encuentra imputado en el expediente que inició con la denuncia de Fabián de Sousa, socio de Cristóbal López.
En la causa se investiga si Rodríguez Simón y otros ex funcionarios de Macri -también al ex presidente- formaron una estructura delictiva para inventar causas por corrupción “a través de los cuales, con abuso funcional y desvío de intereses, habrían producido perjuicios económicos tanto a particulares, como al patrimonio nacional, con el objetivo de llevar al derrumbe de las empresas integrantes de aquel grupo para su liquidación y venta a precio vil, presuntamente en beneficio de intereses empresarios afines al gobierno y en perjuicio de los intereses públicos por los que debía velar el organismo recaudador nacional”.
Para Servini, con su comportamiento Rodríguez Simón busca “sustraerse de la justicia, lo cual fue ratificado por su letrado defensor el día 18 de mayo de 2021″, y por eso pidió que Interpol emita una alerta roja para su captura.