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Norberto Manzano y Carlos Alberto Rojas fueron procesados y embargados.
La Justicia Federal de Tucumán imputó y embargó a dos dirigentes sindicales por “encubrimiento agravado” en el caso de María de los Ángeles “Marita” Verón, desaparecida hace más de 20 años, donde se investiga si la joven está muerta.
Se trata del secretario general de la Asociación del Personal Jerárquico del Agua y la Energía (Apjae), Norberto Manzano, y de su par de Tucumán, Carlos Alberto Rojas, quienes fueron convocados este domingo a prestar declaración indagatoria en los tribunales federales de Tucumán.
Fuentes cercanas a la investigación indicaron que los sindicalistas presentaron un escrito y la Justicia resolvió imputarlos por ser sospechosos de “ocultar u omitir la existencia de una carpeta que contenía fotos del cuerpo de Marita, que habrían sido utilizadas como ‘extorsivas‘ en una interna gremial”.
El Juzgado Federal 1, a cargo del Juez Subrogante, José Manuel Díaz Vélez no hizo lugar a los planteos de sobreseimiento realizados por la defensa de ambos gremialistas y dispuso el embargo de cinco millones de pesos para cada uno con el fin de garantizar el proceso penal. Así mismo y según informó el diario La Gaceta, no se decretó la prisión preventiva para los sospechosos.
“Se les imputa el delito de encubrimiento, ya que en este caso tienen o han tenido documentación que permitiría conocer el destino final de Marita y no la han aportado a la Justicia”, dijo Carlos Garmendia, abogado de Susana Trimarco, madre de la joven desaparecida.
En conferencia de prensa, el 9 de agosto, Trimarco había anticipado sobre nuevas pistas en la causa de la desaparición de su hija, relacionadas con la existencia de una carpeta con fotos y documentos que demostrarían que Marita murió y que en el hecho habría vinculación de “sectores gremiales”.
Acompañada por sus abogados, José D’Antona y Garmendia, Trimarco señaló por entonces que las pruebas recolectadas les permiten sostener que la carpeta con las fotos “existe o ha existido” porque en total son “diez personas” que revelaron la misma información, y confirmó que “Luz y Fuerza y otros gremios pequeños están involucrados”.
Los sindicalistas implicados
“En marzo de este año tuvo lugar una reunión de Apjae a nivel nacional en Tucumán, en la que Manzano dijo que tenía en su poder una carpeta con documentación y fotos de Marita muerta. De acuerdo con lo que se ve en una de esas fotos, el cuerpo habría estado en la sede del gremio de Luz y Fuerza de la provincia, y en otra, se lo puede ver en la clínica Luz Médica”, contó Garmendia, en charla con Télam.
Además, Manzano habría contado en ese encuentro que “la documentación había llegado a sus manos a través de Rojas, quien se la había sacado anteriormente a Julio Luna, en ese entonces titular de Luz y Fuerza de Tucumán. Manzano utilizaba la carpeta en contra de Luna en una puja interna por los afiliados”, agregó el abogado.
Manzano le habría expresado a Luna: “Mirá la carpeta que tengo con la foto de ‘Marita’ Verón que ingresaron a tu gremio y a tu sanatorio, así que déjame de joder a la gente” y “con esto vas a dejar de apretar a mis trabajadores, porque si no yo lo voy a llevar a la justicia”, habría amenazado, según el periódico local.
Garmendia sostuvo que “se pudo acreditar que la reunión existió, que Manzano se hizo de esa carpeta y también sus dichos en la misma”.
Luz Médica, ubicada en la capital tucumana, fue fundada por Luna, quien tuvo una larga carrera como dirigente de Luz y Fuerza y murió en diciembre de 2020, después de permanecer internado por una infección agravada por Covid-19, por lo que la clínica quedó en manos de su familia.
Marita Verón tenía 22 años cuando fue raptada desde un auto el 3 de abril de 2002 en la ciudad de San Miguel de Tucumán.
Las investigaciones que encaró Trimarco permitieron a la Justicia arribar a la conclusión de que Marita había sido captada por una red de trata de personas que operaba en La Rioja para ser explotada sexualmente.
El 16 de agosto el Ministerio de Seguridad estableció una recompensa de cinco millones de pesos para quien aporte datos que permitan dar con el paradero de Marita.
“Quienes cuenten con información podrán comunicarse telefónicamente con el Programa Nacional de Recompensas dependiente de la cartera de seguridad, llamando a la línea gratuita 134 que garantiza la preservación de la identidad del aportante”, indicó la resolución publicada en el Boletín Oficial.
