Busca la nulidad de 802 mesas. Una estrategia de supervivencia ante la amenaza de volver a la cárcel.
Desde que Keiko Fujimori declaró que sospechaba que el partido de su competidor Pedro Castillo había montado una maquinaria para quitarle votos en el balotaje de Perú, los hechos posteriores no solo la contradijeron, sino que la alejan cada vez más de alcanzar la victoria electoral. Nuevos incidentes del caso judicial que enfrenta, la enrrumban otra vez con dirección a la cárcel.
El miércoles en la noche la candidata presidencial volvió a presentarse en conferencia de prensa para reportar que había acopiado más evidencias de presuntas irregularidades durante las elecciones, y anunció que un ejército de abogados planteará la nulidad de los resultados en 802 mesas de sufragio en todo el país, lo que representa un universo de 300 mil votos en conjunto.
Precisamente es la cantidad que podría ayudar a Keiko Fujimori a superar al izquierdista Pedro Castillo, que mantiene un pequeño pero firme ventaja sobre la hija del recluso expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), que participa por tercera vez consecutiva a la presidencia, luego de los frustrados intentos de 2011 y 2016.
Pedro Castillo lidera las elecciones de Perú con todas las actas procesadas. Foto DPA
Sin embargo, mientras Keiko Fujimori se dedica a empañar el resultado del balotaje porque se le presenta adverso, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, informó en la tarde de este jueves que se terminó de procesar el 100% de las actas “de una elección segura, tranquila, limpia y transparente, como nos comprometimos”.
Con el 100% de actas procesadas, el izquierdista Pedro Castillo alcanzó el 50.198% de los votos válidos y Keiko Fujimori el 49.802%, lo que implica una diferencia de 69 mil 546 votos.
Las dificultades de Keiko
A sabiendas de la tendencia que favorecía al profesor Castillo, Fujimori justamente, conforme a su narrativa de presunto fraude, anunció el pedido de la anulación de los resultados en 802 mesas con la idea de pescar algunos miles de votos para ganar la elección.
No será muy fácil demostrarlo porque las evidencias de supuestas maquinaciones de representantes de Perú Libre, el partido de Pedro Castillo, para arrebatarle votos a Keiko Fujimori, carecen de veracidad.
La candidata Fujimori, por ejemplo, citó un caso en la localidad altiplánica de Acora, en el departamento de Puno, en la frontera con Bolivia. Denunció que los tres miembros de la mesa pertenecían a una misma familia Catacora y que Perú Libre los había nombrado, lo que explicaba que asombrosamente en dicha mesa había conseguido solo 1 voto, contra los 197 de Castillo.
Un periodista del diario limeño La República viajó hasta Acora y entrevistó a Bertín, Luis y Humberto Catacora, y confirmó que los tres no eran miembros de la misma familia aimara, porque en el pueblo donde viven casi todos llevan el mismo apellido. Ni siquiera se conocían hasta que fueron convocados como miembros de la mesa electoral. Por si fuera poco, no tienen ninguna relación con el partido Perú Libre y habían sido seleccionados por sorteo, lo que fue ratificado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Los expertos en materia electoral recordaron que cuando Alberto Fujimori cometió fraude en un intento de ganar una tercera elección en el año 2000, mantenía bajo su control los organismos electorales, contaba con millones de dólares de fondos públicos para el financiamiento de su campaña y contaba con el apoyo de la mayoría de medios de comunicación pagándoles impresionantes sobornos.
Una gran diferencia con Pedro Castillo, que ni siquiera pudo alcanzar los representantes necesarios para vigilar las mesas de sufragio en todo el país para defender los votos a su favor.
Cuando estaba en plena ejecución el plan de Keiko Fujimori para anular la votación de 802 mesas, el fiscal José Domingo Pérez encargado de la investigación contra la candidata presidencial, pidió a la justicia que retorne a prisión porque violó la prohibición de contactarse con testigos del caso.
Pérez, quien ha pedido 30 años y 10 meses de prisión para Fujimori por haber recibido US$ 17.3 millones de contribuciones ilegales -entre ellas las de la constructora brasileña Odebrecht- para financiar sus campañas presidenciales de 2011 y 2016, señaló que la acusada se reunió con el ex congresista fujimorista Miguel Torres Morales. En efecto, en la conferencia de prensa del jueves en la que anunció la anulación de las mesas electorales, Fujimori presentó al abogado Torres como el estratega legal.
Esta fue la segunda peor noticia sobre su caso judicial que recibió Keiko Fujimori.
El 4 de junio, a solo 48 horas del balotaje del domingo 6 de junio, el juez Víctor Zúñiga rechazó un requerimiento de Keiko y de otros implicados en el caso, para desestimar el cierre de la investigación fiscal. Con esta maniobra, los imputados, entre ellos la candidata presidencial, pretendían postergar el inicio del juicio oral. Pero no lo consiguieron.
Por todo esto, resultaba apremiante para Fujimori ganar las elecciones: de llegar a la presidencia el proceso judicial en su contra se suspendería hasta que concluya su mandato en 2026.
Esta es una de las poderosas razones por las que la hija del condenado ex presidente Alberto Fujimori necesitaba urgentemente vencer al modestísimo profesor y campesino Pedro Castillo.
Así como van los resultados, la victoria se presenta evasiva para Keiko y la acercan a la acción de la justicia, que busca que retorne a prisión.