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Represas patagónicas: el Ministerio de Energía le pidió a China que negocie la salida de Electroingeniería

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Fue antes de la detención de Gerardo Ferreyra, señalado en los cuadernos de la corrupción y uno de los mayores beneficiados con obra pública durante el kirchnerismo

Una semana antes de que detonara el escándalo por la “cartografía en prosa” sobre pagos y cobros de coimas por la obra pública durante el kirchnerismo, el ministro de Energía Javier Iguacel recibió en su nuevo despacho a Yang Wanming, el embajador de la República Popular China en la Argentina.

Era la primera vez que conversaban tras la remoción de Juan José Aranguren. Además de dialogar sobre el estado de las obras de las polémicas represas en Santa Cruz, financiadas por bancos chinos a un costo renegociado de USD 4700 millones, el diplomático le manifestó el interés de su país para avanzar en otros proyectos energéticos. Desde la explotación petrolera, a los de energías nucleares, fotovoltaica, eólica e hidroeléctrica, en afinada sintonía con la matriz energética diversificada a la que aspira el Gobierno.

Recién después de las coincidencias, sobrevino lo inesperado: con mucho tacto, Iguacel fue directo al grano. Se refirió a los cuestionamientos que hace años pesan sobre uno de los tres socios de la UTE Represas Patagonia: Electroingeniería, la empresa cordobesa cuyo vicepresidente, Gerardo Ferreyra, junto a su director comercial, Jorge Neira, están hoy presos, imputados por el presunto pago de unos USD 11 millones en sobornos a la cúpula K, según documentó en sus cuadernos el chofer y escriba Oscar Centeno.

El ministro de Energía Javier Iguacel y el embajador chino Yang Wanming
El ministro de Energía Javier Iguacel y el embajador chino Yang Wanming

Sería beneficioso para todos —le espetó, palabras más, palabras menos, Iguacel al diplomático— la salida de Electroingeniería del proyecto hidroeléctrico Condor Cliff y La Barrancosa. Tal vez—sugirió—, Gezhouba e Hidrocuyo podrían comprarle la parte del negocio a sus socios mediterráneos. Buscar una salida negociada para un jugador impuesto con fórceps por el ex ministro Julio De Vido; un delantero ubicuo en la adjudicación de obra pública durante el anterior gobierno y una presencia que en los próximos seis u ocho años de construcción de las presas estaría, con justicia o no, posiblemente asociado a manejos opacos en una era de cambio.

Los términos contractuales de la UTE contemplan que si alguna de las socias locales cae, se retira o quiebra, la empresa estatal china es responsable solidaria de las obras. Sorprendentemente, nada se sabía entonces sobre el derrotero judicial de los cuadernos del ahora “arrepentido” Centeno.

El chofer Oscar Centeno

El chofer Oscar Centeno

Pero detrás de esa sugerencia firme y directa se escondía una ristra de argumentos de peso que Wanming conoce bien: el origen de una licitación indecorosa —adjudicada por USD 7000 millones en 2013 por José López a la asiática Gezhouba, asociada en un 54% del negocio hidroeléctrico con la empresa de Ferreyra (36%) e Hidrocuyo (10%)—; el antecedente imborrable de un contrato depurado por unos USD 1300 millones menos y ajustado técnicamente para que no produjera un descalabro ambiental en los glaciares. Todo ello sin contar que la mayor y más onerosa obra de infraestructura proyectada en las últimas cuatro décadas había sido adjudicada de la noche a la mañana en clara violación a las leyes de obras públicas. Hablar de desprolijidades es valerse de un eufemismo.

Muchísimo más abajo en la escala de “incomodidades” figuraba la enemistad manifiesta entre la empresa ultra K y el Gobierno: un tipo de fricción que el propio Ferreyra se encargó siempre de ventilar a los cuatro vientos a través de Twitter.

Por primera vez en cinco años de controversias se les pedía a los chinos que actuaran. Que sacaran a Electroingeniería del medio, de una hidroeléctrica en obra que hoy es la tercera más grande del mundo encargada a China. También, por su envergadura, el décimo proyecto de infraestructura que hacen los chinos fuera de su país. Wanming sonrió. Con templanza budista,  como suele suceder en estos casos, quedó en estudiar el tema. La relación entre los socios, según pudo saber Infobae, es buena. Las fuentes consultadas creen que los asiáticos no harán movimientos en falso hasta ver los alcances judiciales del megaescándalo, si es que efectivamente incide en el “fuero” de los negocios.

Gerardo Ferreyra, dueño de Electroingeniería

Gerardo Ferreyra, dueño de Electroingeniería

En el Gobierno hay lecturas contrapuestas: un sector cree que, de confirmar la Justicia el pago de coimas en la obra pública, una hipotética condena no alcanzaría a las empresas ni impugnaría obras en marcha. Solo se ceñiría a los protagonistas.

Otros especulan con los alcances de un posible aunque más modesto Lava Jato vernáculo, siempre atado a la voluntad del fiscal Carlos Stornelli y del juez Claudio Bonadio —o de otros miembros del Poder Judicial— para abrir y ramificar la pesquisa a partir de nuevas pruebas y otros “arrepentidos”. Pero Argentina no es Brasil ni el tándem Stornelli-Bonadio pueden equipararse a una unidad especial para investigar la corrupción como la que encabezó el juez Moro. También es cierto que nadie puede predecir cuál será el horizonte judicial que, además, puede insumir años para unir todos los presuntos cabos y perfilarse diáfano.

Jorge Neira, directivo de Electroingeniería preso por entregar bolsos (Foto: Gustavo Gavotti)

Jorge Neira, directivo de Electroingeniería preso por entregar bolsos (Foto: Gustavo Gavotti)

“Lo que no denunció penalmente Aranguren al revisar los desaguisados de la adjudicación de las represas durante la gestión de De Vido, difícilmente lo haga Iguacel, pues ya perdió corrida”, dijo una fuente de Casa Rosada que sueña con la salida de Electroingeniería, “siempre que no se violen contratos”.

El tema ha sido y es siempre delicado porque tocar a un socio local es molestar a los chinos, los principales compradores de soja y con ansias de expansión en inversiones en la Argentina, reconocen en el Gobierno.

Tanto en el Ministerio de Energía como del Interior quieren que las obras de las rebautizadas represas Cóndor Cliff y La Barrancosa sobre el río Santa Cruz marchen sin más obstáculos de los que han venido sorteando por años. Y a pesar de las polémicas ambientales que todavía generan, las juzgan como una pieza clave para nutrir el futuro esquema diversificado de la matriz energética. Las obras se reiniciaron a toda marcha en octubre pasado. Ya emplean 1500 de los 6000 puestos de trabajo proyectados y una vez concluidas las presas, con una potencia instalada de 1310 megawatts, generarán un 4% de la energía que consume el país.

El ingeniero Gerardo Ferreyra fue detenido el miércoles pasado imputado de pagar sobornos (Foto: Manuel Cortina)

El ingeniero Gerardo Ferreyra fue detenido el miércoles pasado imputado de pagar sobornos (Foto: Manuel Cortina)

Por si quedaban dudas, el mismo día en que estalló el escándalo de los cuadernos, en el Boletín Oficial se publicó la última resolución oficial para promoverlas. El Ministerio de Energía, a  través de su resolución 42/2018, las calificó como “Proyecto Crítico”, lo cual supone, bajo los términos del artículo 34 de la Ley 26.422, la eximición de aranceles y tasas de importación para todos los insumos (chinos) que empleen las hidroeléctricas. Un claro abaratamiento de los costos que beneficia a los tres socios de la UTE, entre ellos Electroingeniería.

A contramano de la medida del Gobierno, fue Margarita Stolbizer la primera en cuestionar la continuidad de esas y otras obras. La aliada del Frente Renovador le propuso mediante una nota al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que suspenda preventivamente todos los contratos vigentes de las empresas mencionadas en los cuadernos de los sobornos. Le apuntó así a las represas patagónicas y también al gasoducto que la empresa de Ferreyra construye en Córdoba.

Embestida ambientalista

Pero los cuadernos de Centeno no solo agitan el avispero político. Refuerzan los argumentos del sector  medioambiental que hace más de cuatro años batallan sin tregua en los tribunales contra las hidroeléctricas. Mientras Banco de Bosques —una ONG fundada por el actual vicepresidente de la Administración de Parques Nacionales, Emiliano Ezcurra— interpuso un per saltum para que sea la Corte Suprema la que dirima el conflicto de daños al ecosistema que plantean las presas, otra gravitante ONG intenta frenarlas. Los argumentos ahora son otros: la ausencia de un Estudio de Impacto Ambiental para el tendido eléctrico de 170 km que conectará a las represas y que, dicen, brilla por su ausencia.

FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales) y Aves Argentinas interpondrán esta semana una medida cautelar en los tribunales Contencioso Administrativo para impugnar todo el proyecto hidroeléctrico. Los mueve la preservación del río Santa Cruz, el último que corre libre por suelo patagónico desde la cordillera hasta el Atlántico, pero también una cuestión política. “Toda esa obra faraónica surgió con licitaciones sospechadas de corrupción nunca investigadas, con empresas adjudicatarias sin antecedentes para la construcción de las represas, como es el caso de Electroingeniería y, encima, está seriamente cuestionada por especialistas desde el punto de vista ambiental”, argumentó el director de FARN, Andrés Napoli.

Y agregó: “Nosotros sostenemos que como está la situación es inadmisible que el Gobierno siga adelante con una obra ejecutada por una empresa sospechada, cuyos fondos para la obra pueden haber tenido un origen absolutamente ilegal. Si yo fuera fiscal tiro de esa soga”. Así las cosas, mientras la veracidad de los datos consignados en los cuadernos de Centeno buscan respaldo probatorio, en otro fuero se libra una misma batalla: que los grandes proyectos de obras públicas cumplan con la letra chica que impone la Ley, argumentan. Ni coimas ni atajos, dicen ahora en este nuevo capítulo de las siempre controversiales represas.

La zona que será cubierta por agua por las represas (Foto: Axel Indik)

La zona que será cubierta por agua por las represas (Foto: Axel Indik)

El complejo hidroeléctrico sobre el río Santa Cruz, de origen glaciar, fue bautizado durante el gobierno anterior como represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic. La primera represa —renombrada Cóndor Cliff por Cambiemos— estará ubicada a 130 kilómetros de El Calafate, tendrá una potencia instalada de 950 megawatts, cinco turbinas y su embalse inundará 250 km2 de estepa, entre los que se encuentran campos adquiridos por Austral Construcciones, del ex zar Lázaro Báez.

La Barrancosa, en tanto, se ubica a 170 km de la ciudad Comandante Luis Piedrabuena.Contará con una capacidad instalada de 360 megawatts, tres turbinas y su espejo de agua será de 200 km2. Se construirán 170 km de una línea de alta tensión para vincular a las represas y conectarlas mediante cinco estaciones transformadoras al Sistema Argentino de Interconexión que transportará un equivalente al 4% del consumo energético del país.

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Eduardo Duhalde: “Soy parte de una generación fracasada… no somos el modelo de nadie”

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El ex presidente habló en un ciclo de charlas de la Universidad Católica Argentina. No hizo alusión al vacunatorio vip del que fue beneficiario junto a su familia y se calificó al también ex mandatario Fernando de la Rúa como “empastillado”

En el marco de una charla organizada por la Universidad Católica Argentina que se lleva adelante en este momento y lleva por título “El Diálogo Argentino, lecciones para el presente” –de la que también participan el secretario de Asuntos Estratégicos Gustavo Beliz, el senador nacional Martín Lousteau, el neurocirujano Facundo Manes (que reapareció luego de su internación por COVID-19) y el secretario de Relaciones Institucionales del Gabinete y dirigente del Movimiento Evita Fernando “Chino” Navarro, entre otros–, el ex presidente Eduardo Duhalde señaló con crudeza: “Soy parte de una generación fracasada, de una generación que les echa la culpa a otros permanentemente. Que los jóvenes, que son nuestra expectativa, sepan que no somos modelo para nadie”. Sin hacer alusión al escándalo de las vacunas ni a su papel en el affaire del vacunatorio VIP que funcionaba en el Ministerio de Salud, su presentación giró en torno a la gestación del Movimiento Argentino Productivo junto a Raúl Alfonsín.

La semana pasada se conoció que tanto Duhalde (de 79 años) como su esposa Chiche y sus hijas María Eva y Juliana fueron inoculados con la vacuna Sputnik V en su domicilio de Lomas de Zamora en un hecho irregular. Ginés González García, el ministro que fue echado al descubrirse los pormenores del vacunatorio, fue el titular de esa cartera durante su presidencia. Según Clarín, ante una consulta puntual sobre cómo fue el mecanismo mediante el que se aplicó la vacuna, se desligó de cualquier responsabilidad: “Yo no gestioné nada, el que tiene que dar explicaciones es el Gobierno”.

La exposición de Duhalde se remontó a los primeros años de la democracia y su llegada al poder después de la renuncia de Fernando de la Rúa, para quien no ahorró duros epítetos, diciendo que estaba “empastillado” y que “no estaba en sus cabales”.

El entonces presidente Eduardo Duhalde junto a su ministro de Salud, Ginés González GarcíaEl entonces presidente Eduardo Duhalde junto a su ministro de Salud, Ginés González García

“Los consensos no se logran de un día para el otro –comenzó diciendo–. Buscar consenso y un clima de amistad entre los dirigentes es muy importante. Encontré en mi camino a un gran presidente, el Dr. Raúl Alfonsín. Descubrí una cosa, esa mentira tan común de Perón y Balbín: el que gana gobierna y el que pierde acompaña. Mentiras, mentiras. Yo viví que quien ganaba intentaba gobernar, y el que perdía intentaba que no gobierne. Lo viví en el gobierno del Dr. Alfonsín. A los dos meses ya vinieron a proponerme ser parte de un golpe de Estado. “Hay que echar a los zurdos”, me dijeron. Lo saqué patitas para arriba al coronel (no lo nombró) y con su tarjeta al otro día fui a ver al presidente y le conté lo que había pasado. Tomó el bastón, caminó detrás mío, habrá sido uno o dos minutos, yo pensé que habían sido uno o dos años. ‘Le agradezco, intendente’. No, doctor, no vengo a contarle, vengo a hacer una denuncia por escrito. Al otro día me llamó Alfonsín y me dijo ‘no levantemos la perdiz’, estamos trabajando…’”.

Más adelante, expresó: “Fuimos teniendo una confianza con el Dr. Alfonsín que se materializa en 1991. Soy elegido gobernador, lo convoco, le muestro un compromiso ético de 10 puntos. El primero era eliminar la corrupción estructural. Lo leyó, le parecía bien… ‘y para qué me lo muestra’. Quiero que gobernemos juntos. ¿Y cómo es eso? Yo administro fondos y ustedes controlan. ¿Qué? Todo, creado o a crearse del Estado provincial, parlamento y todos los municipios de la provincia. Y comenzó otro paradigma. El que gana gobierna y el que pierde también gobierna. Son los consensos mayores. Gobernar juntos”.

Luego, recordó: “Pierdo la elección del 99 con el Dr. De la Rúa y a finales del 2001 pasa lo que todos sabemos. Para entonces con el Dr. Alfonsín creamos –trabajamos juntos en todo– el Movimiento Productivo Argentino, junio del 2001. ¿Para qué? Para llevarle al Dr. De la Rúa una salida distinta a la que estaba empeñado. El Dr. De la Rúa no estaba en sus cabales, estaba empastillado, se burlaban periodistas de él. Estaba herido en un ala con la salida de Chacho Álvarez y no se recuperó. Me llama el Dr. Alfonsín nueve veces el 31 de diciembre de 2001. Yo estaba escondido, sabía que me querían hacer presidente. Le dije a Chiche ‘si llama de nuevo, lo atiendo’. Me dijo: ‘Lo llamé 15 veces, usted va a ser responsable de una matanza si no asume mañana la presidencia. Le doy dos horas pero no acepto el no como respuesta’. Dos horas después le dije que tenía razón pero que no alcanzaba con el 90% de los votos del PJ y la UCR. Si no viene gente del Frepaso, no voy a asumir. Vinieron y asumimos con gran consenso. Pero la gente no creía en nosotros. ‘Que se vayan todos’ era el grito de guerra. Dije en mi discurso que iba a convocar a la Iglesia para que prestara su ámbito físico y espiritual para llamar a un diálogo. Estuvieron las religiones, la gente de campo, industria, comercio, los piqueteros que eran invitados. Setenta y cinco agrupaciones participaron, más de mil personas interactuaron. Enviamos proyectos productivos y venían mejorados”.

Por último, señaló: “Quiero decirles a los jóvenes que soy parte de una generación fracasada, de una generación que les echa la culpa a los otros permanentemente. Que los jóvenes, que son nuestra expectativa, sepan que no somos modelo para nadie. Y finalmente, que tengo una esperanza absoluta. Las cosas son más fáciles, es copiarse de Europa, ¡por favor! ¿Cómo sale Europa de las crisis? No con tantos estudios, laburando, trabajando. Generando eso. Y acá no se hace porque los dirigentes argentinos no tienen ADN productivo. Eso es lo que hace falta. Poner en marcha la enorme potencialidad de un país que ha sido bendecido por Dios o por la naturaleza”.

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Ruta del dinero K: condenaron al empresario Lázaro Báez a 12 años de cárcel por lavado de dinero

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Lo decidió el Tribunal Oral Federal 4. También fueron condenados Jorge Chueco, Daniel Pérez Gadín, Martín Báez y Leonardo Fariña, entre otros. El juicio arrancó en octubre de 2018 y tuvo un total de 27 imputados. El empresario K estaba acusado de montar una maniobra para lavar más de USD 55 millones. La sentencia se postergó dos semanas por diferencias entre los jueces

Fin del misterio: el empresario Lázaro Báez fue condenado hoy a 12 años de cárcel por la maniobra de lavado de dinero de casi USD 55 millones que se conoce como “la ruta del dinero K”. También fueron condenados sus cuatro hijos. Martín, el único que permanece detenido en una cárcel, recibió una pena de 9 años.

Luego de largas discusiones, el tribunal no reveló durante la sentencia cuál es el delito precedente que se tomó en cuenta a la hora de acreditar la maniobra de lavado de dinero. No es un tema menor: el fiscal Abel Córdoba había hablado de la causa de la obra pública, donde la vicepresidenta Cristina Kirchner es una de las principales acusadas, y de la evasión fiscal. “Si los jueces dicen que el dinero de Báez venía de la obra pública, la complican seriamente a Cristina”, graficó una fuente judicial antes del veredicto.

La omisión sobre el delito precedente surgió de un acuerdo entre los jueces, pero Infobae pudo saber que dos de los magistrados, Néstor Costabel, Adriana Palliotti, votaron por tener en cuenta tanto la obra pública como la evasión. En cambio, López Iníguez fue solo del delito tributario.

Las diferencias previas entre los jueces, que obligaron a postergar la sentencia dos semanas, finalmente quedaron expuestas: el presidente del Tribunal Oral Federal 4, Néstor Costabel, tuvo que leer, al final del veredicto, cada una de las disidencias por los montos y las calificaciones de las penas.

La pena para Báez fue la misma que había pedido la Fiscalía. Pese al cambio de gobierno, las querellas que representan al Ejecutivo también habían solicitado penas muy altas para el principal responsable: 8 años y 6 meses, la Oficina Anticorrupción; 9 años, la Unidad de Información Financiera (UIF); y 8 años, la AFIP.

Luego de casi dos años y medio de juicio, el Tribunal Oral Federal 4 -integrado por los jueces Néstor Costabel, Gabriela López Iñíguez y Adriana Palliotti- también condenó al abogado Jorge Chueco y al contador Daniel Pérez Gadin. Ambos recibieron una pena de ocho años de cárcel.

En el caso de Leonardo Fariña, el tribunal decidió condenarlo a 5 años por su rol de arrepentido. “La pena fue reducida en tres años por su rol de imputado colaborador”, dijo el presidente del tribunal, que quedó a cargo de la lectura del veredicto desde su despacho de Comodoro Py.

Desde el punto de vista patrimonial, el tribunal ordenó el decomiso de USD 54.872.866,69 por la maniobra de lavado general y USD 5.000.000 por la compra del campo “El Carrizalejo”, en la provincia de Mendoza (conocido como el hecho B). Además, impuso a las firmas Austral Construcciones, Top Air S.A., OACI S.A. y Real Estate Investment Fiduciaria S.A. una multa por el doble de las operaciones en que intervinieron. En el caso de Helvetic Services Group, se ordenó la cancelación de la personería jurídica, y una multa correspondiente a siete veces el monto de las operaciones.

Todas las condenas y absoluciones

1) Lázaro Antonio Báez, 12 años

2) Jorge Oscar Chueco, 8 años

3) Daniel Rodolfo Pérez Gadín, 8 años

4) Jorge Leonardo Fariña, 5 años

5) Martín Antonio Báez, 9 años

6) Leandro Antonio Báez, 5 años

7) Melina Soledad Báez, 3 años

8) Luciana Sabrina Báez, 3 años

9) Walter A. Zanzot, 5 años

10) Julio Enrique Mendoza, 6 años

11) Claudio Bustos, 4 años y 6 meses

12) Eduardo César Larrea (absuelto)

13) Walter Santiago Carradori (absuelto)

14) Fabián Virgilio Rossi, 5 años

15) Federico Elaskar, 4 años y 6 meses

16) Juan Carlos Molinari, 4 años y 6 meses

17) Mario Lisandro Acevedo Fernández, (absuelto)

18) Daniel Alejandro Bryn, 3 años

19) Juan Ignacio Pisano Costa, 2 años y 6 meses.

20) Sebastián Ariel Pérez Gadín (absuelto)

21) Alejandro Ons Costa, 4 años

22) César Gustavo Fernández, 5 años

23) Jorge N. Cerrota, 2 años y 6 meses.

24) Christian Martín Delli Quadri (absuelto)

25) Eduardo Guillermo Castro, 5 años

26) Martín Andrés Eraso, 4 años y 6 meses

27) Juan Alberto De Rasis, 6 años

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La investigación judicial comenzó en abril de 2013, por ese entonces a cargo del juez Sebastián Casanello y del fiscal Guillermo Marijuán, a partir de un informe del programa Periodismo para Todos (PPT) y apuntó a la red de cuentas bancarias abiertas en el exterior y la maniobra, mediante la compra de bonos, para reingresar el dinero a la Argentina, justo cuando Báez necesitaba capitalizar su empresa para poder quedarse con la construcción de dos represas en Santa Cruz. Se trata de una causa con implicancias políticas por la cercanía del empresario con la familia Kirchner.

Durante el juicio también se debatió el traslado de dinero en los aviones privados de Báez desde el Sur hasta Buenos Aires, y la compra del campo “El Carrizalejo”. El otro campo, conocido como “El Entrevero”, quedó al margen en otro juicio.

La jornada de este miércoles arrancó con las últimas palabras de Martín Andrés Eraso y Juan Alberto De Rasis, dos ex empleados del banco suizo Lombard Odier que participaron de las maniobras para mandar a ese país parte del dinero del Grupo Austral. Luego, el presidente del tribunal, Néstor Costabel, ordenó un cuarto intermedio hasta las 13.30 horas.

Pasaron dos años y casi cuatro meses desde la primera audiencia. En todo ese tiempo declararon casi 100 testigos, renunciaron abogados, se sumaron dos imputados al juicio, y salieron de la cárcel los tres principales acusados: Lázaro Báez, Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín.

El empresario K amagó varias veces con revelar sus secretos, pero terminó elogiando a su amigo Néstor Kirchner. Hoy el único detenido en la causa es el hijo mayor de Báez, Martín, que sigue con prisión preventiva hasta la primer semana de marzo.

El Tribunal Oral Federal 4 iba a dar a conocer la sentencia hace dos semanas pero de manera sorpresiva lo postergó para hoy, generando una catarata de especulaciones.

Luego de largas discusiones, el tribunal finalmente no expuso en el veredicto cuál es el delito precedente que se tomó en cuenta a la hora de acreditar la maniobra de lavado de dinero.

Durante su alegato, el fiscal Abel Córdoba había hablado de la defraudación mediante la obra pública, que se juzga en la causa de Vialidad -donde la vicepresidenta Cristina Kirchner es una de las principales imputadas- y la evasión impositiva de Austral Construcciones, que todavía se investiga en los tribunales de Bahía Blanca y de la Capital Federal. Las tres querellas, con algunas diferencias, coincidieron en esos delitos.

“Si los jueces dicen que el dinero de Báez venía de la obra pública la complican seriamente a Cristina”, graficó una fuente judicial antes del veredicto. Otro escenario posible era apoyarse solo en la evasión. En ese caso, asoma otro debate jurídico de fondo. “Está muy discutido si el delito de evasión puede ser un delito precedente porque el Estado otorga moratorias. De hecho, Austral está en una moratoria y la está pagando”, explicó uno de los principales abogados de la causa antes de la sentencia.

fiscal Abel Córdobafiscal Abel Córdoba

Durante los alegatos, la defensa de Báez denunció “una operación de inteligencia estatal y paraestatal, con participación de todos los medios de comunicación”. El abogado de Báez, Juan Martín Villanueva, sostuvo que “la causa tiene un objetivo político” y repasó varias tapas de diarios para concluir que “se buscó involucrar a la ex presidenta” Cristina Kirchner en la causa.

La defensa del empresario, en conjunto con otros abogados, también intentó voltear el testimonio de Leonardo Fariña, el arrepentido que cambió el curso de la investigación. Pero el fiscal y las tres querellas derrumbaron esa estrategia. En diciembre pasado, Córdoba aludió al fallo de la Cámara de Casación que ratificó la constitucionalidad de la ley del arrepentido. “La declaración de Fariña reunió los recaudos de la ley del arrepentido. El juicio está concluyendo, cualquier duda sobre el acuerdo se actualizó ante el tribunal. Fariña declaró durante cuatro audiencias”, sostuvo en ese momento.

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El juicio arrancó el 30 de octubre de 2018 con 25 imputados, pero terminó con 27. En mayo de 2019, el TOF 4 decidió sumar a Martín Andrés Eraso y Juan Alberto De Rasis.

Estaba previsto que el juicio dure un año, pero la cantidad de imputados y testigos demoró el desarrollo. Luego vino la cuarentena y las idas y vueltas por el sistema remoto. El debate recién se retomó el 21 de julio del año pasado, con el alegato de la Oficina Anticorrupción (OA).

Báez siguió la última audiencia desde la casa “secreta” donde cumple la prisión domiciliaria desde septiembre, cuando el TOF 4 le otorgó ese beneficio por una orden concreta de la Cámara de Casación. El empresario primero intentó vivir en el country Ayres del Pilar, pero los vecinos no lo dejaron entrar. Luego del escándalo, fue trasladado a una casa, donde tiene custodia permanente.

Recién sobre el final del juicio, el empresario intentó desligar a todos sus hijos. “Lazaro tomaba las decisiones junto con sus colaboradores y no con sus hijos”, dijo su abogado. No alcanzó.

Báez seguirá cumpliendo con la prisión domiciliaria, mientras se definen las apelaciones. Pero la historia no termina. El empresario está participando del juicio de Vialidad y tiene varios procesos pendientes.

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Alberto Fernández y López Obrador se comprometieron a fortalecer la relación bilateral, fijaron una estrategia común frente al COVID-19 y cuestionaron a la OEA

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Los presidentes de Argentina y México firmaron una declaración conjunta que ratifica la voluntad política de actuar juntos en América Latina con una agenda abierta vincula a la pandemia y al rol de la Organización de Estados Americanos en los procesos electorales

(Enviado especial – Ciudad de México) Alberto Fernández y Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acordaron fortalecer las relaciones bilaterales entre ambos países con una agenda común que incluye la economía post pandemia, la necesidad de acceder sin trabas a las vacunas contra el COVID-19 y la pretensión geopolítica de modificar el sentido de las misiones electorales que envía la Organización de Estados Americanos (OEA).

En este sentido, a través de un documento que firmaron ambos, Alberto Fernández y AMLO “acordaron hacer frente común para atender la crisis sanitaria y sus efectos socioeconómicos en la etapa post-pandemia, con la finalidad de mejorar las condiciones de las sociedades de ambos países y de la región en su conjunto”.

Desde esta perspectiva, el jefe de estado argentino y su par mexicano eligieron el G20 para proponer un nuevo sistema global tras los efectos devastadores sobre la economía y las instituciones causadas por el COVID-19.

El documento bilateral destaca además que “el papel del Grupo de los Veinte (G20) en la construcción de consensos globales en este sentido, y convinieron mantener y profundizar los esfuerzos que ambos gobiernos realizan de manera coordinada para impulsar un enfoque basado en la solidaridad, la inclusión social y el desarrollo sostenible, en todos los temas de interés común en la agenda de este mecanismo”.

Durante la conferencia de prensa que compartieron, y a continuación en el desayuno de trabajo, Alberto Fernández y AMLO coincidieron en cuestionar el acaparamiento de las vacunas contra el COVID-19 ejecutado por las potencias centrales. Los dos presidentes consideran que el acaparamiento profundiza las asimetrías entre países ricos y países pobres y acordaron actuar en conjunto en Naciones Unidas.

A partir de esta estrategia diplomática, el documento conjunto sostiene que Alberto Fernández y López Obrador “coincidieron en que hoy, más que nunca, la pandemia por COVID-19 ha puesto en evidencia la importancia de mantener a América Latina y el Caribe, fuerte, unida y solidaria, donde ningún país de la región quede excluido del acceso universal, justo, equitativo y oportuno a medicamentos, vacunas e insumos médicos. Con este fin, continuarán colaborando estrechamente para que la región logre la autosuficiencia en la producción de vacunas y que éstas sean consideradas como bienes comunes globales, así como sus patentes”.

Al margen del trabajo conjunto en los organismos multilaterales para lograr un acceso directo a las vacunas y proponer un cambio de reglas en la gobernanza global, Alberto Fernández y AMLO ratificaron su voluntad de profundizar la relación bilateral en todos sus andariveles.

El acuerdo firmado hace instantes entre los dos mandatarios reconoce “el potencial de la relación económica entre la Argentina y México y coincidieron en la necesidad de incrementar las inversiones recíprocas, la diversificación e intensificación del comercio bilateral, tanto para productos primarios como manufacturas agropecuarias, industriales y servicios, así como también a partir de la promoción de asociaciones estratégicas entre empresarios argentinos y mexicanos, como por ejemplo en la economía del conocimiento, con miras a seguir construyendo un vínculo maduro entre los sectores productivos de ambas naciones”.

Hacia el final del documento conjunto, Alberto Fernández y López Obrador analizaron la actual situación de la OEA. Ambos jefes de Estado ratificaron el valor geopolítico de este foro regional, pero plantearon un cambio de lógica al momento de enviar misiones de observación de los comicios en América Latina.

Alberto Fernández está convencido de que Luis Almagro, secretario General de la OEA, envió una misión en las penúltimas elecciones de Bolivia para perjudicar a Evo Morales, y ese cuestionamiento se puede observar en el último párrafo del documento bilateral.

Alberto Fernández y López Obrador “coincidieron en que las Misiones de Observación Electoral de la OEA deben apegarse estrictamente a criterios técnicos objetivos, así como fortalecer las capacidades nacionales en materia electoral. Los mandatarios pusieron de relieve el peligro de que estas misiones extralimiten sus facultades y alcances, y evitar que se repita lo ocurrido en Bolivia en 2019. Asimismo, acordaron seguir con atención los procesos electorales en la región, como el que se desarrolla actualmente en Ecuador, haciendo votos para que éste culmine en tiempo y forma, y se garantice la continuidad democrática”, sostiene el documento.

La firma de este comunicado bilateral fue la última actividad oficial de Alberto Fernández en México. Cerca de las once de la noche de Argentina (tres horas menos en México), el presidente abordará un avión privado que lo llevará sin escalas a Yapeyú, en la provincia de Corrientes, adonde retomará su agenda local.

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