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Polémica por un pedido oficial para trasladar a un empleado bancario a la cárcel para pagarles el IFE a los presos

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Ocurrió en Tucumán. Según pudo saber este medio, hay una lista de 17 detenidos del Complejo Carcelario Villa Urquiza que figuran como autorizados para iniciar el trámite del cobro de la ayuda estatal

Una situación insólita se vivió en Tucumán. En medio de una reunión por la crisis carcelaria de esa provincia, un representante del Servicio Penitenciario pidió que se autorizara el traslado de personal bancario a una cárcel para que los presos puedan cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). El llamativo pedido dejó en evidencia que existe una lista de unos 17 detenidos autorizados para iniciar ese trámite.

Todo comenzó el jueves pasado en la Casa de Gobierno de Tucumán en medio de una reunión interministerial en la que entre otros temas se trató la crisis carcelaria que vive la provincia. Allí, un alto funcionario del Servicio Penitenciario provincial planteó la necesidad de trasladar a personal del Banco Nación al Complejo Penal de Villa Urquiza, para que los detenidos puedan cobrar el IFE en ese lugar y evitar que tengan que ser trasladados en medio de la pandemia.

Allí contó que pocos días atrás uno de los detenidos solicitó permiso para ir a la sucursal bancaria a cobrar la ayuda de $10.000 pesos brindada por el Estado. Después de indagar sobre su situación, se lo autorizó.

El detenido fue traslado en un móvil hasta las instalaciones del Hipódromo, que es donde se cobra ese beneficio en la capital tucumana.

Una vez allí, los efectivos penitenciarios observaron una larga fila y comenzaron a dudar. “No lo podíamos bajar. Si después se infecta, podría esparcir el virus por toda la cárcel”, detalló una alta fuente del SP tucumano.

Ante esto, decidieron que lo mejor era devolverlo al calabozo y plantear la situación en la reunión con el Poder Ejecutivo provincial. “Acá el problema no es nuestro, si tenemos jueces de ejecución que autorizan la salida y el cobro, nosotros no podemos hacer nada. No está en nuestra órbita esa decisión”, se defendió el funcionario.

Según trascendió, en ese complejo carcelario fueron autorizados para iniciar el trámite del cobro del IFE un total de 17 de detenidos. De todos modos, la propuesta del funcionario para trasladar un empleado bancario hasta la cárcel fue denegada.

El gerente regional del NOA de la Anses, Jesús Salim, en diálogo con Infobae, explicó: “No están contempladas las personas privadas de la libertad a cobrar el IFE, es falso eso. Pero lo que puede ocurrir es que un familiar o un abogado los haya anotado y el sistema los aprobó porque el entrecruzamiento de datos se hace con AFIP y Migraciones no con información de la Justicia”. Y agregó: “La Justicia es la que define los permisos”.

El caso fue revelado por el diario local La Gaceta, que además publicó una lista con algunos de los detenidos que habrían sido autorizados para iniciar el trámite. Así, la jueza de Ejecución Alicia Merched solicitó un informe para determinar quiénes eran los presos que habían accedido al IFE.

Dentro del listado aparecieron: Raúl “El Turco” Fadel que en 2014 fue condenado a 14 años de prisión por el crimen del empresario Marcelo Rocuzzo, ocurrido durante un robo. Andrés Alejandro González: sentenciado a 18 años por la desaparición de María de los Ángeles “Marita” Verón. Y por último, Tomás Alejandro Ceballos, condenado a prisión perpetua por el crimen de Adrián Mansilla, por el que también fue condenado Miguel “Piki” Orellana, hermano de los caudillos políticos de Famaillá.

De este modo, según informaron fuentes judiciales, la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) corroboró que llegaron varios pedidos para que se permitiera salir del penal a internos para cobrar el subsidio o presentarse a un banco para gestionar la clave bancaria única (CBU).

“Considero que los penados no deben cobrar, no necesitan ese dinero dentro de la cárcel y tendrían que haber hecho entrecruzamiento de datos con Registros de Antecedentes Penales (RNR). Porque los procesados mientras no se demuestre lo contrario son inocentes”, dijo la jueza Merched a Infobae. “Recibí varios pedidos de este tipo, pero fueron rechazados porque no les corresponde cobrar; no sé cuál fue el criterio que adoptaron mis colegas”, sostuvo

Y agregó: “Además no entiendo para qué necesitan manejar efectivo los internos. En todo caso, el IFE lo pueden gestionar sus familiares”.

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Condenan a sólo cinco años de cárcel a un hombre que prostituía a sus hijos menores de edad a cambio de vino

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El acusado accedió a un juicio abreviado por el que se le impuso una pena efectiva. Lo arrestaron cuando iba a entregar a su hijo de 7 años en un cementerio.

Un hombre de Cerrillos, Salta, fue condenado este jueves a cinco años de prisión efectiva por prostituir a sus hijos menores de edad a quienes entregaba a cambio de dinero y vino con el conocimiento de los vecinos de la localidad ubicada a 15 kilómetros de la capital provincial.

El hombre, de 68 años, accedió a un juicio abreviado por el que el juez Martín Pérez, a cargo de la Sala I del Tribunal de Juicio de Salta, lo condenó por el delito de cooperación en el delito de abuso sexual gravemente ultrajante en concurso ideal con promoción de la prostitución agravada por el vínculo y por ser la víctima menor de edad.

El caso salió a la luz en la noche del 16 de marzo de 2019, cuando una vecina llamó a la policía para denunciar que el condenado prostituía a sus hijos menores de edad a cambio de vino y dinero.

Los efectivos policiales interceptaron al hombre en el momento en que llevaba a su hijo de siete años al cementerio de Cerrillos con la intención de entregárselo a otro sujeto.

Tras imponer la condena de apenas cinco años de prisión efectiva, Pérez ordenó el traslado del condenado a la Unidad carcelaria local, informaron fuentes judiciales a Télam.

El juez ordenó además la extracción de material genético del condenado por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato Único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.

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Buscan a una joven que desapareció hace una semana en La Plata

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Melody Casella fue vista por última vez en las inmediaciones de Plaza San Martín. Su familia señaló que tiene un “padecimiento mental” y que suele irse, aunque nunca por tanto tiempo.

Melody Casella tiene 21 años y está desaparecida desde el martes pasado, cuando salió de su casa en La Plata. Las personas que la vieron ese día aseguran que estaba por inmediaciones de la Plaza San Martín, pero hasta el momento no se sabe nada de su paradero.

El día 23 de junio, día de su desaparición, la joven iba vestida con una campera color amarillo tipo mostaza y calzas negras.

Antes de ayer (por el sábado) la vieron en la zona de Plaza San Martín. Ella tiene un padecimiento mental y por lo general se va uno o dos días pero ya pasó demasiado tiempo“, detalló su hermano Lucas al portal 0221.

Ante cualquier información sobre su paradero se solicita comunicarse al 0221-5487773 o directamente al 911.

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Un policía de la Bonaerense que investigaba al narco “Verdura” fue detenido con casi 6 kilos de cocaína en un extraño episodio

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José Mújica fue sorprendido por la Policía de la Ciudad en un búnker narco. Argumentó que estaba investigando por orden del juez federal de Morón, pero la orden estaba vencida. Su participación en el caso de “Verdura”, el narco que desencadenó una red de espionaje

El 7 de junio pasado, un llamado al 911 alertó sobre dos sospechosos ingresando a un taller mecánico en el barrio de Parque Chacabuco. Cuando llegó al lugar, la Policía de la Ciudad se encontró con una escena inesperada: cinco personas de nacionalidad peruana, dos policías de la Bonaerense, dos civiles (uno armado) y casi 6 kilos de cocaína. Los efectivos argumentaron que estaban investigando un caso de narcotráfico y mostraron una orden judicial, que luego se comprobó era falsa. Los policías terminaron detenidos y acusados de allanamiento ilegal y tráfico de drogas. El caso tiene un condimento inesperado. Uno de los policías fue custodio del juzgado federal de Lomas de Zamora y estuvo involucrado en la investigación que terminó con la detención de Sergio Rodríguez, alias “Verdura”, el narco que desencadenó con sus dichos la trama de espionaje ilegal contra políticos, jueces, gremialistas y periodistas.

José Rubén Mújica es uno de los dos policías “narcos”. Su legajo muestra que arrancó en la Caballería de Tres de Febrero. En 2015 pasó a la División Servicios de Custodias de Lomas de Zamora. Trabajó como custodio del ex juez Alberto Santamarina y luego de Federico Villena, que heredó ese juzgado. “Se fue hace un tiempo porque él mismo lo pidió”, dijeron allegados al magistrado.

Desde la DDI de Lomas, en el área de Drogas, el entonces oficial principal Mujica participó activamente de la investigación del caso “Verdura”, el narco que se escurría con demasiada facilidad de la Policía. El 13 de noviembre de 2019, Mujica declaró como testigo en ese expediente ante un secretario del juez Villena. Relató que habían hecho tareas de inteligencia sobre una casa ubicada en Mariano Moreno 1329, en el partido de Esteban Echeverría, donde habría visto ingresar a una persona con similares características físicas al narco. “Habría bajado con bolsos oscuros, mirando de manera expectante hacia todos lados”, dice la declaración de Mujica, a la que tuvo acceso Infobae, y que también lleva la firma del comisario Alfredo Rodriguez.

Una semana antes, el 6 de noviembre, Mujica se había topado con “Verdura” en la localidad de Monte Grande, pero el narco logró escaparse. Sin embargo, ese día fue detenida una mujer identificada como Mayra Anabel Kudrez. La declaración del policía sobre aquel día también integra el expediente judicial.

“Verdura” logró esquivar a la Policía durante meses y recién fue detenido el 21 de febrero. En su camioneta tenía una patente falsa y luces como si fuera policía. Además llevaba una Uzi y dos pistolas calibre 40. La organización que lideraba actuaba, según los cálculos de la Justicia, con la complicidad policial en la zona de Esteban Echeverría y Almirante Brown. Se estima que vendían tres kilos de cocaína por día repartidos en más de 10 puntos de venta.

Con sus dichos, el narco terminó desencadenado el escándalo de espionaje que tiene en vilo a todo el arco político. “Verdura” dijo haber tomado contacto con un agente de la AFI, el abogado Facundo Melo, quien le pidió que llevara una bomba a la casa de José Luis Vila, ex subsecretario de Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa durante el gobierno de Mauricio Macri. Villena comenzó a investigar a Melo y terminó descubriendo la red de espionaje.

Por decisión de la Cámara Federal, el atentado fallido contra Vila finalmente quedó en manos del fiscal Guillermo Marijuán, quien insiste para que toda la causa de espionaje se investigue en Comodoro Py. La puja es muy fuerte dentro y fuera de Comodoro Py. El enfrentamiento alcanza a varios estamentos de la justicia federal. “Hay mucha gente nerviosa por el seguimiento a los presos K en las cárceles”, razona un hombre de la Justicia.

El juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena (Foto: Adrián Escandar)

El juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena (Foto: Adrián Escandar)

En mayo de este año, el policía Mújica pasó formalmente a la DDI de La Matanza. Un mes después, terminaría detenido en un taller mecánico de Parque Chacabuco con casi 6 kilos de cocaína. En el lugar también fue detenida una persona de civil que estaba armada y sería una suerte de informante. “Esa persona llevaba documentación de la causa Verdura en una mochila”, reveló a una fuente judicial. Otro elemento muy extraño.

Mújica y el otro policía detenido, de apellido Luna, dijeron que estaban investigando una banda de narcos y que tenían una orden del juez federal de Morón Néstor Barral. Cuando fue consultado, ese magistrado dijo que la orden estaba vencida y que era para unas tareas en la zona de Villa Adelina.

La investigación por el caso de Mújica está a cargo del juez Sebastián Casanello, que en los próximos días debería resolver su situación procesal. Los policías siguen detenidos. El miércoles pasado, la Sala I de la Cámara Federal rechazó un pedido de excarcelación de su defensa.

Los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi argumentan riesgos procesales para rechazar su libertad. En cambio, Mariano Llorens destacó la gravedad del hecho. “Debe ponderarse como presupuestos de análisis la escala de sanción de la conducta endilgada -que en el caso, según la calificación provisoria efectuada por el a quo, prevé una pena mínima de 4 años y un máximo de 15 de prisión-, las cualidades particulares de la persona sometida al proceso y por último, la evaluación de riesgos procesales”, dijo en su voto en minoría.

El caso es seguido de cerca por diferentes actores judiciales y podría tener repercusiones dentro de la Bonaerense. Varios jueces federales de la provincia ya pidieron la cabeza del jefe de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado, superior directo de los policías detenidos.

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