Connect with us

Politica

Papelón: intendente PRO se quedó dormido en Zoom durante charla con Patricia Bullrich

Publicado

on

Mientras la presidenta del PRO pedía apoyo de la cuarta sección, Eduardo Campana, jefe comunal de Villegas, se durmió una siesta en vivo. Otro alcalde se tentó y no pudo contener la risa. Aquí, las imágenes y el video del blooper.

La senadora provincial Felicitas Beccar Varela organizó una reunión por Zoom en tre Patricia Bullrich y varios intendentes de Juntos por el Cambio de la cuarta sección electoral. El cónclave transcurría normalmente. La presidenta del PRO hablaba de la necesidad de recomponer la confianza de la sociedad en el espacio como alternativa y reconstruir vínculos: “Entre todos vamos a hacer crecer mucho al PRO, tenemos que sumar muchos intendentes en la cuarta”, decía la ex ministra de Seguridad, ante la mirada atenta de todos los convocados. De todos, menos uno, porque el alcalde de Campana, Eduardo Villegas, se quedó dormido.

Eduardo Campana, intendente de Villegas.

Eduardo Campana, intendente de Villegas.

Carcajada piadosa

En el video se observa como el resto de los presentes advierte la situación, pero mantiene la postura. Sin embargo, el intendente de 9 de Julio, Mariano Barroso, no pudo aguantar la risa ante la siesta de su par y largó una carcajada ante la mirada atónita de otros jefes comunales como Pablo Petrecca, de Junín; Vicente Gatica, de Bragado, entre los más representativos. En la reunión también participaron otros dirigentes de Juntos por el Cambio y algunos referentes empresariales y productores rurales.

Comentá aquí

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Politica

Impuesto a la riqueza: Juntos por el Cambio presentará un dictamen propio para rechazar el proyecto que impulsa el kirchnerismo

Publicado

on

Por

Los legisladores de la oposición reclamarán “un esfuerzo” al Estado y que se apunte a quienes evaden y no a quienes cumplen con el fisco. El diputado Alejandro Cacace pidió “un debate mucho más amplio

El interbloque de Juntos por el Cambio presentará un dictamen de minoría en Diputados para rechazar el impuesto a la riqueza. Sin embargo, a pedido de un grupo de legisladores, no será simplemente la negativa a acompañar el proyecto de ley que establece un Aporte Solidario y Extraordinario a quienes posean bienes por más de $ 200 millones sino un compendio de fundamentos para justificar la postura y reclamar que también el Estado y los funcionarios hagan un “esfuerzo”.

Cinco son los ejes del dictamen que se termina de pulir. El primero es que “el esfuerzo debe empezar por casa” y se plantea que el sector público debe hacer un gesto en el marco de la pandemia. El segundo es que el tributo se superpone con un impuesto al patrimonio y por lo tanto lo que se hace es crear otro “análogo”. El tercero es una demanda de algunos gobernadores: el Aporte Solidario no se coparticipa. “Siempre se planteó como un proyecto para recaudar por la pandemia y para cubrir los gastos extra de salud. Sin embargo ahora vemos que está enteramente con una asignación específica que por más que puedan ser muy nobles los motivos que ahí se han consignado no cumple con la condición de que sea coparticipable. Debemos reconocer que la mayoría de los gastos de salud hoy lo llevan adelante las provincias, debiera ser rediscutido”, pidió en el debate el diputado radical Alejandro Cacace, uno de los impulsores del dictamen.

Por último, se pedirá “ampliar la base” a partir de un cambio en el sentido de la política tributaria, es decir combatiendo la evasión y otras tenencias no declaradas.

Desde hace un tiempo un grupo de diputados viene planteando la presentación de un dictamen propio con una propuesta que permita recaudar en este contexto de crisis y con una visión no regresiva, es decir que aporten más quienes más tienen. Incluso hubo legisladores, de los más jóvenes del radicalismo, que se animaban a presentar una propuesta en soledad. El sábado por la mañana y tras una larguísima charla dentro del bloque de la UCR, se unificaron criterios y se acordó evitar divisiones y que todos votarían en el mismo sentido. Para contener todas las posiciones se empezó a redactar el fin de semana el dictamen que se presentaría el próximo viernes en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la que es presidente Carlos Heller, del Frente de Todos, y vice Luciano Laspina, del PRO.

Uno de los que fogoneó el dictamen de minoría es el puntano Cacace, quien en la reunión de comisión de ayer, vía teleconferencia, reclamó “un debate mucho más amplio” sobre el financiamiento del Estado. “Tenemos hoy un déficit de 3 billones de pesos y que va a continuar en 1,8 billones de pesos en 2021”, remarcó el puntano que junto con la diputada de Evolución-UCR Carla Carrizo presentó hace tiempo un proyecto de Ley de Tope salarial en la administración pública. “El Estado tiene que hacer un esfuerzo”, consideró como también se explicitará en el dictamen de minoría sin especificar si debe ser a través del congelamiento de sueldos, la rebaja de los mismos o si el Estado debería achicar gastos. Lo que sí coinciden en el interbloque es en pedir “austeridad”.

Cacace cuestionó algunos argumentos del oficialismo: “Es cierto que el departamento de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario Internacional dijo que en tiempos de pandemia hay que buscar incrementar algunos de los tributos directos a la propiedad o a las rentas”, le dijo a Heller sobre su exposición en la presentación de esta semana y en la anterior pero, agregó, “en ningún momento ha hablado de la creación de nuevos impuestos. Por más que usted busque llamarlo aporte es un impuesto, aunque se pague por única vez. No es lo mismo retocar sobre un impuesto existente y establecer una tasa de solidaridad que directamente crear un nuevo impuesto”, retrucó. Y advirtió que “también es cierto que ese mismo informe del FMI dice que no hay que producir recortes sobre ganancias de capital o dividendos y acá se hizo una reforma disminuyendo y eliminando el impuesto a la renta financiera entonces tenemos que ser coherentes con los planteos que hacemos”.

El dictamen que seguramente presentará como vicepresidente de la comisión Luciano Laspina, tiene los fundamentos de propuesta pero no un articulado como es habitual. El ‘espíritu’ de la redacción apunta a “compartir el esfuerzo”, sobretodo pensando en una gran parte del electorado de Juntos por el Cambio, de clase media, como comerciantes, monotributistas y autónomos que ven licuar sus esfuerzos, caer sus ingresos (en algunos casos a 0) mientras aún en el marco de crisis en la pandemia ven al sector público con ingresos garantizados.

Entre las críticas del dictamen al Aporte Solidario, y tal como lo expresó el misionero radical Luis Pastori, la principal bancada opositora señala que se trata de un “impuesto” por ser de pago obligatorio y no voluntario. Y sostienen que es “análogo con Bienes Personales, tributo con el que tienen bases imponibles similares”.

Por su parte Laspina pidió no plantear el debate como “a favor de los pobres y en contra de los ricos” y cuestionó que se grave a quienes pueden generar empleo. “En el mundo globalizado, donde los países se pelean por atraer inversiones, vamos a ser el primer país de la Tierra en poner impuestos al que viene a invertir a un país”, reprochó mientras que la porteña Carmen Polleo se molestó con la peronista Fernanda Vallejos: “Nosotros no somos los que defendemos a los ricos ni somos los malos del cuento. Todos estamos preocupados por lo que pasa en Argentina con los pobres”, salió al cruce de anteriores declaraciones de la economista.

Otro cuestionamiento central para el frente opositor es que los impuestos directos siempre son coparticipables con las provincias. No es el caso del aporte solidario que aunque tiene fines específicos será administrado por Nación. “Hoy los gastos de salud los hacen fundamentalmente las provincias”, advirtió a Infobae el diputado Cacace que había propuesto una alícuota sobre Bienes Personales para recaudar una cifra similar a los 300 mil millones de pesos que la AFIP estima para este aporte puntual.

Otro capítulo del dictamen apunta al diseño del aporte. “Sería más justo hacerlo sobre el patrimonio neto ya que se puede estar endeudado y esa deuda habría que deducirla”, dijeron fuentes del interbloque que de todos modos admitieron que también Bienes Personales está diseñado de esa manera.

El diputado del Frente de Todos Carlos Heller

El diputado del Frente de Todos Carlos Heller
Un ítem para volver a analizar es la retroactividad. Juntos por el Cambio cuestionó que se fijara la declaración de bienes con fecha 31 de diciembre para calcular quiénes deben pagar el aporte. Heller anunció que la observación fue contemplada y se modificó en el texto original de la ley que redactó junto a Máximo Kirchner. Ahora dirá que su vigencia será a partir de la vigencia de la ley. El jefe del bloque del Frente de Todos no participó de la comisión de Presupuesto ni del debate. Tampoco participa en otras comisiones.

Entre los argumentos más desarrollados del dictamen se apunta al “esfuerzo compartido” y se critica que se recargue la presión tributaria sobre los que ya están en el sistema y no sobre quienes evaden o no declaran sus bienes.

No falta tampoco quien cite a Cristina Kirchner como ejemplo de los gestos que debería hacer el poder. “Cobra como vicepresidenta, cobra pensión por su marido ex presidente y no quiere pagar Ganancias”, la cuestionó un importante legislador.

El dictamen del oficialismo que implica un aporte por única vez a quienes hayan declarado bienes por más de $ 200 millones, con alícuotas de 2 a 2,5%, sería firmado recién el próximo viernes. Heller presentó este lunes una serie de modificaciones y un informe AFIP en el que se estima que pagarán unas 9.298 personas. De ese total, 253 aportarían el 49,2% de la recaudación total que se proyecta en 307.000 millones.

Seguir leyendo

Politica

La Corte define esta semana los casos de los jueces removidos por el kirchnerismo

Publicado

on

Por

El máximo tribunal tiene este martes una reunión de análisis, y el jueves otra de acuerdo . No se sabe aún cómo será el voto de sus miembros. Hay presiones de los K.

La Corte avanzará esta semana sobre los casos de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y German Castelli quienes fueron removidos de sus cargos por la mayoría K del Senado y el Gobierno de una forma polémica, inédita e irregular en democracia.

El máximo tribunal tiene este martes una reunión de análisis por videoconferencia y el jueves otra de acuerdo para decidir sobre la cuestión por dos vías, como adelantó su titular Carlos Rosenkrantz.

Una sería aceptar el per saltum (salto de instancia) que hace más de 15 días presentaron los tres jueces que investigan a Cristina Kirchner y decidir si el trámite inédito fue constitucional o no.

Otra sería esperar que la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal decida esta semana, tras recibir un informe del Senado, si fue constitucional o no la revisión de los traslados de los tres magistrados, realizados hace más de dos años atrás sin que nadie los objetara. En este caso, Bruglia, Bertuzzi y Castelli presentarían un recurso extraordinario para ir a la Corte.

Los tiempos de la Corte corren en paralelo con la intención del kirchnerismo de intentar terminar en el Consejo de la Magistratura de la Nación los concursos y nombrar los reemplazantes de Bruglia y Bertuzzi en la estratégica Cámara Federal porteña, que es la que juzga todos los casos de corrupción cometidos por funcionarios del gobierno nacional.

Tal como adelantó ayer Clarín en exclusiva, los K quieren que los candidatos a ocupar dos o cuatro vacantes en ese tribunal de alzada –si son los alineados con ellos como el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla o Roberto Boico, mejor- juren antes de que la Corte decida el tema de fondo.

Tal como el camarista federal Leopoldo Bruglia adelantó ayer en una entrevista exclusiva con Clarín si la Corte sigue retrasando su decisión ellos terminaría siendo como el caso del ex procurador general de Santa Cruz, Eduardo Sosa, quien fue echado en 1995 por el entonces gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, y cuando años después la Corte falló a su favor la provincia reiteradamente incumplió la decisión, además de que haber puesto otra persona en su cargo.

Cómo será el voto de los cinco miembros de la Corte por cualquier de las dos días, no se puede comprobar con ninguna fuente hasta ahora.

El constitucionalista Félix Lonigro dijo que “cualquiera de los jueces del máximo tribunal que se pronunciara en contra de Bertuzzi y Bruglia, incurriría en mal desempeño por contradecir la propia Acordada por ellos dictada en 2018, según la cual el traslado de jueces federales dentro de ese fuero no requiere acuerdo del Senado. Y si así fuera serían pasibles de juicio politico. No tienen margen”.

Pero la opinión de Lonigro no tiene en cuenta las presiones del kirchnerismo sobre la Corte sobre este tema que definirá el perfil de la institucionalidad argentina en los próximos años. Lonigro se refirió a las acordadas de la Corte 4 y 7 del 2018 que avalaron los traslados de jueces en el mismo fuero y la misma jerarquía. Incluso, en el caso de Bruglia lo hicieron refiriéndose a un caso concreto por un pedido del entonces ministro de Justicia, Germán Garavano.

El columnista de La Nación, Joaquín Morales Solá, informó este domingo que el miembro de la Cámara de Casación Federal, Mariano Borinsky, había dado su voto a favor de avalar la decisión del Senado y los tres decretos del presidente Alberto Fernández –emitidos en un tiempo récord de 12 horas- por la llamada de un ministro de la Corte que no identificó. Y Cristina Kirchner ya dio a entender por sus últimos mensajes en Twitter que lloverán insultos y denuncias judiciales contra los ministros de la Corte que avalen la continuidad de Bruglia y Bertuzzi en la Cámara Federal porteña y de Castelli en el Tribunal Oral Federal 7 que debe juzgar a la actual vicepresidenta como supuesta jefa de una asociación ilícita que manejó la maniobra de la causa de los Cuadernos de las Coimas.

En fuentes del Pro se afirma que, sin embargo, un sector de la Corte no quiere “aparecer como obstruccionista” frente a un nuevo Gobierno pero el tema es que el jueves, con los decretos de Alberto, ya quedó “un caso con un daño concreto a los derechos adquiridos de tres jueces” luego de dos años de ejercer el cargo.

En este medio, se especula con que los ministros Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti “van a ser coherentes con lo que escribieron y su trayectoria”. Por otra parte, dicen que Juan Carlos Maqueda escucha “con atención, más allá de lo jurídico, la posición del gobernador de su provincia, Córdoba, Juan Schiaretti”.

En cuanto a Ricardo Lorenzetti, las fuentes recuerda que fue el que, como presidente de la Corte, frenó la “democratización de la Justicia” que impulsó Cristina como presidenta en su segundo mandato. Pero desconfían del “encono” que tiene con Rosenkrantz por haber sido desplazado como presidente de la Corte en el 2015 con diez meses de antelación de su mandato. Incluso, los trascendidos hablaron de una supuesta videoconferencia entre ambos que terminó mal por el carácter “poco florentino” de Rosenkrantz.

Sobre Elena Highton las fuentes recuerdan que votó la acordada 4 del 2018 pero “tiene una deuda con Alberto Fernández por haber apoyado su candidatura a la Corte”. En definitiva, hay varios factores jurídicos y políticos que impiden saber cómo y cuándo votará la Corte que ahora se encuentra bajo “presiones subterráneas K” y de “siete banderazos” ciudadanos que los miran con atención.

Seguir leyendo

Politica

Sin la oposición, el Senado desplazó a los tres jueces que investigaron a Cristina Kirchner

Publicado

on

Por

Con 41 votos de oficialistas y aliados, aprobó remover a Bruglia, Bertuzzi y Castelli, que intervienen en causas de corrupción. Antes, y como protesta, Cambiemos abandonó la sesión.

Tras una previa cargada de cruces con la oposición y en soledad -porque el bloque de Juntos por el Cambio se desconectó de la sesión denunciando irregularidades– el oficialismo del Senado aprobó este miércoles remover de sus cargos a los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi y al juez Germán Castelli, quienes intervienen en causas de corrupción ligadas a Cristina Kirchner.

Ahora los magistrados -Bruglia y Bertuzzi confirmaron el procesamiento de la actual vicepresidenta en la causa conocida como “Cuadernos de las coimas” y Castelli integra el tribunal oral que juzgará ese caso- quedaron a un paso de tener que volver a sus juzgados de origen. Los tres están a la espera de una posible intervención de la Corte.

El rechazo de los traslados fue aprobado por 41 votos a favor del oficialismo y sus aliados. “Por unanimidad”, subrayó el jefe de la bancada oficialista, José Mayans. Ninguno de los 29 senadores opositores participó de la votación.

La senadora Laura Rodríguez Machado (PRO-Córdoba) abandona este miércoles la sesión del Senado. Foto: Lucía Merle.

La senadora Laura Rodríguez Machado (PRO-Córdoba) abandona este miércoles la sesión del Senado. Foto: Lucía Merle.

El oficialismo argumentó que los traslados de los tres jueces eran “inconstitucionales” porque fueron designados por decreto durante el gobierno de Mauricio Macri. También se les objetó haber adoptado una posición de “rebeldía” al no haber concurrido a la comisión de Acuerdos del Senado cuando se los convocó.

“Avalar esta situación es avalar que existen dos sistemas: el constitucional y el que hizo el gobierno anterior, que fue una selección de jueces a la carta, según sus conveniencias”, dijo la titular de la comisión de Acuerdos, la cristinista Anabel Fernández Sagasti.

Días atrás, la propia Cristina Kirchner había tuiteado contra Bruglia y Bertuzzi. Este miércoles, en el momento en que se votó desplazar a los jueces, Cristina no presidía la sesión del Senado sino la senadora Claudia Ledesma.

Antes de retirarse de la sesión -en realidad “desconectarse” ya que era virtual-, Juntos por el Cambio rechazó el procedimiento y señaló un avance del oficialismo sobre la Justicia.

“Los traslados de estos jueces no requerían acuerdo del Senado. Son válidos si es para desempeñar funciones de la misma jerarquía y similar competencia. Incluso el ex ministro de Justicia (Germán Garavano) consultó a la Corte sobre el procedimiento”, señaló la senadora del PRO, Laura Rodríguez Machado, quien consideró que “hay una decisión política de avanzar sobre la Justicia”.

Y sentenció: “El siguiente paso será declarar nulo todo lo actuado por estos jueces porque van a decir que sus traslados no fueron conforme a derecho. Pero hay una doctrina de la Corte de dar legitimidad sobre lo actuado por jueces removidos de sus cargos. Pero quieren aumentar los miembros de la Corte para modificar esta decisión. Cartón lleno”.

También cuestionaron el temario de la sesión. “La agenda de hoy es la de la Presidenta del cuerpo, después disfrácenlo de épica, de democratización de la Justicia, pero es lisa y llanamente eso”, sentenció el radical Martín Lousteau, quien en el arranque protagonizó un nuevo cruce con Cristina, con fastidio, por el reparto de los tiempos para los oradores.

Bruglia y Bertuzzi fueron nombrados en 2018 por Mauricio Macri para cubrir dos vacantes en la Cámara Federal. Castelli fue trasladado al Tribunal Oral Federal 7, donde tramita la causa de los “Cuadernos”. Dijo que no va a reconocer lo que aprobó el Senado. “Yo voy a pelear hasta las últimas consecuencias. Si me quieren sacar, que me saquen a empujones delante de la gente”, aseguró a la TV.

Ahora, el Senado comunicará su decisión al Ejecutivo, que tiene que dictar el decreto de remoción correspondiente, que se va a efectivizar una vez publicado en el Boletín Oficial.

Cristina Kirchner entona el Himno en el inicio de la sesión de este miércoles. Foto: Lucía Merle

Cristina Kirchner entona el Himno en el inicio de la sesión de este miércoles. Foto: Lucía Merle

A su vez, los senadores aún deben dictaminar sobre los otros 7 traslados de jueces que están en revisión en la comisión de Acuerdos. Se espera que lo hagan la semana que viene, y que la siguiente lo lleven al recinto.

JxC abandonó la sesión después de que se votara seguir con las sesiones virtuales por 60 días. Denunció que Cristina las prorrogó sin acuerdo y que se necesitaba una mayoría calificada para ratificar ese protocolo.

Polémica por la prórroga de las sesiones virtuales

El lunes pasado Cristina Kirchner firmó un decreto en el que prorrogó por otros 60 días las sesiones virtuales del Senado. Esa prorroga fue votada y aprobada este miércoles por el oficialismo en el recinto, aunque Juntos por el Cambio la cuestionó. Por un lado por que la decisión del kirchnerismo fue unilateral. Por otro, porque según entienden se viola el reglamento.

“No vamos permitir la vulneración del reglamento. Avanzan sin contar con los dos tercios. Esperemos no tener que iniciar una instancia de judicialización”, advirtió el radical Luis Naidenoff, quien anunció que se retirarían de la sesión y le pidió a la vicepresidenta “un gesto político” para destrabar la situación.

JxC había solicitado una sesión especial. Pero la dieron de baja a último momento al ver que en la convocatoria hecha por Cristina figuraba el decreto que se niegan a aceptar como válido. “Para no caer en esta trampa hemos decidido suspenderla”, señalaron.

Seguir leyendo

Las más leidas