Tanto el Ejecutivo Nacional como los mandatarios provinciales calificaron la reunión como “productiva”. Pero redundó en la insistencia de reclamos por la vuelta de la obra pública, aportes del Tesoro y recomposición de la deuda de las cajas jubilatorias a la gestión nacional.
A contrarreloj para blindar la votación por el Presupuesto 2025, este martes Javier Milei recibió en Casa Rosada a los cinco gobernadores radicales. La conversación, que todas las partes califican como “productiva”, rondó en base a los redundantes reclamos que mantienen que los mandatarios provinciales con la gestión nacional, que incluyen los pedidos por la vuelta de la obra pública, los aportes del Tesoro Nacional y la recomposición de la deuda de las cajas jubilatorias.
De la cumbre participaron los gobernadores radicales Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe). Desde el inicio de la gestión, todos mantienen un alineamiento férreo con el gobierno, que se mantiene hasta hoy, a pesar de que la gestión libertaria no mostró ni un ápice de interés en tener un trato presencial con las provincias que se enfilen detrás del discurso del déficit cero.
En este sentido, a la salida del encuentro, que se extendió por más de dos horas, los cinco gobernadores coincidieron en la idea de mantener en pie esta política. “Hablamos de lo fundamental que es mantener el equilibrio fiscal y cómo vamos a hacer para invertir y motorizar la economía, que es lo que necesitamos: que los argentinos salgamos de esta difícil situación que nos dejó el kirchnerismo”, sostuvo Gustavo Valdés al pie del Patio de las Palmeras.
Parte de los reclamos que los gobernadores llevaron a la mesa de empanadas, que el presidente gusta de saborear con cada vez más frecuencia, fue el reclamo por el reinicio de la obra pública. Luego del feroz paso de la motosierra y con las cuentas nacionales y provinciales saneadas, los gobernadores entienden que es momento para que Nación retome obras claves en el interior, que además servirán como una muestra de gestión a meses del inicio del año electoral. “Hay voluntad política por parte del presidente de sentarnos en una mesa y empezar a resolver problemas”, sostuvo Pullaro esperanzado.
En tanto, y luego de que la Jefatura de Gabinete confirmara que la licitación de la Hidrovía se abrirá nuevamente en diciembre, se planteó la posibilidad de que los gobernadores que forman parte de la neonata Liga del Litoral puedan formar parte de la discusión por el manejo del canal exportador guardián de un negocio millonario. El pedido no es casual.
En agosto, mediante los decretos 699 y 709, la administración nacional eliminó el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegables (Ecovina), creado en 2021. El organismo, confeccionado por el albertismo en su batalla por la construcción de un federalismo que luego no lo acompañó en su sueño de reelección, garantizaba la integración de Nación y las provincias ribereñas en el control de la Hidrovía.
Con esta eliminación, la gestión nacional declaró como “servicio público” las actividades de dragado y balizamiento y entregó a la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables (SPVN) la facultad para que vuelva a concesionar con privados la operación, ampliación y mantenimiento del canal, un golpe letal para las provincias ribereñas. Es con este escenario, la Secretaría de Transporte convocó a todas las provincias a reuniones para el armado de pliegos que iniciarán en los próximos días.
La misma fe tienen con la resolución de las deudas que el gobierno tiene con las cajas previsionales de las trece provincias que tienen su sistema desanclado con el nacional. Para esto, el oficialismo anunció la creación del Régimen de Reparación Federal, que tiene por objetivo facilitar el saneamiento de las cuentas a través de acuerdos de ventas o transferencias de terrenos y/o otros bienes que los estados provinciales y nacional puedan intercambiar para netear los saldos deudores. Las provincias tienen 30 días hábiles para confirmar su adhesión o no a este régimen. Una vez cerrado este plazo, se iniciará formalmente el intercambio. “Hay algunas provincias que están interesadas”, reconoció Zdero.
El encuentro se concretó con varios días de retraso. Si bien las versiones entre las partes se contradicen, lo cierto es que la cumbre estaba pactada para la semana pasada. La suspensión de aquel cruce se debió a los dichos del propio presidente contra Raúl Alfonsín, a quien calificó como el autor material del “golpe de estado” a Fernando de la Rúa. “La campera de cuero le calentó el cerebro”, dijo con vileza un miembro de la mesa chica del radicalismo a Tiempo como primera reacción ante los dichos del libertario.
La postura de los gobernadores, sin embargo, fue diametralmente opuesta a la de la cúpula del partido. “Nadie vino acá por las disculpas. Le hicimos saber el dolor que sentimos, para nosotros Alfonsín es importante. Pero nuestro objetivo es construir un camino de entendimiento”, sostuvo Pullaro ante la prensa acreditada. Su colega correntino fue por más. “Así es la frescura del presidente”, expresó Valdés con curiosa prosternación.
Además del presidente, la reunión contó con la participación estelar de Karina Milei. La hermana presidencial forma parte fundamental del negociado político de la gestión libertaria, por lo que su presencia le da una impronta mayor a una cumbre sin mayores definiciones. Junto a los Milei, estuvieron el jefe de gabinete, Guillermo Francos, y el viceministro del Interior, Lisandro Catalán.
Esta es la tercera cumbre que el presidente mantiene con los popes provinciales. Las otras dos tuvieron sentados en la mesa a los gobernadores del PRO Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Jorge Macri (CABA), Claudio Poggi (San Luis) y Marcelo Orrego (San Juan), y a los peronistas Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca) y los provincialistas Hugo Passalacqua (Misiones) y Gustavo Sáenz (Salta).
La expectativa del gobierno es lograr seducir a los gobernadores y el resto de los aliados dialoguistas para poder conformar un gran espacio dentro de un Congreso, por ahora, no tan afín. De esta forma, el oficialismo buscará blindar, además del Presupuesto, la discusión por la privatización de Aerolíneas Argentinas y la insistencia de la oposición por modificar la Ley de DNU.