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Macri complicado: Un ministro al borde del procesamiento

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La Cámara Federal dio un respaldo clave a la investigación penal sobre maniobras para beneficiar a la empresa Correo Argentino, del Grupo Macri, por las que fue denunciado el Presidente y fueron indagados el actual ministro de Defensa, Oscar Aguad, su colaborador Juan Mocoroa, el titular de la firma, Jaime Cibils Robirosa, y el apoderado, Jaime Kleidermacher. La decisión del tribunal, que rechaza planteos de nulidad y de inexistencia de delito, le deja el camino despejado al juez Ariel Lijo para resolver la situación procesal de todos ellos, que desfilaron por Comodoro Py a fines de marzo bajo sospecha de los delitos de administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública según un dictamen del fiscal Gerardo Pollicita. El fallo llega en un momento de reposicionamiento de los jueces –o algunos– de Comodoro Py y mientras la familia presidencial batalla en el fuero comercial para lograr cerrar, antes de diciembre, un acuerdo lo más conveniente posible y facilitado por los actuales representantes estatales por su deuda millonaria.

La causa a cargo de Lijo tiene como base la denuncia que hizo en febrero de 2017 la fiscal Gabriela Boquin, donde mostró que el Estado, representado por el entonces Ministerio de Comunicaciones –que tenía como titular a Aguad y como director de Asuntos Jurídicos a Mocoroa— aceptara firmar un acuerdo con el Correo Argentino que licuaba un 98,87 por ciento la deuda de la familia Macri con las arcas públicas, arrastrada desde 2003. Ese pacto, denunció Boquin, era “ruinoso y abusivo”. El tema llegó a Comodoro Py con una presentación de Gabriela Cerruti y Martín Sabbatella. En el expediente del concurso de acreedores, desde ese entonces los representantes del Correo y el Estado pareciera que juegan a defender los mismos intereses, aunque el segundo es acreedor y el primero le debe al menos 4500 millones de pesos. Al día de hoy la deuda sigue impaga y la empresa intenta que le acepten una nueva oferta irrisoria, por 296 millones (el valor de la deuda hace 18 años). En el ámbito penal tramita una investigación por el intento de favorecer al Correo a costa del erario público. Los imputados intentaban frenarla con cuestionamientos a las indagatorias y las irregularidades que se les atribuyen.

Dos resoluciones firmadas este miércoles dejaron a Aguad, Mocoroa, Cibils Robirosa y Kleidermarcher al borde del procesamiento. Todos fueron indagados en marzo último y apostaron a que la Cámara frenaría la investigación, pero no lo lograron. Los camaristas Leopoldo Bruglia y Martin Irurzun rechazaron el planteo de nulidad de las indagatorias impulsadas por Pollicita, y señalaron que aquellas satisfacían “los recaudos establecidos” por el Código Procesal. Ante otro planteo de “excepción de falta de acción por inexistencia de delito”, los jueces señalaron que “sólo procede en tanto y en cuanto ello luzca manifiesto (…) cuando la falta de correspondencia entre lo narrado en la denuncia con alguna figura delictiva resulte en forma palmaria de la mera descripción efectuada en el acto promotor” pero si se trata de cuestiones “subjetivas” entonces “la vía es inadecuada”, dijo el tribunal. “De la lectura de las actuaciones se advierte que no sólo se ha requerido la acción sino que además se han colectado determinados elementos probatorios”.

Cuando Pollicita planteó sus sospechas sobre los funcionarios y los abogados ligados al Correo, los describió como corresponsables en un arreglo “espuriamente concebido” para “beneficiar a la empresa” a través del cual se “comprometía abusivamente” el patrimonio estatal a sabiendas del perjuicio que provocaría. También reparó en que históricamente, ante ofertas inconvenientes, el Estado siempre se mantuvo firme en rechazarlas (como sucedió en 2003, 2007, 2010 y 2015) pero en 2016 sorpresivamente, con el gobierno de Macri, cambió la tónica y el 28 de junio de ese año se firmó el famoso acuerdo que derivó en la denuncia en cuestión. Según el fiscal, además, aquel pacto se fue gestando con anterioridad, en comunicaciones y reuniones previas de funcionarios del Gobierno con el Correo. Fue, dijo el fiscal, “un acuerdo en las sombras”. Más adelante, cuando estalló el escándalo, Aguad dijo que recibía “instrucciones” del Presidente.

Ahora todo indica que el juez Lijo resolverá las situaciones judiciales de los cuatro indagados y deberá definir si avanza en otras líneas de investigación. Una es la que apunta a Macri, otra a movimientos judiciales dudosos que habrían beneficiado a la empresa, por los que Boquín denunció a la jueza Marta Cirulli, y otro tanto tiene que ver con presuntas maniobras de vaciamiento durante la etapa de concursal, algunas que habrían beneficiado a Socma y Sideco, las controlantes del Correo, y pilares del grupo empresario, y otros desvíos de fondos hacía estudios de abogados, consultoras y empresas de publicidad amigas. En los primeros figuran personajes vinculados al macrismo, como el diputado Pablo Tonelli y el secretario Legal y Técnico Pablo Clusellas.

Mientras tanto el Correo de los Macri especula con que el representante estatal –el procurador Bernardo Saravia Frías—acepte una oferta por el valor que tenía la deuda en 2002 y pagando intereses solo si ganan juicios contra el Estado. Para estos últimos, como informó este diario, intentan que todas las causas que reclaman resarcimientos ligados a la quita de la concesión, las concentre el juez contencioso Enrique Lavié Pico, afín al oficialismo. En el ínterin el macrismo intenta reavivar una ofensiva contra la fiscal Boquin (ver aparte). Todo denota gestos de desesperación.

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Deportes

Malena Galmarini destruye el convenio de la Aysa de Macri con Boca

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“La empresa no le pagaba a Boca para dar a conocer sus servicios y ni siquiera elaboraba la lista de periodistas privilegiados que se hacía en el Ministerio del Interior, así que al margen del valor monetario lo que me parece es que hay una falta de valor ético y moral”

“Una cosa es la publicidad y otra cosa es la propaganda política”, asegura Malena Galmarini, titular de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), para explicar en un diálogo exclusivo con Página/12 por qué ordenó frenar un convenio firmado por esa empresa con el club Boca Juniors .

Una auditoría interna sobre los fondos de AySA reveló que la administración de Mauricio Macri en Aguas había firmado con el club preferido del ex Presidente un acuerdo por 2 millones de pesos anuales en concepto de invitaciones para ver partidos en sectores vip de la Bombonera y participar de recorridas turísticas por el estadio. El acuerdo fue firmado en plena campaña electoral de 2019.

“Esto no es un partido, es una empresa”

“Esto no es un partido político, es una empresa que brinda un servicio esencial, que además es deficitaria, que la dejaron arrasada como dejaron al país, así que al margen del valor monetario lo que me parece es que hay una falta de valor ético y moral”, explica la funcionaria.

Durante todo el día, después de que su marido Sergio Massa asegurara que el caso muestra que “los famosos CEOs usaron al Estado como botín de guerra”, el debate se concentró en el monto del contrato en cuestión.

“No importa el valor del contrato”

“Independientemente del valor del contrato –explica Galmarini–, a mí lo que me parece es que es poco ético, sobre todo porque no se trataba de una acción de marketing. No era que la empresa estaba pagando eso para dar a conocer sus servicios, sino que llevaba periodistas, y ni siquiera el listado de esos periodistas se hacía desde Aysa sino en el Ministerio del Interior, Vale decir que no era una acción de marketing sino una acción política.”

A partir de esa conclusión, se precipitaron las decisiones empresarias. “Lo primero que hice cuando lo descubrimos es resolver que no se pagaba e instruir a la sección de jurídicos que analice cómo se había hecho todo eso. Ahora están preparando ese informe para ver si hay alguna medida que tomar, obviamente no respecto del club sino del director a cargo.”

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Economia

Vaca Muerta: el Gobierno enviará al Congreso un nuevo proyecto de ley de Hidrocarburos para que se trate en extraordinarias

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La iniciativa buscará generar inversiones, potenciar el desarrollo de la cadena productiva, crear empleo y aumentar las exportaciones, dijeron en el Ministerio de Desarrollo Productivo

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Nacionales

Fuerzas federales para ayudar a Santa Fe a combatir el crimen organizado

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El gobernador aseguró que el respaldo presidencial representa “una muestra del compromiso y de la seriedad con que se toma el desarrollo de esta problemática, que desde hace muchísimos años está instalada” en la provincia.

Alberto Fernández y Omar Perotti firmaron un “convenio de cooperación en seguridad” que comprometió a ambos gobiernos en “la pelea contra el crimen organizado” en Rosario, donde “el narcotráfico ha montado una suerte de pequeño imperio”, según el diagnóstico del propio Presidente. Este acuerdo se traducirá, según expresó la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, en “la asignación de fuerzas Federales de seguridad en la ciudad de Rosario”. Perotti fue ayer a la Casa Rosada a pedir ayuda. La crisis de violencia que escaló en estos días al plano nacional por su saga de crímenes cotidianos excede a la provincia. Y volvió a Santa Fe con un acuerdo que redobla el apoyo político de Alberto a su gobierno, con un doble propósito: por primera vez en doce años, un gobernador de Santa Fe dejó expuesta a la vista pública la gravedad de la situación en Rosario, jaqueada por el “enfrentamiento de organizaciones criminales” y el reconocimiento del problema puede ser el primer paso hacia la solución. “El problema excede a Rosario y a la provincia porque tiene connotación nacional”, se sinceró Perotti y agregó que “el respaldo del Presidente” es “una muestra cabal del compromiso y de la seriedad con que se toma el desarrollo de esta problemática, que desde hace muchísimos años está instalada” en la provincia.

En sólo 14 días, hubo en Rosario 17 crímenes. Es bueno separar bien los tantos: cuatro personas murieron apuñaladas en grescas, y en uno de esos casos un chico mató a su padre. Otros dos murieron en un supuesto intento de robo en el Parque del Puente Rosario-Victoria, tanto el ladrón como el robado, que era gendarme. Los once restantes fueron baleados en circunstancias similares: personas que llegaron o pasaron a bordo de un vehículo y gatillaron. El crimen más resonante, y el que revivió la influencia de la banda narcocriminal Los Monos ocurrió el sábado pasado, en el casino City Center, en el sur de la ciudad. Enrique Encino, gerente del banco Nación de la localidad de Las Parejas, había salido a fumar y resultó baleado. Su modalidad generó preocupación: parecía destinado a amedrentar de forma más general a la población, ya que la víctima no tenía ninguna vinculación con el delito. Poco después detuvieron a Maximiliano “Cachete” Díaz, integrante de Los Monos, y las escuchas telefónicas permiten inferir que detrás del tiroteo está Ariel “Guille” Cantero, desde la cárcel. El cabecilla de la organización criminal de barrio Las Flores está condenado por distintos delitos como instigar un homicidio y organizar tráfico de estupefacientes.

Ahora Rosario estalla. A fines de diciembre el ex gobernador Miguel Lifschitz -y actual presidente de la Cámara de Diputados de la provincia- fue el principal ejecutor del rechazo a las leyes de Emergencia en Seguridad, pero también Social y Económica, que había enviado Perotti a la Legislatura. Esa decisión, el último día hábil del año, dejó al gobernador “sin herramientas” para afrontar la delicada situación. Ahora, intendentes del propio Frente Progresista reclaman que esas leyes se aprueben en febrero.

El eje sigue siendo la conexión entre la policía y las organizaciones delictivas. Según una información periodística, la pareja de Díaz es sobrina del ex jefe de la Policía de Santa Fe, Marcelo Villanúa. Ayer, él mismo lo desmintió. Cuando Perotti, en su discurso de asunción, se refirió a los vínculos entre el delito y el gobierno, se refería también a los policías condenados -o imputados- por su complicidad con Los Monos, y también con otras bandas, como la que lidera Esteban Alvarado.

Por eso, Perotti y Sain están convencidos que detrás de la crisis está la reacción de una policía acostumbrada al autogobierno. Y cuando Perotti refiere a vínculos, alude a los gobiernos anteriores. De hecho, cuando le preguntaron si aludía a los mandatarios socialistas, contestó: “Que cada uno saque sus conclusiones”. “Si hablamos de cortar los vínculos con el delito, lo hacemos en todos los niveles porque es indispensable para la vida institucional de la provincia”, estructurar “la conducción política” de la Policía de Santa Fe y “resguardar cualquier vínculo con el delito”.

Perotti se volvió ayer con un aval contundente de la Casa Rosada. “La respuesta del Presidente” a su pedido de ayuda “es una muestra cabal del compromiso y las seriedad con que vamos a enfrentar esta problemática que está instalada en Santa Fe desde hace años”. Su ministro de Seguridad Marcelo Sain explicó cómo afrontarán el desafío. “El gobierno nacional y el de Santa Fe es un solo gobierno en materia de seguridad pública. Tenemos un solo diagnóstico, una sola interpretación acerca de la envergadura del problema, sabemos lo que pasa en Santa Fe y cómo abordarlo de manera integral entre las dos jurisdicciones, pero como un mismo actor institucional”, definió.

El respaldo del presidente a Perotti es el tercero en dos semanas ante la crisis de inseguridad en Santa Fe. Ya a principios de enero, después de una protesta en Rafaela, cuando un grupo de manifestantes se desprendió de la marcha y atacó la casa del gobernador, donde estaban su esposa y su hijo menor, Alberto se mostró muy solidario con él. “No debemos tolerar a los violentos”, dijo el jefe de Estado.

El lunes, en una entrevista en un canal de TV, Fernández dijo que Santa Fe “tiene un serio problema del crimen organizado. Lo hablé mucho con Omar Perotti. El narcotráfico se ha instalado, ha montado una suerte de pequeño imperio” en Rosario y prometió que la provincia recibirá “toda la ayuda que sea necesaria”.

Ayer, comenzó a concretarse esa asistencia, con el “convenio de colaboración en seguridad” que firmaron el presidente, el gobernador y los dos responsables del acuerdo: la ministra de Seguridad de la Nación Sabina Frederic y su colega de Santa Fe, Marcelo Sain. El acta se firmó en el despacho presidencial, donde estaban el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, el ministro del Interior Eduardo de Pedro y el senador nacional Roberto Mirabella.

La conducción de la crisis quedará a cargo de un Consejo Provincial de Complementación para la Seguridad Interior –como se llama- que integrarán funcionarios del equipo de Sain y de Frederic y representantes de las fuerzas nacionales (la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y la PSA), la Policía de Santa Fe y de la Agencia de Investigación Criminal que creó el gobierno de Perotti para investigar el crimen organizado.

Perotti ponderó el acuerdo. “Es muy importante”, dijo. “La dimensión de la problemática en Santa Fe excede a Rosario y a la provincia, tiene una connotación nacional y el respaldo del presidente es una muestra cabal del compromiso y la seriedad con que enfrentaremos esta problemática que está instalada en nuestra provincia desde hace años. Ese es un elemento distintivo: trabajaremos de manera coordinada” por primera vez, a sabiendas de la magnitud “de lo que tenemos que enfrentar”. La mención del gobernador a los doce años es una referencia obvia a los tres gobiernos socialistas que lo precedieron en la Casa Gris.

“Lo que queremos destacar es la decisión política”, insistió Perotti. “El compromiso del Presidente de la Nación para que la Argentina de una muestra contundente de cómo se enfrenta” este avance del narcotráfico en Santa Fe “en forma conjunta con la provincia”. En el trabajo operativo “el epicentro mayor -por el número de efectivos de las fuerzas federales- será Rosario”, pero esa tarea se extenderá a las principales ciudades: Santa Fe, Rafaela, Venado Tuerto y Reconquista, agregó.

El ministro Sain no sólo coincidió sino que también distinguió distintos niveles operativos. “Uno es el trabajo en seguridad preventiva”, explicó. “Ya se están desplegados fuerzas federales en determinados barrios de Rosario”, jaqueados por “enfrentamientos de organizaciones criminales. “El plan de la intervención es pacificar ese conjunto de barrios que en este caso compromete 300 gendarmes, más los efectivos de la Policía de Santa Fe”. “Un segundo aspecto será una mesa de coordinación en materia de delito complejo y un trabajo combinado entre la justicia provincial y nacional”. Ante preguntas sobre la cantidad de efectivos nacionales asignados a la provincia, la ministra Frederic advirtió: “Estamos muy mal acostumbrado al creer que más policías es más seguridad. Acá hay optimizar el trabajo”.

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