Los presidentes de las cámaras federales, las asociaciones de jueces y fiscales, el colegio de abogados de la CABA, ongs de la sociedad civil y cámaras empresarias rechazaron las acusaciones del Jefe de Estado al máximo tribunal.
El más duro ataque del presidente Alberto Fernández a la Corte en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso provocó este jueves un fuerte repudio entre los principales jueces y fiscales federales, asociaciones civiles y cámaras empresarias, además de la dirigencia opositora.
Por un lado, los Presidentes de las Cámaras, integrantes de la Junta de Presidentes de las Cámaras Nacionales y Federales de la República Argentina salieron en un categórico apoyo de los miembros del máximo tribunal.
Por otro, la Asociación de Fiscales de la Nación al igual que el presidente del Colegio de Abogados de la CABA, el ex camarista Ricardo Gil Lavedra, la Cámara Argentina de Comercio y las principales asociaciones civiles vinculadas a la defensa de la independencia de la Justicia.
Por su parte, la Asociación Argentina de Fiscales, que preside Marcelo Varona Quintian, dijo que “las manifestaciones del presidente de la Nación, nuevamente valiéndose de la cadena nacional y en un acto simbólicamente representativo de la república, nada menos que la apertura del año legislativo en que se reúnen los tres poderes del estado, exponen una situación gravísima que no podemos dejar de repudiar“.
“Queremos expresar nuestro apoyo, y reconocimiento a los Sres. Ministros de la Corte por haber asistido y soportado los falsos agravios de parte del Sr. Alberto Fernández en una situación desigual”, subrayó en un comunicado la AAR.
Así se sumaron a una defensa de la Corte que había empezado ayer la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Nación, que preside Marcelo Gallo Tagle.
El miércoles, en su discurso ante la Asamblea Legislativa, Alberto Fernández acusó, en forma polémica, a la Corte Suprema por la situación en la provincia de Santa Fe. Afirmó que “si la Corte Suprema no hubiera tomado por asalto al Consejo de la Magistratura, hoy Santa Fe no estaría padeciendo la carencia de tribunales que impiden enjuiciar con rapidez al crimen organizado que se ha expandido en su territorio”, sostuvo el Presidente, en el ataque más duro de su gestión a la Corte.
Los Presidentes de las Cámaras, integrantes de la Junta de Presidentes de las Cámaras Nacionales y Federales de la República Argentina expresaron, en un comunicado, su más enérgico repudio a las expresiones del Presidente de la Nación en su discurso de apertura de las Sesiones Ordinarias del Honorable Congreso de la Nación, enfrentando a las máximas autoridades del Poder Judicial de la Nación.
“Advertimos con extrema preocupación que un acto de singular trascendencia institucional, como lo es la apertura de un año legislativo, sea utilizado como excusa para enmascarar un verdadero ataque a las autoridades de otro Poder del Estado, representado institucionalmente por el Sr. Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Horacio Rosatti y su Vicepresidente, el Dr. Carlos Rosenkranzt”, agregó.
En esta línea, “instamos a no desnaturalizar la atribución presidencial de abrir anualmente las sesiones del Congreso a los fines de dar cuenta del “estado de la Nación, de las reformas prometidas por la Constitución, recomendando a su consideración las medidas que juzgue necesarias y convenientes” (art 99 inc. 8 de la Constitución Nacional)”.
“Una vez más, convencidos de que no será sino sobre la base de un incondicional respeto a la Constitución Nacional que será posible alcanzar el equilibrio entre los distintos Poderes del Estado y el tan anhelado fortalecimiento de las instituciones, exhortamos a las autoridades responsables a que enaltezcan el interés supremo de la ley y de la justicia, contribuyendo con el respeto al principio de división de poderes; a que se valore la independencia judicial, se impida todo acto de avasallamiento ajeno a un Estado de Derecho y al espíritu republicano que debe guiar los actos de gobierno”, subrayó el comunicado.
Por esta razón, “llamamos a la reflexión, para que cada órgano del Estado asuma y cumpla el rol que la Constitución le tiene asignado, evitando que con actitudes como la que por este acto reprobamos, se dañen innecesariamente las instituciones, cuya solidez es indispensable para avanzar hacia un verdadero Estado republicano en el que se preserven los derechos y las libertades de todos los ciudadanos”, añadió.
Suscribieron el comunicado, Javier Leal de Ibarra, titular del Cuerpo (Presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia), Alberto Dalla Vía (Presidente de la Cámara Nacional Electoral), Jorge Morán (Presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal),Florencia Nallar (Presidenta de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal), Marcelo Lucini (Presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional),Leopoldo Bruglia (Presidente de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional), Roberto Hornos (Presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico), Eduardo Machín (Presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial), Sebastián Picasso (Presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil) , Aníbal Pineda (Presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario), y Néstor Barral (Presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín).
También lo firmaron Graciela Montessi (Presidenta de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba), Manuel Pizarro (Presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza) Alejandro Castellanos (Presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta), Ricardo San Juan (Presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán), Beatriz Aranguren (Presidenta de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná), Rocío Alcalá (Presidenta de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia), Selva Spessot (Presidenta de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes), Richar Gallego (Presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca), Alejandro Tazza (Presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata), Pablo Larriera (Presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca).
Por su parte, el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, que preside Gil Lavedra, lamentó que las expresiones del Presidente de la Nación relacionadas con el Poder Judicial, “no hubieran guardado, ni las formas, ni las solemnidades que la relevancia del acto exigía.
“Constituye una falta total de respeto y educación, increpar a las autoridades de la Corte Suprema allí presentes con manifestaciones propias de un mitin partidario, y no de una ceremonia de alto contenido institucional”, agregó.
“Próximos a cumplir cuarenta años de continuidad democrática, es necesario que cada uno de los Poderes del Estado respete escrupulosamente el ámbito de actuación de cada uno de ellos. Resulta impropio del Poder Ejecutivo -y vedado constitucionalmente-, pretender influir en causas judiciales en trámite emitiendo opinión sobre su contenido y diciendo cómo deben ser falladas”, subrayó la más grande asociación de abogados del país.
Recalcó que “quienes transitamos el ejercicio diario de la Abogacía y nos hemos comprometido con el Estado de Derecho necesitamos que las autoridades respeten los principios fundamentales de la República, protegiendo sustancialmente la independencia judicial y no que, por el contrario, la socaven permanentemente”.
A su vez, la ONG REJIA (Red de Entidades por la Justicia Independiente en Argentina”, advirtió que “ asistimos a otra embestida del Poder Ejecutivo contra la Justicia Independiente”. “En este caso se lo está haciendo contra el titular de la Corte Suprema de Justicia y Presidente del Consejo de la Magistratura, mediante el anuncio apresurado de iniciar un juicio político, sin sustento suficiente ni justificación”, subrayó en otra nota.
REJIA deploró “la actitud del Presidente y de quienes se suman a este intento de afectar la independencia de la justicia”.
“Instamos al señor presidente de la Nación Argentina a que cese con estas prácticas, que además afectan la seguridad jurídica de nuestro país”, indicó REJIA.
El comunicado está firmado por ACR – Acción Conjunta Republicana: María Bunge, Instituto de Altos Estudios de Derecho de la Provincia de Mendoza: Roberto Uliarte, Profesores Republicanos: Guillermo Mizraji y Marta Nercellas, Justa Causa: Luis Cevasco, Asociación Civil Río Paraná: Alberto Cohan CADAL y los constitucionalistas Daniel Sabsay y Ricardo Guibourg. También está suscripto por CADAL: Sybil Rhodes, Contadores Forenses: Alfredo Popritkin, Directorio Legislativo: María Barón, Será Justicia Asociación Civil: Raul Aguirre Saravia, Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia: Alfredo Vítolo y Usina de Justicia Asociación Civil: Diana Cohen Agrest.
A su turno, Natalio Mario Grinman Presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) dijo que este tipo de ataques ha sido superado en otros países. “Han superado muchas “taras” que a los argentinos nos cuesta tanto corregir. Así es muy difícil entusiasmar a los inversores, atraer capitales y lograr creación de empleo de calidad”, opinó.
“Tomar dimensión de las oportunidades perdidas genera amargura, pero espero que también sea un estímulo para que de una buena vez nos pongamos a hacer lo que debemos hacer para aprovechar el enorme potencial con el que cuenta la Argentina”, finalizó el empresario.
