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Politica

Los cuadernos de Centeno son la punta del iceberg

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Hay tres afirmaciones respecto de realidades que no se pueden detener:

1. Agua, montaña hacia abajo.

2. Fuego, montaña hacia arriba.

3. Una investigación judicial con empresarios del sector privado que aceptan contar las coimas que pagaron.

Es imposible no comparar el Lava Jato en Brasil y el escándalo de corrupción en la Argentina, que perfectamente podría ser denominado también como “Lava Jato Argentina”, merced de tener la misma operatoria en los dos países.

– Empresas de construcción de la obra pública con contratos con el Estado, que sobrefacturaban los acuerdos para devolver estos valores a funcionarios del poder de turno que se enriquecían ilegalmente a cambio de otorgar las referidas obras.

– Distribución ilegal de la obra pública entre las empresas del “club” para asegurarse la continuidad del modelo de recaudación ilegal.

– Un cabeza de la organización (jefe) que recibía la coima y, sin contacto directo con quien la pagaba, utilizaba intermediarios del propio gobierno para concretar los actos ilegales.

– Funcionarios del segundo y del tercer escalón del Gobierno que, sin ninguna experiencia en el área, eran designados en los cargos, no para aportar sus conocimientos para el bien común y sí para aportar su lealtad para el bien de sus jefes (y de ellos mismos).

– Participes necesarios (que se quiebran más fácil ante la Justicia) que en Brasil coordinaban los pagos de las transferencias en la Gerencia de Operaciones Estructuradas (me refiero a la secretaria de Odebrecht, Maria Lucia Tavares) y en Argentina eran los que llevaban los bolsos con millones de dólares del pagador al receptor de la coima.

– Empresas de enorme importancia en la economía del país que, afirmando su voluntad de colaborar con la justicia, le dan licencia o suspenden o directamente echan al ejecutivo que aparece en los registros como si la corrupción hubiera sido algo individual del ejecutivo y sin el conocimiento de la cúpula de la compañía.

– Un antes y un después en la investigación, desde el momento en que empresarios del sector privado fueron detenidos y tuvieron oportunidad de vivir en carne propia lo que es estar PRESO.

El juez Sergio Moro (AFP)

El juez Sergio Moro (AFP)

El juez Bonadio y el fiscal Stornelli aplicaron (desconozco si con intención o por pura estrategia judicial) el Dilema del Prisionero de Albert Tucker, al mostrarles a los empresarios que eran varios los que habían sido detenidos y que sería mucho mejor, para la realidad individual de cada uno, que colaboren con la Justicia.

No es casual tampoco que se haya divulgado que el chofer Centeno había sido liberado por colaborar contando lo que sabía.

Menos casual aún, que el primer empresario a colaborar con la justicia haya sido uno de los últimos en ser detenido (Juan Carlos de Goycochea de la empresa Isolux).

Tomando como ejemplo el perfil del arrepentido en Brasil, podemos citar las siguientes características:

1. Ejecutivo de vital importancia corporativa, de empresa privada, que puede haber sido despedido de la misma para evitar que la misma se vea involucrada en este escándalo.

2. Que sea casado y con hijos o nietos (mejor aún) en edad escolar

3. Que tenga patrimonio obtenido con recursos genuinos, y que su familia le recuerde que si no habla pueden perder todo.

4. Que guardó pruebas porque, sabiendo que algún día podría ser preso, precisaría de algo para ofrecer en el caso de firmar un acuerdo judicial como arrepentido.

5. Que guarde en alguna parte de su interior un concepto de la ética (que no tuvo) y el que debió contrariar para mantener su empleo y su status económico.

6. Que suponga que su situación pueda generar un problema judicial para alguien de su familia (si se enriqueció, es más que probable que haya colocado bienes a nombre de terceros). Si el riesgo familiar involucra esposa o hijos, la predisposición a colaborar aumenta exponencialmente.

El juez federal Claudio Bonadio (CrŽdito: Adrian Escandar)

El juez federal Claudio Bonadio (CrŽdito: Adrian Escandar)

No obstante que la Ley del Colaborador Premiado en Argentina no es de las mejores, no será ninguna sorpresa que la cantidad de arrepentidos (yo los llamaría de imputados protegidos) aumente considerablemente al observarse que quien ayuda obtiene ventajas procesales y sobre todo que quien demore a colaborar tendrá muy poco para aportar respecto de lo que la Justicia no sepa.

Se agrega, como forma de confirmar esta teoría, que el empresario que pagó coimas no tiene ninguna estructura de lealtad política que el ex funcionario sí tiene, merced la condición de agradecimiento por no ser nada y pasar a ser alguien y sobre todo un alguien con mucho dinero (esto explica por qué varios empresarios surgidos en el gobierno Kirchner no delataron a nadie hasta el momento).

Hay mucho más dinero en casos de corrupción dando vueltas

Sería iluso pensar que un solo auto del Gobierno “recaudaba” la coima de las empresas privadas para pagarles a los ex funcionarios, como iluso es pensar que la empresa Odebrecht, que hacia obras públicas en Argentina por medio de consorcios con otras empresas, pagaba solamente ella las coimas para que todos se beneficien por igual.

En Brasil, TODAS LAS EMPRESAS vinculadas al cartel de la obra pública procesadas inicialmente en el caso Petrobras tuvieron participación en los pagos, como también en otros casos de corrupción (sector de Petróleo, Marítimo, Energía, Transporte, etc).

Tal vez no aparezcan otros choferes que hayan escrito con tanto detalle el recorrido de la coima, pero seguramente habrán otros choferes, probablemente compañeros de Centeno, que participaron de las recaudaciones.

Centeno tendrá que contar todo lo que sabe y es allí donde se abre el abanico en las etapas que seguramente tendrá la investigación a partir de ahora.

La pieza fundamental en el proceso, será el instrumento financiero del lavado del dinero: las “cuevas” por donde pasó coima para ser enviada al exterior.

En el Lava Jato de Brasil, de hecho, la investigación se inició por medio del dueño de una cueva que funcionaba en una estación de servicio en que había un lavadero de autos, que en portugués se dice “lava jato”.

El fiscal Carlos Stornelli

El fiscal Carlos Stornelli

Riesgos en el horizonte

El éxito judicial obtenido en Brasil se debió a:

– Leyes que incluían corrupción en su contenido (Ley del Colaborador premiado y Ley de Leniencia, -extinción de dominio– ambas de agosto del 2013). No es casual que Lava Jato en Brasil se inició el 17 de marzo del 2014.

– Un sistema judicial que permitió aplicar esas leyes. El juez Sergio Moro en Curitiba no es el único que ha destrozado a la corrupción brasileña. Marcelo Brettas en Rio de Janeiro y Ricardo Leite en Brasilia sirven como ejemplo de la amplitud federal en la investigación.

– Un Código de Procedimiento que impide que imputados entreguen escritos sin relación con la causa, en lugar de declarar efectivamente ante el juez. En Brasil existe el derecho constitucional a negarse a declarar, pero de aceptar declarar debe responder las preguntas del juez, del Ministerio Público y de los abogados de defensa de todos los procesados

– No existe jurisprudencia de jueces próximos al gobierno que está siendo investigado que dificulte la acusación del juez que está a cargo del proceso

– Juzgados especializados en temas de corrupción (los tres jueces citados solo participan de casos de corrupción que involucren al funcionarios del Estado, y cuentan con fiscales igualmente dedicados, y policía judicial que trabaja en equipo con jueces y fiscales)

El fiscal Stornelli y el juez Bonadio deben trabajar también en procesos de los más diversos delitos, como narcotráfico, asaltos, prostitución, secuestros, violencia de género Y TAMBIÉN en casos de corrupción.

Además, según informaciones judiciales, en las dos Secretarías del Juzgado del Dr Bonadio existen 1200 casos. Este de los cuadernos es apenas uno de estos 1200 procesos en curso.

Ambos integrantes del Poder Judicial tienen la enorme oportunidad (a pesar de los detractores sobre la labor de ambos) de devolverle la esperanza a la población sobre nuestro sistema judicial para que, en caso de encontrarse culpables, los responsables paguen por los delitos cometidos con el dinero público.

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Coronavirus

Internaron a la jueza María Servini en terapia intensiva por complicaciones con el coronavirus

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Sufrió dificultades respiratorias y la trasladaron al Sanatorio Otamendi. Había recibido al primera dosis de la Sputnik V.

La jueza María Romilda Servini fue internada este miércoles en el Sanatorio Otamendi tras sufrir complicaciones de su cuadro de coronavirus. La magistrada se había contagiado de Covid hace menos de una semana y según confirmaron fuentes de su entorno el martes empezó a tener dificultades para respirar que se agravaron hoy y hoy decidieron internarla.

Está alojada en terapia intensiva. Además de una fuerte tos, la magistrada empezó a saturar oxigeno por debajo de los niveles recomendados. Tras ingresar le empezaron a realizar una batería de análisis para detectar si tiene problemas pulmonares que podrían derivar en una neumonía, una de las complicaciones típicas del coronavirus.

Servini, jueza federal y a cargo del juzgado electoral, tiene 84 años y por su edad integra uno de los grupos de riesgo por el coronavirus.

La jueza había sido vacunada con la primera dosis de Sputnik V en febrero pasado y según contó el 26 de marzo pasado le tenían que aplicar la segunda dosis en el Club Italiano en el barrio porteño de Caballito pero le suspendieron el turno. “Estoy enojada. Si me hubieran dado la segunda dosis, a lo mejor no me hubiera contagiado”, protestó Servini el jueves pasado cuando confirmó que tenía coronavirus.

Incluso contó que se quejó ante las autoridades de la Ciudad y que llamó al vicejefe de Gobierno Diego Santilli. “Después llamé a Diego Santilli. Le pedí que si estaban haciendo alguna excepción, trataran de darme la segunda dosis, porque yo estoy trabajando. Quedó en ocuparse, no me llamaron”, cerró.

Servini empezó con los síntoma típicos del coronavirus antes de que le dieran el resultado positivo. Tuvo tos, estornudos y un resfrío muy fuerte además de un “cansancio brutal” según contó. Los médicos le habían recomendado que intentara calmar los síntomas con paracetamol.

Cuando arrancó la cuarentena en 2020, Servini dejó de ir a su juzgado en Comodoro Py. Pero luego retomó la actividad presencial dos veces por semana. Antes de que le dieran su resultado de covid, cuatro empleados de su juzgado dieron positivo de coronavirus.

La jueza había criticado la campaña de vacunación oficial y al propio presidente Alberto Fernández. “Todo este tema de las vacunas se ha manejado muy mal. Lo siento, porque se lo estoy diciendo también al señor Presidente”, dijo Servini tras su contagio. “Se han manejado irresponsablemente, hay provincias a las que mandaron la segunda dosis de la Sputnik y no habían mandado la primera”, agregó.

Y puso condiciones para garantizar las PASO. Pidió que un “plantel de 25 personas” entre sus colaboradores reciban ambas dosis de la vacuna contra el Covid. “No los voy a exponer a que se enfermen los 25. Mi equipo son como 300 personas, estos son los 25 urneros, como los llamamos, que preparan las urnas con lo que debe contener en cada mesa. No voy a exponerlos a que se enfermen, porque ahí no puedo hacer burbuja”, afirmó.

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Politica

Cristina Kirchner fue sobreseída en la causa dólar futuro y no irá a juicio oral

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También sobreseyeron a Axel Kicillof. Así lo dispuso la Cámara de Casación.

 

La Cámara de Casación resolvió que no se realizará el juicio contra Cristina Kirchner por supuestos delitos en las operaciones con el dólar futuro. Los jueces hicieron lugar al pedido de sobreseimiento y nulidad del caso que había presentado la vicepresidenta. Éste expediente había sido el primero que le significó una acusación por corrupción en los Tribunales de Comodoro Py cuando dejó la Casa Rosada en 2015. La decisión de Casación también significó el sobreseimiento de Axel Kicillof, Alejandro Vanoli y los demás acusados. No hubo extralimitación en sus funciones y entendieron que todo respondió a una política de Estado que no puede judicializarse.

El 4 de marzo, durante más de cincuenta minutos y con un duro discurso que incluyó una fuerte defensa política, la vicepresidenta expuso por videoconferencia ante la Casación los motivos por los cuales quería anular ese expediente.

En su descargo, con el que buscaba el sobreseimiento, acusó al Poder Judicial de ser “un sistema podrido y perverso”, volvió a hablar de lawfare para defenderse de las causas de corrupción en las que está acusada y apuntó contra Mauricio Macri y los medios de comunicación.

Al analizar el caso, los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y la magistrada Ana María Figueroa resolvieran hacer lugar al pedido de sobreseimiento y anulación del juicio oral. A esa decisión se había opuesto el Tribunal Oral Federal 1 (TOF 1) que entendió que se debía realizar el debate para dirimir allí todas las controversias del caso.

La Sala I del máximo tribunal penal, entendió que el juicio no debe realizarse al no encontrar delito en las maniobras financieras impulsadas. ​El criterio central fue que respondió a una política de Estado que no puede ser judicializada.

“La intervención en los mercados es una herramienta de política monetaria con la que cuentan, generalmente, en mayor o menor medida, las instituciones que en cada país cumplen las funciones de banco central, banco de reserva o autoridad monetaria, afirmación que es conteste con la base normativa que regula las funciones del BCRA”, sostuvieron los magistrados en el fallo al que accedió Clarín.

El expediente fue instruido por el fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Eduardo Taiano. En ese momento se señaló que la pérdida para el Banco Central por las ventas de dólar futuro fue de 54.921.788.702,40 pesos, y que “la defraudación a la administración pública fue producto del acuerdo y coordinación de los más encumbrados funcionarios del Estado, quienes desde sus cargos arbitraron las medidas necesarias para su consecución”.

Esas acusaciones quedaron anuladas tras el fallo de la Cámara de Casación, en el que se hizo lugar al recurso extraordinario de las partes. Al analizar las operaciones con el dólar futuro, la Sala I expuso que “no se advierte cómo podrían atribuirse normativamente los resultados de dicha operatoria” al delito que se les había adjudicado, “cuando no hubo extralimitación en el ejercicio de las atribuciones legalmente conferidas al BCRA“, dijeron.

Un eje central, fue una pericia pedida por el TOF 1 que debía determinar cuál había sido el nivel de perjuicio para el Estado con la venta de dólar futuro. Los contadores Alejandro del Acebo, Carlos Campodónico y Stella Maris Castaño, dijeron que “las operaciones de liquidación de dólar futuro están informadas en los balances del BCRA al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2016 y en dichos años los balances arrojaron ganancias por $147.116.885.000 en 2015 y $67.448.520.000”.

Entonces, los peritos concluyeron que no existió la defraudación indicada durante la instrucción. Fue el puntapié inicial para requerir el sobreseimiento y nulidad del juicio.

El video de La Cámpora para Cristina Kirchner


Al respecto, Daniel Petrone y Diego Barrotaveña, consideraron que ese informe pericial “la suscripción de los contratos futuros celebrados por el BCRA se incluían dentro de las facultades y límites impuestos por la Carta Orgánica de esa entidad. Además que todo e habría desarrollado dentro del marco legalmente previsto a la luz de los fines de estabilidad monetaria y financiera, entre otras funciones”.

Bajo dicho lineamiento, comprendieron que no corresponde adjudicar ningún tipo de responsabilidad penal al tratarse de un “accionar legítimo y conforme a derecho”. Por otro lado, consideraron que las operaciones de Dólar Futuro durante el gobierno de Cristina Kirchner, “materializó la política monetaria que se pretendió llevar a cabo durante el período en cuestión y constituye, entonces, un asunto político cuyo acierto o desacierto se encuentra detraída del control jurisdiccional, al menos de aquel que a esa Cámara compete”, expresaron.

En este aspecto se centraron los integrantes de la Casación para expresar que “las razones de oportunidad, mérito o conveniencia tenidas en cuenta por los otros poderes del Estado para adoptar decisiones que le son propias no están sujetas al control judicial” y que por lo tanto, correspondía dictar el sobreseimiento al tratarse de una política propia de un gobierno, y no de un objeto Judicial…

Para la jueza Ana María Figueroa, el inició del expediente creó “desconcierto entre la comunidad jurídica” al considerar que no había delito alguno en la maniobra denunciada. Su análisis fue por otro lado, y dijo: “Se persiste en continuar sometido a proceso a personas con la imposición de medidas cautelares que dañan su vida, patrimonio y honor”.

Así, la Sala I ordenó sobreseer a Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof, Alejandro Vanoli Long Biocca, Pedro Biscay, Sebastián Andrés Aguilera, Bárbara Domatto Conti, Mariano Beltrani, Juan Miguel Cuattromo, Miguel Ángel Pesce, Guillermo Mario Paván, David René Jacoby, Cristian Alexis Girard, Germán David Feldman, Alejandro Formento y Flavia Matilde Marrodán..

En su descargo, Cristina Kirchner dijo que todo respondió a una “persecución política”, pues la acusan por “medidas de Estado que no pueden judicializarse”. Entonces, ante los jueces de la Sala I sostuvo que el expediente es un leading case, no solo en el tema del lawfare, sino también en la “intromisión y manipulación del Poder Judicial en los procesos electorales y en la política en general en la República Argentina”.

El presidente Alberto Fernández, avaló ese criterio ante la asamblea legislativa el pasado primero de marzo, cuando reiteró la necesidad de una reforma judicial: “Asistimos a condenas mediáticas instantáneas, sufrimos la discrecionalidad de los jueces en demoras inexplicables y hay hay manipulación de decisiones jurisdiccionales según intereses políticos”, afirmó.

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Politica

Encontraron más de 200 vacunos robados en un campo del senador José Alperovich

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Forman parte de los 3.500 animales desaparecidos durante 2020 en campos de Santiago del Estero.

Al menos 240 vacunos de unos 3.500 que fueron robados en Santiago del Estero, fueron encontrados en un campo perteneciente al senador nacional kirchnerista José Jorge Alperovich, exgobernador de Tucumán. Por la causa ya había sido detenido un empresario ganadero.

Según confirmaron fuentes de la investigación a Clarín, los responsables del establecimiento donde fueron encontrados los vacunos habrían admitido que esos animales fueron enviados por Luis Magliano, dueño de la concursada firma Oleos del Centro S.A (ODC), que tenía a su cargo el hospedaje y engorde de la hacienda depositada por las firmas San Eugenio S.A, el Tránsito S.A y el 38 S.A., en las localidades de Weisburd y Campo Gallo, en Santiago del Estero.

Magliano se entregó el pasado 30 de marzo a la justicia y está detenido luego de que se ordenara su captura nacional por el robo de 3.500 vacas valuadas en más de 150 millones de pesos.

José Alperovich durante una sesión en el Senado. Actualmente está de licencia por una denuncia de abuso sexual.

José Alperovich durante una sesión en el Senado. Actualmente está de licencia por una denuncia de abuso sexual.

El hallazgo se dio luego de que, por disposición de la Justicia santiagueña, se realizaran varios allanamientos en diferentes establecimientos de las provincias de Santiago del Estero y Santa Fe.

El primero de ellos tuvo lugar el lunes pasado en la localidad de Amstrong, al sur de Santa Fe, sin resultados positivos, aunque, según la investigación, se identificaron constancias del paso por ese establecimiento de parte de la hacienda buscada a partir de la lectura de guías de transporte firmadas por el hijo de Magliano con ese destino.

Entre martes y miércoles continuaron los allanamientos en campos de Salta y Santiago del Estero, donde finalmente se halló parte de ese ganado. El lugar en el que aparecieron las 240 vacas fue en el establecimiento ganadero “La Galesa” propiedad de Alperovich, en la localidad santiagueña de Pozo Hondo.

Lso 240 vacunos encontrados de las firmas San Eugenio S.A, el Tránsito S.A y el 38 S.A. están siendo trasladadas a Corrientes.

Lso 240 vacunos encontrados de las firmas San Eugenio S.A, el Tránsito S.A y el 38 S.A. están siendo trasladadas a Corrientes.

Fuentes de la investigación afirmaron también que se prevé más operativos ante la presunción de que habría más hacienda por identificar y que podrían pertenecer a las firmas damnificadas por Magliano y ahora por Alperovich.

Pese al hallazgo, el exgobernador tucumano aún no está ni siquiera como imputado en el expediente. Tampoco hubo una respuesta oficial de parte del senador o su equipo.

Según precisó a Clarín el apoderado de las firmas denunciantes, Hernán González, que siguen contando los animales que se encuentran en el lugar, que son alrededor de 9.000 vacunos.

Y advirtió que la hacienda encontrada estaba con la marca de la firma que denunció el faltante de los animales mientras que otros vacunos estaban sobremarcadas.

Además, informó que a Alperovich le inhabilitaron el movimiento de hacienda en las 100.000 hectáreas que posee en el noreste del país.

De todas formas, con este importante descubrimiento, la investigación penal llevada adelante por la Justicia santiagueña tendrá nuevas aristas para continuar. La nueva trama, ahora, vincula los negocios ganaderos de empresarios y políticos.

El campo La Galesa, en Santiago del Estero, donde se hallaron los animales robados.

El campo La Galesa, en Santiago del Estero, donde se hallaron los animales robados.

La Justicia tendrá que dilucidar si el senador Alperovich forma parte de la presunta asociación ilícita que se habría apropiado ilegítimamente de la hacienda de terceros, en una maniobra millonaria realizada bajo las restricciones de la pandemia del Covid-19 que impidieron la realización de auditorías y controles presenciales.

La fiscalía de Santiago del Estero declaró el sábado pasado depositario judicial de la hacienda recuperada al apoderado de las firmas San Eugenio S.A, El Tránsito S.A, El 38 S.A, Hernán González, presente durante los allanamientos y actuaciones judiciales.

Alperovich, por su parte, suma un nuevo problema en su contra, luego de la denuncia de una sobrina por supuesto abuso sexual, lo que provocó un pedido de licencia a su cargo de senador, avalado por la Cámara Alta.

El caso de los más de 150 millones de pesos

Las firmas San Eugenio S.A, el Tránsito S.A y el 38 S.A. denunciaron a principios de este año que habían enviado desde el 30 de enero al 15 de diciembre de 2020 unas 3.530 cabezas desde sus campos situados en Chaco, Formosa y Corrientes hasta los establecimientos de Oleos del Centro S.A (ODC), propiedad de Luis Magliano, en las localidades santiagueñas de Weisburd y Campo Gallo para la recría y engorde.

Encontraron más de 200 vacunos robados en un campo de José Alperovich en Santiago del Estero.

Encontraron más de 200 vacunos robados en un campo de José Alperovich en Santiago del Estero.

Pero según relatan fuentes de la firma Haciendas San Eugenio, el 28 de diciembre se dieron cuenta del faltante de los animales y realizaron la denuncia policial correspondiente.

En este contexto, los denunciantes iniciaron una investigación privada de amplios alcances, con el objetivo de establecer cómo fue realizada la maniobra, la logística pública y privada utilizada para concretar la operación e identificar las personas que participaron.

También buscaron obtener la mayor certeza sobre las rutas de circulación empleadas y sobre el destino final de los animales, ubicando con mayor precisión los campos o frigoríficos clandestinos. Luego, la investigación pasó a manos de la Justicia santiagueña, a cargo de las fiscales Mariela Bittar de Pappa y Victoria Sottini.

Al momento de la denuncia, Magliano era presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, pero decidió renunciar a su cargo en enero último. Se dijo en ese momento que era por cuestiones personales. La causa gira sobre los supuestos siguientes delitos: asociación ilícita, estafa y hurto.

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