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Las tarifas de luz y gas subirán entre 17% y 20% en el verano

Desde marzo, comienza la segmentación de los subsidios, que implica el pago de mayores precios por parte de sectores de ingresos altos.

El Gobierno propondrá un aumento de entre el 17% y 20% en todas las facturas de luz y gas. En el caso de la distribución eléctrica, esa recomposición es la base para viviendas del AMBA (ciudad de Buenos Aires y el conurbano), mientras que el incremento del gas será a nivel nacional.

Las subas se concretarán durante enero y febrero de 2022 y serán las únicas que alcanzarán a todos los usuarios. Pero, desde marzo, también se avanzará en la quita de subsidios a sectores de mayores ingresos, lo que también implicará que esos hogares paguen más por la luz y el gas. Y más adelante, se apuntará a usuarios de clase media.

En el Poder Ejecutivo aún no está definido cuál será ese incremento para los segmentos que perderán subsidios, pero analistas lo estiman en un “piso” de entre 60% y 70% para sectores de altos ingresos, en estimaciones prudentes. Algunos analistas avizoran números más altos.

La primera etapa es de aumentos generalizados. La siguiente implica ir desplegando la “segmentación de subsidios”. Al principio, dejarán de recibirlos -total o parcialmente- las viviendas de mayor valuación inmobiliaria, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el conurbano. Luego, se estudiará su aplicación -la quita de subvenciones- hacia la clase media, según fuentes oficiales.

Los analistas creen que el aumento general promedio será del 40%, con mayores números en sectores altos y menor en sectores medios.

En la segmentación se utilizará el parámetro de las valuaciones de las viviendas en las que se prestan los servicios. El ente regulador del servicio eléctrico (ENRE) definirá “polígonos geográficos” en los que irá removiendo subvenciones. En la ciudad de Buenos Aires, lo hará según la valuación ‘real’ (la que se desprende de una operación comercial en una inmobiliaria) del metro cuadrado, mientras que en el conurbano utilizará el valor fiscal de las tierras.

Desde marzo, el ministerio de Economía y los entes reguladores irán definiendo la quita de subsidios. Los hogares que dejen de beneficiarse con subvenciones, deberán pagar más por los servicios. “La idea sería que hagan frente al pago pleno del costo de la energía”, según fuentes oficiales. Hoy, los hogares no pagan ese costo.

En la ciudad de Buenos Aires, la primera poda de subsidios será a viviendas cuyo metro cuadrado tenga un valor inmobiliario de US$ 3.700. En el conurbano, será a partir de una valuación de las tierras que aún no fue explicitado. Los barrios cerrados quedarán dentro del 10% de mayores ingresos que perderá subsidios. Lo mismo sucederá con domicilios donde se desarrolle actividad financiera, juegos de casino y loterías.

El Poder Ejecutivo decidirá en marzo si la quita de subsidios será “total” o parcial. Un departamento que hoy paga $ 500 de luz en un barrio de altos ingresos pasaría a $ 2.500 mensuales, según proyecciones que manejan las distribuidoras.

Tras decidir la remoción de subsidios “parcial” o total en el 10% de hogares de mejor valuación inmobiliaria, se avanzará en la “universalización” de la quita de subvenciones, según la terminología oficial. Eso afectará a la clase media.

En 2021, la secretaría de Energía y el ministerio de Economía divergían sobre la pauta presupuestaria para subsidios energéticos. Eso provocó chispazos entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el secretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo. El panorama luce diferente para 2022.

En Energía hicieron propias las proyecciones de subvenciones energéticas que Guzmán presentó en el presupuesto 2022, que fue rechazado por el Congreso. Calcularon un gasto de $964.000 millones en esas partidas para el año próximo.

A noviembre de 2021, el Poder Ejecutivo ya había destinado $921.000 millones a subsidios energéticos. A fin de año, terminará cruzando el billón de pesos.

Para cumplir con el presupuesto en 2022, los subsidios deberían sufrir una leve reducción nominal (menos millones de pesos que en 2021) y una mayor disminución real, teniendo en cuenta que la inflación de este año es del 50%.

Aunque en el Gobierno no se habla de esta medida como una exigencia del FMI, se cree que el organismo multilateral desea menor nivel de déficit fiscal en las cuentas públicas. Y que los subsidios económicos son más difíciles de justificar que el dinero destinado a programas sociales.

El Gobierno entiende que las tarifas actuales no cubren el 30% del costo de generación eléctrica. Quiere que las boletas alcancen a justificar al menos el 43% de esos costos. La via para lograrlo son estos aumentos generales y particulares que se plasmarán durante 2022.

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