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Las organizaciones sociales oficialistas y opositoras presionan al Gobierno: reclaman IFE, vacunas y alimentos

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La conflictividad social no cede. Esta semana presentarán, además, un proyecto de ley para garantizar conectividad en asentamientos.

La calma del micro y macrocentro desolados por la falta de presencialidad en oficinas públicas y privadas para prevenir los contagios de coronavirus se interrumpe todas las semanas con movilizaciones masivas. Las organizaciones sociales que no comulgan con el oficialismo son el termómetro de una conflictividad social creciente. Los movimientos sociales que forman parte del Gobierno también cuestionan la velocidad del Ejecutivo para apaciguar la crisis, alertan por la caída de changas, falta de alimentos, reclaman lugares de poder en el Frente de Todos y exigen el regreso del IFE.

Los movimientos sociales de izquierda cumplieron con su palabra y este martes protagonizaron movilizaciones en todo el país. Como había anticipado Frente Nacional Piquetero que reúne a 35 agrupaciones opositoras marchó en la Capital desde el ministerio de Desarrollo Social al de Trabajo, donde se reunía el Consejo del Salario que actualizó el salario mínimo vital y móvil (que regula, a su vez, el salario social complementario, que cobran los 870 mil beneficiarios de planes de empleo).

Organizaciones sociales en la movilización al ministerio de Trabajo en el marco la reunión del Consejo Salario Mínimo Vital Móvil
foto Guillermo Rodríguez Adami

Organizaciones sociales en la movilización al ministerio de Trabajo en el marco la reunión del Consejo Salario Mínimo Vital Móvil foto Guillermo Rodríguez Adami

La tregua social que proponía un sector del Gobierno a las organizaciones por ahora no camina. La semana pasada el secretario de Economía Social de Desarrollo Social y líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, recibió a las organizaciones sociales, que pidieron que no participaran del encuentro funcionarios del ministerio de Seguridad.

En la Cartera que conduce Sabina Frederic reconocen que hasta ahora no lograron desmovilizar a las organizaciones como hubiesen querido, aunque se anotan algunos éxitos parciales. “Logramos que no hubiera un corte de 2 mil personas hace 48 horas, pero eso no sale en ningún diario”, señalan.

En tanto, las organizaciones sociales que integran el Frente de Todos -y tienen a sus líderes con altos cargos en media docena de ministerios y bancas en el Congreso- presionan al Gobierno. “El problema es que la saturación sanitaria impacta en la recuperación económica. El salario mínimo y el social complementario se complementaban con changas, que están cayendo como toda la actividad. Si son necesarias restricciones, sería necesario pensar en un escenario de IFE limitado y de un incremento de ayuda alimentaria que está por debajo de los requerimientos”, le dijo a Clarín el subsecretario de Economía Social y líder de Barrios de Pie, Daniel Menéndez.

La falta de comida en los 11 mil comedores y merenderos populares de todo el país -que administran los movimientos- es un reclamo tanto de organizaciones oficialistas como opositoras.

Advierten que si el Gobierno no acelera el envío de partidas alimentarias reclamarán directamente a los supermercados y a las empresas de alimentos. “Estamos notando una demora preocupante y la gente no puede esperar. De mantenerse esta situación de falta de comida en los comedores vamos a empezar a solicitar la solidaridad de las empresas y los supermercados. No tenemos otra salida”, reclamó el lunes Norma Morales, también de Barrios de Pie, agrupación que acelera su fusión con el Evita.

La exigencia de las agrupaciones coincide con el plan del Gobierno para sellar un acuerdo de precios (sobre todo en el rubro de alimentos) con las empresas.

Los representantes de los movimientos oficialistas y opositores también coinciden en el reclamo para que se vacune a los trabajadores de los comedores. El ministro Daniel Arroyo había coincidido en la necesidad de incluirlos dentro del personal estratégico, pero el tiempo pasa y la confirmación no llega.

Los delegados de las organizaciones que integran el oficialismo hicieron sentir su voz sobre el debate acerca de las clases presenciales. Si bien apoyan la suspensión, alertaron sobre los lapidarios efectos del ciclo lectivo 2020 para los habitantes de los 4400 asentamientos de todo el país. Allí la virtualidad no existe, como reflejó el censo educativo que realizaron.

Con ese antecedente presentarán esta semana a Sergio Massa y Máximo Kirchner un proyecto de ley para declarar la emergencia nacional en materia de conectividad. Quieren que las empresas de telecomunicaciones inviertan sus ganancias en las villas y quieren profundizar los lazos entre el Enacom y el ministerio de Desarrollo Social.

La marcha de las organizaciones sociales frente al ministerio de Trabajo el martes 27 de abril
Foto: Guillermo Rodríguez Adami

La marcha de las organizaciones sociales frente al ministerio de Trabajo el martes 27 de abril Foto: Guillermo Rodríguez Adami

En tanto, las organizaciones oficialistas que están nucleadas en la UTEP mantendrán este jueves una reunión con el ministro de Trabajo Claudio Moroni para asegurar su personería gremial. El Presidente los recibió en Olivos hace dos semanas. La CGT -aliada indispensable de Fernández- recela del desembarco de los trabajadores de la economía popular, que participaron por segunda vez del Consejo del Salario.

En 16 meses el Gobierno sumó un 52 por ciento más de planes de empleo, pero no logra contener la protesta social.

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Politica

Trasladaron a una sala de terapia intensiva al senador Carlos Alberto Reutemann

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El exgobernador de Santa Fe está internado por un cuadro de anemia desde el miércoles a la tarde.

El ex gobernador santafesino y actual senador, Carlos Alberto Reutemann, fue internado en un sanatorio de Santa Fe luego de que se presentara el miércoles para realizarse una serie de estudios por un cuadro de anemia. Luego de evaluarse su situación, el jueves se decidió derivarlo a una sala de terapia intensiva.

Los médicos pretenden determinar si existe alguna patología o hemorragia que pudiera provocar la anemia. Desde el sanatorio céntrico de la capital santafesina se informó que Reutemann “llegó por sus propios medios a internarse el miércoles por la tarde”.

Clarín consultó a sus allegados, quienes evitaron confirmar mayores detalles sobre su salud, aunque aseguraron que la internación en una sala de mayor complejidad se dispuso sólo para que los médicos pudieran tener un control más exhaustivo de su estado.

La actual internación, de acuerdo a lo que señalan en su entorno, no tiene relación con un posible cuadro de coronavirus. El ex gobernador, de 79 años, fue vacunado a fines de marzo luego de inscribirse en la página oficial de la provincia y aguardar su turno, que le fue otorgado por formar parte de una de las franjas etarias considerada de mayor riesgo.

El ex gobernador cumplió con el trámite sin bajarse de su automóvil, para evitar tomar contacto con la gente. Algunas enfermeras que lo reconocieron, sin embargo, le pidieron tomarse fotos. La imagen de ese momento fue compartida en redes sociales. Fue una de los pocas apariciones públicas del dirigente en los últimos tiempos.

El Sanatorio Santa Fe, donde está internado Reutemann, se encuentra en el centro de la capital provincial. Foto: Google Maps

El Sanatorio Santa Fe, donde está internado Reutemann, se encuentra en el centro de la capital provincial. Foto: Google Maps

Reutemann (79), dos veces gobernador santafesino y senador nacional desde 2003, había sido intervenido quirúrgicamente en Nueva York en 2017 a causa de un cáncer de hígado.

“Tenía un tumor en el hígado. Tuvieron que hacer una cirugía bastante compleja porque el tumor estaba encapsulado”, reveló el ex corredor de Fórmula 1 tras aquella intervención.

“Fue una cirugía muy larga de seis o siete horas y estuvo tres meses para cicatrizar. Tuve una recuperación lenta”, contó sobre el proceso de rehabilitación.

Allegados al legislador explicaron en los últimos tiempos que luego de aquella operación su salud quedó “deteriorada” y que le dejó algunas secuelas.

En ese sentido, la exdiputada Alejandra Vucasovich, una de sus más leales aliadas políticas, reveló el año pasado que Reutemann estaba “muy lúcido, pero con muchos impedimentos físicos”, cuando fue consultada sobre el silencio del dirigente en torno al caso Vicentin.

“El cáncer que tuvo en su momento lo ha dejado muy deteriorado”, precisó Vucasovich en declaraciones a Radio 2.

Carlos Reutemann en el Senado. Representa a su provincia en la cámara alta desde el 2003. Foto: Andres D'Elia.

Carlos Reutemann en el Senado. Representa a su provincia en la cámara alta desde el 2003. Foto: Andres D’Elia.

Reutemann se inició en la política desde el peronismo, de la mano del fallecido expresidente Carlos Menem, pero luego se diferenció al adherir a la alianza Cambiemos, siendo uno de los principales dirigentes del interior del país en apoyar a Mauricio Macri.

En 1991 alcanzó por primera vez la gobernación de Santa Fe gracias la controvertida Ley de Lemas, que le permitió ser elegido a pesar de tener menos votos que el radical Horacio Usandizaga, pero ayudado por la sumatoria de todos los candidatos del PJ. En 1999 volvería a repetir, pero esta vez alcanzando un aplastante triunfo sobre el mismo adversario de la UCR.

El conflicto que protagonizó el Gobierno de Cristina Kirchner con el sector agropecuario fue un quiebre en la relación con el oficialismo. Reutemann abandonó en 2009 el bloque K y ese mismo año se impuso para revalidar la banca como parte del espacio Santa Fe Federal, que contaba con el apoyo de un sector del PJ.

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La Cámara de Casación consideró que no fueron delitos de lesa humanidad las vejaciones a soldados en la guerra de Malvinas

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El tribunal penal dio la razón a un ex oficial del Ejército en el sentido de que se trataron de delitos comunes que ya prescribieron. El fallo podría hacer caer toda la causa que se instruye en el juzgado federal de Río Grande.

La Cámara Federal de Casación Penal consideró esta semana que las vejaciones a soldados argentinos cometidas por oficiales durante la guerra de Malvinas 1982 no fueron delitos de lesa humanidad sino delitos comunes.

Los hechos denunciados, que se investigan en el juzgado federal de Río Grande, no pueden tomarse como crímenes de guerra porque “las presuntas víctimas tenían estado militar y por tanto estaban sometidos a la justicia militar, no resultando ser población civil o grupos perseguidos”, señaló un fallo del máximo tribunal penal antes de la Corte.

Los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña votaron por hacer lugar al recurso de casación de un oficial del Ejército y tomaron esa posición que haría prescribir las causas por vejaciones que, incluso ya tienen procesamientos.

“Se advierte que asiste razón a la defensa en cuanto a que en aquel fallo se ha insistido con una cuestión que fue zanjada por esta Cámara Federal de Casación Penal (en el 2009) en el decisorio reseñado en el punto precedente -el cual se encuentra firme-, al referirse a la categorización que corresponde otorgarle a los hechos por los cuales mediara requerimiento de instrucción por parte del Ministerio Público Fiscal”, sostuvo Petrone.

Tomó esa posición, al hacer lugar a un recurso de casación presentado por un ex militar acusado de cometer torturas durante la guerra de Malvinas llamado Jorge Oscar Ferrante, que tenía el cargo de subteniente y había oficiado como jefe de una sección de una compañía.

La Sala I, con las firmas de Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, aceptó el recurso de casación presentado por el abogado Manuel Eduardo Barros, defensor de Ferrante.

 Además, con el voto mayoritario de Barroetaveña y Petrone le devolvió el expediente a la Federal Cámara de Comodoro Rivadavia “para que dicte una nueva resolución de acuerdo con los lineamientos expuestos en la presente”.

Ferrante fue llamado a indagatoria por las supuestas torturas contra el soldado Julio César Más, quien “habría sido estaqueado entre doce y dieciocho horas y que habría culminado cuando otro conscripto lo liberó durante un bombardeo”.

“La cuestión sometida a inspección casatoria relativa a la categorización de los hechos juzgados en este legajo, fue dirimida por esta Sala –con diferente integración- en la ya citada causa de fecha 13 de noviembre de 2009, sentencia que adquirió́ firmeza tal como expresamente lo puso de relieve el más Alto Tribunal en su ya referenciado pronunciamiento en estos actuados, de fecha 13 de mayo de 2015″, agregó Barroetaveña.

La jueza Figueroa votó por rechazar el recursos de Ferrante y a favor de que se siga investigando: “Conforme el estado procesal de la causa y la totalidad de las constancias glosadas al expediente, se advierte que la decisión cuestionada cuenta con los fundamentos mínimos y necesarios que impiden su descalificación como acto jurisdiccional válido”.

El fallo podría llevar a la suspensión de las 15 indagatorias previstas desde el 8 de junio al 7 de julio próximos, además de la resolución de la situación procesal del exgeneral de Brigada Omar Edgardo Parada, indagado el pasado 21 de abril, y la elevación a juicio de la causa respecto de los tres primeros procesamientos firmes: el de Miguel Ángel Garde, Belisario Gustavo Affranchino Rumi y Gustavo Adolfo Calderini.

La Cámara de Casación Penal, con otra integración diferente de la actual, ya había dictado una resolución en 2009, considerando que los presuntos estaqueamientos y “enterramientos” de soldados durante el conflicto bélico de 1982 no podían ser clasificados como delitos de lesa humanidad porque no formaban parte de un plan sistemático del Estado.

La medida benefició a Jorge Eduardo Taranto, un exsubteniente del Regimiento 5 de Paso de los Libres, a quien señalaban como partícipe de cinco hechos de torturas a los soldados Edgardo Oscar Arnoldo, Daniel Mártires González, Gustavo Andrés Nadal, Rosendo Prado y Juan de la Cruz Martins.

Taranto fue sobreseído en 2010 por prescripción de la acción penal.

El fallo de Casación no fue apelado ni por la Fiscalía ni por las querellas y se consideró firme, mientras que, por ese motivo, la Corte Suprema de Justicia rechazó su revisión en 2015 y el caso fue planteado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Ahora, llegó a la instancia casatoria la situación de Jorge Oscar Ferrante, quien en 1982 era oficial del Regimiento de Infantería 5 y cuya defensa planteó ser alcanzado por el precedente de Taranto.

Ante ello, los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone entendieron, con la disidencia de la jueza Ana María Figueroa, que el organismo ya se había expedido sobre la cuestión en 2009 y que no podía volver a hacerlo, porque lo resuelto tenía valor de “cosa juzgada”.

“Es decir que, sin emitir su opinión personal, acerca de si se trata o no de delitos de lesa humanidad, correspondía hacer valer el criterio del tribunal en 2009, con lo que el efecto es el mismo y Ferrante será seguramente sobreseído también”, explicaron los voceros judiciales.

Por su parte el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim), que interviene como querellante en la causa, emitió un comunicado en el que criticó el fallo de Casación y consideró que “reproduce conceptos que se dan de patadas con las obligaciones que la República Argentina ha asumido”, además de ser “arbitrario, infundado, despótico, contrario al derecho internacional, multiplicador de prejuicios y revictimizante”.

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Federico Basualdo sigue en su puesto y se muestra en una actividad oficial

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Desde el kirchnerismo salieron a difundir un encuentro del subsecretario con el sindicato de Luz y Fuerza.

Desde uno y otro lado dejan trascender que el conflicto terminó. El ministro de Economía Martín Guzmán seguirá en su puesto, aunque no haya podido despedir a su subalterno, el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo.

El presidente Alberto Fernández respaldó a Guzmán. El Instituto Patria, a Basualdo.

Pero aunque pareciera que desde ambos “bandos” buscan bajarle la espuma al conflicto, este martes desde el kirchnerismo salieron a mostrar que Basualdo sigue con su actividad como si nada. Hace horas, sin embargo, desde Economía decían que Basualdo debería dejar su cargo más temprano que tarde.

La forma de dejarlo claro fue la difusión de un encuentro de Basualdo, y la Interventora del ENRE, el ente regulador de la electricidad, Soledad Manin, con representantes del Sindicato de Luz y Fuerza.

La pelea de fondo entre los funcionarios era el aumento de las tarifas. Mientras que Guzmán buscaba reducir los subsidios con subas similares a la inflación para así quitar combustible al déficit fiscal, desde el kirchnerismo más duro y La Cámpora pugnaban por un incremento mínimo, casi testimonial, para no afectar los bolsillos de los consumidores en el año electoral.

El sábado pasado se anunció un alza del 9% para Edenor y Edesur. Por ahora, ese sería el único aumento del año. Guzmán esperaba poder anunciar otro en julio para totalizar 15% en el año.

Según el comunicado del encuentro con Luz y Fuerza, la interventora del ENRE explicó que el organismo se encuentra completando la verificación de la ejecución de la primera etapa del plan de inversión y obras de infraestructura de distribución eléctrica en el AMBA, “impulsado por el Ente Regulador y la Subsecretaría de Energía Eléctrica”, para que no queden dudas.

“En este marco, las distribuidoras ejecutaron más de 800 millones de pesos en el primer trimestre del año, y se encuentra iniciada la segunda etapa con un compromiso de inversiones por 1.493 millones de pesos”, agregaron.

El hecho de que Guzmán tenga rango de ministro y Basualdo de subsecretario no quiere decir nada en un gobierno donde la vicepresidenta marca agenda. De hecho, el cristinismo ya forzó la salida de Guillermo Nielsen de la presidencia de YPF, donde recaló un hombre de Máximo Kirchner, Pablo González.

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