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Economia

Las claves de la economía de Alberto Fernández

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Los objetivos ya fueron expuestos: recuperar el ingreso y el consumo popular, aliviar la carga de intereses y capital de la deuda, mejorar la situación fiscal, bajar la tasa de interés, desdolarizar las tarifas de los servicios públicos y una concertación de precios y salarios. Cuál debería ser el rol de los economistas en el nuevo gobierno. La pesada herencia del macrismo.

Mientras la histeria mediática, de analistas y de hombres de negocios se expone sin pudor con la especulación acerca de quién será el ministro de Economía , Alberto Fernández no ha dejado de fijar posición en cómo quiere organizar las cuestiones básicas de la economía. Esa desesperación por conocer el nombre del futuro titular del Palacio de Hacienda es una deformación sobre cuál es el lugar que deben ocupar los economistas en el espacio de la gestión pública. No son, y ya lo demostraron en más de una ocasión, personas especiales ni con cualidades diferentes respecto del resto de los miembros de un gabinete nacional.

En esta instancia, con la inmensa crisis que deja el macrismo, la cuestión principal reside en conocer cuál es la orientación política en el área económica que fijará el habitante más importante de la Casa Rosada. La decisión subsidiaria que le corresponde a Alberto Fernández es elegir a la persona que pueda dar respuesta fiel a su proyecto político, cuyo modelo económico es base para su consolidación. Todos quienes siguen siendo mencionados como candidatos, ya descartado Guillermo Nielsen, responden a esa condición.

La incertidumbre que reina entre financistas y empresarios, de acuerdo a lo que se transmite en insistentes crónicas en los medios, apunta, más que a conocer el plan económico, a condicionar al próximo gobierno. Más que incertidumbre deberían sentir alivio de que está por culminar un ciclo económico neoliberal que ha provocado una licuación del valor patrimonial de sus empresas, además de acumular tres de los últimos cuatro años en recesión.

Las claves de la economía de Alberto Fernández, según las iniciativas que él ha expuesto, deberían entusiasmar a la mayoría del establishment, porque les aseguran recomponer la tasa de ganancia a partir de la recuperación de la economía impulsada por la actividad del mercado interno.

Medidas

Pese a lo mucho que se ha escrito y hablado, Alberto Fernández, ya como presidente electo y no en tono de campaña, ha dado a conocer varias medidas y definiciones centrales de cuáles son sus objetivos en el área económica y de cómo conseguirlos:

Mejorar el ingreso real de trabajadores, jubilados y titulares de AUH. Mencionó la posibilidad de un inmediato aumento extraordinario del 20 por ciento para los ingresos más bajos. Una alternativa es la de disponer un aumento de suma fija no remunerativa por decreto, como lo aplicó en su momento Eduardo Duhalde y luego continúo Néstor Kirchner, quien posteriormente fortaleció las negociaciones paritarias a partir de un piso más elevado para los asalariados.

Alentar de ese modo el consumo popular y, con ese impulso, reiniciar un ciclo de crecimiento de la economía.

También prometió que los jubilados tendrán acceso gratuito a medicamentos.

* Avanzar en una concertación de precios y salarios, para frenar la inercia inflacionaria y emprender una dinámica de desindexación de las principales variables. Para ello propone la creación de un Consejo Económico y Social.

* Bajar fuerte la tasa de interés para aliviar la carga financiera de las empresas, al tiempo de favorecer el crédito productivo.

* Recuperar y fortalecer la industria después de cuatro años de destrucción de ese vital entramado productivo.

* Reducir el desequilibrio de las cuentas públicas.

Para mejorar los ingresos fiscales planteó la necesidad de aplicar retenciones al complejo agroexoportador, excluyendo a las economías regionales y a la industria.

* También mencionó que los sectores de más altos ingresos deben hacer un aporte mayor en términos impositivos (alza de las alícuotas de Bienes Personales).

Afirmó que no habrá una reforma laboral general, sino que se impulsarán actualizaciones de los contratos de trabajo por sector.

* Desdolarizar las tarifas de los servicios públicos, que implicará un alivio para hogares y pequeñas y medianas industrias y comercios. A la vez, ofrece un régimen especial al sector de hidrocarburos, concentrado en los proyectos de Vaca Muerta.

Con respecto a la pesada herencia de la deuda fue tajante: existe un default encubierto. Se comprometió a pagar la deuda, pero antes propone crecer para generar recursos suficientes para cumplir con los compromisos. Para avanzar en esa secuencia impulsará una renegociación de los vencimientos de capital e intereses con los acreedores privados.

* Esto implica necesariamente la postergación en el pago de capital e intereses de dos a tres años, como recomienda el economista Martín Guzmán, colaborador del premio Nobel Joseph Stiglitz y candidato a manejar el área de Finanzas del gobierno de Alberto Fernández.

*  Adelantó además que no pedirá el saldo del megacrédito del FMI entregado al gobierno de Macri, y que buscará la refinanciación de los vencimientos de ese préstamo. O sea, que no habrá un acuerdo inmediato con el Fondo, esquivando así condicionalidades en las políticas fiscal y monetaria, además de las exigencias de reformas regresivas.

Para un presidente electo que todavía no está al frente de la gestión diaria de gobierno son definiciones más que contundentes para dar cuenta de cuál será la orientación en materia económica. ¿El nombre del ministro de Economía es importante? Sí, lo es, pero para saber si será la persona con fortaleza política y cualidades técnicas adecuadas para cumplir con esas directrices.

Rumbo

Analistas del establishment y reportes de bancos internacionales enfatizan que existe mucha incertidumbre acerca del rumbo económico de Alberto Fernández. Lo dicen porque no lo leen ni lo escuchan o porque es la forma que tienen de ejercer presión para defender intereses sectoriales, en especial los del sector financiero local e internacional.

Pretender que sin haber asumido presente el plan económico integral es un absurdo; sólo serviría para que los especuladores se lancen a hacer su juego al conocer cuáles serían cada una de las medidas específicas de un programa económico.

Antecedentes de otros planes económicos muestran que el factor sorpresa y la inmediata ejecución de las medidas no pueden ser rifadas por la ansiedad mediática y, mucho menos, por la actuación de los lobbies. El Plan Austral, durante el alfonsinismo, o la Convertibilidad, en el menemismo, no fueron presentados previamente para el debate público. No existe un escenario similar para el lanzamiento de un programa económico tan radical como aquellos, pero está claro que habrá un imprescindible cambio de rumbo.

El mensaje y la orientación económica de Fernández son muy transparentes. Hasta brindó la definición que puede ser considerada como la más importante respecto a la concepción que tiene de la gestión de la economía, y la entregó en el primer debate presidencial: “no soy un dogmático. Van a ver en mí decisiones heterodoxas, otras tal vez ortodoxas, lo que no van a ver nunca que haga son cosas contra los que producen y trabajan”.

Es una estrategia política que se reconoce en Néstor Kirchner. El caso Redrado es una interesante referencia para comprender ese estilo de funcionamiento político en el área económica. En una de las pocas apariciones en la televisión, Kirchner participó en el programa 6,7 y 8, en enero de 2010, y ante la interpelación de las razones de haber puesto al frente del Banco Central a un economista cercano al establishment, respondió que en un escenario de renegociación de la deuda “no iba a poner al Flaco Kunkel”. Es el ejemplo de pragmatismo con el que se identifica Fernández.

Redrado cumplió con esa tarea hasta convalidar el pago total del crédito al FMI con reservas, pero cuando se sublevó ante la decisión política de Cristina Fernández de Kirchner de pagar con reservas deuda con acreedores privados fue lógicamente desplazado del cargo. No lo fue por ser un representante de la ortodoxia y del mundo de las finanzas, sino por haber desafiado al poder político de entonces, que fijaba la orientación y la estrategia económica.

Cuando economistas que ocupan cargos relevantes en la estructura de gobierno pretenden ser líberos o rebeldes se convierten en factores perturbadores de la estabilidad, tanto económica como política. Su origen ideológico es importante, pero más lo es si son funcionales para ejecutar el plan definido en la esfera política.

Alquiler

El poder económico se siente más cómodo cuando la Casa Rosada alquila el manejo de la economía al mundo empresario y de las finanzas. Así fue, con resultados desastrosos, cuando transitaron los equipos liderados por un delegado de la Fundación Mediterránea (Domingo Cavallo), por los ortodoxos del CEMA (Roque Fernández), por los liberales de FIEL (Ricardo López Murphy), por economistas de un grupo económico (Miguel Ángel Roig y Néstor Rapanelli, de Bunge & Born), y por un miembro de la Sociedad Rural y director de Acindar (José Alfredo Martínez de Hoz). El macrismo entregó el manejo de la economía a ex ejecutivos de las finanzas locales e internacionales (Alfonso Prat Gay, Luis Caputo y Nicolás Dujovne).

Las crisis económicas brindan al establishment la oportunidad de ofrecer su elenco de economistas para “colaborar” con los gobiernos. La idea de que los economistas son profesionales bendecidos con un don especial para atender casi todos los problemas de la sociedad es uno de los desvaríos más notables.

Ese disparate alcanzó el clímax con el gobierno de la Alianza 1999-2001, que integró su gabinete con seis economistas: José Luis Machinea (Economía), Juan José Llach (Educación), Ricardo López Murphy (Defensa), Adalberto Rodríguez Giavarini (Cancillería), Chrystian Colombo (Jefe de Gabinete) y Fernando de Santibáñez (Side). Cargos claves de la administración en manos de economistas, para depositar su suerte final en manos de otro: Domingo Felipe Cavallo. El saldo de esa experiencia fue una catástrofe económica, social y política.

Durante el ciclo de gobiernos kirchneristas, en cambio, los economistas estuvieron al servicio de los objetivos económicos definidos en la esfera política; cuando se opusieron a esa lógica fueron desplazados.

Con el macrismo regresó la preeminencia de economistas, a lo que se le agregó una elevada cuota de descoordinación, originado en internas y batallas de egos, lo que tuvo como consecuencia una elevada inestabilidad económica.

Cuando eran jóvenes economistas, quienes hoy están muy cerca de Alberto Fernández, Matías Kulfas, Cecilia Todesca, Martín Abeles, tuvieron una efímera experiencia editorial (“Epoca. Revista argentina de economía política”, diciembre 1999), y en ese espacio se rebelan a la lógica de la ortodoxia y a ese lugar que el establishment asigna a los economistas.

En la carta de presentación de esa publicación, esos economistas escribieron que la “oposición entre la visión de largo plazo de la ‘elite’ esclarecida y las pulsiones de corto plazo del pueblo o de sus representantes, es típica del pensamiento reaccionario de todos los tiempos y de todos los países. Uno de los rasgos en que se expresan –y que ha contribuido a hacer posible– las transformaciones sociales, políticas y económicas experimentadas en la Argentina de los ’90 es la consolidación de la figura del economista rey. Se trata de la preeminencia de un discurso que establece qué es lo que se puede y qué no se puede hacer en materia de política económica”. Para sentenciar que, en definitiva, se trata de un discurso acerca de lo económico pretendidamente técnico, pero eminentemente político e ideológico.

Esta es la concepción política y económica de los economistas más cercanos a Alberto Fernández. No es un misterio, sabiendo el origen de ellos, qué es lo que piensan y lo que han escrito en estos años y las posiciones ya expresadas por Alberto Fernández, cuál será el papel que cumplirá cada uno y cómo se distribuirán las responsabilidades. Y, fundamentalmente, cuál será la orientación de la estrategia económica y que estarán a su servicio.

Práctica

A partir del 10 de diciembre empezará la compleja tarea de llevar a la práctica los lineamientos económicos expuestos por Alberto Fernández. Las resistencias que tendrá ya se empezaron a manifestar. Desde representantes del negocio agropecuario, que amenazaron con movilizaciones por el tema retenciones, hasta grupos financieros, que están presionando por diferentes frentes para conseguir una reestructuración liviana de la deuda.

El gobierno que se va, acompañado por el mundo de la ortodoxia y el establishment, ha comenzado la tarea de ocultar la pesada herencia de la economía macrista. La estrategia es obvia: aspiran a cargar toda la responsabilidad en la administración Fernández de las previsibles complicaciones que habrá en los próximos meses.

Por eso mismo, Alberto Fernández y su equipo de economistas no deberían pecar de ingenuos y precisar en detalle el pésimo cuadro de situación que recibirán del gobierno de Macri.

Se enfrentarán a fuertes restricciones fiscales, un Banco Central con un patrimonio devastado, un stock de deuda impagable, el FMI de regreso auditando la economía local, el entramado productivo y laboral debilitado, tarifas de servicios públicos dolarizadas, demandas de sectores muy castigados (docentes, científicos, empleados estatales) y un sistema cambiario desquiciado.

El ministro de Economía será anunciado en los próximos días. Pero los lineamientos económicos del nuevo gobierno ya están expuestos para comenzar la compleja tarea de la reconstrucción de la economía luego de los cuatro años de noche macrista.

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Martín Guzmán se sacó de encima al negociador más duro de los bonistas

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BlacRock, el mayor acreedor de la Argentina, lo desplazó tras sus choques con el ministro.

El mayor acreedor de Wall Street decidió reemplazar al principal y duro negociador de la deuda externa con la Argentina. La decisión la adoptó Larry Fink, el CEO de BlackRock: el combativo Gerardo Rodríguez fue desplazado y saldrá de la primera línea de fuego.

Ahora, la abogada Jennifer O’Neill será la cabeza visible del equipo negociador con la Argentina.

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Nuevo respaldo del FMI a la Argentina: “Nadie se beneficia de un país que cae del precipicio de la deuda”

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La titular del FMI advirtió a los acreedores que se arriesgan a no recuperar su dinero y advirtió que “en ocasiones es necesario realizar una reestructuración reflexiva”.

La directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, volvió a manifestar este miércoles su respaldo al proceso de reestructuración que lleva adelante la Argentina, al sostener que “nadie se beneficia de un país que cae del precipicio de la deuda” y afirmar que el objetivo es que alcance un entendimiento de “manera que pueda pagarla”.

El objetivo es reestructurar la deuda de una manera que Argentina pueda pagarla. Nadie se beneficia de un país que cae al precipicio de la deuda. El país quedaría excluido de los mercados, el crecimiento sufriría, la gente sufriría y los acreedores no recuperarían su dinero. En ocasiones, es necesario realizar una reestructuración reflexiva”, sostuvo la titular del FMI durante un encuentro organizado por The Washington Post.

Esta declaración se suma al comunicado que publicó el organismo el lunes pasado, donde afirmó que la última oferta presentada a los bonistas por el ministro de Economía, Martín Guzmán, está dentro de un marco de sustentabilidad y que “existe sólo un margen limitado para incrementar pagos a los acreedores privados“.

El Gobierno logró un amplio respaldo de la comunidad académica y de los organismos multilaterales de crédito a favor de su propuesta de reestructuración de la deuda. La última reformulación contempla que los bonistas recuperen cerca de 45 dólares por cada lámina de 100 (calculando una tasa de descuento de 10%).

Los acreedores también redujeron sus demandas y formularon propuestas del orden de los 53 dólares. Si bien todavía queda un camino por recorrer, según comentó el ministro Guzmán, la expectativa de los mercados es que finalmente se logre un acuerdo.

Las últimas versiones, en este sentido, dan cuenta que se está trabajando en instrumentos atados a la variación del producto bruto interno (cláusulas semejantes a las ofrecidas en el canje de 2005) para hacer más atractiva la oferta argentina, pero sin poner el riesgo la sustentabilidad de la deuda en el tiempo.

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Alberto Fernández define una táctica para enfrentar a los bonistas que resisten su ultima oferta apoyada por el FMI

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El Presidente puede mejorar su propuesta a pedido de los acreedores privados y lograr un canje exitoso, o mantenerse en la actual posición y correr el riesgo de acelerar un juicio por default en los tribunales de Nueva York

Alberto Fernández tiene dos opciones para elegir frente a los fondos que invirtieron 66.000 millones de dólares en títulos soberanos de la Argentina: acepta su último pedido y enmienda -otra vez- la propuesta oficial para completar con éxito el canje de bonos, o cierra un deal parcial con un determinado bloque de acreedores privados que no alcanzaría para evitar un eventual juicio por default en los tribunales de Manhattan.

La deuda que se intenta reestructurar tiene títulos soberanos que se emitieron en 2005 (llamados en la jerga financiera Bonos K, por Néstor Kirchner), y otros títulos soberanos emitidos en 2016 que se conocen como Bonos M, en obvia referencia a Mauricio Macri.

Los bonos K y los títulos M exhiben una característica común: incluyen Cláusulas de Acción Colectivas (CAC´s), un instrumento jurídico que permite evitar la existencia de holdouts en caso de obtenerse ciertas mayorías entre los titulares de los bonos que están negociando con el estado emisor.

Este mecanismo jurídico – de origen británico- apunta a bloquear juicios contra los estados, si se llega a un determinado número en el canje de los títulos de la deuda que se pretenden reestructurar.

Los bonos K -Discount y Par- precisan mayorías del 85 por ciento para obligar al resto de los tenedores a entrar en el canje.

Los bonos M exigen un 66 por ciento para forzar el ingreso de los acreedores privados que no están de acuerdo con la oferta oficial.

Es decir: si Alberto Fernández no logra el 85 por ciento de las CAC´s en los bonos K, ni el 66 por ciento en los bonos M, los fondos que resisten su oferta pueden acelerar el default y demandar a la Argentina en los tribunales de Manhattan.

Alberto Fernández y Martín Guzmán en la quinta presidencial de Olivos

Alberto Fernández y Martín Guzmán en la quinta presidencial de Olivos

Hasta anoche, Alberto Fernández y Martín Guzmán no tenían mayoría en las CAC´s. Ni en los bonos M, y menos aún en los bonos K.

En este contexto, el Presidente y su ministro de Economía tienen dos opciones:

1. Enmiendan -de nuevo- la oferta oficial para cumplir con los pedidos de los acreedores privados

2. Mantienen la propuesta que fue avalada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y abre la posibilidad a un juicio multimillonario contra la Argentina.

Si apuesta a un acuerdo antes que concluya junio, Alberto Fernández debería optar por mejorar la actual iniciativa que establece un bono de 50 dólares de Valor Presente Neto (NPV) por cada lámina de 100 dólares. Los acreedores exigen 53 dólares de NPV, y no les preocupa como se llega a ese número mágico (adentro de la ecuación financiera o a través de un cupón atado al crecimiento del Producto Bruto Interno).

Esos tres dólares extra -argumentan los fondos consultados por Infobae- asegurarían al Presidente tener las mayorías necesarias para todos los bonos M, y estaría muy cerca del nivel de las Cláusulas de Acción Colectivas (CAC´s) establecidas en los prospectos de los bonos K.

Alberto Fernández camina hacia su despacho en la Casa Rosada. (Presidencia de la Nación)

En cambio, si Alberto Fernández y Guzmán deciden no moverse de un bono de 50 dólares de NPV, será poco probable que alcancen los porcentajes de las CAC´s previstas en los títulos emitidos por Néstor Kirchner y Mauricio Macri. Con una simple oferta de 50 dólares de NPV, el Presidente y su ministro de Economía no llegarían a conformar un grupo mayoritario de acreedores que pueda bloquear la decisión de demandar a la Argentina por default.

Guzmán trabaja a destajó para cerrar la oferta mejorada que oficialmente debe poner a consideración de los fondos. El ministro apuesta a entregar la propuesta antes que concluya esta semana y luego hacer la inscripción formal en la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

Alberto Fernández asume que la diferencia es mínima y ordenó a Guzmán que diseñe una propuesta que evite el default y a su vez respete la premisa de sostenibilidad de la deuda externa. El ministro trabaja en un cupón basado en un eventual crecimiento de la economía que estaría destinado a satisfacer los últimos pedidos de los acreedores privados.

Entonces, si el Presidente toma la decisión política, la oferta final tendría un número con suficiente volumen para lograr esta reestructuración de la deuda externa: 50 dólares de NPV, y tres dólares del nuevo cupón atado al Producto Bruto Interno (PBI), que aún modeliza Guzmán.

Total 53 dólares, como pedían los fondos de inversión.

En los próximos días, resuelve Alberto Fernández.

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