La UOM analizará un plan de lucha tras un nuevo fracaso de las negociaciones salariales

Fracasaron nuevamente las negociaciones salariales entre la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y las cámaras empresariales, por lo que el sindicato que lidera Abel Furlán quedó al borde de una medida de fuerza: es una posibilidad que analizará este jueves en una reunión de su secretariado nacional, aunque formalmente las tratativas pasaron a un cuarto intermedio hasta el lunes próximo.

Ambas partes mantuvieron este lunes la cuarta reunión (la segunda realizada en el Ministerio de Trabajo) para mejorar la paritaria firmada este año, que consistió en un 65% de aumento y quedó desfasada ante el alza de la inflación. La UOM reclama un incremento del 111% para el período 2022-2023 y un bono de $50.000 “para el inicio del ciclo escolar”, mientras que los empresarios ofrecieron un 100% y advirtieron que muchas pymes no están en condiciones de pagar el bono exigido.

Se trata de una paritaria clave porque involucra al principal sindicato industrial de la Argentina y es la segunda instancia de revisión que afronta Furlán durante su mandato al frente de la UOM, que comenzó en el 22 de marzo pasado. Una semana antes, su antecesor, Antonio Caló, había acordado un 45% de aumento salarial, que el nuevo líder metalúrgico logró después que llegara al 65%.

Cristina Kirchner y el líder de la UOM, Abel Furlán, en el acto que compartieron en Pilar

La UOM sumó ahora el pedido del 46% para diciembre, enero, febrero y marzo de 2023 con el fin de alcanzar el 111% en el año paritario y compensar la inflación. De todas formas, si se toma el año calendario, de diciembre de 2021 a diciembre de 2022, la mejora reclamada alcanza al 98%.

El rechazo empresarial al bono de $50.000 actualiza un problema que ya tuvo la UOM en las paritarias que se negociaron durante la cuarentena obligatoria por el COVID-19, con el consecuente derrumbe de la actividad productiva, donde el sindicato conducido entonces por Caló mostró un pragmatismo que evitó el cierre de muchas pymes de la actividad metalúrgica que estaban en crisis: en 2020 y en 2021 se incluyó en el convenio colectivo de trabajo una cláusula por la cual las empresas que atravesaran una situación de crisis podrían “adecuar” los plazos de pago y los montos de lo firmado mediante acuerdos rubricados con la representación sindical a nivel de las seccionales de la UOM en todo el país.

¿Será una fórmula semejante la que destrabe el lunes próximo la paritaria metalúrgica, es decir, que paguen el bono las empresas que puedan hacerlo? Todavía no está claro si hay consenso interno en el secretariado de la UOM para aceptar esa fórmula basada en el más puro pragmatismo.

Abel Furlán preside una de las últimas reuniones con los empresarios por las paritarias de la UOM

Furlán sostiene una postura más dura en materia de recomposiciones salariales, en sintonía con la expresada por Cristina Kirchner, quien, junto con el moyanismo y el sindicalismo K, presiona a Alberto Fernández para que se otorgue una suma fija a los trabajadores de menores ingresos. Esa postura es resistida por el Presidente y por la Confederación General del Trabajo (CGT), que considera que ese tipo de mejoras achata las categorías salariales y le quita poder de negociación a los sindicatos.

La Vicepresidenta y el jefe de la UOM exteriorizaron su posición coincidente en un acto que organizó el sindicato el 4 de este mes en un predio de Pilar. Allí, ante la aprobación de Cristina Kirchner, Furlán destacó que “con esta inflación no va a haber paritaria que pueda resolver el problema que tenemos todos nosotros” y afirmó: “Necesitamos que el Gobierno ayude a resolver la puja distributiva y genere un bono que no tenga absorción y que vaya pura y exclusivamente a recuperar el salario real”.

Las revisiones salariales de los acuerdos pactados comenzaron a acelerarse en forma proporcional al aumento de la inflación y se multiplicaron los aumentos que se firmaron entre el 80% y el 100%.

Cristina Kirchner y Alberto Fernández discrepan respecto del pago de una suma fija para los trabajadores

Hace bastante que la negociación salarial se atomizo como producto de una economía en caída libre. Ya no existe una paritaria testigo que sirva (sobre todo, al gobierno de turno) para orientar al resto de los convenios y mantenerlo en sintonía con las previsiones económicas, como fueron en otras décadas los acuerdos de la UOM o del Sindicato de Camioneros, que a fines de octubre acordó un aumento del 107% entre 2022 y 2023, pero si se mide el período que va entre diciembre de 2021 y diciembre de 2022, en realidad, se trata de un 82,1% y la inflación de ese período se encamina a superar el 100%.

Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, consideró en su último informe sobre el tema salarial que “la Argentina se encamina a culminar el 2022 con una inflación cercana al 100% anual, el triple de lo previsto en el proyecto de Presupuesto enviado en septiembre de 2021 al Congreso de la Nación y más del doble de la pauta de las primeras negociaciones salariales del año que tuvieron lugar entre los meses de febrero y marzo”.

Pablo Moyano, Hugo Moyano y la ministra Kelly Olmos, tras la firma de la paritaria del Sindicato de Camioneros

“En este contexto -agregó el informe elaborado por Campos-, el ‘incremento anual’ previsto en los acuerdos salariales comienza a ser menos relevante, ya que siempre es provisorio y está sujeto a una revisión. Si bien formalmente la mayoría continúa teniendo un plazo de vigencia anual, ninguna actividad realiza una sola negociación en el año y la cantidad de cuotas es mayor. Los sueldos nominales, al igual que los precios, varían cada vez más rápido”.

Para el coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, “muy pocas actividades tienen acordado un incremento salarial en la paritaria 2022-2023 que se acerque a las proyecciones de inflación y, más aún, una gran parte de ellas todavía poseen aumentos menores al 70%, lo que implicaría que en las revisiones deberían pactarse mejoras superiores al 30% tan sólo para equiparar la inflación prevista para este año”. De esta forma, agregó, “se dificultaría la estrategia oficial de reducir gradualmente la nominalidad de la economía, lo que podría generar conflictos entre las necesidades de las organizaciones sindicales y los objetivos económicos del Gobierno”.