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La oposición pidió una sesión especial para discutir el jueves la emergencia alimentaria

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Diputados de distintos bloques de la oposición presentaron un pedido formal ante el presidente de la Cámara, Emilio Monzó, para que el próximo jueves a las 11:30 se debata en el recinto un proyecto de emergencia alimentaria.

La solicitud, a la que accedió Infobae, lleva las firmas de Felipe SoláCarla PitiotAgustín Rossi, Leonardo GrossoDaniel ArroyoVictoria DondaPablo KosinerAlejandra RodenasJosé Luis RamónAndrés ValloneJorge FrancoJuan José BahilloOmar FélixIvana Bianchi Lucila de Ponti.

Ayer, los legisladores habían logrado unificar un proyecto que, entre sus puntos básicos, incluye el pedido de prórroga de la emergencia hasta el 21 de diciembre de 2022, el aumento del 50% de las partidas alimentarias y la actualización de esas partidas cada 3 meses con un mecanismo que tenga en cuenta el índice del precios al consumidor (IPC) y la variación de la canasta básica.

“Concierne al Estado Nacional garantizar en forma permanente y de manera prioritaria al derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria y nutricional de la población de la República Argentina, según lo establece la Ley 25.724 que crea el Programa de Alimentación y Nutrición Nacional”, sostiene el artículo 2° del proyecto de ley.

El artículo 3° agrega que “el derecho humano a una alimentación adecuada se asume como una política de Estado que respetará, protegerá y promoverá un enfoque integral dentro de un marco de políticas públicas contemplada en cada ‘Ley de Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional’ que apruebe el Congreso de la Nación”.

Para sostener en el artículo 4°: “Dispóngase un incremento de emergencia como mínimo del cincuenta por ciento (50%) de las partidas presupuestarias vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición”.

Agustín Rossi es uno de los  firmantes (Foto: Adrián Escandar)

Agustín Rossi es uno de los  firmantes (Foto: Adrián Escandar)

“Facúltese, a partir del 1 de enero del año 2020, y hasta que dure la emergencia declarada en el artículo 1°, al Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación a actualizar trimestralmente las partidas presupuestarias correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición, tomando como referencias mínimas el aumento de la variación procentual del rubro ‘alimentos y bebidas no alchólicas’ del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la variación de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)”, se afirma en el artículo 5°.

Y continúa: “Facúltese al Poder Ejecutivo Nacional a disponer las ampliaciones y las reestructuraciones presupuestarias, y las decisiones administrativas conducentes a un abordaje efectivo de la emergencia alimentaria y nutricional. Las reestructuraciones presupuestarias no podrán realizarse con la reducción de los créditos correspondientes a la finalidad ‘Servicios Sociales'”.

“La Sindicatura General de la Nación en orden de auditor interno del Poder Ejecutivo Nacional instrumentará de manera anual un control periódico respecto de la aplicación de recursos y gastos conforme artículo 3° de la presente ley”, asegura.

En los fundamentos sostiene que “el presente proyecto parte de la convicción que comer bien y barato es un derecho y no un privilegio. Garantizar la seguridad alimentaria y nutricional se debe transformar en un primer consenso básico y en una política de Estado prioritaria de una nueva etapa de unidad nacional de la Argentina”.

Y agrega que “la situación de emergencia alimentaria y nutricional es una cuestión social concreta, medible y objetiva que ha sido señalada por diversos informes de organismos públicos nacionales, por organismos internacionales, y por Universidades y Centros de Estudios, vinculada al creciente aumento de la inseguridad alimentaria y nutricional; de la pobreza y de la indigencia; de la desocupación, de la subocupación y del trabajo informal; del costo de los productos de la canasta básica de alimentos; de la pérdida del poder adquisitivo de salarios, asignaciones, jubilaciones y pensiones; entre otras variables sociales”.

“El Gobierno debería tener la responsabilidad de hacerse cargo de este problema que ellos generaron y tomar medidas urgentes antes del jueves, de no ser así avanzaremos con la sesión especial para darle media sanción”, aseguró el diputado del Movimiento Evita Leonardo Grosso, uno de los impulsores de la unidad de los bloques para presentar un solo proyecto.

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El Gobierno y la oposición acordaron que sancionarán la ley de emergencia alimentaria la próxima semana

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Pocos minutos después de aprobarse por unanimidad (sólo hubo una abstención) el proyecto de Emergencia Alimentaria en la Cámara de Diputados, los protagonistas más poderosos del Senado empezaron a cruzar llamados para acelerar el tratamiento de una iniciativa que es clave para Mauricio Macri y la oposición peronista.

La sucesión de llamadas y chats dieron su resultado político: el próximo miércoles al mediodía habrá una sesión especial en la Cámara Alta para sancionar definitivamente al proyecto de Emergencia Alimentaria que tuvo un consenso inédito en Diputados.

Todos los bloques de la oposición y la bancada oficialista coincidieron en señalar ayer que la Emergencia Alimentaria debe salir cuantos antes para ·desactivar la tensión social” que crece de manera geométrica en los barrios más castigados del conurbano y el interior profundo. Cuando se sancione el proyecto en la Cámara Alta, se aumentará en un 50 por ciento los planes sociales alimentarios.

En esta línea, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo,  y el jefe de la bancada de senadores del PJ, Carlos Caserio, intercambiaron mensajes por WhatsApp  y conocieron en darle urgente tratamiento al proyecto de Emergencia Alimentara aprobado en Diputados.

De esta manera, el martes próximo habrá reuniones de bloques opositores y oficialistas por separado, que apuntan a diseñar una hoja de ruta que permita hacer el miércoles una sesión corta y urgente: cinco minutos por orador, quince discursos en total y una votación a libro cerrado que debería concluir a la hora del té.

La idea de los senadores es transmitir a los movimientos sociales, la Iglesia y a los gremios que habrá prórroga hasta el 2022 de la Emergencia Alimentaria, y que se cubrirán los requisitos nutricionales de niños hasta los 14 años, embarazadas, discapacitados y ancianos desde los 70 años en situación de pobreza.

Grupos piqueteros se movilizaron hasta el Congreso para exigir que se apruebe sin demoras la ley de Emergencia Alimentaria (Franco Fafasuli)

Grupos piqueteros se movilizaron hasta el Congreso para exigir que se apruebe sin demoras la ley de Emergencia Alimentaria (Franco Fafasuli)

Debate de los números

Sin embargo, sobre el monto del aumento destinado a la Emergencia Sanitaria hay una discusión de fondo que no fue saldada en Diputados.  Durante el debate en particular se especificó en el artículo 4 que el monto final de la ampliación de emergencia será en función al crédito vigente.

Esto significa que se trata de un aumento que surgirá de la reasignación de partidas que defina el jefe de Gabinete: unos $10.000 millones de pesos acorde al cálculo peronista;  8.000 millones de pesos según los números del oficialismo.

La confusión parte de que Cambiemos toma en cuenta los $12.000 millones presupuestados en este año para emergencia alimentaria, más un adicional de $6.000 millones que se dieron después de la devaluación. Así lo señalaron los diputados Mario Negri y Luciano Laspina.

En cambio, el jefe de la bancada de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, y el diputado kirchnerista Carlos Castagnetto, que fue viceministro de Desarrollo Social de Cristina Kirchner, entendieron que se tratará de un aumento de $10.000 millones.

Es que el kirchnerismo toma en cuenta el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso que menciona otras partidas aportadas por el Ministerio de Salud y el PAMI que implicaría otros $2.000 millones. Así, el 50% del aumento, sería de $10.000 millones y no de $8.000.

Los diputados Negri, Monzó y Lipovezky fueron los artífices de convencer al Gobierno de tratar el proyecto de la oposición (Adrian Escandar)

Los diputados Negri, Monzó y Lipovezky fueron los artífices de convencer al Gobierno de tratar el proyecto de la oposición (Adrian Escandar)

“Hay que evaluar que los créditos de emergencia alimentaria son de $20.000 millones con lo cual un aumento del 50% son $10.000 millones para ejecutar hasta fin de año”, explicó a Infobae el diputado Daniel Arroyo.

Es probable que en el Senado se de este mismo debate en el recinto. Pero tanto los legisladores del oficialismo como de la oposición de la Cámara alta no creen que haya margen para modificar la ley y reenviarla a Diputados. 

Es una iniciativa urgente que se trata de aprobar en un contexto económico social grave y complejo para los sectores más castigados del país.

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Patricia Bullrich: “Si pasan hambre, tienen los comedores”

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Para la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en la Argentina no hay personas que no puedan comer. Y no solo eso, sino que además sostuvo que si existiera gente que, efectivamente, no pudiera comer, “tiene comedores (comunitarios) y una cantidad de lugares adonde ir y no pasar hambre”.

“Yo diría que en la Argentina hay gente que está pasando necesidades, no llegaría a decir que hay gente que hoy está en una situación de no comer”, afirmó la funcionaria en un esfuerzo por encontrar eufemismos sobre la situación crítica que afecta al 35 por ciento de la población que vive debajo de la línea de pobreza producto de las políticas del gobierno de Mauricio Macri.

Durante una entrevista por Radio La Red, Bullrich esquivó tres veces la pregunta de que si en el país hay personas que pasan hambre. “Hay gente que pasa necesidades”, respondió cada vez. Y la única vez que lo admitió de soslayo, dijo que para eso hay una solución: “Si pasa hambre tiene comedores y una cantidad de lugares donde poder ir y no pasar hambre”.

Cada vez que a Bullrich se le pidió una posición respecto del hambre de un vasto sector de la población, dijo que el problema tenía una solución: “La enorme red de contención” social que hay en el país y que –aunque no lo aclaró- ni siquiera dependen del gobierno nacional sino de las organizaciones sociales.

La fundamentación de la ministra acerca de quien tenga hambre, vaya a los comedores, podría ser una suerte de remake del viejo apotegma que refiere que trabajo hay, lo que no hay son ganas de trabajar. Algo así como que hambre no hay, lo que no hay son ganas de comer.

Por si quedara alguna duda de su pensamiento, Bullrich hizo una concesión más pero para reforzar su teoría. Dijo que “pueden haber situaciones en que se llegue mejor y otra peor, pero a todos los lugares se llega”. Y además depositó la responsabilidad de la contención social a los intendentes y gobernadores que, según ella, son “los que deben saber cómo está su gente” y “obtener los recursos como para poder alimentar a familias que están pasando una situación de necesidad”.

Con toda esa insólita fundamentación, la ministra rechazó la necesidad de que el Congreso apruebe una ley de emergencia alimentaria con un argumento particular. Según ella, “ya existe una ley de emergencia alimentaria votada en 2016 por unanimidad, con lo cual el Poder Ejecutivo tiene capacidad de llevar adelante planes alimentarios y políticas de refuerzo”. Por eso, agregó, “volver a votar una ley votada tiene un objetivo político”.

En rigor, lo que ese año se votó por unanimidad es la ley de emergencia social, producto de un largo reclamo de las organizaciones sociales en tiempos en que el Gobierno mantenía diálogo con distintos sectores. Esa norma modificó las partidas presupuestarias para cooperativas y creó dispositivos estatales con participación de las organizaciones, una iniciativa que sigue durmiendo el sueño de los justos. Pero esa legislación no activa la movilidad de partidas para paliar la necesidad de alimentos en los sectores más vulnerables.

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Macri le pidió a los industriales “poner el hombro” y que paguen el bono a trabajadores privados

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El Presidente respondió a los reparos que el sector planteó ante la negociación que el Gobierno mantiene con la CGT por un plus salarial de $5 mil a los trabajadores.

El presidente Mauricio Macri aseguró este miércoles que confía en que “los industriales van a poner el hombro como lo están poniendo los argentinos” al ser consultado sobre los reparos que puso la industria para pagar el bono que propone el Gobierno para los trabajadores privados.

El jefe del Estado recorrió hoy un tramo de los más de 800 kilómetros de vías renovadas de la línea Belgrano Cargas, en la localidad santafecina de Oliveros, y visitó las obras del nuevo acceso ferroviario a los puertos de Timbúes.

Después de la recorrida, en diálogo con la prensa local, Macri consideró que “es un momento de poner el hombro”.

“Yo confío en que los industriales van a poner el hombro como lo están poniendo los argentinos”, siguió el Presidente, que recordó que desde abril del año pasado “ha sido muy duro para la familia argentina”, y nombró como factores fundamentales al fin del crédito internacional y la sequía que el país sufrió en 2018.

El vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) Daniel Funes de Rioja advirtió que el bono salarial de 5.000 pesos que el Gobierno analiza para trabajadores del sector privado “conspira contra la subsistencia de las empresas y del empleo”.

Funes de Rioja, presidente de la cámara alimenticia COPAL, alertó sobre la difícil situación de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas.

“Cuando el pequeño empresario no puede pagar elementos de consumo necesarios no tiene más alternativa” que el cierre o el despido de personal, dijo Funes de Rioja, quien mencionó como agravantes que “no hay acceso al crédito y las tasas (de interés) son inabordables”.

El empresario dijo que el bono salarial de 5.000 pesos que podría disponerse para los trabajadores privados “conspira contra la subsistencia de las empresas y del empleo”.

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