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Nacionales

La oposición pidió una sesión especial para discutir el jueves la emergencia alimentaria

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Diputados de distintos bloques de la oposición presentaron un pedido formal ante el presidente de la Cámara, Emilio Monzó, para que el próximo jueves a las 11:30 se debata en el recinto un proyecto de emergencia alimentaria.

La solicitud, a la que accedió Infobae, lleva las firmas de Felipe SoláCarla PitiotAgustín Rossi, Leonardo GrossoDaniel ArroyoVictoria DondaPablo KosinerAlejandra RodenasJosé Luis RamónAndrés ValloneJorge FrancoJuan José BahilloOmar FélixIvana Bianchi Lucila de Ponti.

Ayer, los legisladores habían logrado unificar un proyecto que, entre sus puntos básicos, incluye el pedido de prórroga de la emergencia hasta el 21 de diciembre de 2022, el aumento del 50% de las partidas alimentarias y la actualización de esas partidas cada 3 meses con un mecanismo que tenga en cuenta el índice del precios al consumidor (IPC) y la variación de la canasta básica.

“Concierne al Estado Nacional garantizar en forma permanente y de manera prioritaria al derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria y nutricional de la población de la República Argentina, según lo establece la Ley 25.724 que crea el Programa de Alimentación y Nutrición Nacional”, sostiene el artículo 2° del proyecto de ley.

El artículo 3° agrega que “el derecho humano a una alimentación adecuada se asume como una política de Estado que respetará, protegerá y promoverá un enfoque integral dentro de un marco de políticas públicas contemplada en cada ‘Ley de Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional’ que apruebe el Congreso de la Nación”.

Para sostener en el artículo 4°: “Dispóngase un incremento de emergencia como mínimo del cincuenta por ciento (50%) de las partidas presupuestarias vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición”.

Agustín Rossi es uno de los  firmantes (Foto: Adrián Escandar)

Agustín Rossi es uno de los  firmantes (Foto: Adrián Escandar)

“Facúltese, a partir del 1 de enero del año 2020, y hasta que dure la emergencia declarada en el artículo 1°, al Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación a actualizar trimestralmente las partidas presupuestarias correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición, tomando como referencias mínimas el aumento de la variación procentual del rubro ‘alimentos y bebidas no alchólicas’ del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la variación de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)”, se afirma en el artículo 5°.

Y continúa: “Facúltese al Poder Ejecutivo Nacional a disponer las ampliaciones y las reestructuraciones presupuestarias, y las decisiones administrativas conducentes a un abordaje efectivo de la emergencia alimentaria y nutricional. Las reestructuraciones presupuestarias no podrán realizarse con la reducción de los créditos correspondientes a la finalidad ‘Servicios Sociales'”.

“La Sindicatura General de la Nación en orden de auditor interno del Poder Ejecutivo Nacional instrumentará de manera anual un control periódico respecto de la aplicación de recursos y gastos conforme artículo 3° de la presente ley”, asegura.

En los fundamentos sostiene que “el presente proyecto parte de la convicción que comer bien y barato es un derecho y no un privilegio. Garantizar la seguridad alimentaria y nutricional se debe transformar en un primer consenso básico y en una política de Estado prioritaria de una nueva etapa de unidad nacional de la Argentina”.

Y agrega que “la situación de emergencia alimentaria y nutricional es una cuestión social concreta, medible y objetiva que ha sido señalada por diversos informes de organismos públicos nacionales, por organismos internacionales, y por Universidades y Centros de Estudios, vinculada al creciente aumento de la inseguridad alimentaria y nutricional; de la pobreza y de la indigencia; de la desocupación, de la subocupación y del trabajo informal; del costo de los productos de la canasta básica de alimentos; de la pérdida del poder adquisitivo de salarios, asignaciones, jubilaciones y pensiones; entre otras variables sociales”.

“El Gobierno debería tener la responsabilidad de hacerse cargo de este problema que ellos generaron y tomar medidas urgentes antes del jueves, de no ser así avanzaremos con la sesión especial para darle media sanción”, aseguró el diputado del Movimiento Evita Leonardo Grosso, uno de los impulsores de la unidad de los bloques para presentar un solo proyecto.

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Deportes

Malena Galmarini destruye el convenio de la Aysa de Macri con Boca

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“La empresa no le pagaba a Boca para dar a conocer sus servicios y ni siquiera elaboraba la lista de periodistas privilegiados que se hacía en el Ministerio del Interior, así que al margen del valor monetario lo que me parece es que hay una falta de valor ético y moral”

“Una cosa es la publicidad y otra cosa es la propaganda política”, asegura Malena Galmarini, titular de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), para explicar en un diálogo exclusivo con Página/12 por qué ordenó frenar un convenio firmado por esa empresa con el club Boca Juniors .

Una auditoría interna sobre los fondos de AySA reveló que la administración de Mauricio Macri en Aguas había firmado con el club preferido del ex Presidente un acuerdo por 2 millones de pesos anuales en concepto de invitaciones para ver partidos en sectores vip de la Bombonera y participar de recorridas turísticas por el estadio. El acuerdo fue firmado en plena campaña electoral de 2019.

“Esto no es un partido, es una empresa”

“Esto no es un partido político, es una empresa que brinda un servicio esencial, que además es deficitaria, que la dejaron arrasada como dejaron al país, así que al margen del valor monetario lo que me parece es que hay una falta de valor ético y moral”, explica la funcionaria.

Durante todo el día, después de que su marido Sergio Massa asegurara que el caso muestra que “los famosos CEOs usaron al Estado como botín de guerra”, el debate se concentró en el monto del contrato en cuestión.

“No importa el valor del contrato”

“Independientemente del valor del contrato –explica Galmarini–, a mí lo que me parece es que es poco ético, sobre todo porque no se trataba de una acción de marketing. No era que la empresa estaba pagando eso para dar a conocer sus servicios, sino que llevaba periodistas, y ni siquiera el listado de esos periodistas se hacía desde Aysa sino en el Ministerio del Interior, Vale decir que no era una acción de marketing sino una acción política.”

A partir de esa conclusión, se precipitaron las decisiones empresarias. “Lo primero que hice cuando lo descubrimos es resolver que no se pagaba e instruir a la sección de jurídicos que analice cómo se había hecho todo eso. Ahora están preparando ese informe para ver si hay alguna medida que tomar, obviamente no respecto del club sino del director a cargo.”

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Economia

Vaca Muerta: el Gobierno enviará al Congreso un nuevo proyecto de ley de Hidrocarburos para que se trate en extraordinarias

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La iniciativa buscará generar inversiones, potenciar el desarrollo de la cadena productiva, crear empleo y aumentar las exportaciones, dijeron en el Ministerio de Desarrollo Productivo

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Nacionales

Fuerzas federales para ayudar a Santa Fe a combatir el crimen organizado

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El gobernador aseguró que el respaldo presidencial representa “una muestra del compromiso y de la seriedad con que se toma el desarrollo de esta problemática, que desde hace muchísimos años está instalada” en la provincia.

Alberto Fernández y Omar Perotti firmaron un “convenio de cooperación en seguridad” que comprometió a ambos gobiernos en “la pelea contra el crimen organizado” en Rosario, donde “el narcotráfico ha montado una suerte de pequeño imperio”, según el diagnóstico del propio Presidente. Este acuerdo se traducirá, según expresó la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, en “la asignación de fuerzas Federales de seguridad en la ciudad de Rosario”. Perotti fue ayer a la Casa Rosada a pedir ayuda. La crisis de violencia que escaló en estos días al plano nacional por su saga de crímenes cotidianos excede a la provincia. Y volvió a Santa Fe con un acuerdo que redobla el apoyo político de Alberto a su gobierno, con un doble propósito: por primera vez en doce años, un gobernador de Santa Fe dejó expuesta a la vista pública la gravedad de la situación en Rosario, jaqueada por el “enfrentamiento de organizaciones criminales” y el reconocimiento del problema puede ser el primer paso hacia la solución. “El problema excede a Rosario y a la provincia porque tiene connotación nacional”, se sinceró Perotti y agregó que “el respaldo del Presidente” es “una muestra cabal del compromiso y de la seriedad con que se toma el desarrollo de esta problemática, que desde hace muchísimos años está instalada” en la provincia.

En sólo 14 días, hubo en Rosario 17 crímenes. Es bueno separar bien los tantos: cuatro personas murieron apuñaladas en grescas, y en uno de esos casos un chico mató a su padre. Otros dos murieron en un supuesto intento de robo en el Parque del Puente Rosario-Victoria, tanto el ladrón como el robado, que era gendarme. Los once restantes fueron baleados en circunstancias similares: personas que llegaron o pasaron a bordo de un vehículo y gatillaron. El crimen más resonante, y el que revivió la influencia de la banda narcocriminal Los Monos ocurrió el sábado pasado, en el casino City Center, en el sur de la ciudad. Enrique Encino, gerente del banco Nación de la localidad de Las Parejas, había salido a fumar y resultó baleado. Su modalidad generó preocupación: parecía destinado a amedrentar de forma más general a la población, ya que la víctima no tenía ninguna vinculación con el delito. Poco después detuvieron a Maximiliano “Cachete” Díaz, integrante de Los Monos, y las escuchas telefónicas permiten inferir que detrás del tiroteo está Ariel “Guille” Cantero, desde la cárcel. El cabecilla de la organización criminal de barrio Las Flores está condenado por distintos delitos como instigar un homicidio y organizar tráfico de estupefacientes.

Ahora Rosario estalla. A fines de diciembre el ex gobernador Miguel Lifschitz -y actual presidente de la Cámara de Diputados de la provincia- fue el principal ejecutor del rechazo a las leyes de Emergencia en Seguridad, pero también Social y Económica, que había enviado Perotti a la Legislatura. Esa decisión, el último día hábil del año, dejó al gobernador “sin herramientas” para afrontar la delicada situación. Ahora, intendentes del propio Frente Progresista reclaman que esas leyes se aprueben en febrero.

El eje sigue siendo la conexión entre la policía y las organizaciones delictivas. Según una información periodística, la pareja de Díaz es sobrina del ex jefe de la Policía de Santa Fe, Marcelo Villanúa. Ayer, él mismo lo desmintió. Cuando Perotti, en su discurso de asunción, se refirió a los vínculos entre el delito y el gobierno, se refería también a los policías condenados -o imputados- por su complicidad con Los Monos, y también con otras bandas, como la que lidera Esteban Alvarado.

Por eso, Perotti y Sain están convencidos que detrás de la crisis está la reacción de una policía acostumbrada al autogobierno. Y cuando Perotti refiere a vínculos, alude a los gobiernos anteriores. De hecho, cuando le preguntaron si aludía a los mandatarios socialistas, contestó: “Que cada uno saque sus conclusiones”. “Si hablamos de cortar los vínculos con el delito, lo hacemos en todos los niveles porque es indispensable para la vida institucional de la provincia”, estructurar “la conducción política” de la Policía de Santa Fe y “resguardar cualquier vínculo con el delito”.

Perotti se volvió ayer con un aval contundente de la Casa Rosada. “La respuesta del Presidente” a su pedido de ayuda “es una muestra cabal del compromiso y las seriedad con que vamos a enfrentar esta problemática que está instalada en Santa Fe desde hace años”. Su ministro de Seguridad Marcelo Sain explicó cómo afrontarán el desafío. “El gobierno nacional y el de Santa Fe es un solo gobierno en materia de seguridad pública. Tenemos un solo diagnóstico, una sola interpretación acerca de la envergadura del problema, sabemos lo que pasa en Santa Fe y cómo abordarlo de manera integral entre las dos jurisdicciones, pero como un mismo actor institucional”, definió.

El respaldo del presidente a Perotti es el tercero en dos semanas ante la crisis de inseguridad en Santa Fe. Ya a principios de enero, después de una protesta en Rafaela, cuando un grupo de manifestantes se desprendió de la marcha y atacó la casa del gobernador, donde estaban su esposa y su hijo menor, Alberto se mostró muy solidario con él. “No debemos tolerar a los violentos”, dijo el jefe de Estado.

El lunes, en una entrevista en un canal de TV, Fernández dijo que Santa Fe “tiene un serio problema del crimen organizado. Lo hablé mucho con Omar Perotti. El narcotráfico se ha instalado, ha montado una suerte de pequeño imperio” en Rosario y prometió que la provincia recibirá “toda la ayuda que sea necesaria”.

Ayer, comenzó a concretarse esa asistencia, con el “convenio de colaboración en seguridad” que firmaron el presidente, el gobernador y los dos responsables del acuerdo: la ministra de Seguridad de la Nación Sabina Frederic y su colega de Santa Fe, Marcelo Sain. El acta se firmó en el despacho presidencial, donde estaban el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, el ministro del Interior Eduardo de Pedro y el senador nacional Roberto Mirabella.

La conducción de la crisis quedará a cargo de un Consejo Provincial de Complementación para la Seguridad Interior –como se llama- que integrarán funcionarios del equipo de Sain y de Frederic y representantes de las fuerzas nacionales (la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y la PSA), la Policía de Santa Fe y de la Agencia de Investigación Criminal que creó el gobierno de Perotti para investigar el crimen organizado.

Perotti ponderó el acuerdo. “Es muy importante”, dijo. “La dimensión de la problemática en Santa Fe excede a Rosario y a la provincia, tiene una connotación nacional y el respaldo del presidente es una muestra cabal del compromiso y la seriedad con que enfrentaremos esta problemática que está instalada en nuestra provincia desde hace años. Ese es un elemento distintivo: trabajaremos de manera coordinada” por primera vez, a sabiendas de la magnitud “de lo que tenemos que enfrentar”. La mención del gobernador a los doce años es una referencia obvia a los tres gobiernos socialistas que lo precedieron en la Casa Gris.

“Lo que queremos destacar es la decisión política”, insistió Perotti. “El compromiso del Presidente de la Nación para que la Argentina de una muestra contundente de cómo se enfrenta” este avance del narcotráfico en Santa Fe “en forma conjunta con la provincia”. En el trabajo operativo “el epicentro mayor -por el número de efectivos de las fuerzas federales- será Rosario”, pero esa tarea se extenderá a las principales ciudades: Santa Fe, Rafaela, Venado Tuerto y Reconquista, agregó.

El ministro Sain no sólo coincidió sino que también distinguió distintos niveles operativos. “Uno es el trabajo en seguridad preventiva”, explicó. “Ya se están desplegados fuerzas federales en determinados barrios de Rosario”, jaqueados por “enfrentamientos de organizaciones criminales. “El plan de la intervención es pacificar ese conjunto de barrios que en este caso compromete 300 gendarmes, más los efectivos de la Policía de Santa Fe”. “Un segundo aspecto será una mesa de coordinación en materia de delito complejo y un trabajo combinado entre la justicia provincial y nacional”. Ante preguntas sobre la cantidad de efectivos nacionales asignados a la provincia, la ministra Frederic advirtió: “Estamos muy mal acostumbrado al creer que más policías es más seguridad. Acá hay optimizar el trabajo”.

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