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Justicia

La ONU sospecha sobre violación de la independencia de la Justicia durante el gobierno de Macri

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Por primera vez en cuatro años la Organización de las Naciones Unidas tomó como propias las sospechas sobre violación de la independencia de la Justicia durante el gobierno de Mauricio Macri. Tras una presentación de los abogados de la agrupación Ajus, Abogados por la Justicia Social, la Relatoría Especial para la Independencia de Magistrados y Abogados que encabeza el jurista peruano Diego García-Sayán dio 60 días al Gobierno para contestar los cargos sobre presiones, arbitrariedades y manipulaciones.

El documento de García-Sayán fue recibido por el ex vicecanciller y actual representante argentino en Ginebra Carlos Foradori el viernes 1° de noviembre. Foradori debe girarlo al canciller Jorge Faurie y el ministro recopilar la defensa que pueda hacer el Poder Ejecutivo.

“Hace poco más de un año, en septiembre de 2018, hicimos la presentación a la Relatoría, y en junio de 2019 estuvimos en Lima para entrevistarnos con García-Sayán y darle precisiones”, dijo a Página/12 Emanuel Desojo, presidente de Ajus en el área de La Plata, Berisso y Ensenada.

“Lo que nos deja satisfechos –dijo Desojo– es que la Relatoría tomó los elementos de nuestra denuncia y derivó al Gobierno los cargos sobre la existencia de un plan sistemático, específico y estructural del Ejecutivo para cooptar la Corte Suprema por decreto, manipular el Consejo de la Magistratura, atacar a jueces porque supuestamente no comulgaban con el Gobierno o porque fallaron en contra de medidas consideradas claves para la política económica oficial, agredir especialmente a magistrados del fuero laboral y designar arbitrariamente jueces afines sin seguir las reglas.”

Este diario pudo saber que los detalles de la denuncia resultaron tan frondosos que además Ajus está preparando un libro, “Justicia a la carta”, sobre la estrategia seguida por Macri en sus cuatro años de gestión. Los originales, a los que tuvo acceso Página/12, ocupan 400 páginas.

Uno de los párrafos señala que Macri buscó “establecer un sistema judicial a la carta, donde no importa mantener la imparcialidad de sus jueces o reforzar la calidad institucional de la magistratura, sino más bien todo lo contrario”. Es decir, “encontrar un respaldo punitivo a decisiones políticas que, sin ese escudo judicial, no podrían ser llevadas a cabo”.

Herramienta

Ahora, el Estado argentino tiene 60 días de plazo para contestar. Se abren, entonces, dos posibilidades:

* Una es que Macri se apure y responda de aquí al 10 de diciembre, para deslindar responsabilidades políticas antes del final de su mandato.

* Otra es que suponga que le conviene aprovechar el plazo para que el pedido de García-Sayán quede en los cajones de la burocracia estatal.

El Presidente no la tiene fácil, porque García-Sayán revela en el texto que se guía más por presunciones sobre la base de relatos fiables que por simple curiosidad. Por eso señala que mientras espera la respuesta insta al Gobierno a que “adopte todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de la(s) persona(s) mencionada(s) e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas”. También lo insta “a que tome las medidas efectivas para evitar que tales hechos, de haber ocurrido, se repitan”.

Fiables

“Tengo la intención de expresar públicamente mis preocupaciones en un futuro cercano”, señala la carta del relator. “Considero que las informaciones recibidas son suficientemente fiables para indicar que existe un asunto que justifica una atención inmediata.” Más aún: “Además, considero que la opinión pública tiene que ser informada sobre las implicaciones potenciales relacionadas con las alegaciones arriba mencionadas”.

En términos institucionales, para la ONU los responsables son los Estados, gobierne quien gobierne. Pero si Macri no responde a tiempo las sospechas de la Relatoría, quien lo hará es el Estado bajo la jefatura de Alberto Fernández.

En ambos casos, como Presidente electo o como Presidente en ejercicio, Fernández podrá hacer suya una herramienta valiosa: ya no serán suspicacias del Frente de Todos las acusaciones sobre el funcionamiento macrista de la Justicia sino irregularidades consideradas como serias por las Naciones Unidas. Tan serias como para abrir un expediente que no será vinculante pero sí formará parte de la evaluación que haga público el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Urgencia

En su carta, García-Sayán reclama al Gobierno argentino “atención urgente” para la información que recibió “respecto de la presunta existencia de un plan sistemático y estructural de amedrentamiento del Poder Judicial de la República Argentina”. Lo interroga a partir de una denuncia sobre “una serie de actos concatenados” que “habrían socavado” la independencia del sistema judicial argentino y obstaculizado “la posibilidad de una actuación imparcial en decisiones que afectan a los intereses del Poder Ejecutivo, así como disciplinando a los magistrados que hubieran dictado resoluciones contrarias a la voluntad del Ejecutivo”.

García-Sayán no hizo un simple pedido de datos. Reclamó información sobre trece puntos relacionados con las medidas que el Gobierno adopte ya mismo para garantizar, por ejemplo, la inamovilidad de los jueces, asegurar que no sean evadidos los concursos y dar cuenta de cómo se arregló el funcionamiento conforme a Derecho del Consejo de la Magistratura.

Uno de los ejemplos que dio Ajus y fue tomado por el relator fue el logro de una mayoría política en el Consejo de la Magistratura mediante la designación como miembro del diputado Pablo Tonelli, la paralización de concursos como coartada y el uso de esa coartada para trasladar como subrogantes “magistrados vinculados o cercanos al partido gobernante sin respetar los requisitos establecidos en la legislación”.

Un ejemplo de subrogación sería el de Juan Manuel Culotta como juez con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires. Culotta no había concursado para ello. “Según la alegación recibida, el doctor Juan Manuel Culotta poseería vínculos estrechos y de amistad con el Presidente Macri, con su abogado personal y especialmente con el doctor Pablo Clusellas, secretario Legal y Técnico de la Nación”.

Otro ejemplo es el conjunto de presiones para que renunciara la procuradora Alejandra Gils Carbó.

Hay capítulo especial en la denuncia que se llama ”ataque a los jueces que han dictado resoluciones contrarias a los objetivos del Presidente Mauricio Macri”. Otro capítulo lleva por título “ataque a los abogados y jueces laboralistas”.

Creada en 2011 por un grupo de abogados “para defender los derechos de las personas”, según la definición del propio Desojo, Ajus incluyó en su denuncia, tomada por García-Sayán, detalles sobre el ataque a los jueces Jorge Ballesteros y Eduardo Farah, al magistrado Alejo Ramos Padilla, la manipulación de fiscales en la causa del concurso preventivo del Correo Argentino SA y las designaciones ilegales en la Cámara Federal de Casación Penal y en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.

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Justicia

Sobreseyeron a Mauricio Macri por los Panamá Papers pero seguirán investigando a sus hermanos por una cuenta en Suiza

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El juez federal en lo Penal y Económico Diego Amarante sobreseyó a Mauricio Macri en una investigación iniciada tras la difusión de los Panama Papers. El magistrado descartó una presunta evasión impositiva vinculada a las sociedades offshore Fleg Trading, radicada en Bahamas, y la panameña Kagemusha. La decisión la tomó el magistrado el 6 de agosto, antes de las PASO, pero recién trascendió hoy.

Según pudo corroborar Infobae de fuentes judiciales, el juez determinó que “las empresas no habían tenido ganancias, ni en el país ni en el exterior, ni los directores – por Mauricio, sus hermanos Mariano y Gianfranco, y su padre ya fallecido Franco Macri- cobraron honorarios”.

Asimismo se estableció que “no realizaron ninguna actividad en el país ni siquiera en forma aislada, descartándose que pudieran resultar sujetos obligados tributarios” y que tampoco se hayan distribuido dividendos. Destacó asimismo que se dejó de pagar la tasa para mantenerlas activas en Bahamas y Panamá.

Si bien se corroboró que Fleg Trading fue accionista de la firma Owners Do Brasil, en ese país, “se descartó, por un lado, que a través de su estructura jurídica se haya llevado adelante la prueba piloto de Pago Fácil en Brasil y por otro, que haya tenido actividad que permitiera distribuir honorarios con posterioridad al año 2007, fecha en que la sociedad quedó inoperativa por falta de pago de la tasa de mantenimiento”.

En relación a la otra parte del expediente vinculada a los hermanos del Presidente Gianfranco y Mariano, investigados por la presunta evasión fiscal debido a la omisión de declarar fondos en una cuenta en Suiza a nombre de la sociedad offshore BF Corporation SA, Amarante resolvió ayer rechazar el pedido de sobreseimiento realizado por la defensa.

La fiscal Gabriela Ruiz Morales, subrogante de la Fiscalía en lo Penal Económico Nº 6, había solicitado a su vez el sobreseimiento de los hermanos del Presidente antes de la feria judicial de julio, junto con el de Mauricio Macri, con el argumento de que se habían acogido al último blanqueo.

Sin embargo, el magistrado no resolvió ese pedido a favor de los hermanos de mandatario en agosto, cuando determinó el cierre de la causa contra el Presidente, ya que decidió profundizar la investigación.

Ayer, ante un pedido de la defensa de Gianfranco de sobreseimiento por “falta de acción”, al considerar que es la Fiscalía la que debía impulsar la causa y había pedido el cierre de la causa, Amarante lo rechazó el cierre por prematuro.

El magistrado consideró que aún debe determinar si le corresponden o no los beneficios de la ley de blanqueo, que por ejemplo, exige que no hayan quedado bienes sin declarar. Asimismo, según pudo saber Infobae, evaluará la vinculación de Gianfranco Macri con la causa de los cuadernos de las coimas.

El origen de la causa contra Macri

La investigación se inició en abril de 2016 a partir de las revelaciones de la investigación global de los Panama Papers, liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que derivaron en una denuncia penal del diputado kirchnerista Darío Martínez. La investigación le atribuía a Mauricio Macri haber omitido declarar su participación en Fleg Trading y Kagemusha. Adicionalmente, se sospechaba que las referidas sociedades podrían haber sido utilizadas para ocultar maniobras de lavado de dinero u otros activos y que podrían haber cometido algún delito de orden penal tributario.

El fiscal Federico Delgado impulsó la investigación por haber omitido Macri declarar su participación en esas firmas offshore, con la hipótesis de que podrían haber sido utilizadas para el presunto lavado de dinero o un delito tributario.

Un año más tarde, el expediente recayó en el Juzgado de Amarante, quien delegó la investigación en la Fiscalía en lo Penal Económico Nº 6, subrogada por Gabriela Ruiz Morales. Fue luego de que el juez federal Casanello descartara, en abril de 2017, la hipótesis de lavado de activos, y enviara una parte del expediente al fuero Penal Económico para que investigue si hubo evasión impositiva. La otra parte fue al Juzgado Criminal Nro. 20, del fuero ordinario, para determinar si Macri había incurrido en omisión maliciosa en sus declaraciones juradas. La decisión de Casanello fue luego ratificada por la Cámara Federal.

Las respuestas a los exhortos internacionales

Según la información brindada por las autoridades de Bahamas, Fleg Trading fue conformada en 1998 y dada de baja en 2009, después de que no pagara su fee anual en 2008.

Respecto de su actividad en Brasil, ese país informó en respuesta al exhorto enviado por la Justicia Argentina que como apoderado figuraba Mariano Macri. El hermano del presidente había figurado como primer director de Fleg Trading junto a Mauricio y Franco, quienes fueron reemplazados a los pocos meses, en 1998, por tres empleados del Grupo SOCMA: Leonardo Maffioli como presidente, Miguel Sosa como vicepresidente y Concepción Lioi en carácter de secretario.

Estos tres empleados de SOCMA declararon en sede judicial que Fleg Trading compró acciones de Owners do Brasil, pero que “dicha operación no implicó una transferencia bancaria de dinero, sino que fue a través de un débito en la cuenta contable de Francisco Macri en Socma Americana SA” .

Según la resolución judicial a la que tuvo acceso Infobae, Maffioli declaró que Owners “tuvo una participación pequeña de una cuota en Global Collection Services do Brasil, la cual representaba menos del 1% del capital. Esta última empresa había realizado la prueba piloto de Pague Fácil en Brasil, pero la misma había finalizado para enero de 2003, época en la cual tuvo lugar la adquisición. Aseguró que la referida prueba piloto no generó utilidades”. Esto fue confirmado por Sosa, quien agregó que “la sociedad no tenía oficinas ni empleados porque no era una sociedad operativa”.

En cuanto a Kamegusha, fue constituida en Panamá en 1982 siendo Franco Macri su presidente y representante legal. Su directorio estuvo conformado además por Gianfranco Macri, Mauricio Macri y Eloy Benedetti. Según información aportada por las autoridades panameñas en respuesta a los exhortos enviados por Casanello, la firma offshore “no tenía propiedades registradas en ese país, ni actividad comercial declarada”. Fue disuelta de oficio por las autoridades en 2016, después de 10 años consecutivos de morosidad en el pago de la tasa anual del Registro.

La cuenta en Suiza de los hermanos

Gianfranco Macri y Mariano Macri están siendo investigados como titulares y beneficiarios finales de BF Corporation SA, firma que habría omitido declarar activos existentes en una cuenta del Banco SAFRA de Suiza.

Según admitió el propio Gianfranco al equipo argentino de los Panama Papers, fue él quien a través de esa sociedad blanqueó USD 4 millones en la amnistía fiscal dispuesta por su hermano, Mauricio Macri.

Para Amarante, “la existencia de un dictamen fiscal en sentido favorable a la aplicación al caso de la causal especial de extinción contemplada en la ley 27.260 (de blanqueo) no implica el cese automático ni la renuncia, de una acción que fue legalmente promovida”. Según el magistrado, previamente, se debe corroborar que los hermanos Macri hayan cumplido con “todos los requisitos exigidos por el régimen legal (de regularización y exteriorización de activos) para tornar operativos sus efectos”.

Según pudo saber Infobae, el magistrado también quiere profundizar en la vinculación de Gianfranco Macri con la causa de los cuadernos de las coimas y sus derivadas. El hermano del presidente recibió la falta de mérito en el expediente en que se investiga el pago de coimas para obtener las concesiones de peajes.

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Justicia

El video completo de la declaración de Cristina Kirchner

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La expresidenta y actual vicepresidenta electa, Cristina Fernández de Kirchner , compartió en sus cuentas de las redes sociales el video de la declaración completa que brindó ante el Tribunal Oral Federal 2 en la causa por la obra pública en la provincia de Santa Cruz.

“Esto es lo que no querían que se supiera. Esto es lo que no querían que vieras ni escucharas…“, escribió en su cuenta de Twitter donde publicó el video de las más de tres horas de declaración.

CFK había reclamado al tribunal que su indagatoria fuera transmitida en vivo, pero los jueces denegaron ese pedido. La exmandataria dijo que esa negativa es “una clase práctica del lawfare en la Argentina llevado a cabo por este tribunal”.

A solo ocho días de asumir como vicepresidenta, Cristina Kirchner arribó a los tribunales federales de Retiro pasadas las 9:30 y se retiró poco después de las 13:30, tras haber declarado ante los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso.

“Este juicio forma parte también del lawfare, esto fue un plan ideado por el gobierno saliente”, acusó la exmandataria. Y advirtió: “Se nota mucho lo que han hecho señores jueces, en serio se nota mucho”.

“Soy jefa de cuatro asociaciones ilícitas, creo que no tuve tiempo para gobernar porque me la pasaba montando asociaciones ilícitas, dos de carácter familiar, dos de carácter público empresarial”, sostuvo también.

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Justicia

La declaración de Cristina Kirchner: involucró a Alberto Fernández y dijo que la historia la absolverá

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La ex jefa de Estado está acusada de favorecer al empresario Lázaro Báez en Santa Cruz. En su indagatoria, habló de lawfare, cuestionó a los jueces y al Gobierno, y se refirió a la enfermedad de su hija Florencia. No contestó preguntas

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