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La Justicia federal investiga la licitación del Paseo del Bajo

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El juez Claudio Bonadio investiga las presuntas irregularidades en la licitación de la obra del Paseo del Bajo , que fue utilizada por el macrismo como bandera de campaña. El juez federal emitió una orden de presentación para que la empresa Autopistas Urbanas –cuyo accionista principal es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires– entregue información sobre la licitación de la millonaria obra. El paso siguiente sería un allanamiento.

La denuncia penal inicialmente fue presentada por Cecilia Segura Rattagan, presidenta de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas que encabeza Sergio Rodríguez. Rodríguez se presentó ante la Justicia federal para que se investigue la licitación y denunció a los gobiernos de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta por la sospecha del direccionamiento del principal tramo de la licitación que fue adjudicada a la empresa IECSA —propiedad en ese entonces de Ángelo Calcaterra, primo del presidente, y posteriormente vendida a Marcelo Mindlin– ya que se habían presupuestado 4480 millones de pesos pero la empresa lo cotizó en 3183 millones. 

La licitación que comenzó en agosto de 2016, según detallaba el informe de la Auditoría porteña –en base al cual Rodríguez presentó la denuncia ante la justicia federal– se dividió en tres tramos: A, B y C. El tramo C era el más caro y el más codiciado por las empresas. A diferencia de lo que estaba pactado, el tramo que primero se adjudicó no fue el más caro, sino el de menor valor. Y lo ganó la empresa Corsan Corvian Construcciones con una oferta de 1500 millones de pesos. Segunda quedó IECSA. 

En declaraciones con este medio, Segura había planteado que “si se hubiera licitado en el orden original, Corsan Corvian se hubiera quedado con el tramo más caro de la licitación, dado que todas sus ofertas eran a la baja. Con el cambio de orden se sacó de la competencia a esta empresa para los otros tramos, ya que ninguna compañía podía resultar adjudicada en más de uno”. IECSA se quedó con el tramo C de la obra. Basándose en ese informe, Rodríguez puso en duda el mecanismo por el cual los diferentes consorcios compitieron.

En el escrito entregado por el fiscal, fueron señalados Rodríguez Larreta, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; el ministro de Desarrollo Urbano porteño, Franco Moccia, el presidente y la jefa de Compras de AUSA, Carlos Frugoni y Natalia Bustos. Si bien el expediente le había tocado al juez Sebastián Casanello, como había una denuncia similar en el juzgado de Bonadio fue él el que quedó a cargo del caso. Junto al juez investiga la fiscal Alejandra Mángano, quien pidió que Rodríguez colabore en el proceso.

Para el fiscal Rodríguez debe investigarse la “alteración sustancial de la licitación”, mediante circulares “inconsultas” que muestran “una maniobra burda e insólita, sospechosa per se”.

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Nacionales

El Gobierno y la oposición acordaron que sancionarán la ley de emergencia alimentaria la próxima semana

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Pocos minutos después de aprobarse por unanimidad (sólo hubo una abstención) el proyecto de Emergencia Alimentaria en la Cámara de Diputados, los protagonistas más poderosos del Senado empezaron a cruzar llamados para acelerar el tratamiento de una iniciativa que es clave para Mauricio Macri y la oposición peronista.

La sucesión de llamadas y chats dieron su resultado político: el próximo miércoles al mediodía habrá una sesión especial en la Cámara Alta para sancionar definitivamente al proyecto de Emergencia Alimentaria que tuvo un consenso inédito en Diputados.

Todos los bloques de la oposición y la bancada oficialista coincidieron en señalar ayer que la Emergencia Alimentaria debe salir cuantos antes para ·desactivar la tensión social” que crece de manera geométrica en los barrios más castigados del conurbano y el interior profundo. Cuando se sancione el proyecto en la Cámara Alta, se aumentará en un 50 por ciento los planes sociales alimentarios.

En esta línea, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo,  y el jefe de la bancada de senadores del PJ, Carlos Caserio, intercambiaron mensajes por WhatsApp  y conocieron en darle urgente tratamiento al proyecto de Emergencia Alimentara aprobado en Diputados.

De esta manera, el martes próximo habrá reuniones de bloques opositores y oficialistas por separado, que apuntan a diseñar una hoja de ruta que permita hacer el miércoles una sesión corta y urgente: cinco minutos por orador, quince discursos en total y una votación a libro cerrado que debería concluir a la hora del té.

La idea de los senadores es transmitir a los movimientos sociales, la Iglesia y a los gremios que habrá prórroga hasta el 2022 de la Emergencia Alimentaria, y que se cubrirán los requisitos nutricionales de niños hasta los 14 años, embarazadas, discapacitados y ancianos desde los 70 años en situación de pobreza.

Grupos piqueteros se movilizaron hasta el Congreso para exigir que se apruebe sin demoras la ley de Emergencia Alimentaria (Franco Fafasuli)

Grupos piqueteros se movilizaron hasta el Congreso para exigir que se apruebe sin demoras la ley de Emergencia Alimentaria (Franco Fafasuli)

Debate de los números

Sin embargo, sobre el monto del aumento destinado a la Emergencia Sanitaria hay una discusión de fondo que no fue saldada en Diputados.  Durante el debate en particular se especificó en el artículo 4 que el monto final de la ampliación de emergencia será en función al crédito vigente.

Esto significa que se trata de un aumento que surgirá de la reasignación de partidas que defina el jefe de Gabinete: unos $10.000 millones de pesos acorde al cálculo peronista;  8.000 millones de pesos según los números del oficialismo.

La confusión parte de que Cambiemos toma en cuenta los $12.000 millones presupuestados en este año para emergencia alimentaria, más un adicional de $6.000 millones que se dieron después de la devaluación. Así lo señalaron los diputados Mario Negri y Luciano Laspina.

En cambio, el jefe de la bancada de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, y el diputado kirchnerista Carlos Castagnetto, que fue viceministro de Desarrollo Social de Cristina Kirchner, entendieron que se tratará de un aumento de $10.000 millones.

Es que el kirchnerismo toma en cuenta el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso que menciona otras partidas aportadas por el Ministerio de Salud y el PAMI que implicaría otros $2.000 millones. Así, el 50% del aumento, sería de $10.000 millones y no de $8.000.

Los diputados Negri, Monzó y Lipovezky fueron los artífices de convencer al Gobierno de tratar el proyecto de la oposición (Adrian Escandar)

Los diputados Negri, Monzó y Lipovezky fueron los artífices de convencer al Gobierno de tratar el proyecto de la oposición (Adrian Escandar)

“Hay que evaluar que los créditos de emergencia alimentaria son de $20.000 millones con lo cual un aumento del 50% son $10.000 millones para ejecutar hasta fin de año”, explicó a Infobae el diputado Daniel Arroyo.

Es probable que en el Senado se de este mismo debate en el recinto. Pero tanto los legisladores del oficialismo como de la oposición de la Cámara alta no creen que haya margen para modificar la ley y reenviarla a Diputados. 

Es una iniciativa urgente que se trata de aprobar en un contexto económico social grave y complejo para los sectores más castigados del país.

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Patricia Bullrich: “Si pasan hambre, tienen los comedores”

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Para la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en la Argentina no hay personas que no puedan comer. Y no solo eso, sino que además sostuvo que si existiera gente que, efectivamente, no pudiera comer, “tiene comedores (comunitarios) y una cantidad de lugares adonde ir y no pasar hambre”.

“Yo diría que en la Argentina hay gente que está pasando necesidades, no llegaría a decir que hay gente que hoy está en una situación de no comer”, afirmó la funcionaria en un esfuerzo por encontrar eufemismos sobre la situación crítica que afecta al 35 por ciento de la población que vive debajo de la línea de pobreza producto de las políticas del gobierno de Mauricio Macri.

Durante una entrevista por Radio La Red, Bullrich esquivó tres veces la pregunta de que si en el país hay personas que pasan hambre. “Hay gente que pasa necesidades”, respondió cada vez. Y la única vez que lo admitió de soslayo, dijo que para eso hay una solución: “Si pasa hambre tiene comedores y una cantidad de lugares donde poder ir y no pasar hambre”.

Cada vez que a Bullrich se le pidió una posición respecto del hambre de un vasto sector de la población, dijo que el problema tenía una solución: “La enorme red de contención” social que hay en el país y que –aunque no lo aclaró- ni siquiera dependen del gobierno nacional sino de las organizaciones sociales.

La fundamentación de la ministra acerca de quien tenga hambre, vaya a los comedores, podría ser una suerte de remake del viejo apotegma que refiere que trabajo hay, lo que no hay son ganas de trabajar. Algo así como que hambre no hay, lo que no hay son ganas de comer.

Por si quedara alguna duda de su pensamiento, Bullrich hizo una concesión más pero para reforzar su teoría. Dijo que “pueden haber situaciones en que se llegue mejor y otra peor, pero a todos los lugares se llega”. Y además depositó la responsabilidad de la contención social a los intendentes y gobernadores que, según ella, son “los que deben saber cómo está su gente” y “obtener los recursos como para poder alimentar a familias que están pasando una situación de necesidad”.

Con toda esa insólita fundamentación, la ministra rechazó la necesidad de que el Congreso apruebe una ley de emergencia alimentaria con un argumento particular. Según ella, “ya existe una ley de emergencia alimentaria votada en 2016 por unanimidad, con lo cual el Poder Ejecutivo tiene capacidad de llevar adelante planes alimentarios y políticas de refuerzo”. Por eso, agregó, “volver a votar una ley votada tiene un objetivo político”.

En rigor, lo que ese año se votó por unanimidad es la ley de emergencia social, producto de un largo reclamo de las organizaciones sociales en tiempos en que el Gobierno mantenía diálogo con distintos sectores. Esa norma modificó las partidas presupuestarias para cooperativas y creó dispositivos estatales con participación de las organizaciones, una iniciativa que sigue durmiendo el sueño de los justos. Pero esa legislación no activa la movilidad de partidas para paliar la necesidad de alimentos en los sectores más vulnerables.

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Macri le pidió a los industriales “poner el hombro” y que paguen el bono a trabajadores privados

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El Presidente respondió a los reparos que el sector planteó ante la negociación que el Gobierno mantiene con la CGT por un plus salarial de $5 mil a los trabajadores.

El presidente Mauricio Macri aseguró este miércoles que confía en que “los industriales van a poner el hombro como lo están poniendo los argentinos” al ser consultado sobre los reparos que puso la industria para pagar el bono que propone el Gobierno para los trabajadores privados.

El jefe del Estado recorrió hoy un tramo de los más de 800 kilómetros de vías renovadas de la línea Belgrano Cargas, en la localidad santafecina de Oliveros, y visitó las obras del nuevo acceso ferroviario a los puertos de Timbúes.

Después de la recorrida, en diálogo con la prensa local, Macri consideró que “es un momento de poner el hombro”.

“Yo confío en que los industriales van a poner el hombro como lo están poniendo los argentinos”, siguió el Presidente, que recordó que desde abril del año pasado “ha sido muy duro para la familia argentina”, y nombró como factores fundamentales al fin del crédito internacional y la sequía que el país sufrió en 2018.

El vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) Daniel Funes de Rioja advirtió que el bono salarial de 5.000 pesos que el Gobierno analiza para trabajadores del sector privado “conspira contra la subsistencia de las empresas y del empleo”.

Funes de Rioja, presidente de la cámara alimenticia COPAL, alertó sobre la difícil situación de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas.

“Cuando el pequeño empresario no puede pagar elementos de consumo necesarios no tiene más alternativa” que el cierre o el despido de personal, dijo Funes de Rioja, quien mencionó como agravantes que “no hay acceso al crédito y las tasas (de interés) son inabordables”.

El empresario dijo que el bono salarial de 5.000 pesos que podría disponerse para los trabajadores privados “conspira contra la subsistencia de las empresas y del empleo”.

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