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Entre Rios

La Justicia falló contra el barrio náutico Amarras de Gualeguaychú

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El barrio empezó a construirse sobre los humedales del río Gualguaychú, no hicieron estudios de impacto ambiental y provocó inundaciones en zonas densamente pobladas.

La Justicia entrerriana ordenó la “demolición y desmantelamiento” del barrio náutico Amarras de Gualeguaychú, situado en la localidad de Pueblo Belgrano, por su “impacto negativo sobre el medio ambiente”, ya que las obras de elevación de la tierra que se hicieron para construirlo provocaron “la crecida del río e inundaciones”.

En el fallo, firmado por los vocales Claudia Mizawak, Juan Ramón Smaldone y Martín Carbonell, del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (Stjer), se ordenó además “dejar la zona en su estado anterior”. Esta sentencia está en la línea de lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), que en julio dejó sin efecto la anterior sentencia del Stjer en la que rechazaba la acción de amparo interpuesta por vecinos de Gualeguaychú que pedían el cese de las obras.

El caso, promovido por un grupo de vecinos afectados, tuvo por objeto inicial la prevención y cese del emprendimiento inmobiliario conocido como Amarras de Gualeguaychú, que comprende una fracción de terreno de 445 lotes, y un proyecto de construcción de 200 unidades departamentales y un hotel de 150 habitaciones, lindero al Parque Unzué, en la margen del río Gualeguaychú.

La empresa demandada, Altos de Unzué SA, emprendedor inmobiliario, antes de hacer los estudios de impacto ambiental, realizó trabajos de magnitud en el predio, como movimientos de suelo, constatados por la Secretaría de Ambiente de la Provincia. En este contexto, la Dirección de Hidráulica provincial difundió un informe técnico del cual surge que la construcción de este barrio náutico afecta los humedales del río (el valle de inundación). Posteriormente, Altos de Unzué SA presentó un estudio de impacto ambiental que indicaba la existencia de una reserva de pájaros. La ley provincial 9718 declara “área natural protegida a los humedales” del Departamento de Gualeguaychú. Al construir un megaemprendimiento como el Amarras, se produce un impacto permanente e irreversible.

La Municipalidad de Gualeguaychú había pedido, en junio, la “paralización y demolición” del barrio, ya que “las obras de elevación de la tierra habían provocado la crecida del río y obligado a la evacuación de más de 150 personas. La crecida repentina también generó que lugares emblemáticos, como el Parque Unzué, la costanera, caminos turísticos, clubes, playas, campos y barrios de la zona de la costanera y el puerto, quedaran bajo agua”. E insistió en que “Amarras era el único lugar no inundado de toda la zona” y que “el agua que los terrenos sobreelevados del barrio desplazaban ingresaba profundamente en el casco urbano, afectando zonas densamente pobladas”.

Los jueces entrerrianos señalaron que quedó “efectivamente patentizada la existencia de una alteración negativa del medio ambiente”, y por eso se solicitó la “recomposición del ambiente, volviendo las cosas a su estado anterior”. La decisión se basa en “la prevención del daño futuro y la recomposición de la polución ambiental ya causada”, y ordena además un “resarcimiento pecuniario por los daños irreversibles”.

La justicia le dio 180 días a la empresa Altos de Unzué SA, encargada de la construcción del barrio, para “desmantelar” la zona, e instruyó a la Secretaría Ambiental de Gualeguaychú para “controlar el cumplimiento de la sentencia”.

En declaraciones a medios locales, el abogado Juan Ignacio Weimberg, que participó activamente de la causa contra el megaemprendimiento inmobiliario, aseguró: “Es factible que la empresa presente quiebra y todas las personas que de buena fe confiaron en una firma que vendió espejitos de colores, gente que firmó boletos de compra-venta, terminarán frustradas en sus derechos. Lo más seguro es que quiebren, porque pagar no van a pagar”. Para sustentar sus dichos, recordó que el abogado de Altos de Unzué S.A., Daniel Garbino, había dicho hace un tiempo que “esta sentencia es el decreto de quiebra” de la empresa sancionada por la Justicia. “No tienen el capital para hacer frente al aluvión de demandas que se les viene, además de las costas legales y las tareas de desmantelamiento”, concluyó.

 

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Entre Rios

El Estado deberá indemnizar a una mujer por negarle un aborto

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El aborto es legal cuando fue violada o su vida corre peligro. La mujer de Entre Ríos tenía 36 años y sufría una patología cardíaca congénita.

La Justicia ordenó a las autoridades de la provincia de Entre Ríos a indemnizar a una mujer a la que se le negó un aborto legal en 2011. Teniendo en cuenta que en la Argentina el aborto es legal cuando una mujer embarazada fue violada o su salud corre peligro, los jueces consideraron que se le impidió acceder a un derecho básico.

La mujer, que en aquel entonces tenía 36 años, sufría una patología cardíaca congénita, que le ocasionaba un cuadro de deficiencia de oxígeno crónica. Su estado se agravó a partir de un embarazo en 2011. El 4 de agosto de ese año, en un ateneo interdisciplinario en Paraná se decidió interrumpir el embarazo. La mujer estuvo de acuerdo.

Una semana después, justo cuando se le estaba por realizar la intervención a la mujer Hospital San Martín, un médico que no trabajaba en ese hospital y que tenía una militancia pública en contra de los abortos legales, amenazó a sus colegas con denunciarlos si le hacían el aborto a la mujer. Ante las amenazas, la intervención se suspendió. La mujer debió continuar adelante con el embarazo.

Tres meses más tarde, en noviembre de 2011, la mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Posadas, en el conurbano bonaerense, donde le hicieron una cesárea en la que nació una beba. A la semana, sufrió un accidente cerebrovascular. La mujer, que todavía estaba internada, sufrió la parálisis de la parte izquierda del cuerpo.

La mujer pudo recuperar la movilidad con tratamientos de rehabilitación y demandó al Estado provincial y ahora la Sala II de la Cámara Segunda de Paraná confirmó un fallo de primera instancia que ordenaba una reparación económica por los daños sufridos: consideraron que el hecho de haberle impedido el aborto legal fue la causa de sus problemas de salud.

El juez confirmó la relación entre el ACV y el hecho de no haber interrumpido el embarazo. “Lo concreto y no controvertido es que el embarazo continuó y que la actora sufrió el ACV en el séptimo día post cesárea, y estando todavía internada. No lo sufrió antes de estar embarazada ni tampoco un año después del parto, sino, insisto, siete días después”, explicó en el fallo.

Además resaltó que el Estado le negó “su derecho humano fundamental como mujer a decidir no tener más embarazos por un medio anticonceptivo lícito”, ya que por la patología “no podía usar cualquier método anticonceptivo”, y antes de este embarazo no había podido acceder a realizarse una ligadura de trompas.

El tribunal confirmó la sentencia, argumentando que el Estado entrerriano impidió a la mujer “corregir su patología cardíaca de base y negarle la posibilidad de concretar la ligadura de trompas como medio anticonceptivo lícito sin justificación alguna”.

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Entre Rios

Violó una restricción del hogar, asesinó a su ex y se mató delante de sus hijos

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Ocurrió en Entre Ríos. El hombre forzó la puerta e ingresó a la vivienda donde estaban sus hijos y su ex mujer. Discutieron y la mató de un disparo.

Un hombre de 44 años irrumpió en la casa de la cual había sido desalojado por orden judicial y en presencia de sus hijos – una de ellas discapacitada – le disparó en el rostro a su ex pareja y luego se suicidó.

Ocurrió en la localidad concordiense de Puerto Yeruá, en la casa en la que vivía Mariela Silvana Esmau de 41 años, junto a su hija discapacitada de 24 años y su hijo de 13. Hasta ese lugar acudió el martes Carlos Teodoro Trinidad, que tenía una prohibición de acercamiento.


Según informó El Día, Trinidad llegó al domicilio ubicado en la zona sur de Puerto Yeruá, en cercanías a las calles Tratado del Pilar y Avenida Kirchner, poco después del mediodía. Forzó el ingreso a la vivienda y tras ello se originó una fuerte discusión con Esmau.

La discusión quedó en un segundo plano cuando el asesino sacó un revólver calibre 32 y le disparó dos veces a su ex pareja en el rostro, causándole la muerte inmediata. Luego se suicidó con un tiro en la boca.

De toda esta tragedia fueron testigos los dos hijos que la pareja tenía en común, pero fueron los vecinos de Esmau quienes se comunicaron con la policía para alertar que algo había ocurrido luego de escuchar las detonaciones del arma de fuego. Cuando los uniformados llegaron al lugar se encontraron con un panorama desolador.

Tras el crimen se confirmó que el Juzgado de Familia Nº1 de Concordia había dictado una orden de exclusión del hogar tras una denuncia que la víctima de esta historia había realizado por violencia familiar, a quien incluso se le había entregado un botón antipánico que no habría llegado a accionar.

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