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La Justicia Electoral alertó sobre el financiamiento narco en las campañas provinciales

El tribunal se reunió con los apoderados de los partidos nacionales y advirtió que para estas elecciones habrá mayores controles sobre los gastos de campaña.

La Cámara Nacional Electoral convocó a los representantes de los partidos políticos de alcance nacional con el objetivo de analizar todas las cuestiones vinculadas con el sistema operativo de las elecciones de este año y, en esa reunión, alertó sobre la necesidad de ajustar los controles en las provincias para detectar y sancionar el uso de fondos de origen ilícito, ya sea proveniente del lavado de activos o el narcotráfico para el financiamiento de las campañas.

Ya en 2014, la justicia electoral había reclamado a través de una acordada la necesidad de profundizar los lazos de cooperación entre las entidades estatales -nacionales y provinciales- para facilitar el intercambio de información “para prevenir, detectar y sancionar el uso de fondos de origen ilícito, provenientes del lavado de activos, el narcotráfico u otras fuentes ilegales de financiamiento”.

En estas elecciones, la preocupación está centrada en que varias provincias desdoblaron sus elecciones y en muchas de ellas no hay una legislación vigente para el control y fiscalización de las campañas. En concreto cada distrito debería controlar el origen de los fondos de financiamiento político, “pero no hay rendición de cuentas provinciales”.

Por eso, la Cámara Nacional Electoral avisó a los partidos en el marco de la reunión del Consejo Consultivo que se realizó este martes que no se va a quedar con lo que pongan en el balance sino que “van a tener que acreditar los gastos”.

Una importante fuente de la justicia electoral le señaló a Clarín que es habitual en cada elección que haya una importante cantidad de balances de los partidos nacionales que son desaprobados porque no se acreditaron el origen de los aportes, pero admitió que existen dificultades para poder acreditar el origen de esos fondos que son cuestionados y se terminan aplicando solo sanciones a los partidos políticos.

El caso más emblemático fue el de la campaña K de 2007, que según un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) de 2016 se detectaron vínculos financieros entre la mafia de los medicamentos, mexicanos involucrados en la ruta de la efedrina y droguerías que aportaron a la fórmula Cristina Kirchner-Julio Cobos.

En la acordada de 2014, la justicia ya había apuntado que existen “distintas modalidades de financiamiento ilegal” de las campañas electorales, ya sea a través del fraccionamiento de recursos simulando donaciones de varias personas; o el uso de cuentas paralelas que no figuran en los registros contables de la campaña y cuyo titular no es la agrupación política respectiva. También se plantea la malversación de recursos de la campaña; el reemplazo de aportes lícitos por otros de ilícita procedencia; así como la financiación con dineros provenientes del extranjero y de origen criminal.

La cuestión de fondo es que en el caso de los partidos nacionales suelen incluir los gastos de las elecciones provinciales en las mismas cuentas, lo que dificulta a la Justicia electoral porque está fuera de su órbita el origen de ese gasto. Por eso, desde la CNE reclamaron a los apoderados de los partidos que haya más control sobre los ingresos para que no haya fondos de origen ilícito en la campaña.

Según explicaron a este diario, tanto el financiamiento de los narcos o del crimen organizado suele concentrarse en las elecciones provinciales o comunales porque “muchas veces se infiltran más fácilmente en los cargos locales por un control del territorio”.

Para la justicia electoral debería haber una legislación que defina un sistema integral que permita controlar tantos los gastos de las campañas nacionales como provinciales y locales. “Este tipo de maniobras (uso de fondos ilícitos) son bastante sofisticadas y complejas por lo que sería necesario que tanto las provincias como la nación hagan controles semejantes pero no se hacen”, indicó un especialista.

Los debates presidenciales ya tienen fecha

Durante la reunión que la Cámara Nacional Electoral mantuvo con los apoderados de los partidos políticos para considerar cuestiones operativas, logísticas y organizativas del proceso electoral 2023 y medidas destinadas a optimizar la transparencia de los comicios también se definieron las fechas de los debates de candidatos presidenciales.

En este encuentro se acordó que los domingos 1 y 8 de octubre para los debates presidenciales y, ante la posibilidad de una eventual segunda vuelta, un tercer debate el 12 de noviembre.

También se informó sobre las distintas tecnologías a utilizar, como es el caso de las pruebas piloto de Biometría y el control fronterizo.

Con respecto al proceso electoral, se informaron las fechas del cierre del padrón provisorio que será el próximo 25 de abril, aspectos legales y patrimoniales de las campañas electorales y promoción de figuras públicas.

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