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Justicia

La justicia cerró una de las causas que presentó Stornelli contra Ramos Padilla

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La denuncia buscaba desviar la investigación por el espionaje ilegal que se desarrolla en Dolores, en la que está declarado rebelde, y se basaba en un anónimo más que burdo y nada convincente.

El juez federal Luis Rodríguez ordenó archivar una de las causas con las que el fiscal Carlos Stornelli intentó voltear la investigación por espionaje ilegal que tramita en Dolores, en la que él está declarado rebelde. La causa se basaba en un supuesto anónimo recibido en su despacho que hablaba de una supuesta “conspiración” en su contra de presos kirchneristas por la causa de las fotocopias de los cuadernos. “No se ha logrado conformar un estado probatorio que permita acreditar siquiera mínimamente los extremos contenidos en el anónimo”, dice la resolución de Rodríguez en función de un dictamen del fiscal Jorge Di Lello. Inmediatamente después de que se abriera esta causa, Elisa Carrió se presentó con un planteo similar con transcripciones de escuchas de conversaciones telefónicas de personas detenidas en el penal de Ezeiza, entre ellas ex funcionarios y empresarios. Le tocó a Claudio Bonadio, que se quedó con ese expediente mellizo del de su colega, que instruyó en paralelo. Algunos de los protagonistas de esas cuestionadas escuchas –como el ex embajador Eduardo Valdés– que dieron lugar al caso conocido como “operativo puf” pedirán también el cierre de esta pesquisa invocando la resolución de Rodríguez.

Stornelli se había presentado diciendo que le habían tirado un anónimo por debajo de la puerta el 8 de febrero último. El texto, que fue revelado por Página/12, era burdo. Tenía el sello de las viejas operaciones de inteligencia o policiales, armado desde el propio aparato estatal. Hablaba de una “conspiración”. “Están los K detenidos por su causa y alguno que ayuda desde afuera”, “se está armando algo entre mediático y judicial contra usted y contra Bonadio para desprestigiarlos, sacarles la causa de los cuadernos y pueden hacerles una o varias causas penales, y echarlos o meterlos presos o algo peor…”. “Soy alguien que admira su trabajo, desde que fue ministro en la provincia de Buenos Aires”, se presentaba el/la supuesto autor/a del anónimo.

En su dictamen el fiscal Di Lello repasó la etimología de la palabra “conspiración” y mostró que no tenía relación con los “supuestos delictivos” que intentaba mostrar el anónimo, ya que aludiría a figuras como la “traición a la patria”. Con ironía, analizó “operativo puf”: “la palabra operativo es un adjetivo que deriva del latín operatus y alude a ‘lo que obra o hace efecto’ mientras que ‘puf’ es una interjección con que ´se denota molestia o repugnancias causada por molos olores o cosas nauseabundas…”. Lo que quería decir, luego de citar a testimonial varias personas, entre ellas a las dirigentes denunciantes ante Bonadio a las que luego se sumó Carrió (Mariana Zuvic y Paula Oliveto) es que “los elementos arrimados hasta el momento al presente sumario no resultan suficientes para avanzar en forma razonable en la pesquisa”. Tampoco encontró relación entre la supuesta conspiración u operativo con un intento de apartar a Bonadio o Stornelli, dijo, que se haría por la vía de una “recusación”.

A Di Lello y al juez Rodríguez les pareció que no había razones para seguir llevando adelante una investigación penal. “Habiéndose llevado a cabo las diligencias probatoria” y “no habiéndose reunido a partir del resultado de las mismas elementos de juicio que resulten suficientes como para formular imputaciones por accionar delictivo sobre persona alguna, no siendo posible pese a ello –por el momento – descartar que haya podido existir alguna conducta ilegal, hasta tanto se agreguen en autos nuevos elementos que ameriten razonablemente variar el criterio aquí propiciado y proseguir la investigación sumarial, el representante del ministerio publico solicitó a esta sede que se proceda al archivo”, señaló el juez en su resolución.

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Justicia

La Justicia investiga si Macri propició la disparada del dólar tras las PASO

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La fiscal federal Paloma Ochoa impulsó la apertura de una causa penal para determinar si el gobierno de Mauricio Macri propició la disparada del dólar y la consiguiente devaluación después de las PASO, como consecuencia del resultado adverso en esas elecciones, tras lo cual el Presidente responsabilizó a los votantes y al Frente de Todos por la situación económico-financiera. Uno de los ejes de la investigación apunta a establecer si la falta de intervención del Banco Central (BCRA) en el mercado cambiario obedeció a una orden del Poder Ejecutivo, en cuyo caso podría haber una violación a la carta orgánica. Ochoa sugirió al juez Rodolfo Canicoba Corral, además, que pida información a la entidad respecto de las variaciones de sus políticas cambiarias. Lo mismo sobre el acuerdo con el FMI, que preveía para ese entonces una autorización para intervenir con 250 millones de dólares por día (cuando el dólar superara la cotización de 51,45 pesos), lo que tampoco se hizo. El dictamen no imputa a ningún funcionario en particular, pero deja claro que están en el radar el propio Macri, el titular del BCRA, Guido Sandleris, y el entonces titular de Economía, Nicolás Dujovne.

La denuncia en la que se basa la fiscal fue presentada por Fernando Míguez, de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, en una presentación que señalaba que el 12 de agosto, día posterior a las elecciones Primarias, Abiertas y Obligatorias, se produjo “una suba indefinida del dólar” frente a la cual el BCRA se comportó de modo “anormal, extraño e inusual” por no intervenir en el mercado de cambios al dejar “que la divisa subiera hasta un techo insospechado”. “El BCRA estaba corrido de la mesa de operaciones con total claridad y el tipo de cambio tuvo una suba abrupta”, decía la denuncia, que explicaba que como consecuencia se generó “una fuerte degradación de la moneda nacional que se trasladó a precios y afectó el valor de los bonos del Estado”. Durante aquella jornada, el dólar saltó 11 pesos y terminó cerrando en 57,30. En el ínterin, los principales bancos y casas de cambio llegaron a venderlo a 66 pesos. Uno de los resultados visibles fue el estado de pánico financiero generalizado y con especial impacto en el mundo empresario. Y Macri dijo: “Hoy ante el resultado favorable para el kirchnerismo, el dólar volvió a subir. El problema que tenemos es que la alternativa no tiene credibilidad. El kirchnerismo debería hacer autocrítica”.

El dictamen de la fiscal Ochoa, al que accedió PáginaI12, propone citar a declarar como testigo al ex titular del BCRA Martín Redrado, ya que en un entrevista sostuvo: “El Presidente dijo que el dólar se vaya a dónde se tenga que ir y que los argentinos aprendan a votar (…) El BCRA estuvo mirando desde la tribuna lo que pasaba en el mercado en lugar de estar interviniendo. Mis colegas recibieron la instrucción de que se corrieran del mercado”. Redrado dijo, según reseñaron los medios, que Macri había ordenado no frenar el aumento del dólar. “Si hubo una orden del PEN –sostuvo Redrado–, si hubo una instrucción directa del presidente Mauricio Macri, debemos recordar que la Carta Orgánica lo prohíbe expresamente, más aún prohíbe recibir una instrucción para no defender el valor de la moneda argentina.”

El denunciante, como refleja el dictamen, había señalado precisamente lo que establece la Carta Orgánica del Central: “En el ejercicio de sus funciones y facultades, el banco no estará sujeto a órdenes, indicación o instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional, ni podrá asumir obligaciones de cualquier naturaleza que impliquen condicionarlas, restringirlas o delegarlas sin autorización expresa del Honorable Congreso de la Nación”. “Macri el día lunes posterior a la PASO empleó como correctivo la jornada financiera de los mercados cambiarios y con negligencia e irresponsabilidad dio la orden de no intervenir en el mercado al BCRA”, sostuvo Miguez. También incluyó que el viernes 9 de agosto “se produjo una manipulación del mercado con un objetivo electoral, propiciada por el Presidente de la Nación, que consistió en alzar artificialmente el precio de los papeles y las acciones que cotizan en bolsa y que la Comisión Nacional de Valores tendría que haber investigado”.

La fiscal Ochoa se apoya en todo lo señalado por la denuncia y pide información al Banco Central, otra vinculada al acuerdo con el FMI y las cartas de intención, además del audio de Redrado y su declaración, entre otras cosas. La discusión que, es cantado, va a sobrevolar este caso es si se trató de decisiones de política económica y de gobierno o si podría haber delitos como, además del quebrantamiento de la carta del BCRA, incumplimiento de los deberes de funcionario público y/o abuso de autoridad.

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Justicia

Imputaron a Dietrich e Iguacel por presunta ampliación ilegal de peajes

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El ministro de Transporte y el ex titular de Vialidad Nacional son investigados por extensión irregular de concesiones que vencieron en 2017.

El fiscal Eduardo Taiano imputó al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y al ex titular de Vialidad Nacional Javier Iguacel por la ampliación irregular de los contratos de concesión de rutas nacionales.

Fue a partir de una denuncia del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines, según informó el diario Página 12. El dictamen de la fiscalía afirma que el Estado habilitó a varias empresas -entre las que está Iecsa, propiedad del primo de Macri- a seguir cobrando peajes y certificados de obra por 30 mil millones de pesos, a pesar de que los contratos habían vencido.

El juez que deberá resolver sobre el caso es Sebastián Casanello. Se los imputa por negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, mal desempeño y falsedad ideológica.

Los contratos de los corredores viales habían sido firmados en 2010 y vencían el 21 de abril de 2016, con la posibilidad de prorrogarse sólo por 12 meses más, osea el 21 de abril de 2017. En ese momento debió haberse llamado a una nueva licitación.

Iguacel emitió una resolución para extender los plazos, omitiendo el decreto 1288 de 2016 que ordenaba que esos corredores debían volver a licitarse.

La hipótesis de los denunciantes es que los funcionarios buscaron “beneficiar a un grupo pequeño, pero de influyentes empresas constructoras, en perjuicio del Estado Nacional”.

El texto dice que por quince meses, “las concesionarias continuaron de forma ilegítima e ilegal cobrando peaje y como frutilla del postre fueron favorecidas con el aumento constante de las tarifas”.

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Justicia

La Justicia dispuso la intervención de Correo Argentino y envió el concurso a la Corte

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La Cámara de Apelaciones en lo Comercial ordenó la elevación del expediente del concurso a la Corte Suprema por razones de “gravedad institucional”

La Cámara de Apelaciones en los Comercial remitió este miércoles el expediente de la causa por el concurso de Correo Argentino SA a la Corte Suprema y dispuso la intervención de la empresa con la que la familia del presidente Mauricio Macri manejó el correo tras su privatización durante la década del ’90 y hasta su estatización en el gobierno de Néstor Kirchner.

Se trata de la causa comercial que involucra a la familia Macri y que va en paralelo a la causa penal que se abrió tras el intento del gobierno de Cambiemos de condonar una deuda calculada en más de 70 mil millones de pesos a la familia presidencial.

La Sala B de la Cámara de Apelaciones resolvió remitir el expediente al máximo tribunal por razones de “gravedad institucional”, que no tiene plazo para resolver si acepta o no tomar a su cargo en esta instancia la causa. Si finalmente la Corte resuelve rechazar el plantero el expediente volverpa al fuero Comercial para que continúe el proceso judicial que comenzó en 2001.

El fallo llega luego de que la Cámara hiciera lugar al pedido del procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, quien reclamó más tiempo para definir si el Estado debe aceptar o rechazar la propuesta que presentó el Grupo Socma para cerrar el concurso dadas sus potenciales “graves consecuencias”.

La Cámara resolvió la intervención y el envío del expediente a la Corte en simultáneo con la decisión de la jueza del mismo fuero Comercial, Marta Cirulli, quien dispuso designar a un coadministrador del Correo Argentino SA ante un “reprochable ocultamiento de un pasivo postconcursal impensable”.

Cirulli designó al coadministrador, que deberá presentar informes cada 30 días, ante lo que calificó como “renuencia informativa” de los responsables de la empresa.

Mientras tanto, en el fuero penal, el juez Ariel Lijo ordenó días atrás un informe técnico a peritos de la Corte para determinar si la quita de la deuda fue abusiva como lo sostuvo la fiscal Gabriela Boquin.

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