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Justicia

La justicia cerró una de las causas que presentó Stornelli contra Ramos Padilla

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La denuncia buscaba desviar la investigación por el espionaje ilegal que se desarrolla en Dolores, en la que está declarado rebelde, y se basaba en un anónimo más que burdo y nada convincente.

El juez federal Luis Rodríguez ordenó archivar una de las causas con las que el fiscal Carlos Stornelli intentó voltear la investigación por espionaje ilegal que tramita en Dolores, en la que él está declarado rebelde. La causa se basaba en un supuesto anónimo recibido en su despacho que hablaba de una supuesta “conspiración” en su contra de presos kirchneristas por la causa de las fotocopias de los cuadernos. “No se ha logrado conformar un estado probatorio que permita acreditar siquiera mínimamente los extremos contenidos en el anónimo”, dice la resolución de Rodríguez en función de un dictamen del fiscal Jorge Di Lello. Inmediatamente después de que se abriera esta causa, Elisa Carrió se presentó con un planteo similar con transcripciones de escuchas de conversaciones telefónicas de personas detenidas en el penal de Ezeiza, entre ellas ex funcionarios y empresarios. Le tocó a Claudio Bonadio, que se quedó con ese expediente mellizo del de su colega, que instruyó en paralelo. Algunos de los protagonistas de esas cuestionadas escuchas –como el ex embajador Eduardo Valdés– que dieron lugar al caso conocido como “operativo puf” pedirán también el cierre de esta pesquisa invocando la resolución de Rodríguez.

Stornelli se había presentado diciendo que le habían tirado un anónimo por debajo de la puerta el 8 de febrero último. El texto, que fue revelado por Página/12, era burdo. Tenía el sello de las viejas operaciones de inteligencia o policiales, armado desde el propio aparato estatal. Hablaba de una “conspiración”. “Están los K detenidos por su causa y alguno que ayuda desde afuera”, “se está armando algo entre mediático y judicial contra usted y contra Bonadio para desprestigiarlos, sacarles la causa de los cuadernos y pueden hacerles una o varias causas penales, y echarlos o meterlos presos o algo peor…”. “Soy alguien que admira su trabajo, desde que fue ministro en la provincia de Buenos Aires”, se presentaba el/la supuesto autor/a del anónimo.

En su dictamen el fiscal Di Lello repasó la etimología de la palabra “conspiración” y mostró que no tenía relación con los “supuestos delictivos” que intentaba mostrar el anónimo, ya que aludiría a figuras como la “traición a la patria”. Con ironía, analizó “operativo puf”: “la palabra operativo es un adjetivo que deriva del latín operatus y alude a ‘lo que obra o hace efecto’ mientras que ‘puf’ es una interjección con que ´se denota molestia o repugnancias causada por molos olores o cosas nauseabundas…”. Lo que quería decir, luego de citar a testimonial varias personas, entre ellas a las dirigentes denunciantes ante Bonadio a las que luego se sumó Carrió (Mariana Zuvic y Paula Oliveto) es que “los elementos arrimados hasta el momento al presente sumario no resultan suficientes para avanzar en forma razonable en la pesquisa”. Tampoco encontró relación entre la supuesta conspiración u operativo con un intento de apartar a Bonadio o Stornelli, dijo, que se haría por la vía de una “recusación”.

A Di Lello y al juez Rodríguez les pareció que no había razones para seguir llevando adelante una investigación penal. “Habiéndose llevado a cabo las diligencias probatoria” y “no habiéndose reunido a partir del resultado de las mismas elementos de juicio que resulten suficientes como para formular imputaciones por accionar delictivo sobre persona alguna, no siendo posible pese a ello –por el momento – descartar que haya podido existir alguna conducta ilegal, hasta tanto se agreguen en autos nuevos elementos que ameriten razonablemente variar el criterio aquí propiciado y proseguir la investigación sumarial, el representante del ministerio publico solicitó a esta sede que se proceda al archivo”, señaló el juez en su resolución.

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Justicia

Elevan a juicio el expediente por la compra de Gas Natural Licuado

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En un inicio, el caso abarcaba a 25 imputados, incluida Cristina Fernández de Kirchner, y señalaba una defraudación de 6900 millones de dólares. Pero se derrumbó por múltiples irregularidades, desde la actuación de un perito que plagió su informe hasta la declaración de Marcelo D’Alessio. Terminó incluyendo a cinco acusados, sin CFK, y apuntando a un supuesto fraude de 124 millones.

La elevación a juicio de la causa por la compra de Gas Natural Licuado (GNL) es una pintura de las andanzas de la coalición judicial–política–mediática con sede en Comodoro Py y alineada con Cambiemos. Al principio de la causa hubo 25 imputados. En la elevación terminan acusados cinco. La acusación tenía el objetivo principal de apuntar a Cristina Fernández de Kirchner, pero eso se cayó a pedazos, o sea que ella no va a juicio en esta causa. En la imputación original, fogoneada por el perito trucho David Cohen y el abogado trucho Marcelo D’Alessio, se habló de una defraudación de 6900 millones de dólares, pero ahora esa cifra bajó a 124 millones, cifra 55 veces menor que la original, lo que demuestra la manipulación. También se imputa por supuestas maniobras en el puerto, pero no se sabe la cifra ni cuál fue la mecánica ni quién hizo las maniobras. El juez Claudio Bonadio argumenta que no usó a Cohen y a D’Alessio para elevar la causa a juicio, pero lo único que hizo fue no nombrarlos: la acusación es la misma, usando lo que el perito y el falso abogado dijeron, aunque como quedaron evidenciadas las falsedades, las imputaciones terminaron reducidas a la mínima expresión.

Elevación

El expediente ya está en el Tribunal Oral Federal número 7 que tendrá que hacerse cargo de una causa en la que no hay peritajes, porque se cayeron por truchos, y tampoco hay testigos de peso, porque D’Alessio es impresentable. En la causa del GNL, el falso abogado fue llevado a declarar por el periodista Daniel Santoro cuando el expediente se había caído por el falso peritaje.

Por supuesto que D’Alessio declaró como abogado, o sea ya falseó su testimonio desde el primer minuto. Y, además, entregó cuatro carpetas que –según él– recibió de manera anónima. El contenido de esas cuatro carpetas ya estaba detallado en la computadora que le secuestró el juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, o sea que también ese material nació de forma fraudulenta: lo escribió e imprimió el propio D’Alessio, quien obviamente mintió diciendo que el origen era desconocido.

Orígenes

La causa del GNL empezó en 2014 a raíz de una denuncia de Laura Alonso, Patricia Bullrich y Federico Pinedo. Los dirigentes del PRO simplemente dieron cuenta de una sospecha: que podría haber sobreprecios en las compras del gas, que empezaron en 2008, y que fueron necesarias a raíz del crecimiento de la economía y varias oleadas de frío.

El dúo del fiscal Carlos Stornelli y el juez Bonadio no se anduvo con chiquitas y fijó la defraudación en 6900 millones de dólares, una cifra tan descomunal que hasta el propio ministro macrista Juan José Aranguren sostuvo que era un delirio. El gas se compraba a las más grandes empresas del mundo British Petroleum; Gas Natural Fenosa, Shell, Stanley & Poors, Repsol y otras. Del lado argentino, fueron procesadas 25 personas. En cambio, ninguno del lado de los vendedores: se supone que si hubo sobreprecios debía haber complicidades de los dos lados del mostrador.

Lo cierto es que el peritaje realizado por David Cohen se cayó a pedazos. El juez tomó su trabajo y descartó los estudios de otros peritos, pese a que se demostró que lo hecho por Cohen fue copiado de estudiantes chilenos y no tenía el menor rigor científico. Falsificó siglas de centros de estudios inexistentes y puso como parámetro de costos un índice norteamericano –el Henry Hub– que en todas las instancias fue demolido por los expertos porque no sirve para comparar con los precios de gas trasladado en barcos. El perito ya afronta un juicio oral por falso testimonio agravado.

La cuestión es todavía más seria: en un entrecruzamiento de llamadas presentado por el ex funcionario de Infraestructura Roberto Baratta, se advierte que Cohen hablaba por teléfono con grandes estudios de abogados ligados al PRO, funcionarios de Cambiemos, abogados que trabajaban para la Agencia Federal de Inteligencia; el Ministerio de Seguridad, el de Justicia. La impresión es que estaba complotado con toda la trama judicial–política–mediática que respondía a la Casa Rosada.

Caído el peritaje de Cohen, la Cámara Federal anuló los procesamientos y les dijo al fiscal y el juez que debían demostrar sobreprecios con un nuevo estudio. La causa se elevó ahora a juicio sin que se haga el estudio ordenado por los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia. Es más, el magistrado estima un sobreprecio, ya no de 6900 millones sino de 124 millones de dólares, otra vez sobre la base del Henry Hub, que los propios camaristas destrozaron.

O sea, el juez dice que sacó a Cohen de la causa, pero lo dejó tácitamente.

Rescate

Cuando la causa se hundía irremediablemente por el fraude del perito, a fines de 2018, el periodista Daniel Santoro presentó a D’Alessio, tal como lo reveló el fiscal Stornelli.

El 5 y el 12 de noviembre de 2018, D’Alessio declaró en la causa ante Stornelli, sin que el fiscal tuviera delegada la investigación: dijo ser abogado, entregó documentación robada de Enarsa, empresa en la que dijo que se había infiltrado y entregó cuatro carpetas que, según él, recibió de manera anónima en su estudio. La declaración de D’Alessio estuvo escondida: recién se incorporó al expediente en febrero cuando ya había estallado el escándalo en la causa de Dolores. Ramos Padilla desarmó toda la patraña basándose en lo que encontró en la computadora de D’Alessio, secuestrada durante el allanamiento a su vivienda.

¿Qué decía D’Alessio? Que en realidad hubo una defraudación con los seguros de los barcos y que Cristina Fernández de Kirchner llamó personalmente a Enarsa para interiorizarse de la cuestión. La mentira no se sostuvo: los camaristas Bruglia y Bertuzzi sacaron a CFK de la causa porque no se podía basar esa acusación en los dichos del oportuno D’Alessio.

Pero el falso abogado también mencionó defraudaciones en materia de gastos portuarios y por la intermediación del estudio de los hermanos Dromi. La Cámara ordenó entonces que se estudiara la cuestión, que se profundizara la investigación sobre una posible defraudación. El magistrado ignoró la orden y elevó el expediente a juicio mencionando una generalidad: que hubo facturaciones de hasta 700 mil dólares en cada barco, pero sin precisar si hubo maniobras o no, ni de cuánto podría ser el perjuicio. En una palabra dijo: “que se ocupe el Tribunal Oral”.

Como se ve, el juez dice que no usó a D’Alessio pero lo único que evitó fue nombrarlo. Mantuvo las acusaciones formuladas por el falso abogado, pese a que la Cámara ordenó la anulación de aquella declaración auspiciada por Santoro y concretada ante Stornelli.

Juicio

El TOF 7 recibe entonces el expediente sin que se hubieran hecho ni los peritajes ni los estudios que reclamaba la Cámara Federal. Pero, además, el magistrado dijo que no podía probar sobreprecios entre 2008 y 2011 porque no consiguió que le entregaran la documentación necesaria, que había pasado por la Auditoría General de la Nación. La Cámara le ordenó conseguir ese material. El juez tampoco lo hizo.

O sea que se pretende llegar a un juicio oral sin peritajes, sin la descripción ni datos reales sobre los supuestos delitos, sin la documentación pedida por los camaristas, con un testigo (D’Alessio) que está preso y con un perito (Cohen) procesado y camino a juicio.

Nada de eso importó. Es una causa que fue clave para la ofensiva política de Cambiemos: se usó para meter presos a Julio De Vido y Roberto Baratta; para acusar a CFK y dictarle otra prisión preventiva y luego, de manera grotesca, armaron sobre el expediente del GNL el de las fotocopias de los cuadernos, argumentando que eran los mismos acusados y la misma asociación ilícita.

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Justicia

Sergio Varisco fue condenado por narcotráfico a 6 años y medio de prisión

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El exintendente de Paraná Sergio Varisco fue condenado a 6 años y medio de prisión. Estaba acusado de narcotráfico junto a otras 32 personas de narcotráfico. El veredicto se dio a conocer esta tarde en los tribunales de la capital entrerriana.

Los jueces que dictaron la sentencia contra Varisco son Lilia Carnero, Noemí Berros y Roberto López Arango. El viernes pasado, durante las “últimas palabras” de los imputados, Varisco había afirmado ser víctima de una “campaña política”. También negó haber financiado operaciones narcos desde el municipio.

En ese contexto, el exintendente de Cambiemos dijo en los últimos dos años sufrió “un calvario, estigmatizado como narco” y fue agredido, pero aseguró que desde los ’80 sólo se dedicó a la política y no tiene auto, casa, ni cuenta bancaria.

En relación con su vínculo con el sindicado narcotraficante Daniel Celis, también acusado en el juicui, dijo que sólo tuvo una “relación política” vinculada a la incorporación de personal al municipio.

Sobre el exintendente pesaba un pedido de pena de 10 años de prisión formulado por el fiscal José Candioti, quien lo consideró coautor de “financiamiento de actividades de comercio de estupefacientes” junto a otros dos funcionarios municipales, el ex concejal Pablo Hernández y la ex secretaria de Seguridad local Griselda Bordeira, para quienes solicitó 9 años de cárcel.

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Justicia

Envían a Cristina Kirchner a juicio oral por la cartelización y coimas en la obra pública

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El juez Bonadio finalizó la instrucción de este expediente, vinculado a los cuadernos de las coimas. Junto a la vicepresidenta, serán enjuiciados De Vido, López y medio centenar de empresarios.

La vicepresidenta Cristina Kirchner irá a juicio oral junto a Julio De Vido, José López y más de medio centenar de empresarios, entre ellos Carlos Wagner, Ángelo Calcaterra, Gerardo Ferreyra y Juan Chediack, por la cartelización en la obra pública y el circuito de sobornos que según la justicia funcionó alrededor de esos contratos. Se trata de la décima causa que la ex mandataria, tiene elevada a juicio oral. 

Con el expediente principal del caso cuadernos elevado a juicio oral, Bonadio dio por clausurada la instrucción del tramo que investigó el circuito de sobornos que vinculados a la Cámara de la Construcción.

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