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La falta de una ley antiterrorista integral dilata la investigación del ataque a la AMIA que ya lleva 26 años

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Dirigentes de la comunidad judía, legisladores, especialistas en derecho internacional y expertos en lavado de activos analizan las herramientas legales que surgieron en estos años y las que aún faltan para avanzar en la causa

A 26 años del atentado a la AMIA la extensa investigación judicial que se abrió en la Argentina sufrió idas y vueltas, profundos estancamientos y escándalos. Pero también hubo a lo largo de estos años una acumulación de herramientas legales que aportaron a la causa y otras que aún están a mitad de camino para que se avance de una vez en la acusación a los responsables del ataque terrorista que le costó la vida a 85 personas en 1994.

La incorporación de la agrupación libanesa Hezbollah en el Registro de grupos terroristas, la creación de la figura del arrepentido, una mayor persecución de los movimientos financieros de grupos extremistas o la aparición del agente encubierto formaron parte de algunas herramientas que ayudaron a profundizar la investigación judicial por la causa AMIA. Pero aún quedan pendientes otras herramientas legales tantas que encuentran resistencia política o jurídica en el país.

Ariel Eichbaum, presidente de AMIA y Miguel Bronfman, abogado de la entidad judía, coinciden en señalar que desde el atentado de 1994 hasta ahora hubo “parches legales” en la Argentina. Lo atribuyen a un tema que va al fondo de la cuestión: la ausencia de una ley antiterrorista completa y extensa como tienen muchos países avanzados para investigar a los grupos extremistas.

¿Por qué en la Argentina no hay una ley antiterrorista a 26 años del ataque a la AMIA?, preguntó Infobae a Bronfman.

“Hace muchos años que desde la AMIA reclamamos una ley antiterrorista integral pero aun hay resistencias a dar ese debate, temor a que se pueda incurrir en falta de libertades o porque quizás sea más cómodo seguir con un Código Penal que está lleno de parches”, respondió el abogado de AMIA.

En ese largo listado de “parches legales” que se dieron hubo salvedades que hicieron posible algunos avances judiciales: la figura del arrepentido en el proceso, el agente encubierto por causas de terrorismo o narcotráfico y el testigo de identidad reservada, enumeraron Bronfman y Eichbaum. Pero ambos coinciden en que todas estas figuras son “parches aislados” y que la Argentina se debe aun el debate por una ley antiterrorista moderna y eficaz.

Otro de los cuestionamientos que se hacen desde la AMIA es que los pedidos de alertas rojas de Interpol a los cinco iraníes acusados de perpetrar el atentado están vigentes pero por “trabas burocráticas” nunca se aplicaron de manera efectiva.

“Parece ser que la agenda diplomática debería estar más activa y ágil para poner en marcha los mecanismos de detención inmediata de alguno de los acusados”, explicó Eichbaum.

El resultado de estas trabas burocráticas de la diplomacia argentina o extranjera están a la vista: durante los últimos 26 años en varias oportunidades salieron de Teherán varios de los funcionarios iraníes acusados por el ataque terrorista a visitas oficiales en Bolivia, Rusia, Venezuela, Azerbaiyán, Malasia o Líbano pero nunca se los pudo capturar.

Por ejemplo, los funcionarios iraníes Ali Akbar Velayati y Ahmad Vahidi están acusados por la justicia de ser los cerebros del atentado terrorista a la AMIA y en más de una oportunidad salieron al exterior sin ser capturados a pesar de tener alertas rojas de Interpol. “Siempre llegamos tarde. Esto debería cambiar y corregirse”, señaló resignado el presidente de AMIA.

El polémico memorándum con Irán que impulsó el gobierno de Cristina Kirchner también fue eje de disputas y duros cuestionamientos. Luego de un largo derrotero jurídico y político esa herramienta legal que en el kirchnerismo creían la “tabla de salvación” para enjuiciar a los iraníes acusados del atentado, se desactivó por declararse inconstitucional en la Justicia.

“Aún no sabemos cuál era el objeto político que perseguía en el fondo ese memorándum. Pero lo importante es que caducó”, recordó Bronfman.

Registro de grupos terroristas

Durante los últimos meses de mandato de Mauricio Macri se incorporó al Registro de grupos terroristas que tiene la Argentina a la agrupación libanesa Hezbollah y esto permitió avanzar con el congelamiento de activos de ese grupo que tuvo conexiones directas con el atentado a la AMIA, según consta en la investigación judicial.

De esta manera, a la lista de agrupaciones terroristas que sugiere Naciones Unidas para perseguir a nivel mundial la Argentina agregó a Hezbollah. Con la llegada de Alberto Fernández al poder había dudas respecto de la continuidad de ese registro pero finalmente el Presidente optó por mantener a Hezbollah en el listado de grupos terroristas y esto fue bien recibido tanto en la comunidad judía de la Argentina como en Israel y Estados Unidos.

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El ex presidente de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) durante la gestión de Macri, Mariano Federici, explicó a Infobae que “las herramientas legales que hay ahora en la Argentina están relativamente bien”. Pero hizo una salvedad: “Lo que no está claro es la voluntad política”.

“Después de varios errores en el pasado, como la ley que promovió a fines de la década pasada tipificando como delito de terrorismo solo aquel que cometiera una organización y dejando por fuera al terrorista aislado, o lobo solitario, la cosa hoy está bastante subsanada y la ley capta todo lo esencial”, dijo Federici.

El ex titular de la UIF cree que actualmente habría que modificar los siguientes puntos de la legislación argentina para avanzar contra los grupos terroristas y las causas que investigan los ataque a la embajada de Israel o el atentado a la AMIA:

1- Ajustar la ley y para captar el tema de los Foreign Terrorist Fighters (combatientes terroristas extranjeros), que es una obligación del nuevo estándar internacional y la Argentina aún no lo tiene incorporada. “Aunque el riesgo es bajo y es más para los países desde los que emigran combatientes para sumarse a las filas de organizaciones terroristas, gran problema en países musulmanes, este es un cambio que se tiene que hacer, pero el riesgo operativo de no hacerlo resulta bajo.

2- La UIF tiene las facultades de congelamiento para los casos de financiación del terrorismo y se demostró su aplicación en el clan Barakat en la Triple Frontera con sus lazos con Hezbollah. Pero aun así, para Federici “el gran tema que está faltando es la tipificación del delito de proliferación de armas de destrucción masiva y el delito de financiación de dicha proliferación. Eso no lo tenemos”.

3- Con la tipificación de esos delitos haría falta ajustar el marco regulatorio para que la UIF pueda recibir Reportes de Operaciones Sospechosas relacionadas con este tema de la proliferación y su financiación y congelar activos en relación al mismo, asegura Federici. Y el registro que creó la agrupaciones terroristas también debería ajustarse para poder registrar a las personas y organizaciones que se vinculan con estos delitos de proliferación y su financiación, según el ex presidente de la UIF.

No opina lo mismo Félix Marteau, abogado de los familiares de Hernán Mendoza víctima del ataque terrorista en Manhattan de 2017 y ex coordinador nacional de políticas anti lavado en los gobiernos de Kichner y Macri. Este abogado de larga trayectoria en temas de lucha contra el terrorismo señaló a Infobae que “la lucha contra el terrorismo global supone una decisión sobre los enemigos concretos que estamos dispuestos a combatir. Esto no tiene nada que ver con los discursos banales sobre el terrorismo en abstracto que pronuncian a menudo nuestros dirigentes en fechas dolorosas”.

Así, Marteau propuso que “a Hezbollah hay que hostigarlo por ser una agrupación agresora de nuestra Nación y porque conspira contra nuestros aliados. Bajo la inspiración de ISIS asesinaron a nuestros ciudadanos en los Estados Unidos”, dijo y automáticamente se preguntó. “¿Qué más necesitamos para tomar posición contra el extremismo violento? Seamos sinceros, nuestro sistema normativo e institucional de inteligencia, investigación y represión del terrorismo atrasa tres décadas”, dijo.

Como abogado de uno de los rosarinos muertos en el ataque terroristas de Nueva York, Marteau señaló que tampoco en la Argentina existe hoy un programa de ayuda a las víctimas de este flagelo. “La última administración, que declamaba republicanismo, dejó en evidencia que el Estado está tomado por facciones que erosionan una agenda nacional en la materia: mientras los gerentes a cargo de los organismos especializados (como la UIF) no se perdían un solo meeting internacional, internamente bloqueaban la coordinación interna, la actualización legal, la intervención en los canales clandestinos de dinero, y la evaluación nacional riesgos de financiación del terrorismo. Es penoso, pero es la realidad”, dijo.

El diputado radical, Luis Petri, fue uno de los principales impulsores del Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento (RePET) y por ello cree que eso “ha sido el principal avance en la lucha contra el terrorismo con implicancias en todas la región, permitiendo la cooperación y articulación con el mundo en su lucha”.

No obstante, este legislador de la UCR que sigue de cerca la causa AMIA y la lucha contra el terrorismo en la Argentina expresó a Infobae que “los retrocesos han sido varios y son los que explican los 26 años de impunidad. Entre ellos, la firma del Memorándum sin dudas y el asesinato del Fiscal Nisman a cargo de la causa AMIA son de los momentos más oscuros desde el atentando”, dijo.

Ariel Gelblung, Director del Centro Wiesenthal para América Latina es mucho más pesimista en términos de análisis de los aciertos y desaciertos en términos de herramientas legales en la Argentina. “Hubo algunos avances, como la designación de Hezbollah como organización terrorista y retrocesos enormes como el Memorándum. Pero en términos generales seguimos mal. Las declaraciones de funcionarios de gobierno y de la justicia de ese entonces apuntaban a no saber ni tener elementos para investigar un acto terrorista. Si tuviese lugar hoy, creo que escucharíamos las mismas excusas. La justicia no solo no se modernizó sino que está igual o peor”, expresó Gelblung.

Como ejemplo concreto de un avance firme y rápido de la justicia en casos de terrorismo el representante del Centro Wiesenthal recordó que en los Estados Unidos Sayfullo Saipov que mató en un atentado en Nueva York en 2017 a cinco rosarinos, fue detenido en el acto y de no haber sido por la parálisis que se generó por la pandemia del COVID-19 ya habría sido juzgado y estaría cumpliendo condena.

Ali Akbar Velayati y Ahmad Vahidi estan acusados por la justicia por ser los cerebros del atentado terrorista a la AMIA y en más de una oportunidad salieron al exterior sin ser capturadosAli Akbar Velayati y Ahmad Vahidi estan acusados por la justicia por ser los cerebros del atentado terrorista a la AMIA y en más de una oportunidad salieron al exterior sin ser capturados

Juicio en ausencia

La otra herramienta legal que está en debate en la Argentina y que no se pudo siquiera tratar aun en el Congreso es el juicio en ausencia para los acusados iraníes que no quieren presentarse en la Justicia argentina y escapan de los pedidos de detención de Interpol.

Desde la DAIA se impulsó en el Congreso junto con otras fuerzas políticas este proyecto de ley. Pero en los últimos años hubo resistencias. “Hay diferencias por el juicio en ausencia tanto en la oposición como en el oficialismo. Nadie se pone de acuerdo sobre una herramienta legal que nosotros hoy vemos necesaria”, dijo el titular de la DAIA, Jorge Knoblovits.

Desde la AMIA no están convencidos de que el juicio en ausencia sea una herramienta que ayude a cerrar la causa del atentado. “Necesitamos que los acusados iraníes cumplan su condena”, señaló tajante el abogado de la entidad judía.

No opina lo mismo el abogado Raúl Woscoff de la Fundación B’nai B’rith, quien cree que una ley de juicio en ausencia en la Argentina “sería importante para destrabar la inercia que hay actualmente en la causa AMIA y avanzar con la investigación de temas de mayor alcance como el tráfico de armas y terrorismo que hoy se dan en la región”.

Woscoff destacó que en países de la Unión Europea se avanzó en el juicio en ausencia para investigar causas de lesa humanidad con notable éxito. No sólo esto. El abogado de la fundación judía recordó un antecedente curioso de la historia argentina para el juicio en ausencia: la condena a Juan Manuel de Rosas en su exilio británico.

“Luego de la batalla de Caseros, y la huída del Juan Manuel de Rosas a Inglaterra, los unitarios clamaban venganza y justicia, si es que ambas cosas pueden ir juntas. La ley se sanciona, se determinan los delitos y avanza el proceso. Con arrepentidos y todo que habían colaborado con el principal imputado. Rosas es juzgado en ausencia, un antecedente que seguramente nutre el incipiente debate como rareza y testimonio de que no todo resulta tan nuevo bajo el sol”, dijo Woscoff.

El presidente de DAIA cree que en lugar de ello la Argentina debería avanzar en un futuro inmediato en una agenda tendiente a “internacionalizar la causa AMIA”. Esto implicaría que se investigue en el ámbito de la ONU con especialistas y diplomáticos una causa que en el país aparece trabada en la actualidad.

El diputado del PRO, Waldo Woff, es mucho más pesimista que aquellos que plantean salidas alternativas o herramientas legales para llegar a la verdad en la investigación del atentado a la AMIA.

“Más allá de las herramientas que se pongan en discusión, lo que hay que tener en cuenta es que cuando la instrucción sobre la escena del hecho está mal hecha es muy difícil saber después qué pasa. La investigación del atentado a la AMIA es una matriz que nace con el molde mal hecho. Después esta todo mal”, dijo Wolff a Infobae.

En este sentido, el diputado del PRO remarcó que “no es casualidad” que en la Argentina no se haya podido resolver ninguno de los ataques terroristas, ni el memorándum con Irán o la muerte del fiscal Alberto Nisman. “Cuando la instrucción de la causa sobre la escena del hecho se hace mal, con torpeza y sabotaje después los argentinos escribimos un tango de por vida donde cada uno opina una cosa y pagan los inocentes”, concluyó.

La causa del atentado a la AMIA lleva 26 años con una larga lista de avances y retrocesos legales mientras que los familiares de las 85 víctimas fatales siguen reclamando justicia cada año que pasa.

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Coronavirus

Internaron a la jueza María Servini en terapia intensiva por complicaciones con el coronavirus

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Sufrió dificultades respiratorias y la trasladaron al Sanatorio Otamendi. Había recibido al primera dosis de la Sputnik V.

La jueza María Romilda Servini fue internada este miércoles en el Sanatorio Otamendi tras sufrir complicaciones de su cuadro de coronavirus. La magistrada se había contagiado de Covid hace menos de una semana y según confirmaron fuentes de su entorno el martes empezó a tener dificultades para respirar que se agravaron hoy y hoy decidieron internarla.

Está alojada en terapia intensiva. Además de una fuerte tos, la magistrada empezó a saturar oxigeno por debajo de los niveles recomendados. Tras ingresar le empezaron a realizar una batería de análisis para detectar si tiene problemas pulmonares que podrían derivar en una neumonía, una de las complicaciones típicas del coronavirus.

Servini, jueza federal y a cargo del juzgado electoral, tiene 84 años y por su edad integra uno de los grupos de riesgo por el coronavirus.

La jueza había sido vacunada con la primera dosis de Sputnik V en febrero pasado y según contó el 26 de marzo pasado le tenían que aplicar la segunda dosis en el Club Italiano en el barrio porteño de Caballito pero le suspendieron el turno. “Estoy enojada. Si me hubieran dado la segunda dosis, a lo mejor no me hubiera contagiado”, protestó Servini el jueves pasado cuando confirmó que tenía coronavirus.

Incluso contó que se quejó ante las autoridades de la Ciudad y que llamó al vicejefe de Gobierno Diego Santilli. “Después llamé a Diego Santilli. Le pedí que si estaban haciendo alguna excepción, trataran de darme la segunda dosis, porque yo estoy trabajando. Quedó en ocuparse, no me llamaron”, cerró.

Servini empezó con los síntoma típicos del coronavirus antes de que le dieran el resultado positivo. Tuvo tos, estornudos y un resfrío muy fuerte además de un “cansancio brutal” según contó. Los médicos le habían recomendado que intentara calmar los síntomas con paracetamol.

Cuando arrancó la cuarentena en 2020, Servini dejó de ir a su juzgado en Comodoro Py. Pero luego retomó la actividad presencial dos veces por semana. Antes de que le dieran su resultado de covid, cuatro empleados de su juzgado dieron positivo de coronavirus.

La jueza había criticado la campaña de vacunación oficial y al propio presidente Alberto Fernández. “Todo este tema de las vacunas se ha manejado muy mal. Lo siento, porque se lo estoy diciendo también al señor Presidente”, dijo Servini tras su contagio. “Se han manejado irresponsablemente, hay provincias a las que mandaron la segunda dosis de la Sputnik y no habían mandado la primera”, agregó.

Y puso condiciones para garantizar las PASO. Pidió que un “plantel de 25 personas” entre sus colaboradores reciban ambas dosis de la vacuna contra el Covid. “No los voy a exponer a que se enfermen los 25. Mi equipo son como 300 personas, estos son los 25 urneros, como los llamamos, que preparan las urnas con lo que debe contener en cada mesa. No voy a exponerlos a que se enfermen, porque ahí no puedo hacer burbuja”, afirmó.

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Cristina Kirchner fue sobreseída en la causa dólar futuro y no irá a juicio oral

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También sobreseyeron a Axel Kicillof. Así lo dispuso la Cámara de Casación.

 

La Cámara de Casación resolvió que no se realizará el juicio contra Cristina Kirchner por supuestos delitos en las operaciones con el dólar futuro. Los jueces hicieron lugar al pedido de sobreseimiento y nulidad del caso que había presentado la vicepresidenta. Éste expediente había sido el primero que le significó una acusación por corrupción en los Tribunales de Comodoro Py cuando dejó la Casa Rosada en 2015. La decisión de Casación también significó el sobreseimiento de Axel Kicillof, Alejandro Vanoli y los demás acusados. No hubo extralimitación en sus funciones y entendieron que todo respondió a una política de Estado que no puede judicializarse.

El 4 de marzo, durante más de cincuenta minutos y con un duro discurso que incluyó una fuerte defensa política, la vicepresidenta expuso por videoconferencia ante la Casación los motivos por los cuales quería anular ese expediente.

En su descargo, con el que buscaba el sobreseimiento, acusó al Poder Judicial de ser “un sistema podrido y perverso”, volvió a hablar de lawfare para defenderse de las causas de corrupción en las que está acusada y apuntó contra Mauricio Macri y los medios de comunicación.

Al analizar el caso, los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y la magistrada Ana María Figueroa resolvieran hacer lugar al pedido de sobreseimiento y anulación del juicio oral. A esa decisión se había opuesto el Tribunal Oral Federal 1 (TOF 1) que entendió que se debía realizar el debate para dirimir allí todas las controversias del caso.

La Sala I del máximo tribunal penal, entendió que el juicio no debe realizarse al no encontrar delito en las maniobras financieras impulsadas. ​El criterio central fue que respondió a una política de Estado que no puede ser judicializada.

“La intervención en los mercados es una herramienta de política monetaria con la que cuentan, generalmente, en mayor o menor medida, las instituciones que en cada país cumplen las funciones de banco central, banco de reserva o autoridad monetaria, afirmación que es conteste con la base normativa que regula las funciones del BCRA”, sostuvieron los magistrados en el fallo al que accedió Clarín.

El expediente fue instruido por el fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Eduardo Taiano. En ese momento se señaló que la pérdida para el Banco Central por las ventas de dólar futuro fue de 54.921.788.702,40 pesos, y que “la defraudación a la administración pública fue producto del acuerdo y coordinación de los más encumbrados funcionarios del Estado, quienes desde sus cargos arbitraron las medidas necesarias para su consecución”.

Esas acusaciones quedaron anuladas tras el fallo de la Cámara de Casación, en el que se hizo lugar al recurso extraordinario de las partes. Al analizar las operaciones con el dólar futuro, la Sala I expuso que “no se advierte cómo podrían atribuirse normativamente los resultados de dicha operatoria” al delito que se les había adjudicado, “cuando no hubo extralimitación en el ejercicio de las atribuciones legalmente conferidas al BCRA“, dijeron.

Un eje central, fue una pericia pedida por el TOF 1 que debía determinar cuál había sido el nivel de perjuicio para el Estado con la venta de dólar futuro. Los contadores Alejandro del Acebo, Carlos Campodónico y Stella Maris Castaño, dijeron que “las operaciones de liquidación de dólar futuro están informadas en los balances del BCRA al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2016 y en dichos años los balances arrojaron ganancias por $147.116.885.000 en 2015 y $67.448.520.000”.

Entonces, los peritos concluyeron que no existió la defraudación indicada durante la instrucción. Fue el puntapié inicial para requerir el sobreseimiento y nulidad del juicio.

El video de La Cámpora para Cristina Kirchner


Al respecto, Daniel Petrone y Diego Barrotaveña, consideraron que ese informe pericial “la suscripción de los contratos futuros celebrados por el BCRA se incluían dentro de las facultades y límites impuestos por la Carta Orgánica de esa entidad. Además que todo e habría desarrollado dentro del marco legalmente previsto a la luz de los fines de estabilidad monetaria y financiera, entre otras funciones”.

Bajo dicho lineamiento, comprendieron que no corresponde adjudicar ningún tipo de responsabilidad penal al tratarse de un “accionar legítimo y conforme a derecho”. Por otro lado, consideraron que las operaciones de Dólar Futuro durante el gobierno de Cristina Kirchner, “materializó la política monetaria que se pretendió llevar a cabo durante el período en cuestión y constituye, entonces, un asunto político cuyo acierto o desacierto se encuentra detraída del control jurisdiccional, al menos de aquel que a esa Cámara compete”, expresaron.

En este aspecto se centraron los integrantes de la Casación para expresar que “las razones de oportunidad, mérito o conveniencia tenidas en cuenta por los otros poderes del Estado para adoptar decisiones que le son propias no están sujetas al control judicial” y que por lo tanto, correspondía dictar el sobreseimiento al tratarse de una política propia de un gobierno, y no de un objeto Judicial…

Para la jueza Ana María Figueroa, el inició del expediente creó “desconcierto entre la comunidad jurídica” al considerar que no había delito alguno en la maniobra denunciada. Su análisis fue por otro lado, y dijo: “Se persiste en continuar sometido a proceso a personas con la imposición de medidas cautelares que dañan su vida, patrimonio y honor”.

Así, la Sala I ordenó sobreseer a Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof, Alejandro Vanoli Long Biocca, Pedro Biscay, Sebastián Andrés Aguilera, Bárbara Domatto Conti, Mariano Beltrani, Juan Miguel Cuattromo, Miguel Ángel Pesce, Guillermo Mario Paván, David René Jacoby, Cristian Alexis Girard, Germán David Feldman, Alejandro Formento y Flavia Matilde Marrodán..

En su descargo, Cristina Kirchner dijo que todo respondió a una “persecución política”, pues la acusan por “medidas de Estado que no pueden judicializarse”. Entonces, ante los jueces de la Sala I sostuvo que el expediente es un leading case, no solo en el tema del lawfare, sino también en la “intromisión y manipulación del Poder Judicial en los procesos electorales y en la política en general en la República Argentina”.

El presidente Alberto Fernández, avaló ese criterio ante la asamblea legislativa el pasado primero de marzo, cuando reiteró la necesidad de una reforma judicial: “Asistimos a condenas mediáticas instantáneas, sufrimos la discrecionalidad de los jueces en demoras inexplicables y hay hay manipulación de decisiones jurisdiccionales según intereses políticos”, afirmó.

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Encontraron más de 200 vacunos robados en un campo del senador José Alperovich

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Forman parte de los 3.500 animales desaparecidos durante 2020 en campos de Santiago del Estero.

Al menos 240 vacunos de unos 3.500 que fueron robados en Santiago del Estero, fueron encontrados en un campo perteneciente al senador nacional kirchnerista José Jorge Alperovich, exgobernador de Tucumán. Por la causa ya había sido detenido un empresario ganadero.

Según confirmaron fuentes de la investigación a Clarín, los responsables del establecimiento donde fueron encontrados los vacunos habrían admitido que esos animales fueron enviados por Luis Magliano, dueño de la concursada firma Oleos del Centro S.A (ODC), que tenía a su cargo el hospedaje y engorde de la hacienda depositada por las firmas San Eugenio S.A, el Tránsito S.A y el 38 S.A., en las localidades de Weisburd y Campo Gallo, en Santiago del Estero.

Magliano se entregó el pasado 30 de marzo a la justicia y está detenido luego de que se ordenara su captura nacional por el robo de 3.500 vacas valuadas en más de 150 millones de pesos.

José Alperovich durante una sesión en el Senado. Actualmente está de licencia por una denuncia de abuso sexual.

José Alperovich durante una sesión en el Senado. Actualmente está de licencia por una denuncia de abuso sexual.

El hallazgo se dio luego de que, por disposición de la Justicia santiagueña, se realizaran varios allanamientos en diferentes establecimientos de las provincias de Santiago del Estero y Santa Fe.

El primero de ellos tuvo lugar el lunes pasado en la localidad de Amstrong, al sur de Santa Fe, sin resultados positivos, aunque, según la investigación, se identificaron constancias del paso por ese establecimiento de parte de la hacienda buscada a partir de la lectura de guías de transporte firmadas por el hijo de Magliano con ese destino.

Entre martes y miércoles continuaron los allanamientos en campos de Salta y Santiago del Estero, donde finalmente se halló parte de ese ganado. El lugar en el que aparecieron las 240 vacas fue en el establecimiento ganadero “La Galesa” propiedad de Alperovich, en la localidad santiagueña de Pozo Hondo.

Lso 240 vacunos encontrados de las firmas San Eugenio S.A, el Tránsito S.A y el 38 S.A. están siendo trasladadas a Corrientes.

Lso 240 vacunos encontrados de las firmas San Eugenio S.A, el Tránsito S.A y el 38 S.A. están siendo trasladadas a Corrientes.

Fuentes de la investigación afirmaron también que se prevé más operativos ante la presunción de que habría más hacienda por identificar y que podrían pertenecer a las firmas damnificadas por Magliano y ahora por Alperovich.

Pese al hallazgo, el exgobernador tucumano aún no está ni siquiera como imputado en el expediente. Tampoco hubo una respuesta oficial de parte del senador o su equipo.

Según precisó a Clarín el apoderado de las firmas denunciantes, Hernán González, que siguen contando los animales que se encuentran en el lugar, que son alrededor de 9.000 vacunos.

Y advirtió que la hacienda encontrada estaba con la marca de la firma que denunció el faltante de los animales mientras que otros vacunos estaban sobremarcadas.

Además, informó que a Alperovich le inhabilitaron el movimiento de hacienda en las 100.000 hectáreas que posee en el noreste del país.

De todas formas, con este importante descubrimiento, la investigación penal llevada adelante por la Justicia santiagueña tendrá nuevas aristas para continuar. La nueva trama, ahora, vincula los negocios ganaderos de empresarios y políticos.

El campo La Galesa, en Santiago del Estero, donde se hallaron los animales robados.

El campo La Galesa, en Santiago del Estero, donde se hallaron los animales robados.

La Justicia tendrá que dilucidar si el senador Alperovich forma parte de la presunta asociación ilícita que se habría apropiado ilegítimamente de la hacienda de terceros, en una maniobra millonaria realizada bajo las restricciones de la pandemia del Covid-19 que impidieron la realización de auditorías y controles presenciales.

La fiscalía de Santiago del Estero declaró el sábado pasado depositario judicial de la hacienda recuperada al apoderado de las firmas San Eugenio S.A, El Tránsito S.A, El 38 S.A, Hernán González, presente durante los allanamientos y actuaciones judiciales.

Alperovich, por su parte, suma un nuevo problema en su contra, luego de la denuncia de una sobrina por supuesto abuso sexual, lo que provocó un pedido de licencia a su cargo de senador, avalado por la Cámara Alta.

El caso de los más de 150 millones de pesos

Las firmas San Eugenio S.A, el Tránsito S.A y el 38 S.A. denunciaron a principios de este año que habían enviado desde el 30 de enero al 15 de diciembre de 2020 unas 3.530 cabezas desde sus campos situados en Chaco, Formosa y Corrientes hasta los establecimientos de Oleos del Centro S.A (ODC), propiedad de Luis Magliano, en las localidades santiagueñas de Weisburd y Campo Gallo para la recría y engorde.

Encontraron más de 200 vacunos robados en un campo de José Alperovich en Santiago del Estero.

Encontraron más de 200 vacunos robados en un campo de José Alperovich en Santiago del Estero.

Pero según relatan fuentes de la firma Haciendas San Eugenio, el 28 de diciembre se dieron cuenta del faltante de los animales y realizaron la denuncia policial correspondiente.

En este contexto, los denunciantes iniciaron una investigación privada de amplios alcances, con el objetivo de establecer cómo fue realizada la maniobra, la logística pública y privada utilizada para concretar la operación e identificar las personas que participaron.

También buscaron obtener la mayor certeza sobre las rutas de circulación empleadas y sobre el destino final de los animales, ubicando con mayor precisión los campos o frigoríficos clandestinos. Luego, la investigación pasó a manos de la Justicia santiagueña, a cargo de las fiscales Mariela Bittar de Pappa y Victoria Sottini.

Al momento de la denuncia, Magliano era presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, pero decidió renunciar a su cargo en enero último. Se dijo en ese momento que era por cuestiones personales. La causa gira sobre los supuestos siguientes delitos: asociación ilícita, estafa y hurto.

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