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Swiss Medical, Sancor Salud y Medicus hicieron sus presentaciones en el juzgado en el que el Gobierno motoriza el amparo.
En los próximos días los afiliados de siete prepagas alcanzadas por una resolución del Gobierno empezarán a recibir las facturas con descuentos, en relación a los importes cobrados el último mes. El capítulo que todavía está por verse, y es el más conflictivo, es el que abarca a 23 prepagas en un amparo que presentó la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y que busca que esas empresas devuelvan lo cobrado de más a los usuarios.
Clarín tuvo acceso a tres presentaciones que realizaron Swiss Medical, Sancor Salud y Medicus. El objetivo manifiesto es encontrar la forma de que la causa judicial iniciada por el Gobierno en el Juzgado Civil y Comercial Federal 9, a cargo de Mercedes Maquieira, naufrague. Según afirman, habría inconsistencias que la magistrada debería tomar en cuenta antes de, eventualmente, dictar una cautelar.
Dicho con otras palabras, aunque la Justicia no les ha pedido todavía participación en la causa -puede no hacerlo-, estas prepagas se presentaron espontáneamente para intentar influir en la magistrada y evitar que ordene una devolución del dinero que desde diciembre les cobraron a los afiliados por encima de la inflación.
La forma que encontraron de hacerlo es asegurar que la SSS no tendría legitimidad para accionar judicialmente en esta avanzada por una supuesta “cartelización”. Afirman que la repartición del Gobierno que debió haber iniciado la demanda es la Secretaría de Industria y Comercio, dependiente del Ministerio de Economía, la misma que ordenó mediante la resolución del 17 de abril retrotraer el precio de las cuotas a diciembre y actualizarlas al día de hoy con el Indice de Precios al Consumidor (IPC).
Las tres presentaciones fueron hechas con un día de diferencia y el argumento en el que se apoyan es el mismo: descalificar a la SSS como litigante. En el caso de Sancor Salud, el abogado Raúl Ferreyra García afirma: “En este expediente no existe legitimación activa del demandante (…) por ello, además de la inexistencia de controversia o perjuicio -lisa y llanamente- no hay caso o controversia judicial”.
El escrito de Sancor agrega que “la demanda no ha definido ningún interés propio de la repartición pública que se encuentre afectado de manera actual y concreta. Se trata de referencias genéricas donde se omite toda probanza o referencia del caso concreto, siendo sus argumentaciones en torno al presunto perjuicio meramente conjeturales”.
También le pide a la jueza advertir que la parte actora busca que “la Justicia dicte una norma general con alcance para todas las empresas, que limite aquello que el DNU 70/2023 y su reglamentario 171/2024 establecieron. Esto es, que elípticamente y de modo solapado se intenta obtener de la Justicia la modificación de aquello establecido por la ley y con alcance general”.
Luego introduce otro argumento sobre la supuesta falta de legitimidad, que tiene conexión con el escrito de Swiss Medical. Sancor dice que la Superintendencia no posee “legitimación activa (…) en primer lugar, por la propia letra del DNU 70, donde se la excluye de toda injerencia en la determinación de las cuotas de los planes de salud (…) Por eso mal puede venir a peticionar que se limiten los precios de los planes”. Y advierte entonces que debería ser la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación, y no la SSS, la parte actora.
Por su parte, el abogado Andrés Aznar, en representación de Swiss Medical, divide su escrito en dos. Por un lado, busca justificar por qué aumentaron lo que aumentaron las cuotas (algo que Sancor también hace en un pasaje de su presentación) en función de los valores históricos de inflación contrastados con las subas que recibieron los afiliados desde enero de 2020. Por otro, abunda en la descalificación jurídica de la SSS.
Para eso se centra en la catarata de cautelares a favor de particulares que comenzó a dictar la Justicia cuando las prepagas aumentaron las cuotas por encima de la inflación, con el objetivo de suspender esas subas que habilitaba el DNU 70. Swiss Medical le dice ahora a la jueza Maquieira que el 1° de febrero pasado solicitó “en forma urgente un pronunciamiento de la Superintendencia” ante ese escenario para que continuara “publicando mes a mes el índice de costos de salud” creado en 2022.
“En el marco de dicha petición, el gerente de Asuntos Jurídicos del organismo (y ahora firmante del amparo) en un dictamen suscripto el 21/2/2024 opinó que ‘a partir del dictado del DNU 70 esta Superintendencia carece de competencia para expedirse en relación a la ponderación y eventual autorización de un aumento sobre el valor de las cuotas de los planes de salud que comercializa”.
El argumento esgrimido por Swiss Medical ante la Justicia es que ahora hubo “un giro dramático”. Señala: “La Superintendencia que fue debidamente anoticiada de los aumentos y que parecía no importarle verificar o analizar la razonabilidad de los mismos, ahora se constituye como representante de los afiliados y demanda a las empresas de medicina privada”.
Estas empresas junto con Medicus (cuyo escrito es mucho más escueto pero se presume que responde a la misma lógica que Swiss Medical por tener el mismo dueño, Claudio Belocopitt), es “abrir el paraguas” ante la eventualidad de que Maquieira decida dictar una cautelar que las obligue a devolver el dinero cobrado de más.
Para que eso ocurra, sin embargo, todavía falta. Recién este miércoles la magistrada cumplió con una etapa procesal clave, al solicitarle al fiscal federal interviniente “que se expida respecto de la competencia de la suscripta en función de la materia, el territorio y el grado, como asimismo en función de los procesos colectivos que se encuentran en trámite”. Es decir, si Maquieira llegara a declararse incompetente, toda esta controversia judicial volvería a comenzar.
PS
