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“La confusión que rodea la muerte de Nisman es consecuencia directa de la impunidad de los criminales extranjeros en el caso AMIA”

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El presidente de la AMIA, Agustín Zbar, fue el orador principal del acto que se inició este miércoles, a las 9:53, a 24 años del ataque terrorista que enlutó al país y cuyos responsables aún no han sido condenados por la Justicia argentina.

Durante su discurso, Zbar aseguró que la muerte del fiscal Alberto Nisman estuvo “indudablemente ligada a su tarea como fiscal” de la causa del atentado. “Entregó su vida; la insoportable demora y la confusión que rodean el esclarecimiento de su muerte son una consecuencia directa de la impunidad de los criminales extranjeros de la Amia a quienes valientemente enfrentó y la impunidad de los criminales de la AMIA tiene relación directa con el crimen de la embajada de Israel, volada con un modus operandiidéntico, hace 26 años“, aseguró. “No sólo la Argentina, la comunidad internacional espera una respuesta”, completó.

Sara Garfunkel, mamá del fiscal asesinado según la hipótesis de la justicia federal, participó del acto. Fue convocada a encender una vela en homenaje a su hijo y a las víctimas del atentado.

El dirigente de la mutual judía reiteró los pedidos de Justicia y cuestionó el Memorándum de Entendimiento que firmó el kirchnerismo con Irán, Estado señalado por  la justicia y la comunidad internacional como autor intelectual del ataque. En ese sentido, pidió un acuerdo democrático para “nunca más confiar en una potencia extranjera no democrática que oprime a su pueblo, discrimina a las mujeres, castiga brutalmente a las minorías sexuales y se proclama enemiga de las libertades occidentales, teocracia negadora del genocidio nazi y del derecho de Israel a existir“.

Hay que decirlo con mucha fuerza y claridad. Sabemos quién tomó la decisión de poner la bomba y quiénes lo ejecutaron. Sabemos que en agosto de 1993 se reunieron las máximas autoridades del régimen iraní para decidir el atentado a la AMIA. Sabemos que Teherán usó agentes diplomáticos en Buenos Aires para concretar el atentado con un conductor suicida, de nombre Ibrahim Berro, ciudadano libanés, perteneciente a Hezbollah. Ciudad del Este y la Triple Frontera están desde aquellos años en la agenda de Seguridad por la circulación de personas vinculadas al tráfico de estupefacientes, el terrorismo islámico y el lavado de dinero“, agregó.

Zbar cuestionó que los acusados sobre los que pesan órdenes de captura internacional salgan con libertad de las fronteras de Irán. Mencionó la reciente visita de Ali Akbar Veyati a Moscú para reunirse con Vladimir Putin y destacó que pese a los pedidos diplomáticos, el presunto planificador del atentado terrorista ingresó y salió de Rusia sin contatiempos. También le pidió un mayor esfuerzo al gobierno nacional.

Como todos los años, en la calle Pasteur al 600 sonó una alarma que recuerda el momento del atentado producido el 18 de julio de 1994. Además de Zbar, fueron convocados familiares de las víctimas, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y se reprodujo un video de una sobreviviente cuyo  hijo de cinco años murió en el ataque. El encuentro fue moderado por el periodista de Infobae Luis Novaresio.

Pasteur al 600, este miércoles (Foto: Adrián Escandar)

Pasteur al 600, este miércoles (Foto: Adrián Escandar)

El presidente Mauricio Macri, que ayer recibió a las autoridades de la mutual judía, no participó del acto. Sí estuvo su jefe de Gabinete, Marcos Peña, la vicepresidenta Gabriela Michetti, el ministro de Justicia, Germán Garavano, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el ministro de Cultura, Pablo Avelluto, el secretario de Derechos Humanos, Claudia Avruj y la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, entre otros funcionarios.

Bullrich fue la única integrante del Gobierno que tomó la palabra durante el acto. La titular de la cartera de Seguridad aseguró que “es importante el apoyo de la OEA en este reclamo de justicia por la causa AMIA y coincidimos en la necesidad de mostrar a la comunidad internacional este reclamo“.

También aclaró aclaró que la Argentina no puede sobrepasar la justicia Internacional y destacó que, para que haya mayores certezas en términos de justicia, los iraníes involucrados deberían afrontar una condena que hasta ahora no tienen en términos de fallo judicial.

El discurso completo de Zbar

La impunidad de crímenes de lesa humanidad es una pesada carga para la democracia.

La sociedad argentina lo entendió y avanzó desde el Nunca Más y los primeros juicios a las Juntas Militares hasta el día de hoy 40 años después, procesando las consecuencias del terrorismo que asoló en los años ’70.

El crimen de la AMIA tiene semejanzas con eso: un Estado en este caso extranjero, Irán, que opera de manera encubierta asistiendo a una organización terrorista, Hezbollah, para asesinar con bombas a una población civil indefensa. Su contenido sustancial y su origen son diferentes, sus métodos los mismos y sus efectos constituyen crímenes contra la humanidad.

La impunidad que tenemos es una amenaza para las libertades que defendemos.

Por eso es importante tomar unos minutos para preguntarnos, a 24 años, donde está la causa judicial?

En el plano nacional tenemos el mal llamado “juicio por encubrimiento” o causa AMIA II, y en otro plano la cuestión de la conexión local, la causa madre, la del atentado, o causa AMIA I

En AMIA II está por concluir el juicio oral, originado en la escandalosa sentencia del año 2004 a la conexión local del atentado, que instaló una versión conspirativa según la cual todo fue una construcción falsa, un armado “arquitectónico” inculpando a personas inocentes a sabiendas de su inocencia. Los acusados, Telleldín y ex policías bonaerenses fueron liberados, y hoy se sientan en el lugar de los acusadores, junto a las verdaderas víctimas.

En el 2018 estamos concluyendo ese proceso que viene del 2004 y a pesar de rimbombantes acusaciones, las pruebas de aquella supuesta conspiración no aparecieron y quedó a la luz el verdadero desvío de la verdad objetiva.

Hemos dicho muchas veces y hoy reiteramos: no queremos caza de brujas; si se cometieron delitos, que los responsables sean condenados por el peso de las pruebas y no por presiones o por conveniencias políticas.

Por eso la tarea de los jueces del TOF 2 cuando terminen los alegatos y les toque fallar, es tan trascendental: puede poner fin a todo el artilugio que comenzó hace 14 años, y retomar el camino que verdaderamente importa, el camino de la investigación que conduce a los autores reales del atentado y sus cómplices. La causa AMIA I.

En este sentido por fin se ha fijado fecha de audiencia para el nuevo juicio a Telleldín. Si no hay cambios, el juicio que la Corte Suprema ordenó en el 2009, comenzará en marzo del año que viene. Diez años después!

Estamos convencidos de la responsabilidad de Telleldín como partícipe necesario del atentado. Él fue quien preparó y acondicionó la camioneta Trafic utilizada como coche-bomba. Siempre supo a quién se la entregó, y en estos 24 años en lugar de colaborar con la causa, siguió mintiendo, desviando, e impidiendo que la justicia avance y se sepa la verdad. Las pruebas indican su culpabilidad, y por eso la Corte ordenó un nuevo juicio, el cual, confiamos, habrá de terminar con su condena y en que aporte más información para avanzar contra los demás participes locales.

Es necesario empezar a romper de una vez por todas con ese círculo vicioso de impunidad, que lo único que hace es dilapidar los logros de la investigación, sembrar confusión e instalar la idea de que en la causa AMIA “nunca hubo nada” y de que “estamos a fojas cero”, como se dijo cuando se intentó justificar la firma del pacto con Irán.

Ese círculo de impunidad se retroalimenta por la forma defectuosa en que funciona nuestra justicia. Trámites que duran años, y que en definitiva no sirven para nada. Debemos poner fin a estos procesos laberínticos que insumen lustros o décadas y que no brindan respuestas.

Se espera de los jueces que rompan el círculo de impunidad y desconfianza con la fuerza demoledora de la verdad, esa fuerza que tienen las sentencias judiciales cuando están basadas en evidencias y pruebas.

Perdimos mucho tiempo detrás de hipótesis falsas y terminamos dando lugar a uno de los peores males de estos tiempos: la impunidad republicana.

Vivimos en una democracia ya afianzada, pero uno de los pilares republicanos, la justicia independiente, sigue siendo una deuda con la sociedad, y la causa Amia es el ejemplo más paradigmático y doloroso.

Exigimos a los Fiscales de la UFI-AMIA, encabezados por el Fiscal Salum, que se avoquen al total esclarecimiento del atentado, a seguir trabajando en la responsabilidad de Irán y fundamentalmente a llevar a juicio a todos los responsables de la conexión local. Luego de tres años el producto de su tarea investigativa no avanzó nada, ni un ápice, en el esclarecimiento del hecho.

Quienes estaban en el poder hace 14 años, cuando la teoría conspirativa del armado arquitectónico se echó a rodar, fueron justamente quienes pretendieron cerrar la investigación en el plano internacional con el memorándum firmado con Irán en enero de 2013.

En cada caso hicimos lo que teníamos que hacer conforme a derecho:

1. A partir del 2004, recorriendo todas las instancias llegamos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y 5 años después revertimos la nulidad de la causa principal, caratulada “Telleldín”.

2. En 2014, logramos la inconstitucionalidad del memorándum con Irán y el Estado Nacional, en la actual administración, no apeló quedando esa sentencia firme.

En cuanto a las razones por las cuales el PE en 2013 suscribió un tratado con Irán, ratificado por el Congreso Nacional, consideramos que no le corresponde a las instituciones de la comunidad Judía, más allá de soberanas decisiones particulares de algunas víctimas, liderar las querellas en la investigación sobre las consecuencias penales de decisiones políticas adoptadas por mayorías.

Sería fundamental un acuerdo democrático para Nunca más confiar en una potencia extranjera no democrática que oprime a su propio pueblo, discrimina a las mujeres, castiga brutalmente a las minorías sexuales y se proclama enemiga de las libertades occidentales, teocracia negadora del genocidio nazi y del derecho de Israel a existir.

Es aquí donde residen nuestras esperanzas de avanzar en el plano colectivo por esta causa, que es una causa nacional.

Hay que decirlo con mucha fuerza y claridad: sabemos quiénes tomaron la decisión de poner la bomba y quiénes la ejecutaron.

Sabemos que en agosto de 1993, en la ciudad iraní de Mashad, se reunieron algunas de las máximas autoridades para decidir el atentado a la AMIA.

Sabemos que Teherán usó agentes diplomáticos en Buenos Aires para concretar el atentado con un conductor suicida de nombre Ibrahim Berro, ciudadano libanés perteneciente al Hezbollah. Ciudad del Este y la llamada triple frontera están desde aquellos años en la agenda de seguridad por la circulación de personas vinculadas al tráfico de estupefacientes, el terrorismo islámico y el lavado de dinero.

No podemos tolerar que los acusados Rabbani, Velayati, Ahsgari, Fallahijan, Rezai, Vahidi y Soleimanpour puedan traspasar las fronteras de su país, donde se los cobija y protege, con tanta impunidad.

El Canciller iraní de aquella época, Ali Akbar Velayati, está acusado de ser uno de los autores intelectuales del atentado y jefe de los agentes iraníes que ingresaron a nuestro país. La semana pasada salió en alta misión política de Irán; estuvo en Rusia y en China. Nuestro país lo reclamó y a pesar del pedido de captura internacional que pesa en su contra no lo detuvieron. No es la primera vez: ocurrió en el pasado con Soleimanpur en Londres y Vahidi en Bolivia.

Tenemos que hacer más para atrapar y traer a los acusados a que sean juzgados aquí, en suelo argentino y por la ley argentina vigente. Debemos aunar esfuerzos y energías que vayan más allá de los partidismos y banderas, para lograr atraparlos. Al gobierno nacional le requerimos acciones concretas que demuestren su verdadero interés por lograr las capturas de los acusados. Acciones concretas que demuestren, de una vez y en forma definitiva, que la causa AMIA es de verdad una “causa de Estado”, en la que deben involucrarse activamente los tres poderes. Es evidente que no alcanza con que el juez libre un exhorto pidiendo la detención del ex canciller iraní. Es necesario el involucramiento de todo el gobierno. Todos tenemos que hacer más.

La Argentina debe hacer más para lograr la solidaridad de la comunidad internacional, pues no es la única nación democrática que ha sufrido el terrorismo. La lista de ataques terroristas contra el mundo occidental y libre es tristemente conocida y extensa. Estados Unidos, España, Inglaterra, Francia, Bulgaria, Alemania, Noruega e Israel son sólo algunos ejemplos. Las naciones de bien se unen en la lucha contra este flagelo, y la Argentina debe requerir el apoyo incondicional de todos para lograr que el reclamo de justicia no sea solamente una quimera y se transforme en realidad. Por eso es tan importante la presencia hoy aquí del Sec. Gral de la OEA, Luis Almagro, gracias.

Seguimos atentamente las vicisitudes de la investigación por la muerte violenta de Natalio Alberto Nisman, indudablemente ligada a su tarea como titular de la Unidad Fiscal AMIA en la que entrego su vida. La insoportable demora y la confusión que rodea el esclarecimiento de su muerte son una consecuencia directa de la impunidad de los criminales extranjeros de la AMIA a quienes valientemente enfrentó, y la impunidad de los criminales de la AMIA tiene relación directa con el crimen sobre la Embajada de Israel, volada con un modus operandi idéntico hace 26 años. No solamente la Argentina sino también la comunidad internacional esperan una respuesta.

En este día aciago y triste, igual de gris y frío que en los últimos 24 años, corresponde honrar la memoria y rendir homenaje a quienes murieron por nosotros. No fueron elegidos por su nombre, ni por su condición social, nacionalidad o religión. Los mataron solamente por estar allí para mandarnos un mensaje a todos nosotros.

El mensaje era que nos rindiéramos ante sus fanáticas ideas políticas o religiosas, el mensaje era que una comunidad que en el ’94 cumplía 100 años de progreso y bienestar en esta bendita Nación Argentina quedara aislada y no siguiera contribuyendo a la libertad, la igualdad y el bienestar general.

Por eso nuestro mandato también es, siempre, celebrar el milagro de la vida, trabajar más y mejorar, mirar al futuro, a los que llegan, sembrar aún desde el dolor y acercarnos a los sobrevivientes. Ellos nos dan testimonio y ejemplo de vida, enseñan caminos para salir y seguir hacia adelante. Sus esfuerzos nos enseñan que la vida misma es un milagro, y que la noche es oscura pero existe el día y cada mañana sale el sol.

Por los sobrevivientes y los familiares, por la esperanza de vivir en paz, seguiremos honrando a los muertos y reclamando por Justicia para ellos, sin temor y con firmeza, y sin dejar nunca de promover la regla en la que se resume toda nuestra moral: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”

NUNCA PARAREMOS HASTA QUE LA VERDAD SE CONVIERTA EN JUSTICIA Y ENTONCES PODAMOS ENCONTRARNOS EN PAZ,

Gracias a todos por estar hoy aquí sosteniendo la causa
SHALOM

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Hallaron más hacienda robada en otro campo que pertenece al senador José Alperovich

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Durante la semana habían hallado 400 animales en “La Galesa”, campo del ex gobernador de Tucumán. Ahora, el fin de semana allanaron otro establecimiento y secuestraron 399 animales más.

Durante los allanamientos en las últimas horas la justicia y la policía de Santiago del Estero encontraron más animales robados en campos del senador del Frente de Todos y ex gobernador de Tucumán, José Alperovich, que pertenecen a las firman San Eugenio S.A, El Tránsito S.A y El 38 S.A.

Tras encontrar en la semana 400 vacunos en el campo “La Galesa”, situado en Pozo Hondo, ahora descubrieron otros 399 animales más en otro establecimiento de Alperovich en el paraje Bandera Bajada, al norte de la provincia santiagueña,  al límite el Chaco.

También durante la semana se habían detectado 231 vacunos capitalizados por el fondo ganadero Adblick en el campo de la firma Agrolam. En total, las firmas damnificadas recuperan 1.030 vacunos de las 3.500 vacas que denunciaron que les faltaba.

Encontraron 400 vacunos robados en "La Galesa", un campo de José Alperovich en Santiago del Estero.

Encontraron 400 vacunos robados en “La Galesa”, un campo de José Alperovich en Santiago del Estero.

Desde las empresas damnificadas resaltaron en un comunicado la “llamativa impunidad con la que han actuado personas y sociedades, que en los meses previos no dudaron en ocultar la tenencia irregular de la hacienda de nuestra propiedad y que al ser sorprendidos por la acción de la justicia han apelado a la estrategia de la victimización”.

La historia del “robo de ganado del siglo” comenzó el 30 de enero del año pasado, cuando las firmas denunciantes comenzaron a enviarle ganado vacuno desde sus campos situados en Chaco, Formosa y Corrientes hasta los establecimientos de Oleos del Centro, conducido por Luis Magliano, situados en las localidades santiagueñas de Weisburd y Campo Gallo para la recría y engorde. En total, fueron 3.530 vacunos valuados en aproximadamente 150 millones de pesos.

Ya cerrando el 2020, pandemia de por medio, las firmas damnificadas se dieron cuenta de la faltante de los animales cuando los fueron a retirar y realizaron la denuncia policial correspondiente. Así, por esta causa, ya están detenidos Magliano, quien estuvo prófugo por 10 días, y Damián Manzaneli, quien fuera el administrador del campo denunciado.

Una vez preso Magliano, quien también fuera presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, comenzaron los allanamientos en diferentes campos para recuperar la hacienda robada.

El primero fue “La Galesa”, establecimiento situado en Pozo Hondo que pertenece al senador y ex gobernador de Tucumán, José Alperovich, quien también tiene una causa por abuso sexual. Allí encontraron hasta ahora 400 animales que pertenecían a las firmas denunciantes.

En su momento, Daniel Alperovich, hijo del político y socio gerente de “La Galesa”, había dicho que “nosotros teníamos un vínculo comercial con Magliano y nos pagó una deuda, con ganado. Todo documentado y registrado por el Senasa. Evidentemente fuimos estafados. La fiscal que lleva adelante la causa nos refirió que presuntamente ese ganado no era de propiedad de Magliano”, sostuvo.

Ya son más de 1.000 los animales recuperados y que fueron trasladados hasta Corrientes.

Ya son más de 1.000 los animales recuperados y que fueron trasladados hasta Corrientes.

El vocero explicó que “los animales están en depósito judicial hasta tanto se determine quienes son sus propietarios”, y aseguró que están “recolectando toda la documentación para aportar a la justicia y hacer la denuncia criminal contra Magliano por estafa”.

Luego, la justicia santiagueña allanó en Quimilí un campo correspondiente a la empresa Agrolam. Hasta el momento, encontraron 231 animales. Y por esta causa, detuvieron a Juan Pablo Miretti, director de Agrolam y ex presidente de la Sociedad Rural de Quimilí.

En este sentido, desde Agrolam emitieron un comunicado informando que desde el martes 13 al sábado 17, la justicia de Santiago del Estero realizó un procedimiento de control y verificación sobre 2.170 cabezas de ganado de propiedad de Adblick que ingresaron a través de un contrato de capitalización con toda la documentación legal exigida para ese tipo de operación. “Esta situación fue reconocida públicamente por Adblick en un comunicado oficial”, dijeron desligándose del problema. .

“Es menester destacar, además, que posteriormente se procedió a verificar las restantes 6.382 cabezas presentes en el establecimiento que no se vinculan al contrato con la firma Adblick y que son propiedad de otros capitalizadores y de Agrolam. no encontrándose ninguna cabeza perteneciente a la firma damnificada”, reconocieron.

Desde el fondo de inversión ganadero Adblick se defendieron de las acusaciones y apuntaron hacia Magliano También por medio de un comunicado, indicaron que decidieron incorporarse a la causa no solo para poner a disposición toda la documentación pertinente a la titularidad de la totalidad de las 2.128 cabezas en pastaje en Agrolam, sino reclamar la propiedad de las 230 cabezas secuestradas durante el procedimiento a los fines de demostrar que fueron debidamente adquiridas en su oportunidad por Adblick Ganadería.

Según el texto, durante el 2020 “Adblick mantuvo hacienda proveniente de compras anteriores a la cual se sumó una compra de hacienda debidamente adquirida a la misma Oleos Del Centro en junio 2020. Esta operación se realizó por 1.200 cabezas, con toda la documentación respaldatoria que se requiere y los certificados y autorizaciones debidas ante SENASA, llegando a tener en propiedad de Adblick con hotelería en dicho campo más de 2.500 cabezas, revisadas durante el allanamiento”.

En su oportunidad se trasladó la hacienda de propiedad del fondo de inversión al campo de Agrolam porque durante el segundo semestre del 2020, Oleos Del Centro les comunicó que estaba teniendo problemas con su planta de Bioetanol, a través de la cual obtenían burlanda para alimentar la hacienda, transmitiendo a Adblick la necesidad de retirar la hacienda por no poder cumplimentar los índices productivos pautados.

“En función a ello, Adbllick comenzó a retirar hacienda trasladando 2170 cabezas a campos de la firma Agrolam en Quimili, quienes prestan servicios de capitalización y cuidado de la misma. Estos movimientos se realizaron hasta los primeros días de diciembre 2020 y corresponden a la hacienda de ADBlick conforme los contratos debidamente suscriptos, retirando la hacienda que fue entregada por Oleos Del Centro con las respectivas guías firmadas por el titular de ODC y cumpliendo con todos los requisitos legales según las existencias de ADBlick en dicho establecimiento, las cuales se encontraban informadas a Sensa”, indicaron defendiéndose de las acusaciones.

Y ahora, la novedad fue se descubrieron otros 399 animales más en otro establecimiento de Alperovich, quien también fue denunciado recientemente por abuso sexual y que está con licencia.

La intención de las firmas denunciadas es poder localizar y recuperar la mayor cantidad de cabezas de ganado por lo que se espera que sigan los allanamientos en otros campos. Es así que impulsarán las acciones penales y civiles que correspondan contra los que finalmente resulten involucrados por la justicia en la maniobra. “Frente a las irregularidades detectadas y elementos reunidos en la causa, no hay tenedor de hacienda de terceros de buena fe”, dijeron.

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Coronavirus

Internaron a la jueza María Servini en terapia intensiva por complicaciones con el coronavirus

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Sufrió dificultades respiratorias y la trasladaron al Sanatorio Otamendi. Había recibido al primera dosis de la Sputnik V.

La jueza María Romilda Servini fue internada este miércoles en el Sanatorio Otamendi tras sufrir complicaciones de su cuadro de coronavirus. La magistrada se había contagiado de Covid hace menos de una semana y según confirmaron fuentes de su entorno el martes empezó a tener dificultades para respirar que se agravaron hoy y hoy decidieron internarla.

Está alojada en terapia intensiva. Además de una fuerte tos, la magistrada empezó a saturar oxigeno por debajo de los niveles recomendados. Tras ingresar le empezaron a realizar una batería de análisis para detectar si tiene problemas pulmonares que podrían derivar en una neumonía, una de las complicaciones típicas del coronavirus.

Servini, jueza federal y a cargo del juzgado electoral, tiene 84 años y por su edad integra uno de los grupos de riesgo por el coronavirus.

La jueza había sido vacunada con la primera dosis de Sputnik V en febrero pasado y según contó el 26 de marzo pasado le tenían que aplicar la segunda dosis en el Club Italiano en el barrio porteño de Caballito pero le suspendieron el turno. “Estoy enojada. Si me hubieran dado la segunda dosis, a lo mejor no me hubiera contagiado”, protestó Servini el jueves pasado cuando confirmó que tenía coronavirus.

Incluso contó que se quejó ante las autoridades de la Ciudad y que llamó al vicejefe de Gobierno Diego Santilli. “Después llamé a Diego Santilli. Le pedí que si estaban haciendo alguna excepción, trataran de darme la segunda dosis, porque yo estoy trabajando. Quedó en ocuparse, no me llamaron”, cerró.

Servini empezó con los síntoma típicos del coronavirus antes de que le dieran el resultado positivo. Tuvo tos, estornudos y un resfrío muy fuerte además de un “cansancio brutal” según contó. Los médicos le habían recomendado que intentara calmar los síntomas con paracetamol.

Cuando arrancó la cuarentena en 2020, Servini dejó de ir a su juzgado en Comodoro Py. Pero luego retomó la actividad presencial dos veces por semana. Antes de que le dieran su resultado de covid, cuatro empleados de su juzgado dieron positivo de coronavirus.

La jueza había criticado la campaña de vacunación oficial y al propio presidente Alberto Fernández. “Todo este tema de las vacunas se ha manejado muy mal. Lo siento, porque se lo estoy diciendo también al señor Presidente”, dijo Servini tras su contagio. “Se han manejado irresponsablemente, hay provincias a las que mandaron la segunda dosis de la Sputnik y no habían mandado la primera”, agregó.

Y puso condiciones para garantizar las PASO. Pidió que un “plantel de 25 personas” entre sus colaboradores reciban ambas dosis de la vacuna contra el Covid. “No los voy a exponer a que se enfermen los 25. Mi equipo son como 300 personas, estos son los 25 urneros, como los llamamos, que preparan las urnas con lo que debe contener en cada mesa. No voy a exponerlos a que se enfermen, porque ahí no puedo hacer burbuja”, afirmó.

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Politica

Cristina Kirchner fue sobreseída en la causa dólar futuro y no irá a juicio oral

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También sobreseyeron a Axel Kicillof. Así lo dispuso la Cámara de Casación.

 

La Cámara de Casación resolvió que no se realizará el juicio contra Cristina Kirchner por supuestos delitos en las operaciones con el dólar futuro. Los jueces hicieron lugar al pedido de sobreseimiento y nulidad del caso que había presentado la vicepresidenta. Éste expediente había sido el primero que le significó una acusación por corrupción en los Tribunales de Comodoro Py cuando dejó la Casa Rosada en 2015. La decisión de Casación también significó el sobreseimiento de Axel Kicillof, Alejandro Vanoli y los demás acusados. No hubo extralimitación en sus funciones y entendieron que todo respondió a una política de Estado que no puede judicializarse.

El 4 de marzo, durante más de cincuenta minutos y con un duro discurso que incluyó una fuerte defensa política, la vicepresidenta expuso por videoconferencia ante la Casación los motivos por los cuales quería anular ese expediente.

En su descargo, con el que buscaba el sobreseimiento, acusó al Poder Judicial de ser “un sistema podrido y perverso”, volvió a hablar de lawfare para defenderse de las causas de corrupción en las que está acusada y apuntó contra Mauricio Macri y los medios de comunicación.

Al analizar el caso, los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y la magistrada Ana María Figueroa resolvieran hacer lugar al pedido de sobreseimiento y anulación del juicio oral. A esa decisión se había opuesto el Tribunal Oral Federal 1 (TOF 1) que entendió que se debía realizar el debate para dirimir allí todas las controversias del caso.

La Sala I del máximo tribunal penal, entendió que el juicio no debe realizarse al no encontrar delito en las maniobras financieras impulsadas. ​El criterio central fue que respondió a una política de Estado que no puede ser judicializada.

“La intervención en los mercados es una herramienta de política monetaria con la que cuentan, generalmente, en mayor o menor medida, las instituciones que en cada país cumplen las funciones de banco central, banco de reserva o autoridad monetaria, afirmación que es conteste con la base normativa que regula las funciones del BCRA”, sostuvieron los magistrados en el fallo al que accedió Clarín.

El expediente fue instruido por el fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Eduardo Taiano. En ese momento se señaló que la pérdida para el Banco Central por las ventas de dólar futuro fue de 54.921.788.702,40 pesos, y que “la defraudación a la administración pública fue producto del acuerdo y coordinación de los más encumbrados funcionarios del Estado, quienes desde sus cargos arbitraron las medidas necesarias para su consecución”.

Esas acusaciones quedaron anuladas tras el fallo de la Cámara de Casación, en el que se hizo lugar al recurso extraordinario de las partes. Al analizar las operaciones con el dólar futuro, la Sala I expuso que “no se advierte cómo podrían atribuirse normativamente los resultados de dicha operatoria” al delito que se les había adjudicado, “cuando no hubo extralimitación en el ejercicio de las atribuciones legalmente conferidas al BCRA“, dijeron.

Un eje central, fue una pericia pedida por el TOF 1 que debía determinar cuál había sido el nivel de perjuicio para el Estado con la venta de dólar futuro. Los contadores Alejandro del Acebo, Carlos Campodónico y Stella Maris Castaño, dijeron que “las operaciones de liquidación de dólar futuro están informadas en los balances del BCRA al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2016 y en dichos años los balances arrojaron ganancias por $147.116.885.000 en 2015 y $67.448.520.000”.

Entonces, los peritos concluyeron que no existió la defraudación indicada durante la instrucción. Fue el puntapié inicial para requerir el sobreseimiento y nulidad del juicio.

El video de La Cámpora para Cristina Kirchner


Al respecto, Daniel Petrone y Diego Barrotaveña, consideraron que ese informe pericial “la suscripción de los contratos futuros celebrados por el BCRA se incluían dentro de las facultades y límites impuestos por la Carta Orgánica de esa entidad. Además que todo e habría desarrollado dentro del marco legalmente previsto a la luz de los fines de estabilidad monetaria y financiera, entre otras funciones”.

Bajo dicho lineamiento, comprendieron que no corresponde adjudicar ningún tipo de responsabilidad penal al tratarse de un “accionar legítimo y conforme a derecho”. Por otro lado, consideraron que las operaciones de Dólar Futuro durante el gobierno de Cristina Kirchner, “materializó la política monetaria que se pretendió llevar a cabo durante el período en cuestión y constituye, entonces, un asunto político cuyo acierto o desacierto se encuentra detraída del control jurisdiccional, al menos de aquel que a esa Cámara compete”, expresaron.

En este aspecto se centraron los integrantes de la Casación para expresar que “las razones de oportunidad, mérito o conveniencia tenidas en cuenta por los otros poderes del Estado para adoptar decisiones que le son propias no están sujetas al control judicial” y que por lo tanto, correspondía dictar el sobreseimiento al tratarse de una política propia de un gobierno, y no de un objeto Judicial…

Para la jueza Ana María Figueroa, el inició del expediente creó “desconcierto entre la comunidad jurídica” al considerar que no había delito alguno en la maniobra denunciada. Su análisis fue por otro lado, y dijo: “Se persiste en continuar sometido a proceso a personas con la imposición de medidas cautelares que dañan su vida, patrimonio y honor”.

Así, la Sala I ordenó sobreseer a Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof, Alejandro Vanoli Long Biocca, Pedro Biscay, Sebastián Andrés Aguilera, Bárbara Domatto Conti, Mariano Beltrani, Juan Miguel Cuattromo, Miguel Ángel Pesce, Guillermo Mario Paván, David René Jacoby, Cristian Alexis Girard, Germán David Feldman, Alejandro Formento y Flavia Matilde Marrodán..

En su descargo, Cristina Kirchner dijo que todo respondió a una “persecución política”, pues la acusan por “medidas de Estado que no pueden judicializarse”. Entonces, ante los jueces de la Sala I sostuvo que el expediente es un leading case, no solo en el tema del lawfare, sino también en la “intromisión y manipulación del Poder Judicial en los procesos electorales y en la política en general en la República Argentina”.

El presidente Alberto Fernández, avaló ese criterio ante la asamblea legislativa el pasado primero de marzo, cuando reiteró la necesidad de una reforma judicial: “Asistimos a condenas mediáticas instantáneas, sufrimos la discrecionalidad de los jueces en demoras inexplicables y hay hay manipulación de decisiones jurisdiccionales según intereses políticos”, afirmó.

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