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Economia

La AFIP sale a fiscalizar en forma electrónica: qué variables va a revisar para detectar inconsistencias

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El organismo extendió la feria fiscal determinada durante la cuarentena, pero en esta ocasión reactivó las fiscalizaciones electrónicas. revisará declaraciones juradas, movimientos bancarios y otros elementos

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reactivará las fiscalizaciones electrónicas, que estuvieron detenidas durante la cuarentena. De esa manera, lanzará una campaña de revisiones sobre movimientos de cuentas bancarias, inconsistencias en declaraciones juradas y otros movimientos sospechosos para detectar maniobras de evasión. La comunicación de que se activó una fiscalización se podrá encontrar en el portal del organismo, ingresando con clave fiscal. Es una vuelta a los controles que va en paralelo con la apertura de la motatoria.

El organismo conducido por Mercedes Marcó del Pont, a través de la resolución general 4818 pblicado hoy en el Boletín Oficial, extendió una vez más la feria fiscal que se viene aplicando desde el 18 de marzo de 2020, ahora hasta el 11 de octubre de este año. La feria, desde su inicio, mantuvo excepciones. Por ejemplo, nunca se interrumpieron las fiscalización con las que se proporciona información a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y las relacionadas con el Régimen de Precios de Transferencia.

La novedad en esta extensión es una tercera exclusión de la feria, la de los procedimientos de fiscalización electrónica. Se trata de la búsqueda de inconsistencias en movimientos bancarios, facturación y otras variables respecto de los que la AFIP comunica a los contribuyentes y responsables el inicio de una “Fiscalización Electrónica” y otorga 10 días hábiles administrativos para contestar el “Requerimiento Fiscal Electrónico”, prorrogables por otros 10 días.

Una aplicación estricta de los plazos y la imposibilidad de solicitar más de una prórroga por razones debidamente fundadas, pueden poner al contribuyente en una situación de incumplimiento que no es tal (Domínguez)

A modo de ejemplo, el tributarista Sebastián Domínguez de SDC Asesores Tributarios enumeró una serie de motivos habituales que disparan fiscalizaciones electrónicas:

1) Cuando los depósitos en las cuentas bancarias superan en un determinado porcentaje los ingresos declarados en la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias;

2) Cuando las ventas declaradas en el IVA difieren en un determinado porcentaje respecto a lo declarado en la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias.

3) Cuando hay pasivos declarados en la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias que la AFIP entiende que pueden ser ficticios, representando incrementos patrimoniales no justificados.

Pero más allá de estos puntos, las revisiones electrónicas buscan todo tipo de inconsistencias.

Es algo típico de las moratorias, porque una de las formas que tiene el fisco de atraer a los contribuyentes a las moratorias es mostrando que fiscaliza (Piano)

El inicio de una fiscalización electrónica se notifica en el domicilio fiscal electrónico y se completa en el servicio “Fiscalizaciones Electrónicas”, dentro del portal de AFIP, ingresando con clave fiscal.

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Más allá de las adecuaciones que resulten necesarias como resultado de las inconsistencias detectadas, los contribuyentes están obligados a responder al requerimiento fiscal electrónico. Si se incumple el requerimiento, la AFIP puede determinar sanciones y medidas muy graves para los contribuyentes.

Por ejemplo, puede recurrir a la aplicación de multas de entre $150 y $45.000, según el caso. También al encuadramiento en una categoría del “Sistema de Perfil de Riesgo (SIPER)” que refleje un grado creciente de riesgo de ser fiscalizado o a la exclusión o suspensión de los Registros Especiales Tributarios o Registros Fiscales a cargo de la AFIP en los cuales estuviere inscripto. Por último, puede consderar al incumplimiento como una inconsistencia asociada a su comportamiento fiscal.

En contexto de distanciamiento social los contribuyentes pueden tener dificultades para detectar la notificación o, incluso, para cumplir los plazos para una respuesta.

“Lo que en realidad pasa con este tema es que estaban relajados todos, porque los contribuyentes tenían tiempo para responder. Ahora vuelve la situación normal, donde esas fiscalizaciones tienen que ser respondidas en un plazo y puede tener consecuencias para los contribuyentes. Los contribuyentes tienen que estar más alertas a las contribuciones que reciben en el domicilio fiscal electrónico”, dijo Adriana Piano de SMS.

“Es algo típico de las moratorias, porque una de las formas que tiene el fisco de atraer a los contribuyentes a las moratorias es mostrando que fiscaliza”, agregó Piano.

Habría que tener en cuenta que los requerimientos que se cursen no afecten a personas en edad de riesgo que deban salir de su casa o ir a sus oficinas para recabar la información solicitada (Litvin)

“Una aplicación estricta de los plazos y la imposibilidad de solicitar más de una prórroga por razones debidamente fundadas, pueden poner al contribuyente en una situación de incumplimiento que no es tal. En consecuencia, si Fisco aplicara sanciones y medidas que no corresponden, generará problemas operativos y mayores costos para contribuyentes”, escribió Sebastián Domínguez.

“Habría que tener en cuenta que los requerimientos que se cursen no afecten a personas en edad de riesgo que deban salir de su casa o ir a sus oficinas para recabar la información solicitada. Yo excluiría a las personas en edad de riesgo”, dijo César Litvin de Lisicki, Litvin y Asociados.

“Dada la cuarentena es muy difícil contestar requerimientos de información teniendo en cuenta la limitante que es el trabajo no presencial. Desde ese punto de vista todos los regímenes informativos deberían ser aplazados dado que el trabajo de los profesionales en ciencias económicas está recargado”, agregó.

Feria fiscal

La AFIP prorrogó la feria fiscal hasta el 11 de octubre de 2020, inclusive. Durante la vigencia de las medidas de aislamiento y distanciamiento social, preventivo y obligatorio se mantendrá la suspensión del cómputo de los plazos vigentes para los contribuyentes en distintos procedimientos administrativos.

Una feria fiscal consiste en la extensión de todos los plazos procedimentales en materia impositiva, aduanera y de la seguridad social. La medida no suspende las acciones de la AFIP. No obstante, durante su vigencia quedan en suspenso el cómputo de los plazos que rigen para la respuesta de los contribuyentes a los requerimientos del organismo, explicó la AFIP a través de un comunicado.

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La ANSES incorpora a 1 millón de niños a la Asignación Universal por Hijo

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Son niños y adolescentes que fueron identificados por el entrecruzamiento de bases de datos. No estaban recibiendo ningún tipo de cobertura.

Como parte de la política de fortalecimiento de la asistencia a los sectores más vulnerables, la ANSES incorporará a más de 700 niños y adolescentes al beneficio de la Asignación Universal por Hijo (AUH), lo que significará un incremento del presupuesto destinado por el Estado para brindar esta cobertura de $3.540 mensuales por hijo, que en la actualidad tiene unos 4 millones de beneficiarios.

Este jueves 29 de octubre, el presidente Alberto Fernández y la titular de la ANSES, Fernanda Raverta, anunciarán la inclusión de los nuevos beneficiarios que fueron identificados mediante un entrecruzamiento de las bases de datos del Registro Nacional de las Personas (Renaper), la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) y el Registro Nacional de Reincidencia, lo que permitió en una primera fase identificar a 700 mil niños y adolescentes que no están cubiertos por ningún tipo de asignación.

La fecha elegida para el anuncio no es azarosa, y que el 29 de octubre de 2009 la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue quien puso en marcha la Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH), un plan de inclusión social que no tenía precedentes en la Argentina.

El trabajo de la ANSES se intensificó desde que Raverta asumió a fines de abril, y encomendó a los funcionarios realizar una intensa tarea para identificar a cada uno de los beneficiarios de los planes de asistencia, al tiempo que se mejoró la implementación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), puesto en marcha para paliar los efectos de la pandemia.

En ese contexto, es que el organismo halló que más de 1 millón de niños y adolescentes que “se encuentran por fuera del sistema de la seguridad social y que son sujetos de derecho, pero que no estuvieron siendo mirados por el Estado en los últimos años”, explicaron a Ámbito fuentes de la ANSES. Además, de los 700 mil nuevos beneficiarios ya identificados, la ANSES viene realizando un registro exhaustivo que permitirá también incluir a casi 300 mil chicos ala AUH, completando 1 millón.

Vale recordar que les corresponde cobrar la AUH al padre o madre que viva con hijos menores de 18 años (no hay límite de edad en casado de hijo con discapacidad), que viva con los menores que esté en alguna de las siguientes situaciones: desocupado, trabajador no registrado (sin aportes), trabajador del servicio doméstico, monotributista social, o inscripta en Hacemos Futuro, Manos a la Obra y otros programas de Trabajo.

En ANSES el objetivo es que el Estado “inteligente” llegue de manera precisa a quienes más lo necesitan, utilizando para ello la información compilada a través de cada uno de los organismos, para que la ayuda llegue de forma oportuna y de un modo eficiente.

Esta política se enmarca en diversas acciones que se vienen desplegando desde el Gobierno Nacional, como el Certificado de Pre-Identificación (CPI) lanzado por Alberto Fernández el pasado jueves 22 de octubre, para dar con aquellos individuos que no se encuentran inscriptos en el RENAPER, facilitar la identificación y emisión del DNI y garantizar su derecho a la identidad, y a los beneficios de la seguridad social.

Al respecto, el director del RENAPER, Santiago Rodríguez, señaló que el CPI “facilitará el acceso a ejercer plenamente el derecho a la identidad a entre 200 y 900 mil, que hoy no tienen partida de nacimiento ni DNI, de los cuales unos 30 mil están con trámite judicial iniciado”.

Rodríguez sostuvo que el CPI “facilitará, también, el proceso de saber exactamente cuántos son, quiénes son, dónde están para facilitarles y acompañarlos en el trámite de inscripción de su nacimiento, ya sea por la vía administrativa o judicial, para que puedan tener su DNI”.

Además, el Gobierno puso en marcha a principios de octubre la Mesa Interministerial para el Desarrollo Infantil Temprano con el objetivo de abordar y activar medidas urgentes en materia de desarrollo infantil temprano, uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. En esa oportunidad, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, destacó que “por primera vez hay un capítulo en el presupuesto nacional, que incorpora la inversión del Estado para niños, niñas y adolescentes, que es de 873 mil millones de pesos. Estamos hablando de casi dos puntos y medio del PBI en asistencia directa”.

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Señal a los mercados: no descartan ayuda extra del FMI a la Argentina

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En el marco de una renegociación del pago de la deuda contraída durante el macrismo, el Gobierno y el organismo analizan la viabilidad de realizar un nuevo desembolso al país de hasta u$s5.000 millones.

La Argentina podría solicitar una partida adicional de dinero del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco de las negociaciones que lleva adelante el país con el organismo para renegociar un acuerdo de 2018, según reveló este martes Sergio Chodos, representante del país ante el FMI.

Desde Washington, Chodos dijo que el Gobierno podría acordar recibir dinero fresco aunque descartó que sea por un monto “exorbitante”. “Es cierto que podría haber necesidades un poco por arriba, que podrían llegar a ocurrir. Pero no me imagino una cosa que sea muy exorbitante respecto del de antes. La intención es ir saliendo, no volver a entrar”, advirtió a radio La Red.

La Argentina y el FMI se encuentran renegociando un crédito que otorgó el organismo en 2018 por el que el país ya recibió unos u$s44.000 millones, durante la gestión de Mauricio Macri. El nuevo acuerdo “es absolutamente necesario” que esté antes de julio del año que viene, explicó Chodos.

Según reveló la agencia internacional Reuters en el mercado se especulaba con que el país podría recibir un monto de entre u$s3.000 y u$s5.000 millones por parte del organismo para regenerar la confianza de los ahorristas. Ámbito anticipó an marzo pasado que Alberto Fernández tenía previsto pedirá al FMI que habilite la línea de financiamiento denominada Derechos Especiales de Giro (DEG), destinada exclusivamente para cubrir necesidades ante catástrofes naturales o emergencias sanitarias como la que, obviamente, generó el estallido del coronavirus.

El Presidente tomará así una línea de crédito del FMI que se ubicaría entre los u$s3.000 y u$s3.500 millones, los que se destinarían casi exclusivamente a poder tomar futuras decisiones económicas de sostenimiento de la economía real; como el apoyo a la obra pública y la asistencia a las provincias. En consecuencia, no será dinero para pagar vencimientos de deuda; los que continuarán dependiendo de la decisión del Jefe de Estado y las órdenes que les dé al presidente del BCRA, Miguel Pesce, de utilizar o no las reservas.

Para Joaquín Candia, analista de Rava Bursátil, la llegada de nuevos fondos “podría generar algo de confianza en el mercado, dado que se encuentra esperando señales de un programa económico y preferentemente ortodoxo para poder hacerle frente a la fuerte crisis que se encuentra atravesando el país”.

Días atrás, Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo multilateral, fue consultado por Ámbito sobre si es posible que el Fondo otorgue una línea de asistencia urgente en virtud de la crisis del Covid-19 y las tensiones por las que atraviesa el mercado de cambios. “No comentaría en este momento ya que será momento (de definir el tipo de préstamo) cuando se avance en el trabajo entre nuestros equipos y las autoridades argentinas”, respondió.

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Programa ATP: el Gobierno seguirá pagando una parte de los salarios privados hasta fin de año

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Así lo confirmó a través del Decreto 823/2020, que fue publicado este martes en el Boletín Oficial. La decisión ya había sido anunciada días atrás luego de una reunión del Gabinete Económico

Como ya se había adelantado, el Gobierno decidió extender “la vigencia del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción” (ATP) hasta el próximo 31 de diciembre, por lo que la ayuda estatal a las empresas privadas para pagar los sueldos seguirá, por lo menos, hasta fin de año. Así lo informó a través del Decreto 823/2020, que fue publicado este martes en el Boletín Oficial.

Se trata de la séptima etapa del plan que comenzó poco después de que la pandemia del coronavirus llegara a la Argentina y que, además del auxilio para el pago de los salarios, también plantea la eximición de contribuciones patronales y créditos a tasas subsidiadas.

La decisión de prolongar nuevamente el ATP para continuar asistiendo a los sectores que están en situación crítica por las restricciones impuestas para frenar la propagación del COVID-19, fue tomada la semana pasada tras una reunión del equipo económico de la Casa Rosada.

Con la firma del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Economía, Martín Guzmán, las autoridades nacionales confirmaron que el programa seguirá vigente, al menos, “hasta el 31 de diciembre de 2020”.

Entre los considerando, el Gobierno señaló que, “en razón de la emergencia declarada, se han adoptado distintas medidas destinadas a ralentizar la expansión” del coronavirus en el país, “limitando la circulación de personas y el desarrollo de actividades determinadas, lo que produce un impacto económico negativo y no deseado sobre empresas y familias”.

El Gabinete económico decidió avanzar con una nueva etapa del ATPEl Gabinete económico decidió avanzar con una nueva etapa del ATP

En este sentido, el Poder Ejecutivo recordó que, en ese contexto, se creó el ATP para ayudar a “empleadores y empleadoras, y trabajadores y trabajadoras afectados y afectadas” por esta situación, aunque se trata de una medida “temporal” que finalizó el 30 de septiembre pasado, pero se aclaró que para los sectores más críticos el beneficio podría extenderse más allá de esa fecha, “aun cuando el aislamiento social, preventivo y obligatorio hubiere concluido”.

Por esta razón, el Gobierno sostuvo que, “si bien se observa una recuperación de la actividad económica, la misma evidencia heterogeneidad sectorial y territorial”, por lo que consideraron “pertinente extender la temporalidad de la asistencia comprendida en el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción” para las personas en relación de dependencia e independientes, “adecuándolo a las necesidades imperantes en la actualidad y a los cambios que se han producido y se van produciendo en la realidad económica”.

Según trascendió, la inscripción para esta nueva etapa del plan tendrá lugar en los últimos días de octubre, a los efectos de que los trabajadores beneficiados puedan cobrar sus haberes en forma completa durante noviembre.

“El ATP ha sido y es una herramienta fundamental para reducir el impacto sobre la actividad productiva, sostener el trabajo y acompañar a las empresas en este duro contexto. Definimos una nueva ronda para seguir protegiendo el saber hacer de la economía y tener bases sólidas que propicien un mejor horizonte de recuperación”, aseguró Guzmán tras la reunión del Gabinete Económico realizada en el Palacio de Hacienda.

De aquel encuentro participaron también la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco; el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Claudio Moroni; el presidente del BCRA, Miguel Pesce; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, y los secretarios de Hacienda, Raúl Rigo y de Política Económica, Haroldo Montagu.

En la última etapa que tuvo este programa previo a esta nueva prolongación, un total de 1.291.970 trabajadores pertenecientes a 124.160 empresas accedieron al salario complementario por parte del Estado. En ese sentido, el gasto público necesario para afrontar el pago de esos sueldos alcanzó los $26.000 millones, que se complementó con los fondos asignados a los créditos a tasa subsidiada.

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