Tuvo una suba de 52% en el año. Alimentos y remedios representan casi la mitad del gasto de los adultos mayores.
En los últimos 12 meses, por la suba de los precios, en especial de los alimentos y remedios, la canasta básica de los adultos mayores o jubilados y pensionados aumentó un 52%: ya vale $ 75.505. En octubre 2020 ascendía a $ 49.614 según los cálculos de la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires.
A agosto, la inflación interanual medida por el INDEC fue del 51,4%.
Con relación a abril ($ 64.039), en 6 meses el encarecimiento de la canasta fue del 17,9%. La Defensoría presenta la evolución de esa canasta dos veces por año.
Los rubros que componen esta canasta “digna” del adulto mayor son alimentos, productos de higiene y limpieza, medicación e insumos de farmacia, impuestos y servicios, transporte, vestimenta, gastos de vivienda y recreación. Alimentos y medicamentos representan casi la mitad.
“Este monto continúa denotando un desfasaje con los haberes de alrededor de 4.500.000 jubilados y pensionados que perciben una remuneración mínima de $ 25.922. Desfasaje que no se logró cubrir con el bono no remunerativo de $ 1.500 que percibieron en abril y mayo los que cobran hasta $ 30.800, y el bono de $5.000 que se otorgó en agosto como refuerzo para intentar alcanzar la inflación. Se evidencia claramente que esta gran proporción de mayores apenas alcanzan a cubrir un 25% de las Necesidades Básicas que deberían garantizar su vida digna”, dijo el Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino.
“Sin olvidar -agregó- que las Pensiones No Contributivas (por discapacidad) y la Pensión Universal para Adultos Mayores están en un rango del 70 – 80% menos de la jubilación mínima, $ 20737 y $ 18.145 respectivamente, que perciben aproximadamente 1.500.000 de personas. Y otros de 2.000.000 de jubilados perciben haberes medios cercanos a los $ 40.000” .
Semino dijo que “seguimos reclamando que las jubilaciones y pensiones mínimas sean, por lo menos, acordes a la canasta básica del Jubilado, con el pago de un aumento de emergencia”.
Ese planteo lo fundamenta, además, en que “desde hace más de un año este sector es el más vulnerable a los efectos del COVID 19, ya que la gran mayoría de los más de 115.000 fallecidos pertenecen a esta franja etaria; y que los cientos de miles que cursaron la enfermedad hoy no son asistidos en los controles de salud post patología aguda, ni en rehabilitación, por parte de las obras sociales, de PAMI ni de las prepagas”.
Se suma el hecho – continuó – “de que las familias, en aquellos casos que las tuvieren, que podían ayudarlos económicamente previo al ASPO, hoy han perdido ingresos, siendo el adulto-mayor el primer desplazado en la ayuda económica y socio-sanitaria”.
Con estos fundamentos, “nos ponemos a disposición del Ministro de Economía, de la Ministra de Salud, o del funcionario que designe el Poder Ejecutivo, para debatir este pedido públicamente, ya que los jubilados no necesitan una dádiva, sino que se reconozcan efectiva y no discursivamente, sus derechos”.
