El nuevo consenso fiscal busca mantener o ampliar la caja de las provincias en 2022. Los especialistas advierten por su impacto en precios.
El nuevo consenso fiscal que regirá el año próximo abrió un debate que podría terminar en la Justicia. El acuerdo sellado este lunes entre el Presidente y los gobernadores crea impuestos y les permite aumentar otros tributos a las provincias para mantener o generar recursos en un 2022 con menor crecimiento y déficit fiscal.
La idea es respetar las metas negociadas con el FMI, pero los especialistas advierten que el costo fiscal lo pagarán las empresas, los consumidores y titulares de inmuebles.
Uno de los nuevos blancos son los herederos, ya que se contempla el impulso de una ley para fijar un impuesto a la herencia el año que viene. El esquema prevé alícuotas marginales crecientes para esas operaciones, legados, donaciones, anticipos de herencia y cualquier otra transmisión gratuita de bienes que implique un enriquecimiento patrimonial.
“Esto de promover un impuesto a la herencia para que las provincias lo apliquen es un aumento de la presión tributaria a los que pagan el impuesto a las Ganancias y Bienes Personales, no es doble imposición porque afecta al heredero, los perdedores vendrían a ser los contribuyentes“, aseguró Sebastián Domínguez, socio del estudio SDC Asesores Tributarios.
De esta manera, una persona que compra un inmueble para alquilarlo genera una renta por la que puede llegar a pagar una alícuota del 35% del impuesto a las Ganancias y, además, un máximo de 1,25% todos los años por Bienes Personales dentro del país, mientras que si el bien se encuentra situado en el exterior la tasa más alta puede llegar al 2,25%.
El pacto con las provincias también podría alcanzar a las empresas de algunos sectores por la actualización de Ingresos Brutos, un tributo que el Fondo recomienda eliminar o reducir y que explica entre el 75 y el 80% de la recaudación propia de cada jurisdicción. La idea del gobierno es mantener o ampliar esa fuente de ingresos, tras la caída del Presupuesto.
La gestión de Mauricio Macri acordó rebajas progresivas con los gobernadores desde 2018 en sectores productivos y liberó los topes en comercio, donde la mitad de las provincias aplicaron subas. El sendero de recortes quedó congelado desde 2020 y ahora el Gobierno fijó nuevas alícuotas máximas en Comunicaciones, Telefonía Celular e Intermediación Financiera.
“Si comparás con 2017, se paralizó la rebaja en la mayoría de los rubros. En el sector financiero, el año pasado se quitó el tope y ahora va a ser del 9%. Para quienes aplicaban una alícuota del 5%, es una suba de más del 80%, pero para las provincias que cobraban más del 9%, los bancos van a pagar menos”, explicó Nadin Argañaraz, titular del IARAF.
Otra fuente posible de recursos serán los servicios digitales, como Netflix, Disney +, Spotify, Amazon Prime, HBO Go, Youtube, Spotify, Airbnb, Booking, que se brindan desde el exterior y hoy son gravados en la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba. Las provincias buscan ampliar la caja con un impuesto que se creó en 1977, como Ingresos Brutos, cuando no existía internet.
“En algunas situaciones va a generar reclamos judiciales e impacto en precios, porque se aplicarán tambien regímenes de recaduacion. Entonces esta reforma del pacto fiscal puede traer incremento en precios de estos servicios digitales”, dijo el tributarista y profesor de la UBA, Guillermo Poch.
Por último, habrá un incremento del impuesto inmobiliario, ya que la alícuota máxima pasará del 2 al 3%.
