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Nacionales

Funcionarios que ganaron con la devaluación

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Los funcionarios del Gobierno estuvieron entre los principales beneficiarios de salto del dólar de este martes. Tras el suba de 11 pesos por dólar, los principales representantes del equipo económico de Cambiemos se embolsaron 368,5 millones de pesos en ganancia por sus tenencias en dólares para ahorro y activos en el exterior, de acuerdo con la declaraciones juradas de sus patrimonios.

“No tengo miedo de no poder controlar el dólar”, afirmó el ministro hace once meses cuando el dólar tocaba los 40 pesos y el Gobierno renegociaba el acuerdo con el Fondo Monetario. La expresión se entiende al analizar las declaraciones juradas a diciembre de los funcionarios ante Oficina Anticorrupción. De acuerdo con los datos presentados, los nueve principales funcionarios del área económica suman un patrimonio total de 812 millones de pesos, del cual un 64 por ciento está depositado o en bienes en el exterior.

Si se calcula la suba de once pesos por dólar de este lunes, los 520 millones de dólares fuera del país de estos funcionarios les redituaron una capitalización de 5720 millones de pesos, razón suficiente para no temerle a un dólar descontrolado. Si se toma sólo sus tenencias en dólares como ahorro suman 33,5 millones de dólares, la ganancia en un día fue de 368,5 millones de pesos.

De acuerdo con las actas en la Oficina Anticorrupción, Dujovne declaró acciones, un terreno y una casa en Uruguay, y cuatro depósitos en el exterior, por un total de 6,3 millones de pesos. Entre ocho cuentas bancarias en el país y dinero en efectivo, suma casi 5 millones de pesos, de los cuales 4,5 millones de pesos están en dólares.

Santiago Bausili, secretario de Finanzas, informó que 22,3 millones de pesos de 67,2 millones total de patrimonio están en el exterior. El titular del Banco Central, Guido Sandleris, comunicó 5,3 millones de pesos en moneda extranjera. El año pasado había logrado incrementar su patrimonio en 83 por ciento por la devaluación. Tiene una cuenta corriente en los Estados Unidos 141.626 dólares, por los que este lunes ganó 1,6 millones de pesos en 24 horas.

El titular de la AFIP mantiene el 89 por ciento de sus bienes en el exterior, por el equivalente a unos 12 millones de pesos, y un departamento en Inglaterra por otros 8 millones de pesos. Suma también mil libras esterlinas en un fondo de retiro en el Reino Unido. Otros funcionarios de Hacienda con activos en el exterior son el vicepresidente del Central, Gustavo Cañonero; el titular de la AFI, Gustavo Arribas; el secretario de Hacienda, Rodrigo Pena; el ex ministro de Producción Francisco Cabrera y el actual, Dante Sica.

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Nacionales

Alberto Fernández con los movimientos sociales: “Viene el gobierno de todos ustedes”

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El presidente electo compartió detalles del programa Argentina contra el Hambre.  “Vamos a resolver las cosas juntos”, les dijo a los dirigentes sociales y aseguró que “la economía popular llegó para quedarse”.

Alberto Fernández se reunió con dirigentes de los movimientos sociales en la sede de la Conferencia Episcopal Argentina. El presidente electo habló con ellos sobre cómo será el programa Argentina contra el Hambre. “Lo que viene es el gobierno de todos ustedes, no de Alberto y de Cristina, vamos a resolver las cosas juntos”, manifestó el presidente electo, que pidió “no tener miedo del debate que hay que dar” y aseguró que “la economía popular llegó para quedarse” .

En el encuentro participaron Emilio Pérsico (Movimiento Evita), Esteban Castro y Gildo Onorato (CTEP), Juan Carlos Alderete, Fredy Mariño y Luciano Álvarez (Corriente Clasista y Combativa), Daniel Menéndez, Néstor Moccia y José Oscari (Barrios de Pie), Dina Sánchez (Frente Darío Santillán), Juan Grabois (Movimiento Trabajadores Excluidos), Rafael Klejzer (Movimiento Popular La Dignidad) y Natalia Zaracho (Movimiento de Trabajadores Excluidos). En representación de la iglesia actuó Monseñor Jorge Lugones, obispo de Lomas de Zamora y titular de la Comisión Episcopal de la Pastoral Social. Fernández concurrió acompañado por Gustavo Beliz y el diputado Daniel Arroyo, autor del programa contra el Hambre.

El proyecto, que está planteado como un conjunto de políticas para garantizar el acceso a los alimentos, tiene previsto sumar a los movimientos populares en su capacidad de producir y distribuir alimentos de la canasta alimentaria. Este trabajo con el Estado es un reclamo histórico de las organizaciones sociales, que vienen desarrollando emprendimientos productivos y canales de comercialización alternativos para mejorar las condiciones de vida y generar un nuevo tipo de trabajo para sus integrantes.

“Le planteamos al presidente electo la necesidad de que se implementen políticas sociales que tengan que ver con el desarrollo de la economía popular, con las unidades productivas y esquemas de desarrollo que hemos generado en estos años”, dijo al salir del encuentro Daniel Menéndez, de Somos Barrios de Pie.

“Encontramos una completa sintonía en el diagnóstico sobre la gravedad de la situación  social. Va a haber un acompañamiento pleno de nuestros movimientos populares al gobierno;  nosotros sentimos que este será también un gobierno de los movimentos populares”.

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Economia

Advierten que la deuda pública será uno de los mayores problemas que enfrentará el gobierno de Alberto Fernández

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La consultora Ecolatina advirtió que la deuda pública “será uno de los mayores problemas” para el Gobierno de Alberto Fernández, ya que actualmente la misma representa cerca del 90% del Producto Bruto Interno (PBI) de la Argentina, entre “obligaciones en manos del sector privado, organismos financieros internacionales y otras agencias estatales”.

En este marco, la consultora resaltó que la próxima administración deberá “definir rápidamente una estrategia para encarar el problema” porque “difícilmente logre maximizar el crecimiento” del país en poco tiempo.

A través de un informe, Ecolatina señaló que durante la gestión de Fernández “vencerán alrededor de la mitad de los compromisos” que tiene el Estado con sus acreedores, a los que “deberán sumarse el pago de intereses de estas deudas”.

El documento detalla que “dentro de esos vencimientos se incluye la devolución de buena parte del préstamo recibido del FMI (Fondo Monetario Internacional) que deberá pagarse -conforme al cronograma vigente- entre 2022 y 2023”.

Kristalina Georgieva, directora del FMI.

Kristalina Georgieva, directora del FMI.

Además, el Tesoro “deberá desembolsar en torno a US$ 38.000 millones (cerca del 10% del PBI) hasta junio” del próximo año, y más de 20.000 millones de dólares de ese monto serán para cubrir “deuda relevante”, por lo que consideraron importante las medidas que tome la gestión del Frente de Todos para “minimizar los daños” que generen esas obligaciones.

Alberto Fernández adelantó en varias oportunidades que su intención es cumplir con todos los cronogramas de cobros, aunque advirtió que su Gobierno no va a poder hacerlo “en las condiciones en las que está la economía argentina”.

“La economía se tiene que recuperar, volver a producir y volver a exportar. De ese modo tendrá dólares para hacer frente a las obligaciones. Hoy nada de eso ocurre. Llevamos dos años consecutivos de caída del consumo”, explicó el presidente electo durante una entrevista que mantuvo con el prófugo ex mandatario de Ecuador Rafael Correa.

En este sentido, Fernámdez confió en que va “a tener una negociación cierta” con el FMI cuando asuma al frente de la Casa rosada y va “a poder explicar” la situación en la que se encuentra el país financieramente.

“El mundo tiene que entender que no somos Macri. Nosotros no mentimos. No podemos pagar en las condiciones en las que está la economía argentina”, agregó.

Alberto Fernández aseguró que su intención es cumplir con el pago de las deudas.

Alberto Fernández aseguró que su intención es cumplir con el pago de las deudas.

Al respecto, Ecolatina también observó que “con el riesgo país por encima de los 2.000 puntos, no será posible refinanciar estas deudas”, por lo que se preguntó si el Gobierno “podrá conseguir el ahorro” para cumplir con los vencimientos.

“La recesión, los límites (económicos y político-sociales) a recortar el gasto y elevar la presión tributaria y el alto peso de la deuda en moneda extranjera abren interrogantes sobre la capacidad de pago del stock existente”, se remarcó en el documento.

Por otra parte, la consultora opinó que “el cierre absoluto de los mercados de crédito refleja las dudas que tienen los inversores” sobre el “grado de solvencia” de la Argentina y sostuvo que si “no se puede refinanciar las obligaciones (por lo menos, hasta convencer a los acreedores de lo contrario)”, Fernández “tendrá tres posibilidades: elevar la presión tributaria, exigirles un ajuste mayor a las prestaciones públicas o modificar las condiciones de pago de los pasivos”.

Por último, el informe consideró que “el régimen impositivo actual y los contratos vigentes de actualización de prestaciones sociales, salarios y servicios públicos son incompatibles con el pago en tiempo y forma” de las deudas, por lo que “alguno de estos agentes deberá perder parte de los recursos que espera obtener”.

De cara al primer tramo del próximo Gobierno, Ecolatina sostuvo que teniendo en cuenta la “magnitud del problema en el corto plazo, es probable que encaren un programa que combine mayor contracción fiscal con una reestructuración de los pasivos. Así, el costo de este ajuste se repartiría entre las cuentas fiscales y los bonistas”.

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Nacionales

La titular de la Oficina Anticorrupción investigada por el manejo de fondos públicos

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Un allanamiento a un asesor de Laura Alonso profundizó sospechas de que la funcionaria pagó con fondos públicos a una consultora PRO para su promoción política. Indicios de retornos dispararon otra causa en Comodoro Py

Un allanamiento judicial en el domicilio de un exasesor de la Oficina Anticorrupción aportó evidencias del pago irregular a una consultora cautiva del gobierno para la promoción política de Laura Alonso. No sólo ello. Los archivos informáticos secuestrados despertaron sospechas de que Consuasor, una firma que viene dando vueltas por medio gabinete, pudo haber pagado retornos en otros contratos, lo que dio origen a una nueva causa en Comodoro Py.

El registro del domicilio de Alejandro Giúdice, uno de los socios de Consuasor, fue llevado a cabo el 5 de junio pasado por orden del juez federal Sebastián Casanello, luego de que declaraciones de testigos y documentos sumados a la causa ratificaran las sospechas de conflictos de intereses y abuso de autoridad por parte de Alonso para supuestamente beneficiar a una consultora amiga, indicaron fuentes con acceso al expediente. El resultado del allanamiento no se había hecho público hasta hoy.

La causa se originó en julio de 2018 luego de que Página 12 y el sitio Letra P informaran que la Oficina Anticorrupción (OA); los ministerios de Trabajo, Medio Ambiente y Defensa; el senador Federico Pinedo y el gobierno de Salta habían contratado a Consuasor para tareas genéricas de comunicación.

La consultora de prensa fue fundada hace más de diez años por el citado Giúdice, Facundo Sosa Liprandi y quien luego fuera el primer subsecretario de Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete bajo el gobierno de Cambiemos, fallecido en 2017. En un trámite destinado a ponerse en regla y ser contratada por el Estado, la empresa fue reinscripta como SRL el 28 de diciembre de 2015, días después de la asunción de Mauricio Macri en la Casa Rosada. No obstante, voces allegadas a Consuasor explicaron que la creación de la SRL llevó muchos meses y no estuvo relacionada con la llegada de Cambiemos al Gobierno.

El nuevo registro de la consultora, que hasta entonces orbitaba en legisladores del Pro y, particularmente, en el senador Federico Pinedo, fue sin el nombre del funcionario asignado a la Jefatura de Gabinete.

Y los contratos llovieron

Conocida la trama de Consuasor, el abogado peronista Leonardo Martínez Herrero presentó una denuncia asignada a la fiscalía de Carlos Stornelli y el juzgado de Casanello. El fiscal no movió un dedo para investigar a su allegada Alonso, lo que no impidió que el expediente avanzara.

El allanamiento en el domicilio del exasesor de la titular de la OA aportó documentos relacionados a la imputación inicial por malversación de fondos públicos y disparó sospechas de otros delitos, más graves.

Un archivo informático del asesor Giúdice incluía una planilla con los montos facturados y los realmente cobrados entre 2016 y 2018, con variaciones entre uno y sesenta por ciento. Ante la hipótesis — entre otras — de que la diferencia obedeciera a retornos desde el contratado al contratante, el juzgado de Casanello presentó una denuncia que aterrizó en el despacho de Daniel Rafecas .

El archivo de excel analizado incluía dos columnas bajo el nombre Laura Alonso. Entre ambas, se consignaron pagos entre marzo de 2017 y abril de 2018 por un total de 1.099.150 pesos. Ése fue el último mes abonado, porque la titular de la OA se vio forzada a despedir a la consultora cuando este medio informó la turbiedad del vínculo comercial.

No bien surgieron los primeros indicios de lo que parecía una irregularidad, a fin de 2017, Alonso prefirió no contestar las consultas periodísticas. Dilató durante meses respuestas a pedidos de acceso a la información y entregó datos engañosos. Durante la semana que pasó, tampoco fue posible obtener respuestas de Alonso.

Que el abono anotado por Consuasor figurara a nombre personal de Alonso en lugar de la OA profundizó la presunción de que se trata de un servicio destinado a la promoción personal de la funcionaria pagado por fondos públicos. Ninguno de los ingresos registrados en la computadora de Giúdice entre 2016 y 2018 estaba sólo a nombre de funcionarios sino de la dependencia estatal que efectuó el pago.

La línea de investigación de una contratación para la proyección política de Alonso ya figuraba en el expediente con el testimonio de exempleados — cuyos nombres se reservan—, que padecieron la injerencia paracaidística de Consuasor. Una fuente que conoció de cerca las motivaciones reales de Alonso para contratar a la consultora dijo a Página 12 que el objetivo, en coordinación con Jefatura de Gabinete, era la construcción de su candidatura a senadora en 2019, objetivo no alcanzado.

Las respuestas que debe Alonso son varias. Primero, el motivo del pago a consultores allegados al oficialismo que superpusieron las funciones y subordinaron jerárquicamente al personal estable y contratado para el área de prensa. Es decir, si inventó contratos para hacer un favor o para hacer pagar al Estado una necesidad política personal.

En segunda instancia, parece evidente que como Consuasor no estaba adecuadamente registrada como proveedora del Estado, la funcionaria disimuló el detalle mediante locaciones de servicios con los dueños de la firma. Está probado que personas que trabajaban para Consuasor y sin ningún cargo formal en el Estado daban órdenes a empleados estatales, porque Alonso así lo dispuso.

Además, la consultora ofrecía en su web la gestión de intereses empresariales ante el Estado y prestaba servicios en otras dependencias. Allí el conflicto de intereses era doble, porque Alonso tenía sentados a su mesa chica a asesores que en simultáneo hacían lobby para privados, y que a su vez coordinaban la comunicación de funcionarios a los cuales la OA tendría que investigar. Tal fue el caso del maltratador, empleador en negro, empresario y exministro de Trabajo Jorge Triaca, contratante de la firma. Las fuentes cercanas a Consuasor aclaran que la mención al lobby fue una mera estrategia comercial, nunca concretada, por lo cual niegan esa incompatibilidad.

Según miradas al tanto del expediente, testigos dejaron claro que la presencia de la consultora, el persistente interés de Alonso por su imagen pública y sus intervenciones altisonantes en defensa del gobierno Macri generaron fricciones permanentes con empleados que aspiraban a una comunicación acorde a un organismo público de control.

“Nunca vi una situación de este tipo”, dijo una persona con amplia experiencia en tareas de prensa para el Estado bajo diferentes gobiernos y jurisdicciones. “No supe qué hacían (los de Consuasor) en la Oficina ni el rol de la consultora”, agregó.

Las reprimendas de Alonso a su gente de comunicación y el privilegio otorgado a Consuasor eran una constante. “No quiero ser soberbia, pero soy la mejor vocera que tuvo este organismo en muchos años”, escribió la funcionaria en un mail dirigido a sus subordinados.

Las tareas que supervisaba Consuasor eran la coordinación de entrevistas (centradas principalmente en medios del Grupo Clarín), el manejo de redes y el discurso público de la funcionaria.

Por ejemplo, la consultora mandó mails sobre cuál debía ser el discurso de Alonso ante hechos de debate público, con el siguiente formato. Título: “AMIA, CFK y Timerman”. “Línea oficial (con comentarios de Mauricio Macri o Marcos Peña); línea Vidal (comentarios de la gobernadora); línea Consuasor: ‘los argentinos merecemos saber la verdad de la corrupción kirchnerista’”.

En la campaña electoral legislativa de 2017, la “línea Consuasor” para Alonso fue “el cambio es de abajo hacia arriba”, mientras que ante la desaparición de Santiago Maldonado, el speech de la consultora fue “debemos esperar el avance de la investigación” (en efecto, en esos días Alonso hizo declaraciones cautas, pero al año siguiente, celebró en Twitter a un troll del oficialismo que se divirtió mostrando un conjunto de huesos humanos con el texto: ‘¿Dónde está Santiago Maldonado? – Acá, pelotudos’)

Ante la mención en una comunicación interna de una denuncia del senador Fernando Pino Solanas contra un funcionario del Ministerio de Energía por conflictos de intereses, también en 2017, Alonso dictaminó ipso facto: “Ya está aclarado. Es humo”.

La difusión de los multicontratos de Consuasor, una empresa gestionada por sus dueños y con muy pocos empleados, ocasionó que varios organismos públicos dieran de baja al vínculo. Las oficinas de la consultora fueron cerradas y su página web fue, primero desconectada y, más tarde, reformulada.

La Procuración de Investigaciones Administrativas, a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, elabora un dictamen sobre si el caso esconde una trama de corrupción o si, por el contrario, se circunscribe a fallas éticas, falta de transparencia y corruptelas no judicializables por parte de la secretaría de Ética Púbica, Transparencia y Lucha contra la Corrupción.

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