Advierten que el proyecto beneficia a algunos sectores. La iniciativa será tratada hoy en Diputados, tras un acuerdo entre oficialismo y oposición.
El proyecto de ley que dispone un etiquetado frontal con advertencias sobre la presencia de azúcares, sodio, grasas y calorías, en alimentos y bebidas sin alcohol será finalmente debatido este martes en la Cámara de Diputados, en medio de una fuerte puja en el sector empresario.
Después de la fallida sesión de hace dos semanas, cuando el oficialismo no logró reunir quórum para sesionar ante el faltazo de la oposición, el bloque del Frente de Todos, conducido por Máximo Kirchner, llegó a un acuerdo en los últimos días con Juntos por el Cambio para tratar la iniciativa.
La inminente sanción del proyecto reavivó, sin embargo, reclamos de cambios ante la percepción de que el borrador favorece a algunas ramas de la cadena alimenticia, como las bebidas alcohólicas, las harinas y los edulcorantes, mientras perjudica a las productoras de azúcar.
“Apoyamos que haya un sistema de etiquetado frontal, pero también hicimos aportes que no vimos reflejados en el proyecto, es fundamental que haya una facultad del Ejecutivo para armonizar la ley con las normas del Mercosur”, dijo el presidente del Centro Azucarero Argentino, Jorge Luis Feijóo.
De no contemplarse ese aspecto, Feijóo advirtió que los productos locales deberían contener un etiquetado diferente para cada país ante posibles incongruencias con las resoluciones vigentes en el bloque comercial, el principal destino de las exportaciones de alimentos argentinos.
El mismo pedido ya fue elevado por la Cancillería bajo la gestión de Felipe Solá. El actual vicejefe de Gabinete Jorge Neme y el embajador en Brasil Daniel Scioli miran con buenos ojos el sistema de etiquetado del país vecino, amparado en resoluciones de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) que pueden ser revisadas en el marco del Mercosur.
Los azucareros también cuestionan el alcance “parcial” del etiquetado sobre los productos que causan enfermedades no transmisibles (ENT), según la OMS. Por caso, el proyecto no incluye a las bebidas alcohólicas y las harinas, una excepción con guiño de los senadores mendocinos e impulsores de la iniciativa, Julio Cobos (UCR) y Anabel Fernández Sagasti (FdT).
El sector vitivinícola cuyano ya se enfrentó a los azucareros del noroeste en el 2014, con la llamada “ley del mosto”, que impulsaba un fuerte aumento en el Impuesto Interno para las bebidas no alcohólicas que usaran azúcar y no a las que usaran mosto (jugo de uva) como endulzante, cuyo consumo se pretendía impulsar en las bebidas.
Otro de los puntos cuestionados es el tratamiento diferenciado de los edulcorantes artificiales, sintéticos químicos, todos importados, algunos de ellos prohibidos en otros países, que sólo tendrán una leyenda indicando su presencia, en lugar de un sello de advertencia de exceso sobre el valor de Ingesta Diaria Admitida, como ocurre con las azúcares y grasas.
Por último, los valores máximos establecidos deben cumplir los límites del Perfil de Nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), algo que solo aplica México y que fue criticado por la Sociedad Argentina de Nutrición. Al identificarse así en la ley, dicho perfil no podría luego rectificarse en caso de evidencias que así lo recomienden.
