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El Gobierno refuerza su reclamo a Gran Bretaña por las islas Malvinas: impulsó una nueva demarcación de la plataforma submarina y más sanciones a la pesca ilegal

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También promoverá por ley la creación de un Consejo para fijar políticas de Estado

En un nuevo gesto tendiente a reafirmar los derechos de soberanía sobre las islas Malvinas y endurecer los reclamos al Reino Unido, el Gobierno anunció este miércoles que enviará al Congreso tres proyectos de ley de alto voltaje político para fijar la demarcación de la plataforma continental marítima, establecer un nuevo régimen de sanciones a la pesca ilegal en aguas cercanas a las islas y crear un Consejo Nacional de Asuntos relativos al archipiélago para establecer políticas de Estado a largo plazo.

Esta batería de proyectos de ley que se elaboraron desde la Cancillería bajo el auspicio del secretario de Malvinas, Daniel Filmus, se presentó en la residencia de Olivos con el canciller Felipe Solá y el subsecretario de Pesca, Carlos Liberman, precisamente por la conmemoración del 191° aniversario de la creación de la Comandancia Política y Militar de las islas. Es que en 1829 el gobierno de la provincia de Buenos Aires designó como gobernador de las Malvinas a Luis Vernet y fijó su posición de soberanía en las islas.

El presidente Alberto Fernández ratificó esta mañana el “reclamo pacífico por el fin del colonialismo y el ejercicio pleno de soberanía”, al conmemorarse el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas. En su cuenta de Twitter el jefe de Estado sostuvo: “En el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, ratificamos nuestro reclamo pacífico por el fin del colonialismo y el ejercicio pleno de soberanía sobre dichos territorios”.

Tras reunirse con Alberto Fernández y mostrarle el nuevo mapa de la plataforma continental marítima de la Argentina el canciller Felipe Solá dijo: “Una de las prioridades de la política exterior argentina en la evolución de las negociaciones sobre el derecho del mar ha sido y continúa siendo consolidar nuestros derechos de soberanía sobre la plataforma continental”.

De esta manera, Solá consideró que “tanto el proyecto de ley de demarcación del límite de la plataforma continental, como el de incremento de las sanciones por pesca ilegal y el de creación del Consejo Nacional, tienen como objetivo fortalecer nuestra presencia soberana, nuestra actividad económica y promover la memoria con hechos concretos, por los héroes de Malvinas y por otros que dieron la vida en la Antártida”.

A la vez, Filmus dijo tras presentar los proyectos de ley en la quinta de Olivos que “estas iniciativas establecen una mirada integral de reclamo de soberanía de Argentina en las Malvinas pero también la proyección económica del país en el Atlántico Sur”.

“En un día histórico como el de hoy en que se conmemora el nombramiento de Vernet como gobernador de Malvinas la Argentina refuerza y reafirma los derechos de las Malvinas porque hay constancia jurídica e histórica de la posesión de las islas por parte de la Argentina”, dijo el secretario de Malvinas en relación a la conmemoración del Día de Afirmación de los derechos de Malvinas.

En este contexto, mañana se publicarán en el Boletín Oficial dos de los tres proyectos de ley que fueron presentados y pasado mañana el tercero.

El Gobierno avanzará en primer lugar con la presentación en el Congreso del proyecto de ley sobre la demarcación del límite exterior de la plataforma continental argentina. Se busca “consolidar los derechos de soberanía sobre los recursos del lecho y subsuelo”. Es que el 11 de marzo de 2016 la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC) en la ONU adoptó por consenso las recomendaciones sobre la presentación argentina del límite exterior de la plataforma continental realizada el 21 de abril de 2009. Así, confirmó que la plataforma continental del país ahora tiene 1.633.000 kilómetros cuadrados más y reconoció que las aguas de Malvinas están en disputa con el Reino Unido. Esto se agregó a los 4.500.000 kilometros cuadrados que ya tenía el país.

Para esto se presentó el nuevo mapa de la plataforma continental marina que fue avalado por la ONU y que se ratificará por ley para que se incorporen en los colegios como material didáctico de los nuevos espacios limítrofes de la Argentina.

“Se han obtenido datos inéditos para el conocimiento del margen continental argentino, con el fin de que el trazado de ese límite sea el más beneficioso para el país respetando las fórmulas y restricciones previstas en la normativa internacional”, sostiene en los fundamentos el proyecto de ley que girará el Gobierno.

Y en relación al reclamo de soberanía de las islas Malvinas por parte de la Argentina, la Cancillería cree que la inclusión de los puntos que refieren a la demarcación de la plataforma continental proveniente de las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur resultará imprescindible ya que se tratará de “un nuevo acto de reafirmación de los derechos soberanos argentinos sobre tales áreas y la demarcación del límite exterior de la plataforma continental argentina reviste una importancia fundamental por razones políticas y económicas”.

Es que con este proyecto de ley sustentado en el fallo de la ONU la Argentina podrá avanzar con la exploración y explotación de hidrocarburos, minerales y especies sedentarias en el suelo continental submarino ampliado aunque no de las aguas superiores.

La intención de la Argentina de avanzar con esta iniciativa fue duramente cuestionada hace 10 días por la Cancillería de Chile que envió una carta al ministro Felipe Solá para objetar la decisión “unilateral” de promover esta demarcación que, al entender de la administración de Sebastián Piñera, atenta contra la zona limítrofe del Canal de Beagle.

Por otra parte, el Gobierno promoverá desde hoy por ley la creación de un Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

El objetivo de esta comisión conformada por especialistas, académicos, ex combatientes, representantes del gobierno de Tierra del Fuego, parlamentarios del oficialismo y de la oposición y el Poder Ejecutivo es el de constituir un espacio plural en el máximo nivel institucional, que diseñe y proyecte estrategias a mediano y largo plazo en el plano nacional, regional y global, conformado de manera amplia, multipartidaria y con la participación de distintos sectores sociales involucrados en la temática de Malvinas. Es la primera vez que los veteranos de guerra de las Malvinas forman parte de una iniciativa del Poder Ejecutivo con proyecciones a largo plazo e injerencia en las políticas de las islas.

Por último, el Gobierno impulsará un proyecto de modificación de la ley que fija un régimen de sanciones por la pesca ilegal en aguas lindantes con Malvinas.

Según el Gobierno, la Ley Federal de Pesca 24.922 estaba desactualizada, con montos que databan de 1997 (con una actualización para las causales agravantes del año 2008), lo que generaba que las sanciones monetarias no cumplieran con el objetivo de desalentar las prácticas ilícitas por parte de los buques pesqueros. El proyecto de ley que ahora se promueve tiene como objetivo actualizar y endurecer el régimen de sanciones contra la pesca ilegal de la Ley Federal de Pesca, perpetrada contra nuestros recursos, muchas veces por buques extranjeros, incluso en el área de Malvinas, otorgando herramientas normativas más dinámicas para combatir ese flagelo.

“Existe una vasta gama de intereses nacionales en juego, los cuales además deben apreciarse a la luz de la existencia de la disputa de soberanía con el Reino Unido por nuestras Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes, dado que dicho país continúa otorgando ilegítimas licencias de pesca en el área de Malvinas persistiendo en la ejecución de actos unilaterales, ignorando sistemáticamente el mandato de la Organización de las Naciones Unidas”, sostiene la iniciativa oficial.

Filmus acotó a la vez que la actual ley de pesca “estaba muy desactualizada en términos de pagos de sanciones y multas a las empresas que extraen recursos del mar argentino”.

Así, el proyecto de ley propone un régimen variable basado en unidades de valor relacionadas al monto del combustible, que contempla su actualización. La iniciativa también posibilita restituir todos los gastos en que incurre el Estado una vez cometida la infracción. Este régimen es aplicable a todos los espacios marítimos argentinos, por lo que contribuye a afianzar la soberanía en las zonas en disputa y al cumplimiento de los compromisos internacionales de la República Argentina, en particular, el Objetivo para el Desarrollo Sostenible (ODS) 14.4 de las Naciones Unidas, que establece que antes de 2020 los Estados deben reglamentar eficazmente la explotación pesquera.

Las propuestas que presentará el gobierno se dan en un contexto de dureza de parte de los isleños respecto de la política argentina hacia las islas y la ratificación de su alianza con Londres.

En su mensaje a la Asamblea Legislativa de las islas, el gobernador puesto por Gran Bretaña en las Malvinas, Nigle Phillips, expresó ayer que “las Islas Falkland (Malvinas) cuentan con el apoyo del gobierno británico incluyendo la defensa de su soberanía y del derecho a la autodeterminación”. También instó a “trabajar muy de cerca con Londres en asegurar los intereses de las Islas en las negociaciones del Brexit”.

En el mensaje de Phillips se presentó el presupuesto de las Islas para el ejercicio 2020/21, a la vez que rindió cuentas sobre “logros y errores” durante los últimos doce meses y adelantó las políticas y metas para el futuro.

En este sentido, Phillips dijo que entre los proyectos a ejecutar se cuentan la construcción de un puerto nuevo de aguas profundas, el mejoramiento de los caminos rurales y muelles en distintas localidades de las Islas, asfaltar otro tramo de la arteria que conecta Puerto Argentino con el aeropuerto internacional y complejo de Mount Pleasant, la ampliación del hospital KEMH, proyectos de viviendas y la adquisición de un par de aviones para el servicio interno, entre otras cosas.

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Cristina Kirchner fue sobreseída en la causa dólar futuro y no irá a juicio oral

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También sobreseyeron a Axel Kicillof. Así lo dispuso la Cámara de Casación.

 

La Cámara de Casación resolvió que no se realizará el juicio contra Cristina Kirchner por supuestos delitos en las operaciones con el dólar futuro. Los jueces hicieron lugar al pedido de sobreseimiento y nulidad del caso que había presentado la vicepresidenta. Éste expediente había sido el primero que le significó una acusación por corrupción en los Tribunales de Comodoro Py cuando dejó la Casa Rosada en 2015. La decisión de Casación también significó el sobreseimiento de Axel Kicillof, Alejandro Vanoli y los demás acusados. No hubo extralimitación en sus funciones y entendieron que todo respondió a una política de Estado que no puede judicializarse.

El 4 de marzo, durante más de cincuenta minutos y con un duro discurso que incluyó una fuerte defensa política, la vicepresidenta expuso por videoconferencia ante la Casación los motivos por los cuales quería anular ese expediente.

En su descargo, con el que buscaba el sobreseimiento, acusó al Poder Judicial de ser “un sistema podrido y perverso”, volvió a hablar de lawfare para defenderse de las causas de corrupción en las que está acusada y apuntó contra Mauricio Macri y los medios de comunicación.

Al analizar el caso, los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y la magistrada Ana María Figueroa resolvieran hacer lugar al pedido de sobreseimiento y anulación del juicio oral. A esa decisión se había opuesto el Tribunal Oral Federal 1 (TOF 1) que entendió que se debía realizar el debate para dirimir allí todas las controversias del caso.

La Sala I del máximo tribunal penal, entendió que el juicio no debe realizarse al no encontrar delito en las maniobras financieras impulsadas. ​El criterio central fue que respondió a una política de Estado que no puede ser judicializada.

“La intervención en los mercados es una herramienta de política monetaria con la que cuentan, generalmente, en mayor o menor medida, las instituciones que en cada país cumplen las funciones de banco central, banco de reserva o autoridad monetaria, afirmación que es conteste con la base normativa que regula las funciones del BCRA”, sostuvieron los magistrados en el fallo al que accedió Clarín.

El expediente fue instruido por el fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Eduardo Taiano. En ese momento se señaló que la pérdida para el Banco Central por las ventas de dólar futuro fue de 54.921.788.702,40 pesos, y que “la defraudación a la administración pública fue producto del acuerdo y coordinación de los más encumbrados funcionarios del Estado, quienes desde sus cargos arbitraron las medidas necesarias para su consecución”.

Esas acusaciones quedaron anuladas tras el fallo de la Cámara de Casación, en el que se hizo lugar al recurso extraordinario de las partes. Al analizar las operaciones con el dólar futuro, la Sala I expuso que “no se advierte cómo podrían atribuirse normativamente los resultados de dicha operatoria” al delito que se les había adjudicado, “cuando no hubo extralimitación en el ejercicio de las atribuciones legalmente conferidas al BCRA“, dijeron.

Un eje central, fue una pericia pedida por el TOF 1 que debía determinar cuál había sido el nivel de perjuicio para el Estado con la venta de dólar futuro. Los contadores Alejandro del Acebo, Carlos Campodónico y Stella Maris Castaño, dijeron que “las operaciones de liquidación de dólar futuro están informadas en los balances del BCRA al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2016 y en dichos años los balances arrojaron ganancias por $147.116.885.000 en 2015 y $67.448.520.000”.

Entonces, los peritos concluyeron que no existió la defraudación indicada durante la instrucción. Fue el puntapié inicial para requerir el sobreseimiento y nulidad del juicio.

El video de La Cámpora para Cristina Kirchner


Al respecto, Daniel Petrone y Diego Barrotaveña, consideraron que ese informe pericial “la suscripción de los contratos futuros celebrados por el BCRA se incluían dentro de las facultades y límites impuestos por la Carta Orgánica de esa entidad. Además que todo e habría desarrollado dentro del marco legalmente previsto a la luz de los fines de estabilidad monetaria y financiera, entre otras funciones”.

Bajo dicho lineamiento, comprendieron que no corresponde adjudicar ningún tipo de responsabilidad penal al tratarse de un “accionar legítimo y conforme a derecho”. Por otro lado, consideraron que las operaciones de Dólar Futuro durante el gobierno de Cristina Kirchner, “materializó la política monetaria que se pretendió llevar a cabo durante el período en cuestión y constituye, entonces, un asunto político cuyo acierto o desacierto se encuentra detraída del control jurisdiccional, al menos de aquel que a esa Cámara compete”, expresaron.

En este aspecto se centraron los integrantes de la Casación para expresar que “las razones de oportunidad, mérito o conveniencia tenidas en cuenta por los otros poderes del Estado para adoptar decisiones que le son propias no están sujetas al control judicial” y que por lo tanto, correspondía dictar el sobreseimiento al tratarse de una política propia de un gobierno, y no de un objeto Judicial…

Para la jueza Ana María Figueroa, el inició del expediente creó “desconcierto entre la comunidad jurídica” al considerar que no había delito alguno en la maniobra denunciada. Su análisis fue por otro lado, y dijo: “Se persiste en continuar sometido a proceso a personas con la imposición de medidas cautelares que dañan su vida, patrimonio y honor”.

Así, la Sala I ordenó sobreseer a Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof, Alejandro Vanoli Long Biocca, Pedro Biscay, Sebastián Andrés Aguilera, Bárbara Domatto Conti, Mariano Beltrani, Juan Miguel Cuattromo, Miguel Ángel Pesce, Guillermo Mario Paván, David René Jacoby, Cristian Alexis Girard, Germán David Feldman, Alejandro Formento y Flavia Matilde Marrodán..

En su descargo, Cristina Kirchner dijo que todo respondió a una “persecución política”, pues la acusan por “medidas de Estado que no pueden judicializarse”. Entonces, ante los jueces de la Sala I sostuvo que el expediente es un leading case, no solo en el tema del lawfare, sino también en la “intromisión y manipulación del Poder Judicial en los procesos electorales y en la política en general en la República Argentina”.

El presidente Alberto Fernández, avaló ese criterio ante la asamblea legislativa el pasado primero de marzo, cuando reiteró la necesidad de una reforma judicial: “Asistimos a condenas mediáticas instantáneas, sufrimos la discrecionalidad de los jueces en demoras inexplicables y hay hay manipulación de decisiones jurisdiccionales según intereses políticos”, afirmó.

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Encontraron más de 200 vacunos robados en un campo del senador José Alperovich

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Forman parte de los 3.500 animales desaparecidos durante 2020 en campos de Santiago del Estero.

Al menos 240 vacunos de unos 3.500 que fueron robados en Santiago del Estero, fueron encontrados en un campo perteneciente al senador nacional kirchnerista José Jorge Alperovich, exgobernador de Tucumán. Por la causa ya había sido detenido un empresario ganadero.

Según confirmaron fuentes de la investigación a Clarín, los responsables del establecimiento donde fueron encontrados los vacunos habrían admitido que esos animales fueron enviados por Luis Magliano, dueño de la concursada firma Oleos del Centro S.A (ODC), que tenía a su cargo el hospedaje y engorde de la hacienda depositada por las firmas San Eugenio S.A, el Tránsito S.A y el 38 S.A., en las localidades de Weisburd y Campo Gallo, en Santiago del Estero.

Magliano se entregó el pasado 30 de marzo a la justicia y está detenido luego de que se ordenara su captura nacional por el robo de 3.500 vacas valuadas en más de 150 millones de pesos.

José Alperovich durante una sesión en el Senado. Actualmente está de licencia por una denuncia de abuso sexual.

José Alperovich durante una sesión en el Senado. Actualmente está de licencia por una denuncia de abuso sexual.

El hallazgo se dio luego de que, por disposición de la Justicia santiagueña, se realizaran varios allanamientos en diferentes establecimientos de las provincias de Santiago del Estero y Santa Fe.

El primero de ellos tuvo lugar el lunes pasado en la localidad de Amstrong, al sur de Santa Fe, sin resultados positivos, aunque, según la investigación, se identificaron constancias del paso por ese establecimiento de parte de la hacienda buscada a partir de la lectura de guías de transporte firmadas por el hijo de Magliano con ese destino.

Entre martes y miércoles continuaron los allanamientos en campos de Salta y Santiago del Estero, donde finalmente se halló parte de ese ganado. El lugar en el que aparecieron las 240 vacas fue en el establecimiento ganadero “La Galesa” propiedad de Alperovich, en la localidad santiagueña de Pozo Hondo.

Lso 240 vacunos encontrados de las firmas San Eugenio S.A, el Tránsito S.A y el 38 S.A. están siendo trasladadas a Corrientes.

Lso 240 vacunos encontrados de las firmas San Eugenio S.A, el Tránsito S.A y el 38 S.A. están siendo trasladadas a Corrientes.

Fuentes de la investigación afirmaron también que se prevé más operativos ante la presunción de que habría más hacienda por identificar y que podrían pertenecer a las firmas damnificadas por Magliano y ahora por Alperovich.

Pese al hallazgo, el exgobernador tucumano aún no está ni siquiera como imputado en el expediente. Tampoco hubo una respuesta oficial de parte del senador o su equipo.

Según precisó a Clarín el apoderado de las firmas denunciantes, Hernán González, que siguen contando los animales que se encuentran en el lugar, que son alrededor de 9.000 vacunos.

Y advirtió que la hacienda encontrada estaba con la marca de la firma que denunció el faltante de los animales mientras que otros vacunos estaban sobremarcadas.

Además, informó que a Alperovich le inhabilitaron el movimiento de hacienda en las 100.000 hectáreas que posee en el noreste del país.

De todas formas, con este importante descubrimiento, la investigación penal llevada adelante por la Justicia santiagueña tendrá nuevas aristas para continuar. La nueva trama, ahora, vincula los negocios ganaderos de empresarios y políticos.

El campo La Galesa, en Santiago del Estero, donde se hallaron los animales robados.

El campo La Galesa, en Santiago del Estero, donde se hallaron los animales robados.

La Justicia tendrá que dilucidar si el senador Alperovich forma parte de la presunta asociación ilícita que se habría apropiado ilegítimamente de la hacienda de terceros, en una maniobra millonaria realizada bajo las restricciones de la pandemia del Covid-19 que impidieron la realización de auditorías y controles presenciales.

La fiscalía de Santiago del Estero declaró el sábado pasado depositario judicial de la hacienda recuperada al apoderado de las firmas San Eugenio S.A, El Tránsito S.A, El 38 S.A, Hernán González, presente durante los allanamientos y actuaciones judiciales.

Alperovich, por su parte, suma un nuevo problema en su contra, luego de la denuncia de una sobrina por supuesto abuso sexual, lo que provocó un pedido de licencia a su cargo de senador, avalado por la Cámara Alta.

El caso de los más de 150 millones de pesos

Las firmas San Eugenio S.A, el Tránsito S.A y el 38 S.A. denunciaron a principios de este año que habían enviado desde el 30 de enero al 15 de diciembre de 2020 unas 3.530 cabezas desde sus campos situados en Chaco, Formosa y Corrientes hasta los establecimientos de Oleos del Centro S.A (ODC), propiedad de Luis Magliano, en las localidades santiagueñas de Weisburd y Campo Gallo para la recría y engorde.

Encontraron más de 200 vacunos robados en un campo de José Alperovich en Santiago del Estero.

Encontraron más de 200 vacunos robados en un campo de José Alperovich en Santiago del Estero.

Pero según relatan fuentes de la firma Haciendas San Eugenio, el 28 de diciembre se dieron cuenta del faltante de los animales y realizaron la denuncia policial correspondiente.

En este contexto, los denunciantes iniciaron una investigación privada de amplios alcances, con el objetivo de establecer cómo fue realizada la maniobra, la logística pública y privada utilizada para concretar la operación e identificar las personas que participaron.

También buscaron obtener la mayor certeza sobre las rutas de circulación empleadas y sobre el destino final de los animales, ubicando con mayor precisión los campos o frigoríficos clandestinos. Luego, la investigación pasó a manos de la Justicia santiagueña, a cargo de las fiscales Mariela Bittar de Pappa y Victoria Sottini.

Al momento de la denuncia, Magliano era presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, pero decidió renunciar a su cargo en enero último. Se dijo en ese momento que era por cuestiones personales. La causa gira sobre los supuestos siguientes delitos: asociación ilícita, estafa y hurto.

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El Gobierno reúne a los expertos y crece la preocupación por el impacto de la segunda ola

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Santiago Cafiero y Carla Vizzotti mantendrán este lunes un encuentro virtual con los especialistas. Inquieta la saturación del sector privado. En Provincia dicen que el panorama “es gravísimo”.

Setenta y dos horas después de que entraran en vigencia las nuevas medidas para tratar de contener el veloz aumento de casos de coronavirus, la preocupación crece con la misma intensidad en la Casa Rosada y nadie en el Gobierno descarta que se avancen con más restricciones ante la magnitud de la segunda ola.

“Estamos muy preocupados”, reconocieron este domingo a este diario altas fuentes oficiales.

Mientras Alberto Fernández monitorea el estado de situación desde Olivos, aún aislado -los médicos ya le avisaron que, de no mediar imprevistos, recibirá el alta médica el martes-, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la ministra Carla Vizzotti mantendrán este lunes un encuentro virtual con los especialistas que asesoran al Gobierno desde marzo del año pasado para analizar el panorama sanitario, que este domingo alcanzó de nuevo una cifra preocupante por tratarse de fin de semana: 15.262 casos y 132 muertes.

La reunión, prevista para las 18, contará no solo con epidemiólogos: también serán de la partida sociólogos, pediatras y psicólogos. El encuentro se da en momentos en que la inquietud en torno a la situación del Área Metropolitana, que vuelve a concentrar el número más alto de casos, como en el pico de la primera ola, empieza a prender cada vez más alarmas. “El panorama es gravísimo“, aseguran, por caso, en el entorno de Axel Kicillof.

De hecho, al mediodía, la ministra de Salud se encontrará primero con autoridades del AMBA y del PAMI, en el marco de la “mesa de coordinación”. Luana Volnovich escribió este domingo en sus redes que “estamos cerca del 100% de ocupación de camas de terapia” en la Ciudad y el Gran Buenos Aires.

Desde la Provincia, que durante las reuniones con Nación y Ciudad de la semana pasada impulsaron medidas más duras por el avance de la segunda ola, insisten en que existe margen para más restricciones: “El margen lo hace la necesidad“. Aclaran, sin embargo, que debe haber consenso con la administración porteña, con los intendentes y con la Casa Rosada, y que por ahora “no está previsto” suspender las clases presenciales.

En ese sentido, una de las principales prioridades del Gobierno por estas horas pasa por la necesidad de descomprimir el sistema privado hospitalario, “Estamos trabajando en eso. Están atendiendo solo el 30% para casos de COVID. Necesitamos volver al esquema del año pasado, donde, por ejemplo, se reprogramaron cirugías”, explicó un alto funcionario a cargo de esas tratativas.

Incluso en la Ciudad reconocen que “el sistema privado no está holgado”: “Están justos”. En la administración a cargo de Horacio Rodríguez Larreta aún se muestran reacios a avanzar con medidas más firmes. Subrayan de las 450 camas UTI a disposición del sistema público, hay poco más de 200 ocupadas. El año pasado, en el pico de la primera ola, llegaron a una saturación de 350 camas.

En el caso de la Provincia, la situación es más angustiante: “El sistema puede colapsar pronto”, advirtió el ministro Daniel Gollán en las últimas horas. El sistema público provincial no está integrado como en la Ciudad. Por eso la preocupación, más allá del aumento exponencial de casos. Cómo publicó Clarín este domingo, hay municipios que tienen ya muchísimos más contagios que en el pico del año pasado, como Lanús, Hurlingham, Tigre, Quilmes o Vicente López.

Lógicamente, en el Gobierno reconocen que el límite para avanzar con más medidas “es la saturación del sistema de salud“. Y se sinceran, además, en la dificultad por el humor social: “No sabemos cuál es el margen político, pero todos le tiran la pelota a Alberto”, abundan en el entorno presidencial. Agregan, en esa línea, que las medidas adoptadas la semana pasada “fueron las posibles”, y que el DNU faculta a las jurisdicciones a tomar medidas de manera unilateral.

En paralelo, el Gobierno se aferra en las próximas semanas a la vacunación, a pesar de que otra vez no hay certidumbre sobre los futuros embarques de dosis en el país. En Casa Rosada esperan cargamentos de Sputnik V y de AstraZeneca. Y están pendientes dos millones de dosis de la china Sinopharm. Fernández prometió en los últimos días que en la segunda quincena de abril “se acelerará” el plan de vacunación.

En la provincia de Buenos Aires, por lo pronto, confirmaron que durante toda la semana ya hay turnos previstos para la campaña de vacunación. Lo mismo en la ciudad de Buenos Aires.

Es que el Gobierno se aferra a que la inmunización ayude a suavizar el impacto de la segunda ola que en la región hace estragos. En los despachos oficiales hay un trabajo realizado en Resistencia y Gran Resistencia, en Chaco, que concluye que la mortalidad disminuye con la vacunación en las personas de riesgo.

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