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El Gobierno pagó contratos millonarios pero las aulas no están

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Stolbizer presentó una denuncia penal para que se investigue la presunta administración fraudulenta de fondos destinados a construir salas de jardines de infantes. Dos empresas ganaron cinco licitaciones por 1400 millones de pesos pero no terminaron las obras.

“Yo me comprometo a construir los tres mil jardines de infantes que faltan”, sostuvo Mauricio Macri en 2015, en pleno debate presidencial. Como ocurrió con otras promesas de campaña, ese compromiso fue mutando a lo largo de los años de gobierno (los tres mil jardines pasaron a ser diez mil salas). Ayer, la presidenta de la asociación civil Bajo la Lupa, Margarita Stolbizer, presentó una denuncia penal para que se investigue la presunta administración fraudulenta de fondos en la construcción de esas aulas. La dirigente señaló que, de las cinco licitaciones que se hicieron, cuatro las ganaron las mismas dos empresas por un total de cerca de 1400 millones de pesos y remarcó que no terminaron ninguna de las obras comprometidas. Es decir: se pagó pero las aulas no están.

Era 2015 y momento de hacer promesas, del estilo de “pobreza cero”. Faltaban tres años para el acuerdo con el FMI y el llamado a ajustar y recortar la obra pública. En el debate presidencial, Macri se comprometió a construir “los tres mil jardines de infantes que faltan”. Cuando llegó al Gobierno, lanzó el Plan Nacional Tres Mil Jardines. No obstante, los decretos que firmó Macri en 2016 se referían primero a 200 jardines y luego, con una ampliación, a 500 jardines. No obstante, rápidamente el plan cambió su objetivo a diez mil aulas que se iban a añadir en jardines ya existentes. Los decretos no se cambiaron por otra norma. Una investigación del sitio Chequeado indicaba que a fines de 2017 el Gobierno llevaba ejecutado el 30 por ciento del presupuesto del área. La denuncia de Stolbizer especifica cómo se utilizó ese dinero.

La líder del GEN detalla en su presentación que hizo un pedido de informes al Ministerio de Educación, donde pidió que le especifiquen qué adjudicaciones había, a qué empresas, cuantas aulas se construyeron y en qué lugares. Recibió una respuesta parcial, con detalles de las cinco licitaciones internacionales que hicieron en 2016 y 2017. Curiosamente, cuatro de ellas las ganó una unión transitoria de empresas (UTE) de dos firmas argentinas: Escarabajal Ingeniería SRL y Bahía Blanca Viviendas SRL. La primera es de Santa Cruz y la segunda de Chubut. Según detalla la dirigente en la presentación, las dos adeudan nueve meses de aportes previsionales y de seguridad social a sus empleados.

En la denuncia, Stolbizer detalla cómo se excedieron en el tiempo de ejecución de las 91 obras que tenían adjudicadas. En Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires tenían que hacer 23 obras: empezaron 19 y no concluyeron ninguna. En Chubut, Neuquén y Río Negro les adjudicaron otras 43 obras, de las que iniciaron 38 y no completaron nada. Para Tierra del Fuego y Santa Cruz, iniciaron otras nueve obras. De nuevo, ninguna terminada. En una última tanda, que iba de La Pampa a la provincia de Buenos Aires, iniciaron otras nueve obras que no están terminadas. El plazo era de seis meses y ya llevan el triple de tiempo. Por las cuatro licitaciones, esas dos empresas tienen adjudicado un total de 1400 millones de pesos.

Las únicas obras terminadas fueron las de la quinta licitación. “A más de dos años de comenzado el Plan de Tres Mil Jardines y a un año y medio de haberse comenzado las obras de acuerdo con los hechos relatados sólo se terminaron catorce obras”, remarca Stolbizer en su denuncia por presunta administración fraudulenta de fondos públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en la que fue patrocinada por la abogada Silvina Martínez. Para el programa –detalla Stolbizer– en 2016 se gastaron 425 millones de pesos, en 2017 una cifra cercana a los 1800 millones (aunque no estaban los datos finales) y en 2018 tenían previsto gastar otros 935 millones. “El dinero no está en el Tesoro Nacional y en los jardines, tampoco”, sostuvo.

La dirigente remarcó que el Ministerio de Educación le negó el acceso a una serie de datos centrales sobre las aulas: “Estado de las obras, empresas constructoras, fondos invertidos son algunos de los grandes misterios que rodean al programa”, remarcó. “Tampoco las certificaciones de obras, pagos realizados, adelantos financieros, constatación de niveles de ejecución, ni se enviaron los respectivos contratos”, detalló sobre la reticencia del Gobierno a dar datos fehacientes. No pudo saber tampoco si se aplicó algún tipo de sanciones a las empresas incumplidoras. “Nuestro relevamiento en las provincias de Neuquén, Santa Fe y Buenos Aires demuestra el estado de paralización de las obras, y un manifiesto incumplimiento de los plazos establecidos en los carteles que se exhiben y que en cada caso eran de cinco meses”, indicó en la denuncia, a la que adjuntó fotos de ese relevamiento, que muestra un panorama general de obras paralizadas que deberían haber estado terminadas hace un año. Al no recibir la información del Gobierno, ahora Stolbizer planteará que sea el Poder Judicial el que se la solicite al Ministerio de Educación.

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Hallaron más hacienda robada en otro campo que pertenece al senador José Alperovich

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Durante la semana habían hallado 400 animales en “La Galesa”, campo del ex gobernador de Tucumán. Ahora, el fin de semana allanaron otro establecimiento y secuestraron 399 animales más.

Durante los allanamientos en las últimas horas la justicia y la policía de Santiago del Estero encontraron más animales robados en campos del senador del Frente de Todos y ex gobernador de Tucumán, José Alperovich, que pertenecen a las firman San Eugenio S.A, El Tránsito S.A y El 38 S.A.

Tras encontrar en la semana 400 vacunos en el campo “La Galesa”, situado en Pozo Hondo, ahora descubrieron otros 399 animales más en otro establecimiento de Alperovich en el paraje Bandera Bajada, al norte de la provincia santiagueña,  al límite el Chaco.

También durante la semana se habían detectado 231 vacunos capitalizados por el fondo ganadero Adblick en el campo de la firma Agrolam. En total, las firmas damnificadas recuperan 1.030 vacunos de las 3.500 vacas que denunciaron que les faltaba.

Encontraron 400 vacunos robados en "La Galesa", un campo de José Alperovich en Santiago del Estero.

Encontraron 400 vacunos robados en “La Galesa”, un campo de José Alperovich en Santiago del Estero.

Desde las empresas damnificadas resaltaron en un comunicado la “llamativa impunidad con la que han actuado personas y sociedades, que en los meses previos no dudaron en ocultar la tenencia irregular de la hacienda de nuestra propiedad y que al ser sorprendidos por la acción de la justicia han apelado a la estrategia de la victimización”.

La historia del “robo de ganado del siglo” comenzó el 30 de enero del año pasado, cuando las firmas denunciantes comenzaron a enviarle ganado vacuno desde sus campos situados en Chaco, Formosa y Corrientes hasta los establecimientos de Oleos del Centro, conducido por Luis Magliano, situados en las localidades santiagueñas de Weisburd y Campo Gallo para la recría y engorde. En total, fueron 3.530 vacunos valuados en aproximadamente 150 millones de pesos.

Ya cerrando el 2020, pandemia de por medio, las firmas damnificadas se dieron cuenta de la faltante de los animales cuando los fueron a retirar y realizaron la denuncia policial correspondiente. Así, por esta causa, ya están detenidos Magliano, quien estuvo prófugo por 10 días, y Damián Manzaneli, quien fuera el administrador del campo denunciado.

Una vez preso Magliano, quien también fuera presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, comenzaron los allanamientos en diferentes campos para recuperar la hacienda robada.

El primero fue “La Galesa”, establecimiento situado en Pozo Hondo que pertenece al senador y ex gobernador de Tucumán, José Alperovich, quien también tiene una causa por abuso sexual. Allí encontraron hasta ahora 400 animales que pertenecían a las firmas denunciantes.

En su momento, Daniel Alperovich, hijo del político y socio gerente de “La Galesa”, había dicho que “nosotros teníamos un vínculo comercial con Magliano y nos pagó una deuda, con ganado. Todo documentado y registrado por el Senasa. Evidentemente fuimos estafados. La fiscal que lleva adelante la causa nos refirió que presuntamente ese ganado no era de propiedad de Magliano”, sostuvo.

Ya son más de 1.000 los animales recuperados y que fueron trasladados hasta Corrientes.

Ya son más de 1.000 los animales recuperados y que fueron trasladados hasta Corrientes.

El vocero explicó que “los animales están en depósito judicial hasta tanto se determine quienes son sus propietarios”, y aseguró que están “recolectando toda la documentación para aportar a la justicia y hacer la denuncia criminal contra Magliano por estafa”.

Luego, la justicia santiagueña allanó en Quimilí un campo correspondiente a la empresa Agrolam. Hasta el momento, encontraron 231 animales. Y por esta causa, detuvieron a Juan Pablo Miretti, director de Agrolam y ex presidente de la Sociedad Rural de Quimilí.

En este sentido, desde Agrolam emitieron un comunicado informando que desde el martes 13 al sábado 17, la justicia de Santiago del Estero realizó un procedimiento de control y verificación sobre 2.170 cabezas de ganado de propiedad de Adblick que ingresaron a través de un contrato de capitalización con toda la documentación legal exigida para ese tipo de operación. “Esta situación fue reconocida públicamente por Adblick en un comunicado oficial”, dijeron desligándose del problema. .

“Es menester destacar, además, que posteriormente se procedió a verificar las restantes 6.382 cabezas presentes en el establecimiento que no se vinculan al contrato con la firma Adblick y que son propiedad de otros capitalizadores y de Agrolam. no encontrándose ninguna cabeza perteneciente a la firma damnificada”, reconocieron.

Desde el fondo de inversión ganadero Adblick se defendieron de las acusaciones y apuntaron hacia Magliano También por medio de un comunicado, indicaron que decidieron incorporarse a la causa no solo para poner a disposición toda la documentación pertinente a la titularidad de la totalidad de las 2.128 cabezas en pastaje en Agrolam, sino reclamar la propiedad de las 230 cabezas secuestradas durante el procedimiento a los fines de demostrar que fueron debidamente adquiridas en su oportunidad por Adblick Ganadería.

Según el texto, durante el 2020 “Adblick mantuvo hacienda proveniente de compras anteriores a la cual se sumó una compra de hacienda debidamente adquirida a la misma Oleos Del Centro en junio 2020. Esta operación se realizó por 1.200 cabezas, con toda la documentación respaldatoria que se requiere y los certificados y autorizaciones debidas ante SENASA, llegando a tener en propiedad de Adblick con hotelería en dicho campo más de 2.500 cabezas, revisadas durante el allanamiento”.

En su oportunidad se trasladó la hacienda de propiedad del fondo de inversión al campo de Agrolam porque durante el segundo semestre del 2020, Oleos Del Centro les comunicó que estaba teniendo problemas con su planta de Bioetanol, a través de la cual obtenían burlanda para alimentar la hacienda, transmitiendo a Adblick la necesidad de retirar la hacienda por no poder cumplimentar los índices productivos pautados.

“En función a ello, Adbllick comenzó a retirar hacienda trasladando 2170 cabezas a campos de la firma Agrolam en Quimili, quienes prestan servicios de capitalización y cuidado de la misma. Estos movimientos se realizaron hasta los primeros días de diciembre 2020 y corresponden a la hacienda de ADBlick conforme los contratos debidamente suscriptos, retirando la hacienda que fue entregada por Oleos Del Centro con las respectivas guías firmadas por el titular de ODC y cumpliendo con todos los requisitos legales según las existencias de ADBlick en dicho establecimiento, las cuales se encontraban informadas a Sensa”, indicaron defendiéndose de las acusaciones.

Y ahora, la novedad fue se descubrieron otros 399 animales más en otro establecimiento de Alperovich, quien también fue denunciado recientemente por abuso sexual y que está con licencia.

La intención de las firmas denunciadas es poder localizar y recuperar la mayor cantidad de cabezas de ganado por lo que se espera que sigan los allanamientos en otros campos. Es así que impulsarán las acciones penales y civiles que correspondan contra los que finalmente resulten involucrados por la justicia en la maniobra. “Frente a las irregularidades detectadas y elementos reunidos en la causa, no hay tenedor de hacienda de terceros de buena fe”, dijeron.

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Coronavirus

Internaron a la jueza María Servini en terapia intensiva por complicaciones con el coronavirus

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Sufrió dificultades respiratorias y la trasladaron al Sanatorio Otamendi. Había recibido al primera dosis de la Sputnik V.

La jueza María Romilda Servini fue internada este miércoles en el Sanatorio Otamendi tras sufrir complicaciones de su cuadro de coronavirus. La magistrada se había contagiado de Covid hace menos de una semana y según confirmaron fuentes de su entorno el martes empezó a tener dificultades para respirar que se agravaron hoy y hoy decidieron internarla.

Está alojada en terapia intensiva. Además de una fuerte tos, la magistrada empezó a saturar oxigeno por debajo de los niveles recomendados. Tras ingresar le empezaron a realizar una batería de análisis para detectar si tiene problemas pulmonares que podrían derivar en una neumonía, una de las complicaciones típicas del coronavirus.

Servini, jueza federal y a cargo del juzgado electoral, tiene 84 años y por su edad integra uno de los grupos de riesgo por el coronavirus.

La jueza había sido vacunada con la primera dosis de Sputnik V en febrero pasado y según contó el 26 de marzo pasado le tenían que aplicar la segunda dosis en el Club Italiano en el barrio porteño de Caballito pero le suspendieron el turno. “Estoy enojada. Si me hubieran dado la segunda dosis, a lo mejor no me hubiera contagiado”, protestó Servini el jueves pasado cuando confirmó que tenía coronavirus.

Incluso contó que se quejó ante las autoridades de la Ciudad y que llamó al vicejefe de Gobierno Diego Santilli. “Después llamé a Diego Santilli. Le pedí que si estaban haciendo alguna excepción, trataran de darme la segunda dosis, porque yo estoy trabajando. Quedó en ocuparse, no me llamaron”, cerró.

Servini empezó con los síntoma típicos del coronavirus antes de que le dieran el resultado positivo. Tuvo tos, estornudos y un resfrío muy fuerte además de un “cansancio brutal” según contó. Los médicos le habían recomendado que intentara calmar los síntomas con paracetamol.

Cuando arrancó la cuarentena en 2020, Servini dejó de ir a su juzgado en Comodoro Py. Pero luego retomó la actividad presencial dos veces por semana. Antes de que le dieran su resultado de covid, cuatro empleados de su juzgado dieron positivo de coronavirus.

La jueza había criticado la campaña de vacunación oficial y al propio presidente Alberto Fernández. “Todo este tema de las vacunas se ha manejado muy mal. Lo siento, porque se lo estoy diciendo también al señor Presidente”, dijo Servini tras su contagio. “Se han manejado irresponsablemente, hay provincias a las que mandaron la segunda dosis de la Sputnik y no habían mandado la primera”, agregó.

Y puso condiciones para garantizar las PASO. Pidió que un “plantel de 25 personas” entre sus colaboradores reciban ambas dosis de la vacuna contra el Covid. “No los voy a exponer a que se enfermen los 25. Mi equipo son como 300 personas, estos son los 25 urneros, como los llamamos, que preparan las urnas con lo que debe contener en cada mesa. No voy a exponerlos a que se enfermen, porque ahí no puedo hacer burbuja”, afirmó.

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Cristina Kirchner fue sobreseída en la causa dólar futuro y no irá a juicio oral

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También sobreseyeron a Axel Kicillof. Así lo dispuso la Cámara de Casación.

 

La Cámara de Casación resolvió que no se realizará el juicio contra Cristina Kirchner por supuestos delitos en las operaciones con el dólar futuro. Los jueces hicieron lugar al pedido de sobreseimiento y nulidad del caso que había presentado la vicepresidenta. Éste expediente había sido el primero que le significó una acusación por corrupción en los Tribunales de Comodoro Py cuando dejó la Casa Rosada en 2015. La decisión de Casación también significó el sobreseimiento de Axel Kicillof, Alejandro Vanoli y los demás acusados. No hubo extralimitación en sus funciones y entendieron que todo respondió a una política de Estado que no puede judicializarse.

El 4 de marzo, durante más de cincuenta minutos y con un duro discurso que incluyó una fuerte defensa política, la vicepresidenta expuso por videoconferencia ante la Casación los motivos por los cuales quería anular ese expediente.

En su descargo, con el que buscaba el sobreseimiento, acusó al Poder Judicial de ser “un sistema podrido y perverso”, volvió a hablar de lawfare para defenderse de las causas de corrupción en las que está acusada y apuntó contra Mauricio Macri y los medios de comunicación.

Al analizar el caso, los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y la magistrada Ana María Figueroa resolvieran hacer lugar al pedido de sobreseimiento y anulación del juicio oral. A esa decisión se había opuesto el Tribunal Oral Federal 1 (TOF 1) que entendió que se debía realizar el debate para dirimir allí todas las controversias del caso.

La Sala I del máximo tribunal penal, entendió que el juicio no debe realizarse al no encontrar delito en las maniobras financieras impulsadas. ​El criterio central fue que respondió a una política de Estado que no puede ser judicializada.

“La intervención en los mercados es una herramienta de política monetaria con la que cuentan, generalmente, en mayor o menor medida, las instituciones que en cada país cumplen las funciones de banco central, banco de reserva o autoridad monetaria, afirmación que es conteste con la base normativa que regula las funciones del BCRA”, sostuvieron los magistrados en el fallo al que accedió Clarín.

El expediente fue instruido por el fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Eduardo Taiano. En ese momento se señaló que la pérdida para el Banco Central por las ventas de dólar futuro fue de 54.921.788.702,40 pesos, y que “la defraudación a la administración pública fue producto del acuerdo y coordinación de los más encumbrados funcionarios del Estado, quienes desde sus cargos arbitraron las medidas necesarias para su consecución”.

Esas acusaciones quedaron anuladas tras el fallo de la Cámara de Casación, en el que se hizo lugar al recurso extraordinario de las partes. Al analizar las operaciones con el dólar futuro, la Sala I expuso que “no se advierte cómo podrían atribuirse normativamente los resultados de dicha operatoria” al delito que se les había adjudicado, “cuando no hubo extralimitación en el ejercicio de las atribuciones legalmente conferidas al BCRA“, dijeron.

Un eje central, fue una pericia pedida por el TOF 1 que debía determinar cuál había sido el nivel de perjuicio para el Estado con la venta de dólar futuro. Los contadores Alejandro del Acebo, Carlos Campodónico y Stella Maris Castaño, dijeron que “las operaciones de liquidación de dólar futuro están informadas en los balances del BCRA al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2016 y en dichos años los balances arrojaron ganancias por $147.116.885.000 en 2015 y $67.448.520.000”.

Entonces, los peritos concluyeron que no existió la defraudación indicada durante la instrucción. Fue el puntapié inicial para requerir el sobreseimiento y nulidad del juicio.

El video de La Cámpora para Cristina Kirchner


Al respecto, Daniel Petrone y Diego Barrotaveña, consideraron que ese informe pericial “la suscripción de los contratos futuros celebrados por el BCRA se incluían dentro de las facultades y límites impuestos por la Carta Orgánica de esa entidad. Además que todo e habría desarrollado dentro del marco legalmente previsto a la luz de los fines de estabilidad monetaria y financiera, entre otras funciones”.

Bajo dicho lineamiento, comprendieron que no corresponde adjudicar ningún tipo de responsabilidad penal al tratarse de un “accionar legítimo y conforme a derecho”. Por otro lado, consideraron que las operaciones de Dólar Futuro durante el gobierno de Cristina Kirchner, “materializó la política monetaria que se pretendió llevar a cabo durante el período en cuestión y constituye, entonces, un asunto político cuyo acierto o desacierto se encuentra detraída del control jurisdiccional, al menos de aquel que a esa Cámara compete”, expresaron.

En este aspecto se centraron los integrantes de la Casación para expresar que “las razones de oportunidad, mérito o conveniencia tenidas en cuenta por los otros poderes del Estado para adoptar decisiones que le son propias no están sujetas al control judicial” y que por lo tanto, correspondía dictar el sobreseimiento al tratarse de una política propia de un gobierno, y no de un objeto Judicial…

Para la jueza Ana María Figueroa, el inició del expediente creó “desconcierto entre la comunidad jurídica” al considerar que no había delito alguno en la maniobra denunciada. Su análisis fue por otro lado, y dijo: “Se persiste en continuar sometido a proceso a personas con la imposición de medidas cautelares que dañan su vida, patrimonio y honor”.

Así, la Sala I ordenó sobreseer a Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof, Alejandro Vanoli Long Biocca, Pedro Biscay, Sebastián Andrés Aguilera, Bárbara Domatto Conti, Mariano Beltrani, Juan Miguel Cuattromo, Miguel Ángel Pesce, Guillermo Mario Paván, David René Jacoby, Cristian Alexis Girard, Germán David Feldman, Alejandro Formento y Flavia Matilde Marrodán..

En su descargo, Cristina Kirchner dijo que todo respondió a una “persecución política”, pues la acusan por “medidas de Estado que no pueden judicializarse”. Entonces, ante los jueces de la Sala I sostuvo que el expediente es un leading case, no solo en el tema del lawfare, sino también en la “intromisión y manipulación del Poder Judicial en los procesos electorales y en la política en general en la República Argentina”.

El presidente Alberto Fernández, avaló ese criterio ante la asamblea legislativa el pasado primero de marzo, cuando reiteró la necesidad de una reforma judicial: “Asistimos a condenas mediáticas instantáneas, sufrimos la discrecionalidad de los jueces en demoras inexplicables y hay hay manipulación de decisiones jurisdiccionales según intereses políticos”, afirmó.

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