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Economia

El Gobierno exige que todos los aumentos salariales sean remunerativos

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El Ministerio de Trabajo decretó que desde el mes que viene no podrá haber sumas no remunerativas en los acuerdos salariales. La medida es valorada por abogados laboralistas, pero señalan que la intención es recaudatoria.

A partir del mes que viene el Ministerio de Trabajo desconocerá aquellos acuerdos salariales que contengan como aumento sumas no remunerativas. De acuerdo con lo publicado ayer en el Boletín Oficial, la cartera que conduce Jorge Triaca no dará curso ni homologará o registrará este tipo de convenios, con el objetivo “de garantizar la sustentabilidad del régimen previsional”. En un escenario de caída de los recursos previsionales por menor empleo y pérdida de poder adquisitivo de los salarios ante la inflación, el Gobierno aplica una medida con intención recaudatoria que imprime mayor rigidez a los acuerdos en un contexto económico ya complicado para los trabajadores. Se contradice con el fuerte recorte de aportes patronales que incluyó el Gobierno en la reforma tributaria. “Esto no es para transparentar las relaciones laborales y dejar en firme que todo lo que percibe el trabajador sea salario. Es recaudatorio. Primero baja las contribuciones patronales y ahora no les alcanza el dinero”, analizó ante este diario Gustavo Ciampa, presidente de la Corriente de Abogados Laboralistas 7 de julio. También se restituyeron las contribuciones patronales adicionales a los regímenes de jubilación diferencial para un universo de 50 actividades de industria, transporte y servicios.

El Gobierno comenzó a rascar el fondo de la olla, tal como sucedió en la última etapa del menemismo. En 1989, a través del decreto 1477 había definido que los tickets (canasta o restaurante) que se entregaban como aumentos salariales no eran remunerativos. En julio de 1996, con una situación presupuestaria más compleja, el gobierno derogaba su propio decreto de 1989 y convertía a los tickets como remunerativos. Pero eso duró tres meses y en septiembre volvió a ser no remunerativo. “Lo que está haciendo ahora el gobierno de Cambiemos tiene olor a deja vu con lo que hizo el entonces ministro Domingo Cavallo”, aseguró Ciama. “Ahora tiene las mismas necesidades y pasa lo mismo. Está en los propios fundamentos de la norma el resguardo de los recursos. Comparto que en el fondo la medida es buena, pero esto es un tema de caja”, agregó el abogado laboralista.

La excepción continuará siendo en los beneficios sociales otorgados por el empleador, viáticos y compensaciones por suspensiones por falta de trabajo.”Las sumas no remunerativas tienen todo lo negativo que uno puede sostener en materia de aportes, pero siempre da flexibilidad. Modera el costo laboral y maximiza el salario de bolsillo”, señaló a PáginaI12 Diego Schlesser, analista del Centro de Estudios de Trabajo y Desarrollo de la Universidad de San Martín. El especialista cuestionó que se elimine “justo en el actual contexto y luego de que haya reducido lo que recibe en Seguridad Social (por la reducción de aportes). Ya no tiene posibilidad de incluir otras exenciones y va por esto”, agregó Schlesser. Héctor Palomino, docente de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), remarcó que “es una medida de lógica de ajuste fiscal”. “Hay que pensar que tampoco se salvan los estados provinciales y municipales, donde más se utiliza la práctica de sumas no remunerativas. Después van a tener que negociar con maestros, doctores y fuerzas policiales, por ejemplo”, indicó. Se instruye a los ministerios pertinentes (cita a Modernización, Hacienda y Trabajo) para que “procedan al análisis de las estructuras retributivas del sector público”, destaca el texto de la medida.

También se restituyeron las contribuciones patronales adicionales a los regímenes de jubilación diferencial para actividades en donde los trabajadores se jubilan en promedio de los 50 años o con 25 de aportes por riesgo de insalubridad o envejecimiento prematuros. Por decreto, la dictadura de 1976 suprimió los aportes diferenciales a cargo de los trabajadores y los unificó en 2 por ciento, pero en 1980 fueron suprimidas mediante otra resolución. Para acceder al beneficio el trabajador de algunas de las 50 ramas de actividad que lo contempla no tiene que realizar “ningún tipo de aporte adicional”.

Economia

Con aumentos del 4,8%, el Gobierno extendió Precios Cuidados por tres meses

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Se prorrogó hasta el 12 de julio. El programa abarca a 680 productos de consumo masivo.

Con la inflación aun en la zona del 4% mensual, el Gobierno resolvió extender hasta el 12 de julio el programa Precios Cuidados, con un incremento promedio de 4,8% en los valores de los que ya estaban incluidos en el esquema, informó esta tarde el Ministerio de Desarrollo Productivo.

Así, la canasta de productos representativos del consumo masivo local pasará desde hoy a contener 670 productos, diez más que en la versión anterior. Esta vez se incorporaron más artículos para protegerse del Covid, como una máscara protectora de plástico. El programa ya incluía productos como alcohol en gel, jabones, limpiadores antibacteriales y guantes.

Además, se suman nuevas variedades de alimentos como pastas, galletitas, budines y especias de primeras y segundas marcas. De este modo, el programa queda con un total de 670 productos que se comercializan a nivel nacional en todas las sucursales de las principales cadenas.

La Secretaría, que conduce Paula Español, destacó que desde el relanzamiento en enero de este año, el programa aumentó más del 65% la cantidad de referencias y cuenta con más del doble de productos de los que tenía a comienzos de 2020.

Más controles

La prórroga de este programa llega en medio de un incremento de la tensión entre el sector privado y el Gobierno por los mecanismos usados para controlar los precios.

La semana pasada la secretaría de Comercio Interior aplicó varias sanciones por incumplimiento y determinó que las empresas están obligadas a trabajar al 100% de su capacidad.

Además renovó otro programa, Precios Máximos, que a diferencia de Precios Cuidados que es consensuado, es definido por el Gobierno de manera unilateral. En esa extensión que será hasta el 31 de mayo no se autorizó ningún tipo de aumento.

En las últimas semanas también se estableció que las grandes empresas de consumo masivo están obligadas a detallar los precios de sus productos y el stock con el que cuentan. La medida fue resistida por la COPAL, que agrupa a las empresas de alimentos, y por la Amcham, que reúne a las compañías norteamericanas con intereses en el país.

Estas medidas llegan a pocas horas de que el próximo jueves se anuncie la inflación de marzo, que habría superado el 4%. Para este mes se espera un resultado unas décimas inferior.

El programa Precios Cuidados está presente en 54 cadenas de supermercados, que cuentan con un total de 2.800 bocas de expendio de todo el país.

Según relevamientos de oficinas nacionales y provinciales, el programa cuenta con un nivel de cumplimiento del abastecimiento en góndolas de los productos incluidos en la canasta superior al 80% y un 99,9% en el caso de los precios acordados.

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Guzmán arrancó en Alemania su pedido de ayuda para la negociación con FMI

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El ministro cenó con su par alemán. Ambos describieron como positivo ese encuentro. Y llamó la atención que Berlín desearan éxito a la “renovación ecológica y social del país”.

El encuentro entre Martín Guzmán y su homólogo alemán, Peter Altmaier iba a ser una reunión protocolar de una hora. En un Berlín primaveral se convirtió este domingo en una cena de dos horas en la sede del ministerio, con banderas de los dos países, en lo que fue leído como un gesto que excedió el protocolo. Por lo que trascendió,  en un clima muy amable se habló más de la relación comercial de cara al futuro y de complementación entre los dos países que de quejas o pedidos de apoyo en la negociación con el FMI.

El ministro estaba casi exultante ayer cuando terminó la reunión con Altmaier y lo expresó en un tweet: “Argentina y Alemania tienen complementariedades estratégicas en economías del conocimiento y energías sustentables. Seguiremos trabajando para profundizar los vínculos bilaterales en estas áreas”, sostuvo. Calificó el encuentro como “muy enriquecedor”.

El ministro alemán también se mostró entusiasmado al menos en su tweet: “Muy buena conversación con el ministro de Economía de Argentina”. Aunque el párrafo siguiente deja lugar a la suspicacia: “Les deseo mucho éxito en la renovación ecológica y social de su gran país“. ¿Qué habrá querido decir? En Buenos Aires solo atinaron a responder con el comunicado oficial.

Allí se señala que Guzmán junto a Altmaier cuyo cargo es el de ministro Federal de Asuntos de Economía y Energía, repasó la marcha de las relaciones comerciales entre ambos países y el desarrollo de las energías renovables, así como los vínculos entre América latina y la Unión Europea.

Guzmán y Altmaier también dialogaron sobre el rol de los organismos multilaterales en la recuperación de la economía global en el contexto de la pandemia del COVID 19. Asimismo, ambos funcionarios repasaron las metas del acuerdo de París 2050 para combatir el cambio climático y “acelerar las acciones e inversiones necesarias para un futuro ambiental sostenible”.

De esta manera se inició la gira europea que incluye también Italia, España y Francia. Este lunes Guzmán se verá con  Lars Hendrik Roller, Director General de Política Económica y Financiera de la Cancillería alemana, entre otros funcionarios. El martes se reunirá con el secretario del Ministerio Federal de Finanzas, Wolfgang Schmidt.

La agenda continuará en Roma, donde el ministro tiene previsto reunirse con su par de Economía y Finanzas de Italia, Daniele Franco.

La intención Argentina es cosechar aliados entre los accionistas del FMI de cara a la negociación con el Fondo para la refinanciación de la deuda. Argentina busca condiciones especiales en un programa a 10 años. También necesita aliados para refinanciar la deuda con el Club de París que vence en mayo por unos US$ 2.400 millones.

Pero de acuerdo al comunicado oficial, “el objetivo del viaje apunta a construir entendimientos, en busca de concepciones comunes en relación al rol de los organismos multilaterales de crédito, en el marco de la emergencia provocada por la pandemia global”, según señaló Economía.

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Los aumentos de tarifas en la luz y el gas llegan en las facturas de mayo y se pagarán en junio

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Las audiencias públicas y los desacuerdos en el Gobierno postergan el plazo previsto originalmente, que era abril.

Los aumentos en las tarifas de servicios públicos estaban previstos para abril. Sin embargo, no llegarán hasta mayo, según explicaron fuentes oficiales a Clarín. Una de las razones es que las audiencias públicas se hicieron a mediados de marzo y fines de ese mes, y los reguladores necesitan un tiempo para procesar lo allí volcado. La otra es que subsisten desacuerdos internos sobre el nivel de incremento de tarifas.

La secretaría de Energía realizó una audiencia pública para el precio del gas que pagará a los productores el 15 de marzo. Al día siguiente, Enargas hizo lo propio, donde escuchó los pedidos de recomposiciones tarifarias de las distribuidoras. Eso fue a mediados de marzo. Federico Bernal, titular del Enargas, ya había anticipado que creía que no llegaría a tener nuevos cuadros tarifarios para el primer día de abril. Ahora, desde esa dependencia apuntan a fines de abril o comienzos de mayo.

En el caso de distribución eléctrica, la competencia del Enre es sobre las tarifas de Edesur y Edenor, que operan en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Sus audiencias se hicieron el 29 y 30 de marzo. Las empresas también solicitaron recomponer sus márgenes de distribución. El cuadro tarifario recién estará en mayo, según fuentes oficiales.

Si los cuadros tarifarios llegan en mayo, se estima que los hogares y los comercios recién comenzarán a pagarlo en junio. De esa forma, el Gobierno lograría escalonar el impacto de los aumentos energéticos, a uno por mes. Entre marzo y mayo, habrá tres subas en los precios de combustibles (ya la hubo en marzo y el fin de semana llegaría la de abril). En mayo llegaría el último retoque en surtidores. Para esa fecha, quizás ya estén los nuevos cuadros tarifarios, pero los usuarios recién tendrán que pagarlo en octubre.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, apuntó a dos subas de los servicios, una por cada semestre. Soledad Manin, interventora del Enre (distribución eléctrica) también mencionó esa posibilidad. Pero Bernal (Enargas) se opone, ya que es partidario de un único aumento.

Además, el ministro ve un rango de aumentos de entre 30% y 40%, mientras que los interventores se vuelcan a una franja del 7% al 9%.

Ese desacuerdo entre funcionarios también se traslada al nivel de subsidios energéticos, para mantener las tarifas bajas. Guzmán lo definió en un 1,7%. Los interventores de los entes reguladores creen que puede haber “reasignación de partidas” y modificar ese número.

El congelamiento de tarifas está en un limbo legal, según ex funcionarios y abogados especialistas en Energía. La primera ley que frenó todo aumento de tarifas (de diciembre de 2019) duró 6 meses y luego fue prorrogada vía decreto por otros seis meses. Después, hubo otro decreto de necesidad y urgencia (número 1020/20) que concedió 90 días más. Pero eso también venció.

“Sería deseable que quien vino a cumplir la Constitución Nacional y la ley del gas (como lo dijo en la audiencia pública de la semana pasada) cumpla con la ley 24.076 [de regulación de las concesiones de gas]. Lo mismo aplica para la interventora del ENRE (Soledad Manín) y la ley 24.065 [regulación de las concesiones eléctricas]. En ambos casos se trata de un incumplimiento de los deberes de funcionario público”, explicó Juan José Aranguren, ex ministro de Energía.

“El mantenimiento sigue de facto, hasta que entre a regir la tarifa de transición. Hubiera sido mejor que se hubiera extendido, por supuesto”, razona un funcionario de la actual administración.

Al nuevo régimen tarifario “deberían haberlo tenido listo -con audiencias previstas anticipadamente-, para que entrara en vigor a la finalización del plazo de 90 días del decreto que congeló tarifas. Tendrían que haberlo tenido listo el día 91”, según Aranguren.

El artículo 11 del último decreto presidencial al respecto (del que se aferran los actuales responsables) hablaba de mantener las tarifas actuales por 90 días corridos o hasta que entren en vigencia “los nuevos cuadros tarifarios transitorios resultantes del Régimen Tarifario de Transición para los Servicios Públicos (…) lo que ocurra primero”.

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