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El FMI le respondió a Cristina Kirchner y afirmó que no se pueden ampliar los plazos de pago de la deuda

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La vicepresidenta había dicho que los plazos y las tasas que se pretenden son “inaceptables” y no se pueden pagar. El vocero dijo que los plazos son iguales para todos los países.

 

Washington. (Corresponsal).- Cuando en Washington aún resonaba el reclamo de la vicepresidenta Cristina Fernández sobre más plazo y menos tasa para pagar la deuda, el Fondo Monetario Internacional ratificó este jueves que el término de devolución del nuevo préstamo que solicita la Argentina al organismo es hasta 10 años y que esas condiciones “se aplican uniformemente a todos los países”.

En una conferencia de prensa en Washington, Rice respondió algunas preguntas sobre Argentina, el día de cierre de la visita del ministro de Economía Martín Guzmán en esta ciudad, donde llegó para continuar negociando un nuevo acuerdo con el organismo llamado de Facilidades Extendidas (que tiene más plazo de devolución), para remplazar al anterior Stand by de US$57.000 millones (desembolsados 44.000 millones) que el FMI otorgó en 2018 y que tenía un plazo más corto, de 5 años.

Al portavoz se le preguntó sobre el duro discurso que el miércoles pronunció la vicepresidenta, en el que había dicho sobre las negociaciones del préstamo con el Fondo que “todos sabemos que con los plazos y las tasas que se pretenden, no sólo es inaceptable, no es una cuestión subjetiva, es una cuestión de que no podemos pagar porque no tenemos la plata para pagar”. Concretamente los periodistas querían saber si esas palabras incidían en la negociación y si era posible que el organismo pudiera acordar con Argentina un tipo de interés especial y un plazo adicional ya que el Gobierno aspira a estirarlo a 15 o hasta 20 años.

Rice respondió que las autoridades argentinas habían preferido negociar un préstamo de Facilidades Extendidas, y que “los desembolsos que hagan bajo ese préstamo se pagan en un período de 4 1/2 a 10 años, en 12 cuotas semestrales, y esas condiciones se aplican uniformemente a todos los países, no solo a Argentina. Les diría que no tengo más información que agregar”.

Extender el plazo no es imposible, pero si prácticamente improbable. Significaría que los 190 países deben ponerse de acuerdo para modificar las reglas de este tipo de préstamo y someter la decisión en el directorio ejecutivo, donde Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Canadá, Francia y otros tienen gran peso. Un proceso demasiado complicado para estos tiempos.

En el sutil lenguaje del Fondo, las declaraciones de Rice significan que no hay ánimo para este proceso, al menos por ahora, y a pesar de las presiones que llegan desde Buenos Aires.

Pero en Economía creen que “el reclamo de la vicepresidenta es lógico”, según dijeron fuentes de esa cartera a Clarín. “Marca que hay un problema de concentración de vencimientos, es una cantidad muy grande de deuda para un período muy corto”.

Pero mientras Cristina habla en los actos en Buenos Aires, el que trajina las oficinas del poder en Washington es Guzmán, que lleva adelante el lápiz técnico y el desafío de desdramatizar ante el Fondo y el Tesoro los mensajes desde territorio argentino.

El ministro también tuvo que aclarar en los encuentros que mantuvo aquí y con inversionistas en New York, que el juicio que se iniciaría a quienes negociaron el acuerdo stand by que se le otorgó durante el gobierno de Macri es esencialmente “un tema interno” de Argentina, que no tendrá repercusiones en el staff del Fondo, que de hecho goza de inmunidad legal.

Otro tema que la vicepresidenta puso sobre la mesa son las tasas de interés, porque hay un sobrecargo para los países que más dinero adeudan. Ahora Argentina paga un 3%, pero Guzmán aspira a bajarla. Ese también es otro proceso difícil porque ya está preestablecido en el Fondo y también se necesitaría un gran consenso para cambiarlo. La Argentina está buscando aval del G20 para esa movida, pero asoma complicada.

A Rice también se le preguntó sobre la transparencia en la utilización argentina de los Derechos Especiales de Giro (DEG), dinero fresco que podrían llegar a la Argentina de forma adicional si el Fondo aprueba en junio una iniciativa de recapitalización por US$650.000 millones. Serían 4.400 millones que ingresarían en un momento de crisis y en un año electoral.

El portavoz respondió que la recapitalización aún está en una etapa inicial y que por ahora “no vamos a ir más allá o prejuzgar lo que un país u otro pueda hacer con este tema. Si la asignación de DEG se aprueba, se asignarán de acuerdo con la cuota que tiene cada país en el Fondo, más allá de esos principios y del cronograma no quiero especular”.

La Argentina se ilusiona con la posibilidad de tener más dinero del propio Fondo, a través de una reforma que el organismo analiza con aval del G20 y el G7: el incremento de capital a través de los DEG. El directorio ejecutivo aprobó la recapitalización, pero todavía faltan algunas instancias para una eventual aprobación, que podría ser solo más allá de junio. Para Argentina sería un salvavidas importante este año, incluso parte de esa cifra podría utilizarse para pagar vencimientos.

La Argentina se ilusiona con la posibilidad de tener más dinero del propio Fondo, a través de una reforma que el organismo analiza con aval del G20 y el G7: el incremento de capital a través de los DEG.

Esta discusión se está llevando a cabo en este momento en el Fondo. El directorio ejecutivo estaba reunido el martes, mientras Guzmán se encontraba con Georgieva, y aprobó una posible inyección de US$ 650 mil millones. Todavía faltan algunas instancias para la aprobación final, que podría ser solo más allá de junio. Pero para Argentina sería un salvavidas importante este año.

A Rice también se le consultó por qué había tanto hermetismo en la negociación con la Argentina, ya que se estaba hablando del mayor préstamo en la historia del organismo.

El vocero dijo que “cuando las negociaciones se encuentran en curso, a nivel técnico, el procedimiento habitual es no adivinar lo que sucede o adelantarnos a esas conversaciones porque no es muy útil hacerlo para ninguna de las partes” y aclaró que “esto no se aplica únicamente a la Argentina”.

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Coronavirus

Internaron a la jueza María Servini en terapia intensiva por complicaciones con el coronavirus

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Sufrió dificultades respiratorias y la trasladaron al Sanatorio Otamendi. Había recibido al primera dosis de la Sputnik V.

La jueza María Romilda Servini fue internada este miércoles en el Sanatorio Otamendi tras sufrir complicaciones de su cuadro de coronavirus. La magistrada se había contagiado de Covid hace menos de una semana y según confirmaron fuentes de su entorno el martes empezó a tener dificultades para respirar que se agravaron hoy y hoy decidieron internarla.

Está alojada en terapia intensiva. Además de una fuerte tos, la magistrada empezó a saturar oxigeno por debajo de los niveles recomendados. Tras ingresar le empezaron a realizar una batería de análisis para detectar si tiene problemas pulmonares que podrían derivar en una neumonía, una de las complicaciones típicas del coronavirus.

Servini, jueza federal y a cargo del juzgado electoral, tiene 84 años y por su edad integra uno de los grupos de riesgo por el coronavirus.

La jueza había sido vacunada con la primera dosis de Sputnik V en febrero pasado y según contó el 26 de marzo pasado le tenían que aplicar la segunda dosis en el Club Italiano en el barrio porteño de Caballito pero le suspendieron el turno. “Estoy enojada. Si me hubieran dado la segunda dosis, a lo mejor no me hubiera contagiado”, protestó Servini el jueves pasado cuando confirmó que tenía coronavirus.

Incluso contó que se quejó ante las autoridades de la Ciudad y que llamó al vicejefe de Gobierno Diego Santilli. “Después llamé a Diego Santilli. Le pedí que si estaban haciendo alguna excepción, trataran de darme la segunda dosis, porque yo estoy trabajando. Quedó en ocuparse, no me llamaron”, cerró.

Servini empezó con los síntoma típicos del coronavirus antes de que le dieran el resultado positivo. Tuvo tos, estornudos y un resfrío muy fuerte además de un “cansancio brutal” según contó. Los médicos le habían recomendado que intentara calmar los síntomas con paracetamol.

Cuando arrancó la cuarentena en 2020, Servini dejó de ir a su juzgado en Comodoro Py. Pero luego retomó la actividad presencial dos veces por semana. Antes de que le dieran su resultado de covid, cuatro empleados de su juzgado dieron positivo de coronavirus.

La jueza había criticado la campaña de vacunación oficial y al propio presidente Alberto Fernández. “Todo este tema de las vacunas se ha manejado muy mal. Lo siento, porque se lo estoy diciendo también al señor Presidente”, dijo Servini tras su contagio. “Se han manejado irresponsablemente, hay provincias a las que mandaron la segunda dosis de la Sputnik y no habían mandado la primera”, agregó.

Y puso condiciones para garantizar las PASO. Pidió que un “plantel de 25 personas” entre sus colaboradores reciban ambas dosis de la vacuna contra el Covid. “No los voy a exponer a que se enfermen los 25. Mi equipo son como 300 personas, estos son los 25 urneros, como los llamamos, que preparan las urnas con lo que debe contener en cada mesa. No voy a exponerlos a que se enfermen, porque ahí no puedo hacer burbuja”, afirmó.

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Politica

Cristina Kirchner fue sobreseída en la causa dólar futuro y no irá a juicio oral

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También sobreseyeron a Axel Kicillof. Así lo dispuso la Cámara de Casación.

 

La Cámara de Casación resolvió que no se realizará el juicio contra Cristina Kirchner por supuestos delitos en las operaciones con el dólar futuro. Los jueces hicieron lugar al pedido de sobreseimiento y nulidad del caso que había presentado la vicepresidenta. Éste expediente había sido el primero que le significó una acusación por corrupción en los Tribunales de Comodoro Py cuando dejó la Casa Rosada en 2015. La decisión de Casación también significó el sobreseimiento de Axel Kicillof, Alejandro Vanoli y los demás acusados. No hubo extralimitación en sus funciones y entendieron que todo respondió a una política de Estado que no puede judicializarse.

El 4 de marzo, durante más de cincuenta minutos y con un duro discurso que incluyó una fuerte defensa política, la vicepresidenta expuso por videoconferencia ante la Casación los motivos por los cuales quería anular ese expediente.

En su descargo, con el que buscaba el sobreseimiento, acusó al Poder Judicial de ser “un sistema podrido y perverso”, volvió a hablar de lawfare para defenderse de las causas de corrupción en las que está acusada y apuntó contra Mauricio Macri y los medios de comunicación.

Al analizar el caso, los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y la magistrada Ana María Figueroa resolvieran hacer lugar al pedido de sobreseimiento y anulación del juicio oral. A esa decisión se había opuesto el Tribunal Oral Federal 1 (TOF 1) que entendió que se debía realizar el debate para dirimir allí todas las controversias del caso.

La Sala I del máximo tribunal penal, entendió que el juicio no debe realizarse al no encontrar delito en las maniobras financieras impulsadas. ​El criterio central fue que respondió a una política de Estado que no puede ser judicializada.

“La intervención en los mercados es una herramienta de política monetaria con la que cuentan, generalmente, en mayor o menor medida, las instituciones que en cada país cumplen las funciones de banco central, banco de reserva o autoridad monetaria, afirmación que es conteste con la base normativa que regula las funciones del BCRA”, sostuvieron los magistrados en el fallo al que accedió Clarín.

El expediente fue instruido por el fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Eduardo Taiano. En ese momento se señaló que la pérdida para el Banco Central por las ventas de dólar futuro fue de 54.921.788.702,40 pesos, y que “la defraudación a la administración pública fue producto del acuerdo y coordinación de los más encumbrados funcionarios del Estado, quienes desde sus cargos arbitraron las medidas necesarias para su consecución”.

Esas acusaciones quedaron anuladas tras el fallo de la Cámara de Casación, en el que se hizo lugar al recurso extraordinario de las partes. Al analizar las operaciones con el dólar futuro, la Sala I expuso que “no se advierte cómo podrían atribuirse normativamente los resultados de dicha operatoria” al delito que se les había adjudicado, “cuando no hubo extralimitación en el ejercicio de las atribuciones legalmente conferidas al BCRA“, dijeron.

Un eje central, fue una pericia pedida por el TOF 1 que debía determinar cuál había sido el nivel de perjuicio para el Estado con la venta de dólar futuro. Los contadores Alejandro del Acebo, Carlos Campodónico y Stella Maris Castaño, dijeron que “las operaciones de liquidación de dólar futuro están informadas en los balances del BCRA al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2016 y en dichos años los balances arrojaron ganancias por $147.116.885.000 en 2015 y $67.448.520.000”.

Entonces, los peritos concluyeron que no existió la defraudación indicada durante la instrucción. Fue el puntapié inicial para requerir el sobreseimiento y nulidad del juicio.

El video de La Cámpora para Cristina Kirchner


Al respecto, Daniel Petrone y Diego Barrotaveña, consideraron que ese informe pericial “la suscripción de los contratos futuros celebrados por el BCRA se incluían dentro de las facultades y límites impuestos por la Carta Orgánica de esa entidad. Además que todo e habría desarrollado dentro del marco legalmente previsto a la luz de los fines de estabilidad monetaria y financiera, entre otras funciones”.

Bajo dicho lineamiento, comprendieron que no corresponde adjudicar ningún tipo de responsabilidad penal al tratarse de un “accionar legítimo y conforme a derecho”. Por otro lado, consideraron que las operaciones de Dólar Futuro durante el gobierno de Cristina Kirchner, “materializó la política monetaria que se pretendió llevar a cabo durante el período en cuestión y constituye, entonces, un asunto político cuyo acierto o desacierto se encuentra detraída del control jurisdiccional, al menos de aquel que a esa Cámara compete”, expresaron.

En este aspecto se centraron los integrantes de la Casación para expresar que “las razones de oportunidad, mérito o conveniencia tenidas en cuenta por los otros poderes del Estado para adoptar decisiones que le son propias no están sujetas al control judicial” y que por lo tanto, correspondía dictar el sobreseimiento al tratarse de una política propia de un gobierno, y no de un objeto Judicial…

Para la jueza Ana María Figueroa, el inició del expediente creó “desconcierto entre la comunidad jurídica” al considerar que no había delito alguno en la maniobra denunciada. Su análisis fue por otro lado, y dijo: “Se persiste en continuar sometido a proceso a personas con la imposición de medidas cautelares que dañan su vida, patrimonio y honor”.

Así, la Sala I ordenó sobreseer a Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof, Alejandro Vanoli Long Biocca, Pedro Biscay, Sebastián Andrés Aguilera, Bárbara Domatto Conti, Mariano Beltrani, Juan Miguel Cuattromo, Miguel Ángel Pesce, Guillermo Mario Paván, David René Jacoby, Cristian Alexis Girard, Germán David Feldman, Alejandro Formento y Flavia Matilde Marrodán..

En su descargo, Cristina Kirchner dijo que todo respondió a una “persecución política”, pues la acusan por “medidas de Estado que no pueden judicializarse”. Entonces, ante los jueces de la Sala I sostuvo que el expediente es un leading case, no solo en el tema del lawfare, sino también en la “intromisión y manipulación del Poder Judicial en los procesos electorales y en la política en general en la República Argentina”.

El presidente Alberto Fernández, avaló ese criterio ante la asamblea legislativa el pasado primero de marzo, cuando reiteró la necesidad de una reforma judicial: “Asistimos a condenas mediáticas instantáneas, sufrimos la discrecionalidad de los jueces en demoras inexplicables y hay hay manipulación de decisiones jurisdiccionales según intereses políticos”, afirmó.

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Politica

Encontraron más de 200 vacunos robados en un campo del senador José Alperovich

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Forman parte de los 3.500 animales desaparecidos durante 2020 en campos de Santiago del Estero.

Al menos 240 vacunos de unos 3.500 que fueron robados en Santiago del Estero, fueron encontrados en un campo perteneciente al senador nacional kirchnerista José Jorge Alperovich, exgobernador de Tucumán. Por la causa ya había sido detenido un empresario ganadero.

Según confirmaron fuentes de la investigación a Clarín, los responsables del establecimiento donde fueron encontrados los vacunos habrían admitido que esos animales fueron enviados por Luis Magliano, dueño de la concursada firma Oleos del Centro S.A (ODC), que tenía a su cargo el hospedaje y engorde de la hacienda depositada por las firmas San Eugenio S.A, el Tránsito S.A y el 38 S.A., en las localidades de Weisburd y Campo Gallo, en Santiago del Estero.

Magliano se entregó el pasado 30 de marzo a la justicia y está detenido luego de que se ordenara su captura nacional por el robo de 3.500 vacas valuadas en más de 150 millones de pesos.

José Alperovich durante una sesión en el Senado. Actualmente está de licencia por una denuncia de abuso sexual.

José Alperovich durante una sesión en el Senado. Actualmente está de licencia por una denuncia de abuso sexual.

El hallazgo se dio luego de que, por disposición de la Justicia santiagueña, se realizaran varios allanamientos en diferentes establecimientos de las provincias de Santiago del Estero y Santa Fe.

El primero de ellos tuvo lugar el lunes pasado en la localidad de Amstrong, al sur de Santa Fe, sin resultados positivos, aunque, según la investigación, se identificaron constancias del paso por ese establecimiento de parte de la hacienda buscada a partir de la lectura de guías de transporte firmadas por el hijo de Magliano con ese destino.

Entre martes y miércoles continuaron los allanamientos en campos de Salta y Santiago del Estero, donde finalmente se halló parte de ese ganado. El lugar en el que aparecieron las 240 vacas fue en el establecimiento ganadero “La Galesa” propiedad de Alperovich, en la localidad santiagueña de Pozo Hondo.

Lso 240 vacunos encontrados de las firmas San Eugenio S.A, el Tránsito S.A y el 38 S.A. están siendo trasladadas a Corrientes.

Lso 240 vacunos encontrados de las firmas San Eugenio S.A, el Tránsito S.A y el 38 S.A. están siendo trasladadas a Corrientes.

Fuentes de la investigación afirmaron también que se prevé más operativos ante la presunción de que habría más hacienda por identificar y que podrían pertenecer a las firmas damnificadas por Magliano y ahora por Alperovich.

Pese al hallazgo, el exgobernador tucumano aún no está ni siquiera como imputado en el expediente. Tampoco hubo una respuesta oficial de parte del senador o su equipo.

Según precisó a Clarín el apoderado de las firmas denunciantes, Hernán González, que siguen contando los animales que se encuentran en el lugar, que son alrededor de 9.000 vacunos.

Y advirtió que la hacienda encontrada estaba con la marca de la firma que denunció el faltante de los animales mientras que otros vacunos estaban sobremarcadas.

Además, informó que a Alperovich le inhabilitaron el movimiento de hacienda en las 100.000 hectáreas que posee en el noreste del país.

De todas formas, con este importante descubrimiento, la investigación penal llevada adelante por la Justicia santiagueña tendrá nuevas aristas para continuar. La nueva trama, ahora, vincula los negocios ganaderos de empresarios y políticos.

El campo La Galesa, en Santiago del Estero, donde se hallaron los animales robados.

El campo La Galesa, en Santiago del Estero, donde se hallaron los animales robados.

La Justicia tendrá que dilucidar si el senador Alperovich forma parte de la presunta asociación ilícita que se habría apropiado ilegítimamente de la hacienda de terceros, en una maniobra millonaria realizada bajo las restricciones de la pandemia del Covid-19 que impidieron la realización de auditorías y controles presenciales.

La fiscalía de Santiago del Estero declaró el sábado pasado depositario judicial de la hacienda recuperada al apoderado de las firmas San Eugenio S.A, El Tránsito S.A, El 38 S.A, Hernán González, presente durante los allanamientos y actuaciones judiciales.

Alperovich, por su parte, suma un nuevo problema en su contra, luego de la denuncia de una sobrina por supuesto abuso sexual, lo que provocó un pedido de licencia a su cargo de senador, avalado por la Cámara Alta.

El caso de los más de 150 millones de pesos

Las firmas San Eugenio S.A, el Tránsito S.A y el 38 S.A. denunciaron a principios de este año que habían enviado desde el 30 de enero al 15 de diciembre de 2020 unas 3.530 cabezas desde sus campos situados en Chaco, Formosa y Corrientes hasta los establecimientos de Oleos del Centro S.A (ODC), propiedad de Luis Magliano, en las localidades santiagueñas de Weisburd y Campo Gallo para la recría y engorde.

Encontraron más de 200 vacunos robados en un campo de José Alperovich en Santiago del Estero.

Encontraron más de 200 vacunos robados en un campo de José Alperovich en Santiago del Estero.

Pero según relatan fuentes de la firma Haciendas San Eugenio, el 28 de diciembre se dieron cuenta del faltante de los animales y realizaron la denuncia policial correspondiente.

En este contexto, los denunciantes iniciaron una investigación privada de amplios alcances, con el objetivo de establecer cómo fue realizada la maniobra, la logística pública y privada utilizada para concretar la operación e identificar las personas que participaron.

También buscaron obtener la mayor certeza sobre las rutas de circulación empleadas y sobre el destino final de los animales, ubicando con mayor precisión los campos o frigoríficos clandestinos. Luego, la investigación pasó a manos de la Justicia santiagueña, a cargo de las fiscales Mariela Bittar de Pappa y Victoria Sottini.

Al momento de la denuncia, Magliano era presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, pero decidió renunciar a su cargo en enero último. Se dijo en ese momento que era por cuestiones personales. La causa gira sobre los supuestos siguientes delitos: asociación ilícita, estafa y hurto.

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