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Justicia

El fiscal Di Lello destrozó la causa cuadernos

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El fiscal federal Jorge Di Lello sorprendió con un dictamen en el que destroza el modo en que se llevó adelante y se construyó la causa de los cuadernos. Denuncia que cuando se tomaron las declaraciones de los arrepentidos se incumplió con la obligación de grabar o filmar las audiencias. Destaca como una gran irregularidad que el expediente se haya armado en función del relato de Oscar Centeno volcado en fotocopias y afirma que no cambia nada la aparición de los originales de los cuadernos sino que –al contrario– muestra que el chofer mintió al decir que los había quemado y debilita sus “aportes ”. Cuestiona, además, que a algunos imputados se los indagó sin describirles un hecho concreto que los involucrara.

¿Por qué un fiscal de Comodoro Py opina sobre lo que hizo su colega Carlos Stornelli? Di Lello, que tiene competencia electoral, había recibido una causa derivada, donde debía investigar si un grupo de dirigentes de La Cámpora, entre ellos Máximo Kirchner, Eduardo Wado de Pedro y Andrés Larroque, habían utilizado dinero de los supuestos sobornos de la obra pública para “solventar actividades de de naturaleza electoral o vinculadas a la gestión política del gobierno y sus organizaciones satelitales”, según las sospechas que señalaba el juzgado. El escrito que presentó ante la jueza María Servini, reclama que sus indagatorias (tomadas en la causa madre pero que dieron origen a este expediente) sean anuladas y ellos sobreseídos.

Estado de derecho

“En un Estado de Derecho, una investigación no puede llevarse a cabo bajo cualquier circunstancia, sino que tiene que desarrollarse de conformidad con las reglas procesales vigentes”, advierte Di Lello en su texto, y explica que la declaración como arrepentido del ex secretario de Obras Públicas, José López, no cumplió con los requisitos que dispone el artículo 6 de la ley 27.304 (del arrepentido) que dice que “las declaraciones que el imputado arrepentido efectuare en el marco del acuerdo de colaboración deberán registrarse a través de cualquier medio técnico idóneo que garantice su evaluación posterior”. El fiscal se detiene en el interrogatorio a López, porque en lo que allí dijo se basaron las imputaciones a De Pedro, Máximo Kirchne r, Larroque, José María Ottavis, Julián Alvarez, los ex intendentes Ricardo Ivoskus (San Martín) y Enrique “Japonés” García (Vicente López) y el empresario Sergio Szpolski. La audiencia no fue grabada ni filmada, un patrón que se repitió con todos los arrepentidos, que fue cuestionado por varias defensas y que la Cámara Federal toleró. Ese grupo fue sobreseído por el juzgado cuando fue elevada la causa a juicio oral, pero se hizo una “extracción de testimonios” (una suerte de denuncia) para que se analice si hubo alguna infracción o delito electoral . Di Lello dice que se deben anular sus indagatorias y también ser desligados este asunto.

La declaración de López, tuvo en su momento un amplio recorrido en los medios afines al Gobierno porque el ex funcionario habló de cartelización en la obra pública, describió supuestos acuerdos de reparto de licitaciones y sobornos, acusó a Julio De Vido y Roberto Baratta, habló de reuniones con Cristina Fernández de Kirchner, y habló de recaudaciones para campañas electorales, donde involucró al grupo de La Cámpora, a los ex intendentes y a Szpolski, como receptores de dinero ilícito. Como es sabido, a lo largo de la causa jamás se probó ni un pago a CFK y buena parte de la “prueba” son relatos. El propio López, mintió en la causa y el juicio sobre los 9 millones de dólares que llevó a un convento en general Rodríguez, ya que cambió al menos tres veces de versión, pese a que se probó que los dólares habían estado en un altillo en su casa. Lo que no se estableció ese el origen del dinero.

La ley del arrepentido

Di Lello fue el primer fiscal en Comodoro Py en aplicar la ley de arrepentido con Alejandro Vandenbroele en el caso Ciccone, contra el ex presidente Amado Boudou. En su dictamen afirma que siempre aplicó los requisitos de la norma que son “esenciales para la validez” de la declaración en juego. “El registro por el medio técnico guarda vital importancia para evaluar las manifestaciones del arrepentido en el tiempo y contexto en el cual se refieren”. O sea, al no haber registro, no se sabe si fue presionado, coaccionado, si habló con libertad. “De considerarse la primigenia versión, dejará a este fuero electoral en una irregular situación al no poder analizar la voluntariedad de la manifestación, ni tampoco, frente a los sucesos ocurridos, si los datos guardan directa relación con los hechos pesquisados”, dice el fiscal. Para completar su argumentación, cita la discusión parlamentaria previa a la aprobación de la ley donde, señala, “queda a la luz que la recepción en forma escrita no era suficiente”. “En la ley –sostiene Di Lello– se habló de REGISTRO y de MEDIO TECNICO IDONEO DE EVALUACION POSTERIOR (…) lo que el legislador estableció fue, primero tener un registro por un medio independiente del sumario, y segundo, al hablar del medio técnico entendió necesario, que un soporte de las características referidas contuviera la declaración filmada o grabada”.

Otro punto con el que se mete el fiscal es con el origen de la investigación, a partir de la declaración en la fiscalía de Stornelli del periodista Diego Cabot de La Nación, en el contexto de una causa sobre la importación de Gas Natural Licuado. Luego el fiscal decide separar esas actuaciones y el juez indica que se abra, efectivamente, una causa aparte por haber “diferentes ilícitos”, pero se quedan ellos mismos el expediente con el argumento de que hay tres imputados en común, lo que implicaría alguna conexidad. Di Lello le dice que contradice el criterio de la acordada 37/12 de la Cámara Federal y no tiene en cuenta que, por ejemplo, “en todo el fuero federal existen innumerables causas en donde se investiga a los mismos imputados de la causa 9608/18 (de los cuadernos)” y sugiere ver Hotesur, Los Sauces o Ruta del Dinero. Lo que marca el fiscal es que la causa que él recibe, contra un grupo de personas por supuestas cuestiones electorales, nace de otra cuyo origen sería cuestionable.

Luego avanza sobre otra cuestión, también ligada a los comienzos, que son cuadernos. “La prueba de cargo que justifica la incriminación en la causa” de los cuadernos “y que resulta el puntapié para llegar al testimonio de José Francisco López” como colaborador “debió ser un hecho comprobable empíricamente, al que se le permita atribuir una consecuencia jurídico penal (…) Sin embargo, la prueba de cargo resultó ser un relato escrito en unos cuadernos cuya materialidad es ontológicamente inexistente, los cuales nunca estuvieron en poder del tribunal, pero sus fotocopias se convirtieron en un elemento histórico incontrovertible para el avance de la investigación”.

Fotocopias u originales

“Las fotocopias de los cuadernos motivaron allanamientos y detenciones a partir de la información que aparecía en ellos. Aquellos habrían sido confeccionados con sumo detalle y sin errores de ortografía por el señor Oscar Centeno, un ex militar que venía trabajando como chofer para un funcionario del Ministerio de Planificación, quien le había entregado el material a Jorge Bacigalupo, un sargento retirado de la Policía Federal”, recuerdo Di Lello. Y agrega que Bacigalupo dijo que en “un acto de patriotismo” se habría apropiado de los cuadernos para dárselos al periodista Cabot, quien le devolvió dos meses después los originales e hizo la denuncia con fotocopias.

Para el fiscal no es un detalle menor que durante la instrucción no se haya podido hacer pericia alguna sobre la antigüedad de la tinta, para ver si las anotaciones datan de las fechas señaladas por Centeno. Porque, dice Di Lello, el chofer ya había mentido: en su primera declaración dijo que los cuadernos existían; en la segunda dijo que los había quemado en la parrilla. “La sorpresiva y reciente aparición de los que, aparentemente, serían los originales de 6 cuadernos, no genera tampoco la certidumbre necesaria para su valoración, toda vez que su presunto autor manifestó haberlos quemado y todavía no se ha podido establecer su autenticidad y valor probatorio”, dice el dictamen. Con ese “derrotero de afirmaciones falsas”, agrega, “se pueden presumir como mínimo, dudosas las afirmaciones realizadas en sus múltiples declaraciones respecto del modo, tiempo y lugar en el que se confeccionaron las piezas cuestionadas”.

Por último, Di Lello dice que cuando se indagó a los imputados que llegaron a su fiscalía no se les hizo una descripción precisa de los hechos que se les imputan, de modo que no pueden defenderse y se los priva del debido proceso. Por eso le pide a la jueza Servini que anule las indagatorias y sobresea el caso.

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Justicia

Elevan a juicio el expediente por la compra de Gas Natural Licuado

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En un inicio, el caso abarcaba a 25 imputados, incluida Cristina Fernández de Kirchner, y señalaba una defraudación de 6900 millones de dólares. Pero se derrumbó por múltiples irregularidades, desde la actuación de un perito que plagió su informe hasta la declaración de Marcelo D’Alessio. Terminó incluyendo a cinco acusados, sin CFK, y apuntando a un supuesto fraude de 124 millones.

La elevación a juicio de la causa por la compra de Gas Natural Licuado (GNL) es una pintura de las andanzas de la coalición judicial–política–mediática con sede en Comodoro Py y alineada con Cambiemos. Al principio de la causa hubo 25 imputados. En la elevación terminan acusados cinco. La acusación tenía el objetivo principal de apuntar a Cristina Fernández de Kirchner, pero eso se cayó a pedazos, o sea que ella no va a juicio en esta causa. En la imputación original, fogoneada por el perito trucho David Cohen y el abogado trucho Marcelo D’Alessio, se habló de una defraudación de 6900 millones de dólares, pero ahora esa cifra bajó a 124 millones, cifra 55 veces menor que la original, lo que demuestra la manipulación. También se imputa por supuestas maniobras en el puerto, pero no se sabe la cifra ni cuál fue la mecánica ni quién hizo las maniobras. El juez Claudio Bonadio argumenta que no usó a Cohen y a D’Alessio para elevar la causa a juicio, pero lo único que hizo fue no nombrarlos: la acusación es la misma, usando lo que el perito y el falso abogado dijeron, aunque como quedaron evidenciadas las falsedades, las imputaciones terminaron reducidas a la mínima expresión.

Elevación

El expediente ya está en el Tribunal Oral Federal número 7 que tendrá que hacerse cargo de una causa en la que no hay peritajes, porque se cayeron por truchos, y tampoco hay testigos de peso, porque D’Alessio es impresentable. En la causa del GNL, el falso abogado fue llevado a declarar por el periodista Daniel Santoro cuando el expediente se había caído por el falso peritaje.

Por supuesto que D’Alessio declaró como abogado, o sea ya falseó su testimonio desde el primer minuto. Y, además, entregó cuatro carpetas que –según él– recibió de manera anónima. El contenido de esas cuatro carpetas ya estaba detallado en la computadora que le secuestró el juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, o sea que también ese material nació de forma fraudulenta: lo escribió e imprimió el propio D’Alessio, quien obviamente mintió diciendo que el origen era desconocido.

Orígenes

La causa del GNL empezó en 2014 a raíz de una denuncia de Laura Alonso, Patricia Bullrich y Federico Pinedo. Los dirigentes del PRO simplemente dieron cuenta de una sospecha: que podría haber sobreprecios en las compras del gas, que empezaron en 2008, y que fueron necesarias a raíz del crecimiento de la economía y varias oleadas de frío.

El dúo del fiscal Carlos Stornelli y el juez Bonadio no se anduvo con chiquitas y fijó la defraudación en 6900 millones de dólares, una cifra tan descomunal que hasta el propio ministro macrista Juan José Aranguren sostuvo que era un delirio. El gas se compraba a las más grandes empresas del mundo British Petroleum; Gas Natural Fenosa, Shell, Stanley & Poors, Repsol y otras. Del lado argentino, fueron procesadas 25 personas. En cambio, ninguno del lado de los vendedores: se supone que si hubo sobreprecios debía haber complicidades de los dos lados del mostrador.

Lo cierto es que el peritaje realizado por David Cohen se cayó a pedazos. El juez tomó su trabajo y descartó los estudios de otros peritos, pese a que se demostró que lo hecho por Cohen fue copiado de estudiantes chilenos y no tenía el menor rigor científico. Falsificó siglas de centros de estudios inexistentes y puso como parámetro de costos un índice norteamericano –el Henry Hub– que en todas las instancias fue demolido por los expertos porque no sirve para comparar con los precios de gas trasladado en barcos. El perito ya afronta un juicio oral por falso testimonio agravado.

La cuestión es todavía más seria: en un entrecruzamiento de llamadas presentado por el ex funcionario de Infraestructura Roberto Baratta, se advierte que Cohen hablaba por teléfono con grandes estudios de abogados ligados al PRO, funcionarios de Cambiemos, abogados que trabajaban para la Agencia Federal de Inteligencia; el Ministerio de Seguridad, el de Justicia. La impresión es que estaba complotado con toda la trama judicial–política–mediática que respondía a la Casa Rosada.

Caído el peritaje de Cohen, la Cámara Federal anuló los procesamientos y les dijo al fiscal y el juez que debían demostrar sobreprecios con un nuevo estudio. La causa se elevó ahora a juicio sin que se haga el estudio ordenado por los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia. Es más, el magistrado estima un sobreprecio, ya no de 6900 millones sino de 124 millones de dólares, otra vez sobre la base del Henry Hub, que los propios camaristas destrozaron.

O sea, el juez dice que sacó a Cohen de la causa, pero lo dejó tácitamente.

Rescate

Cuando la causa se hundía irremediablemente por el fraude del perito, a fines de 2018, el periodista Daniel Santoro presentó a D’Alessio, tal como lo reveló el fiscal Stornelli.

El 5 y el 12 de noviembre de 2018, D’Alessio declaró en la causa ante Stornelli, sin que el fiscal tuviera delegada la investigación: dijo ser abogado, entregó documentación robada de Enarsa, empresa en la que dijo que se había infiltrado y entregó cuatro carpetas que, según él, recibió de manera anónima en su estudio. La declaración de D’Alessio estuvo escondida: recién se incorporó al expediente en febrero cuando ya había estallado el escándalo en la causa de Dolores. Ramos Padilla desarmó toda la patraña basándose en lo que encontró en la computadora de D’Alessio, secuestrada durante el allanamiento a su vivienda.

¿Qué decía D’Alessio? Que en realidad hubo una defraudación con los seguros de los barcos y que Cristina Fernández de Kirchner llamó personalmente a Enarsa para interiorizarse de la cuestión. La mentira no se sostuvo: los camaristas Bruglia y Bertuzzi sacaron a CFK de la causa porque no se podía basar esa acusación en los dichos del oportuno D’Alessio.

Pero el falso abogado también mencionó defraudaciones en materia de gastos portuarios y por la intermediación del estudio de los hermanos Dromi. La Cámara ordenó entonces que se estudiara la cuestión, que se profundizara la investigación sobre una posible defraudación. El magistrado ignoró la orden y elevó el expediente a juicio mencionando una generalidad: que hubo facturaciones de hasta 700 mil dólares en cada barco, pero sin precisar si hubo maniobras o no, ni de cuánto podría ser el perjuicio. En una palabra dijo: “que se ocupe el Tribunal Oral”.

Como se ve, el juez dice que no usó a D’Alessio pero lo único que evitó fue nombrarlo. Mantuvo las acusaciones formuladas por el falso abogado, pese a que la Cámara ordenó la anulación de aquella declaración auspiciada por Santoro y concretada ante Stornelli.

Juicio

El TOF 7 recibe entonces el expediente sin que se hubieran hecho ni los peritajes ni los estudios que reclamaba la Cámara Federal. Pero, además, el magistrado dijo que no podía probar sobreprecios entre 2008 y 2011 porque no consiguió que le entregaran la documentación necesaria, que había pasado por la Auditoría General de la Nación. La Cámara le ordenó conseguir ese material. El juez tampoco lo hizo.

O sea que se pretende llegar a un juicio oral sin peritajes, sin la descripción ni datos reales sobre los supuestos delitos, sin la documentación pedida por los camaristas, con un testigo (D’Alessio) que está preso y con un perito (Cohen) procesado y camino a juicio.

Nada de eso importó. Es una causa que fue clave para la ofensiva política de Cambiemos: se usó para meter presos a Julio De Vido y Roberto Baratta; para acusar a CFK y dictarle otra prisión preventiva y luego, de manera grotesca, armaron sobre el expediente del GNL el de las fotocopias de los cuadernos, argumentando que eran los mismos acusados y la misma asociación ilícita.

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Justicia

Sergio Varisco fue condenado por narcotráfico a 6 años y medio de prisión

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El exintendente de Paraná Sergio Varisco fue condenado a 6 años y medio de prisión. Estaba acusado de narcotráfico junto a otras 32 personas de narcotráfico. El veredicto se dio a conocer esta tarde en los tribunales de la capital entrerriana.

Los jueces que dictaron la sentencia contra Varisco son Lilia Carnero, Noemí Berros y Roberto López Arango. El viernes pasado, durante las “últimas palabras” de los imputados, Varisco había afirmado ser víctima de una “campaña política”. También negó haber financiado operaciones narcos desde el municipio.

En ese contexto, el exintendente de Cambiemos dijo en los últimos dos años sufrió “un calvario, estigmatizado como narco” y fue agredido, pero aseguró que desde los ’80 sólo se dedicó a la política y no tiene auto, casa, ni cuenta bancaria.

En relación con su vínculo con el sindicado narcotraficante Daniel Celis, también acusado en el juicui, dijo que sólo tuvo una “relación política” vinculada a la incorporación de personal al municipio.

Sobre el exintendente pesaba un pedido de pena de 10 años de prisión formulado por el fiscal José Candioti, quien lo consideró coautor de “financiamiento de actividades de comercio de estupefacientes” junto a otros dos funcionarios municipales, el ex concejal Pablo Hernández y la ex secretaria de Seguridad local Griselda Bordeira, para quienes solicitó 9 años de cárcel.

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Justicia

Envían a Cristina Kirchner a juicio oral por la cartelización y coimas en la obra pública

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El juez Bonadio finalizó la instrucción de este expediente, vinculado a los cuadernos de las coimas. Junto a la vicepresidenta, serán enjuiciados De Vido, López y medio centenar de empresarios.

La vicepresidenta Cristina Kirchner irá a juicio oral junto a Julio De Vido, José López y más de medio centenar de empresarios, entre ellos Carlos Wagner, Ángelo Calcaterra, Gerardo Ferreyra y Juan Chediack, por la cartelización en la obra pública y el circuito de sobornos que según la justicia funcionó alrededor de esos contratos. Se trata de la décima causa que la ex mandataria, tiene elevada a juicio oral. 

Con el expediente principal del caso cuadernos elevado a juicio oral, Bonadio dio por clausurada la instrucción del tramo que investigó el circuito de sobornos que vinculados a la Cámara de la Construcción.

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