Así lo decidió el juez que habilitó el concurso preventivo. El grupo adeuda $ 28.000 millones y hay pesimismo en los acreedores.
Finalmente, la Justicia intervino en la grave crisis del grupo Garbarino, pero para su dueño, Carlos Rosales, no todas fueron noticias. La semana pasada, el titular del Juzgado en lo Comercial 7, Fernando D’Alessandro, habilitó el concurso de acreedores para que la empresa pueda renegociar una deuda que roza los $ 28.000 millones. En forma preventiva, además, le prohibió al empresario salir del país.
La que fue la cadena líder en ventas de electrodomésticos y que llegó a tener 246 sucursales y un total de 4.325 empleados cuando Rosales la compró en junio de 2020, afronta un quebranto muy superior a sus activos, con juicios laborales y embargos. Para el juez D’Alessandro, a cargo del expediente, implica tramitar los reclamos de cientos de acreedores (1.260 de Garbarino y 410 de Compumundo) y de 3.860 empleados, que en su gran mayoría fueron despedidos sin cobrar indemnización. El magistrado ya solicitó personal adicional para afrontar la tarea.
Con el concurso preventivo, Rosales evita la quiebra directa. No obstante, en el mercado creen que la cadena y todas sus unidades de negocio tienen las horas contadas. El motivo es que los activos que Rosales estimó (poco más de $ 14.000 millones) no alcanzan para saldar el grueso de la deuda: $ 25.400 millones de Garbarino y $ 2.315 millones de Compumundo. Básicamente, estos son los números que el grupo presentó en la Justicia y que deben ser corroborados por síndicos, peritos y expertos contables. De hecho, el único bien propio acreditado es una flota de 5 autos.
En la Justicia estiman que el concurso llevará varios años. El cronograma concursal establece en primer lugar la verificación de las deudas por parte de los acreedores. Luego se abre un período para presentar propuestas de reestructuración y eventuales quitas, que se resuelven por votación mayoritaria. No todas las opiniones valen igual: el fisco y los trabajadores, por caso, tienen prioridad para cobrar si se liquidan los bienes.
En noviembre, Garbarino cerró sus últimos locales y echó a casi todos sus empleados (unos 1.800), a los que les debía seis meses de salarios. Este lunes, muchos de ellos realizaron una nueva marcha en el Puente Pueyrredón, en reclamo por sueldos e indemnizaciones impagas.
El concurso preventivo es una medida pensada para evitar la quiebra. Cuando una empresa con dificultades económicas, tiene la opción de presentarse en la Justicia para renegociar sus deudas. Mientras eso ocurre puede continuar operando y los acreedores no pueden ejecutar los bienes ni trabar nuevos embargos.
Los problemas de Rosales no acaban allí. En enero de este año, el empresario compró Radio Continental y sus dos FM (Los 40 y Urbana Play), al grupo español Prisa. Desde 2017, ya era dueño de la aseguradora Prof y también tiene un hotel en Misiones y el restaurante Schiaffino Bistró en la Recoleta. Su imperio hoy se desmorona y la semana pasada también anunció que renunciaba como tesorero de San Lorenzo, cargo al que llegó de la mano de Marcelo Tinelli.
El golpe más duro provino desde la Superintendencia de Seguros de la Nación. En octubre, el organismo le apuntó al grupo asegurador Prof por su abultado déficit. En dos resoluciones, primero le inhibió los bienes y posteriormente le prohibió emitir nuevas pólizas. “A raíz de la gravedad que implica la incertidumbre observada respecto de la situación económico financiera de la aseguradora, se impone adoptar un criterio de extrema prudencia y ampliar la medida cautelar, prohibiéndole emitir nuevos contratos de seguros”, señalaron.
La situación de Garbarino es mucho más grave. En el balance que Rosales presentó en el juzgado, se detallaron activos por $ 14.000 millones en créditos a cobrar (por ventas financiadas) y la mercadería remanente en stock, todo sujeto a comprobación. Llama la atención, eso sí, las valuaciones del resto de las marcas (Fiden y Garbarino Viajes) pero por sobre todo la de Digital Fueguina, una fábrica de electrónicos que según la empresa vale poco más de $ 7.600 millones.
En la industria fueguina rechazan de plano esa cifra. Recuerdan que en octubre de 2020, cuando Brightstar abandonó la Argentina, vendió a Mirgor sus dos plantas donde fabricaba celulares para Samsung y LG, en apenas 1 dólar. “Las líneas de producción de Digital Fueguina tienen algún valor, pero si no tenés contrato para producir, no valen nada”, dijo a Clarín un ejecutivo de un fabricante fueguino.
