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Justicia

Echegaray apuntó contra Abad en la causa Oil Combustibles: “El objetivo fue liquidar al Grupo Indalo”

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El ex director de la AFIP Ricardo Echegaray señaló que su sucesor en el organismo, Alberto Abad, “deliberadamente dictó una serie de normas destinadas a llevar a Oil Combustibles a la cesación de pagos”.

En una nueva audiencia del juicio por las presuntas irregularidades en los planes de pago a la empresa Oil Combustibles, el ex director de la AFIP Ricardo Echegaray apuntó contra su sucesor en el organismo recaudador. Durante la tercera jornada en la que fue sometido a indagatoria argumentó que Alberto Abad lo acusa a él de haber cometido un fraude al Estado, mientras que la actual administración de la AFIP no sólo no cobró casi nada de lo que la empresa le debe al fisco, sino que, además, se dedicó a ahogar a la compañía para empujarla a la quiebra. “Nunca en ningún accionar del fisco después del 10 diciembre de 2015 hubo un objetivo de cobrar tributos. El objetivo fue liquidar al grupo empresarial”, afirmó. Para el ex funcionario imputado, fue Abad quien no hizo nada para cobrar la deuda de la empresa del Grupo Indalo y “deliberadamente dictó una serie de normas quirúrgicamente destinadas a llevar a Oil Combustibles a la cesación de pagos”.

Esas normas, cinco en total, fueron leídas ante el tribunal por el propio Echegaray, quien solicitó que sean incorporadas al expediente como prueba.

Los jueces Fernando Machado Pelloni, Javier Ríos y Andrés Basso, del Tribunal Oral Federal 3, escucharon por tercera semana consecutiva a Echegaray en su ejercicio de defensa. El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos durante el gobierno anterior está acusado junto a los titulares del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián De Souza, de haber actuado en connivencia para defraudar al Estado. Tanto Souza como López están en prisión preventiva por esta causa, a pesar de tratarse de un delito excarcelable.

En la sala ubicada en el subsuelo de los tribunales de Retiro, de traje y corbata, Echegaray volvió a sentarse frente a los jueces con dos carpetas repletas de papeles y un resaltador amarillo. Hojas con marcaciones, folios, separadores y párrafos destacados fueron su punto de apoyo para detallar resoluciones y responder al requerimiento de elevación a juicio del fiscal Gerardo Pollicita. Al igual que en las dos ocasiones anteriores, insistió con marcar que los planes de pago para las empresas fueron una política de Estado del gobierno anterior para evitar que las empresas cerraran y despidan trabajadores. Y detalló que durante su conducción firmó más de 1600 planes de pago, entre ellos los de Oil Combustibles. “Todos los pedidos de planes de pago particulares se los di a todos. A los que opinaban bien del Gobierno y a los que opinaban mal del Gobierno. Fueron más de 1600 planes. No hay nada de distinto entre los planes que otorgué a Indalo y los otros 1600. Y se me juzga por este plan”, se quejó Echegaray, dejando entrever que la causa tiene ribetes políticos y de persecución.

Un peritaje firmado por especialistas de la Corte Suprema y que se conoció recién una vez iniciado el juicio concluyó que el Grupo Indalo estaba al día con el pago de las cuotas, que no había quitas y que se estaban cobrando los intereses. Pero que con la llegada del gobierno de Macri, la AFIP anuló mediante varias resoluciones, firmadas en el término de una semana, parte de esos programas ya otorgados y provocó una situación de imposibilidad de pago. La llevó a la quiebra y la empujó a tener que vender.

Echegaray lo denominó “ropaje político normativo”, y dijo que estaban destinadas específicamente a que Indalo perdiera la posibilidad de seguir pagando sus deudas. “A partir de estas normas que dicta la nueva administración se empieza a construir el perjuicio al Estado y me juzgan a mí”, afirmó.

Para el ex funcionario, los planes para lograr que las firmas se pongan al día estaban todos normados y eran públicos, por lo que no podría constituir un delito contra los intereses del Estado aceptar un cronograma para cobrar. “Es tan transparente y claro el proceso que hasta está detallado en la intranet. Ninguna maniobra se pudo estructurar sobre los procesos que ya estaban formados, reglados e informatizados”, se defendió.

Para Echegaray “la defraudación no existió porque se estaba cumpliendo con el plan de pagos”. En este sentido detalló que uno de los planes de Oil era por una deuda de 980 millones de pesos en treinta cuotas, de las cuales antes del cambio de gobierno ya habían pagado veinticinco. El ahogo financiero vino después. “Si hay alguien que hizo todo lo posible para que el Estado no cobre y esta gente termine en estado de cesación de pagos, fue la propia Afip. El licenciado Abad. Es él quien deliberadamente dictó una serie de normas en apariencia generales, pero que estaban quirúrgicamente destinadas a llevar a Oil Combustibles a cesación de pagos. Hubo un abuso y desvío de poder de magnitud inusitada”, dijo Echegaray con su habitual tono técnico, aunque por momentos más enfático y hasta irónico. “¿Cómo puede decirse que los planes que yo di eran para defraudar al fisco, si venía pasando exactamente lo inverso: el Estado venía cobrando?”

Al calificar irónicamente a las resoluciones firmadas por Abad como un “quirófano normativo de la AFIP”, afirmó que se trató de “un raid normativo semanal para evitar que los dueños puedan pagar.Fue burdo, bestial”, dijo. Y concluyó: “No conozco en el mundo ninguna administración que busque evitar que un contribuyente pague”.

Lo que señala el fiscal en su acusación es que el ex funcionario coordinó el fraude contra las arcas estatales junto con los empresarios dueños, entre otras firmas, de medios de comunicación opositores al actual Gobierno. “No nos une nada a estos dos empresarios. Ni un picadito de fútbol. ¿Cómo podemos diseñar un plan de defraudación del Estado si ni siquiera nos conocíamos? No nos pusimos de acuerdo de manera dolosa para defraudar al Estado”, declaró.

Según los números establecidos por los peritos y reflejados por Echegaray en su declaración indagatoria, sobre un total de 2200 millones de pesos, su administración logró cobrar millones, mientras que durante la gestión macrista sobre 7 mil millones de pesos, la recaudación fue cero.

Después de un cruce con una de las abogadas defensoras, y tras pedir disculpas por las demoras al iniciar cada audiencia, los jueces establecieron un cuarto intermedio hasta la semana que viene. El jueves próximo será la cuarta jornada consecutiva que se ocupará con la indagatoria a Echegaray quien, todavía, tiene mucho por decir.

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Justicia

La Justicia investiga si Macri propició la disparada del dólar tras las PASO

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La fiscal federal Paloma Ochoa impulsó la apertura de una causa penal para determinar si el gobierno de Mauricio Macri propició la disparada del dólar y la consiguiente devaluación después de las PASO, como consecuencia del resultado adverso en esas elecciones, tras lo cual el Presidente responsabilizó a los votantes y al Frente de Todos por la situación económico-financiera. Uno de los ejes de la investigación apunta a establecer si la falta de intervención del Banco Central (BCRA) en el mercado cambiario obedeció a una orden del Poder Ejecutivo, en cuyo caso podría haber una violación a la carta orgánica. Ochoa sugirió al juez Rodolfo Canicoba Corral, además, que pida información a la entidad respecto de las variaciones de sus políticas cambiarias. Lo mismo sobre el acuerdo con el FMI, que preveía para ese entonces una autorización para intervenir con 250 millones de dólares por día (cuando el dólar superara la cotización de 51,45 pesos), lo que tampoco se hizo. El dictamen no imputa a ningún funcionario en particular, pero deja claro que están en el radar el propio Macri, el titular del BCRA, Guido Sandleris, y el entonces titular de Economía, Nicolás Dujovne.

La denuncia en la que se basa la fiscal fue presentada por Fernando Míguez, de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, en una presentación que señalaba que el 12 de agosto, día posterior a las elecciones Primarias, Abiertas y Obligatorias, se produjo “una suba indefinida del dólar” frente a la cual el BCRA se comportó de modo “anormal, extraño e inusual” por no intervenir en el mercado de cambios al dejar “que la divisa subiera hasta un techo insospechado”. “El BCRA estaba corrido de la mesa de operaciones con total claridad y el tipo de cambio tuvo una suba abrupta”, decía la denuncia, que explicaba que como consecuencia se generó “una fuerte degradación de la moneda nacional que se trasladó a precios y afectó el valor de los bonos del Estado”. Durante aquella jornada, el dólar saltó 11 pesos y terminó cerrando en 57,30. En el ínterin, los principales bancos y casas de cambio llegaron a venderlo a 66 pesos. Uno de los resultados visibles fue el estado de pánico financiero generalizado y con especial impacto en el mundo empresario. Y Macri dijo: “Hoy ante el resultado favorable para el kirchnerismo, el dólar volvió a subir. El problema que tenemos es que la alternativa no tiene credibilidad. El kirchnerismo debería hacer autocrítica”.

El dictamen de la fiscal Ochoa, al que accedió PáginaI12, propone citar a declarar como testigo al ex titular del BCRA Martín Redrado, ya que en un entrevista sostuvo: “El Presidente dijo que el dólar se vaya a dónde se tenga que ir y que los argentinos aprendan a votar (…) El BCRA estuvo mirando desde la tribuna lo que pasaba en el mercado en lugar de estar interviniendo. Mis colegas recibieron la instrucción de que se corrieran del mercado”. Redrado dijo, según reseñaron los medios, que Macri había ordenado no frenar el aumento del dólar. “Si hubo una orden del PEN –sostuvo Redrado–, si hubo una instrucción directa del presidente Mauricio Macri, debemos recordar que la Carta Orgánica lo prohíbe expresamente, más aún prohíbe recibir una instrucción para no defender el valor de la moneda argentina.”

El denunciante, como refleja el dictamen, había señalado precisamente lo que establece la Carta Orgánica del Central: “En el ejercicio de sus funciones y facultades, el banco no estará sujeto a órdenes, indicación o instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional, ni podrá asumir obligaciones de cualquier naturaleza que impliquen condicionarlas, restringirlas o delegarlas sin autorización expresa del Honorable Congreso de la Nación”. “Macri el día lunes posterior a la PASO empleó como correctivo la jornada financiera de los mercados cambiarios y con negligencia e irresponsabilidad dio la orden de no intervenir en el mercado al BCRA”, sostuvo Miguez. También incluyó que el viernes 9 de agosto “se produjo una manipulación del mercado con un objetivo electoral, propiciada por el Presidente de la Nación, que consistió en alzar artificialmente el precio de los papeles y las acciones que cotizan en bolsa y que la Comisión Nacional de Valores tendría que haber investigado”.

La fiscal Ochoa se apoya en todo lo señalado por la denuncia y pide información al Banco Central, otra vinculada al acuerdo con el FMI y las cartas de intención, además del audio de Redrado y su declaración, entre otras cosas. La discusión que, es cantado, va a sobrevolar este caso es si se trató de decisiones de política económica y de gobierno o si podría haber delitos como, además del quebrantamiento de la carta del BCRA, incumplimiento de los deberes de funcionario público y/o abuso de autoridad.

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Justicia

Imputaron a Dietrich e Iguacel por presunta ampliación ilegal de peajes

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El ministro de Transporte y el ex titular de Vialidad Nacional son investigados por extensión irregular de concesiones que vencieron en 2017.

El fiscal Eduardo Taiano imputó al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y al ex titular de Vialidad Nacional Javier Iguacel por la ampliación irregular de los contratos de concesión de rutas nacionales.

Fue a partir de una denuncia del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines, según informó el diario Página 12. El dictamen de la fiscalía afirma que el Estado habilitó a varias empresas -entre las que está Iecsa, propiedad del primo de Macri- a seguir cobrando peajes y certificados de obra por 30 mil millones de pesos, a pesar de que los contratos habían vencido.

El juez que deberá resolver sobre el caso es Sebastián Casanello. Se los imputa por negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, mal desempeño y falsedad ideológica.

Los contratos de los corredores viales habían sido firmados en 2010 y vencían el 21 de abril de 2016, con la posibilidad de prorrogarse sólo por 12 meses más, osea el 21 de abril de 2017. En ese momento debió haberse llamado a una nueva licitación.

Iguacel emitió una resolución para extender los plazos, omitiendo el decreto 1288 de 2016 que ordenaba que esos corredores debían volver a licitarse.

La hipótesis de los denunciantes es que los funcionarios buscaron “beneficiar a un grupo pequeño, pero de influyentes empresas constructoras, en perjuicio del Estado Nacional”.

El texto dice que por quince meses, “las concesionarias continuaron de forma ilegítima e ilegal cobrando peaje y como frutilla del postre fueron favorecidas con el aumento constante de las tarifas”.

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La Justicia dispuso la intervención de Correo Argentino y envió el concurso a la Corte

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La Cámara de Apelaciones en lo Comercial ordenó la elevación del expediente del concurso a la Corte Suprema por razones de “gravedad institucional”

La Cámara de Apelaciones en los Comercial remitió este miércoles el expediente de la causa por el concurso de Correo Argentino SA a la Corte Suprema y dispuso la intervención de la empresa con la que la familia del presidente Mauricio Macri manejó el correo tras su privatización durante la década del ’90 y hasta su estatización en el gobierno de Néstor Kirchner.

Se trata de la causa comercial que involucra a la familia Macri y que va en paralelo a la causa penal que se abrió tras el intento del gobierno de Cambiemos de condonar una deuda calculada en más de 70 mil millones de pesos a la familia presidencial.

La Sala B de la Cámara de Apelaciones resolvió remitir el expediente al máximo tribunal por razones de “gravedad institucional”, que no tiene plazo para resolver si acepta o no tomar a su cargo en esta instancia la causa. Si finalmente la Corte resuelve rechazar el plantero el expediente volverpa al fuero Comercial para que continúe el proceso judicial que comenzó en 2001.

El fallo llega luego de que la Cámara hiciera lugar al pedido del procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, quien reclamó más tiempo para definir si el Estado debe aceptar o rechazar la propuesta que presentó el Grupo Socma para cerrar el concurso dadas sus potenciales “graves consecuencias”.

La Cámara resolvió la intervención y el envío del expediente a la Corte en simultáneo con la decisión de la jueza del mismo fuero Comercial, Marta Cirulli, quien dispuso designar a un coadministrador del Correo Argentino SA ante un “reprochable ocultamiento de un pasivo postconcursal impensable”.

Cirulli designó al coadministrador, que deberá presentar informes cada 30 días, ante lo que calificó como “renuencia informativa” de los responsables de la empresa.

Mientras tanto, en el fuero penal, el juez Ariel Lijo ordenó días atrás un informe técnico a peritos de la Corte para determinar si la quita de la deuda fue abusiva como lo sostuvo la fiscal Gabriela Boquin.

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