El gobierno jugó un aumento unilateral que le sirvió para contener al PRO y remontar los números al punto de lograr una leve ventaja. Serán claves las ausencias en el recinto. La sesión se da con facultades tomadas y cerrojo represivo.
Luego de seis meses de conflictos en la calle, en las aulas y en el Congreso, la ley de financiamiento universitario llegó este miércoles a una inflexión definitiva. Será a partir del tratamiento en el recinto del veto que el presidente Javier Milei firmó contra la norma aprobada en ambas cámaras con una amplia mayoría opositora. Este martes hubo negociaciones que se extendieron hasta la noche y que posiblemente continúen hasta la votación porque, como era previsible, los intercambios de último momento que impulsó el Gobierno llegaron a los gobernadores provinciales que podrían inclinar la balanza.
Esos diálogos anticiparon el escenario que se avecina para el Presupuesto 2025. Comenzó a tratarse en comisión este mismo martes, con la exposición de los secretarios de Hacienda, Carlos Guberman y de Finanzas, Pablo Quirno, aunque el tramo más importante no pasó por ahí, sino por los movimientos de la Casa Rosada para sumar votos dentro y fuera del Congreso.
El debate de este miércoles a partir de las 11 girará en torno a insistir con la ley que sancionó el Congreso o aceptar el veto, pero en marco de proyección federal. Luego de la masiva movilización de la semana pasada, el conflicto sigue sumando alcance nacional. Al cierre de esta nota eran más de 10 las facultades tomadas por sus estudiantes en universidades nacionales. En la Ciudad distintas unidades académicas de la UBA estaban con sus estudiantes adentro, listos para movilizar frente al Congreso cuando comience la sesión. El Palacio estará vallado y rodeado por un amplio dispositivo de fuerzas de seguridad federal, entre ellas, la Policía Federal, la fuerza que Milei eligió este martes para fotografiarse dentro de un colectivo con sus uniformados.
Porotos esquivos
Tan finitos son los números para lograr preservar el veto, que la Casa Rosada teje contactos con distintos mandatarios provinciales porque, aún con el respaldo del PRO, el oficialismo no lograba sumar el tercio necesario para evitar la insistencia de la ley.
Según los calculos de distintos bloques, la oposición alcanzaría a los 162 votos a favor de insistir con la ley de financiamiento universitario, mientras que el oficialismo, junto al PRO y un puñado de radicales podría alcanzar las 84 voluntades y blindar el veto. El oficialismo necesita un tercio para lograrlo, es decir 82 votos, y al cierre de esta nota tenían dos votos por encima de la cifra necesaria.
Una clave de la sesión de este miércoles pasa por los presentes. El artículo 83 de la Constitución establece que si el Ejecutivo desecha una parte o toda la ley, el texto vuelve a la cámara de origen. «Ésta lo discute de nuevo, y si lo confirma por mayoría de los dos tercios de los votos, pasa otra vez a la cámara de revisión. Si ambas cámaras lo sancionan por igual mayoría, el proyecto es ley y para el Ejecutivo para su promulgación».
Los dos tercios necesarios para la insistencia son sobre los presentes y por eso habrá mucha atención sobre los que falten, porque de ese modo achicarán el total y le permitirían a la oposición sumar chances para la insistencia. Once es el número que calculan para las ausencias y las abstenciones, que suman cuórum pero son consideradas igual que un diputado que no votó.
El gesto que había pedido el PRO
Tal como anticipó Tiempo en su edición impresa del último domingo, el Gobierno no daba nada por cerrado, aunque avizora una profundización del conflicto con la insistencia y también con el blindaje del veto. La pieza que sirvió para reconstruir el tercio que el oficialismo necesita para blindar el veto fue una medida del Gobierno, que fue anunciada por el Ministerio de Capital Humano cuando los bloques opositores todavía estaban reunidos. Fue a partir de un planteo del PRO, cuyo bloque estaba abrumado por los costos políticos de bancar el veto. Sus autoridades le aconsejaron al Gobierno que hiciera una mejora de carácter salarial para descomprimir uno de los núclos de conflicto.
La medida fue la actualización de las garantías salariales, es decir, un aumento para los docentes que menos ganan. Está definida por el salario mínimo docente para el cargo de maestro de grado, jornada simple, sin antigüedad. Fue fijado en 380.000 pesos desde abril, a 400.000 pesos desde mayo y 420.000 en julio, pero con una retroactividad desde su aplicación en el cuarto mes del año. La mejora está muy lejos de los reclamos, se desconoce cuál será la respuesta de los gremios docentes y no docentes, pero en vísperas de la sesión sirve como un recurso mitigador en un poroteo voto a voto.
162 vs 84: entre la insistencia y el veto
Para la insistencia, la oposición sumaba 162 voluntades repartidas entre 99 de Unión por la Patria, 27 de los 33 integrantes de la UCR, 15 de los 16 escaños de Encuentro Federal, seis de la Coalición Cívica, cinco del Frente de Izquierda, dos del bloque SER de Santa Cruz, uno del Movimiento Popular Neuquino, uno de Juntos Somos Río Negro, tres representantes salteños del bloque Innovación Federal y uno del espacio misionero.
El oficialismo contabilizaba una escasa diferencia favorable, que se definirá recién cuando arranque la sesión. A favor del veto y contra la insistencia, el bloque de La Libertad Avanza contaba con sus 39 voluntades, más 33 del PRO. El bloque amarillo tiene 38 bancas y, por fuera de los 33 que estarían dispuestos a sentarse y votar contra la insistencia, se esperan tres ausentes y dos votos a favor de la ley. Los faltazos provendrían de Maria Eugenia Vidal, Ana Clara Romero y Héctor Stefani. Los díscolos son dos, pero hay uno confirmado: el larretista Álvaro González ya anunció que votará a favor de la ley y el exárbitro Héctor «La Coneja» Baldassi deslizó que lo haría.
Así como el radicalismo cuenta con 33 votos a favor de la ley, se repite el cisma de un grupo de integrantes que votarán como quiere el Gobierno. Con el veto jubilatorio fueron cinco. Esta vez el neuquino Pablo Cervi no se sumará, y el aporte radical al veto lo protagonizarán los legisladores Martín Arjol, Mariano Campero, Luis Picat y José Tournier.
Otro aporte determinante lo harán los tres diputados del peronismo tucumano que responden al gobernador Osvaldo Jaldo. Son tres votos que, al cierre de esta nota, podrían respaldar el veto. Pero si sucede lo contrario, se abre una posibilidad de que se cristalice la insistencia.
Como los números son tan finos, también hay dos votos sanjuaninos que dependen del gobernador Humberto Orrego. Los dos escaños del bloque Producción y Trabajo serán tan relevantes como los dos que pertenecen al MID, la escición del bloque de LLA con Oscar Zago a la cabeza. Se fueron tres, pero solo habrán dos votos, porque Zago, su titular, está de viaje. Los 84 se completarían con la tucumana Paula Omodeo, del monobloque CREO.
El pelotón de ausencias o abstenciones cuenta, siempre en un plano de aproximación, con dos radicales: Cervi y Fernando Carabajal. A ellos se suman los tres del PRO, tres misioneros del bloque Innovación (Carlos Fernández, Yamila Ruiz y Daniel Vancsik), Ricardo López Murphy, de Encuentro Federal, Zago del MID y Lourdes Arrieta que dejó LLA para hacer un monobloque propio.