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Destituyeron a un intendente salteño acusado por el robo de caños del Gasoducto del NEA

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Se trata de Jorge Prado, quien es investigado por la Justicia Federal. Este jueves la Cámara de Senadores de Salta aprobó la intervención del Departamento Ejecutivo del municipio de Aguaray

La Cámara de Senadores de Salta aprobó este jueves la intervención del Departamento Ejecutivo del municipio de Aguaray, luego de que se imputara al intendente Enrique Prado por el robo de caños del Gasoducto del Noreste Argentino (NEA).

Desde febrero la Justicia Federal investiga la causa en la que están imputados el jefe comunal, su secretario de Hacienda y varios empresarios, acusados de “fraude a la administración pública”.

Prado llegó al Ejecutivo municipal hace menos de un año como candidato del Partido de la Victoria (Frente de Todos). Luego de la intervención de la Justicia y del Senado salteño, fue destituido este jueves y ahora será el Gobierno provincial el que deberá nombrar al interventor que quedará a cargo de Aguaray hasta 2021.

La Cámara Alta provincial aprobó de manera unánime la intervención del Departamento Ejecutivo del municipio. “El extremo de gravedad institucional se encuentra acreditado en este caso, porque está realmente comprometida la paz social del municipio por la gravedad de los delitos que se le imputan al intendente, por lo notorio y evidente de las pruebas que existen en su contra y porque se encuentran comprometidas las instituciones básicas del municipio”, argumentó el senador por el departamento Rosario de la Frontera, el justicialista Javier Mónico.

Mónico fue miembro informante de la Comisión de Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional que elaboró el dictamen con el que el proyecto llegó a ser tratado este jueves.

El mismo, que dispone la intervención de Departamento Ejecutivo del municipio de Aguaray hasta el 10 de diciembre de 2021, fue sancionado por unanimidad, por los 22 senadores presentes y elevado al Poder Ejecutivo para su promulgación.

Al término de la sesión, Mónico aseguró que hubo “un profundo análisis, con el respeto que merece cada uno de los vecinos de Aguaray y de toda la provincia” y agregó que “somos respetuosos del sistema federal, de la descentralización del poder, de la autonomía municipal y de los derechos de los ciudadanos de elegir con su voto a sus gobernantes”.

“No obstante, nuestro esquema institucional y nuestra organización política prevén algunas herramientas para situaciones extremas, extraordinarias y de gravedad institucional”, incluidas en el artículo 179 inciso 2 de la Constitución salteña.

Ya se recuperaron 260 caños, que equivalen a 34 kilómetros de la obra en el Gasoducto del NEA (captura eltrece)Ya se recuperaron 260 caños, que equivalen a 34 kilómetros de la obra en el Gasoducto del NEA (captura eltrece)

Sobre la imputación a Prado y la investigación a cargo del fiscal Eduardo Villalba, Mónico sostuvo que “tienen que ver con el avasallamiento y la falta de respeto sobre los bienes del Estado”. En ese sentido, señaló que “a poco de asumir, el intendente disponía de casi 35 kilómetros de caños de una obra del Estado Nacional para la construcción del Gasoducto del NEA”.

Por su parte, el legislador Manuel Oscar Pailler agregó que “el intendente ha llevado a cabo un acto administrativo unilateral, de manera clara y manifiesta, mediante la cual dispuso de bienes patrimoniales del Estado nacional que tenían la finalidad de la construcción del gasoducto del NEA y que fueron extraídos y utilizados en funciones completamente distintas a las establecidas”.

El senador del Frente para la Victoria dijo que Prado “se extralimitó en sus funciones con una simple resolución municipal firmada por él y su secretario de Hacienda, sin el consentimiento del Concejo Deliberante y sin consultar a los gobiernos provincial o nacional”.

En la causa en la que se investiga el robo en el gasoducto del NEA ya son diez los imputados. En tanto, se recuperaron 260 caños que equivalen a 34 kilómetros de la obra. Para el fiscal Villalba la principal hipótesis apunta a que el intendente Prado permitió la desafectación de los caños, a partir de una resolución municipal que sirvió para que se produjera el delito por parte de distintos actores implicados, -entre ellos, el secretario de Hacienda municipal y empresarios-.

En declaraciones a Cadena 3, el senador Guillermo Durán Cornejo comentó que “más allá del monto y el daño al Estado, está el estrépito que ha causado”. El legislador destacó la tarea de sus pares y de la Justicia “que no dejó de avanzar”. “Si no todo este tiempo el funcionario podría haber alterado las pruebas”, remarcó.

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El oficialismo consiguió los votos y el Presupuesto 2021 ya tiene media sanción de Diputados

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Se aprobó esta madrugada luego de una extensa jornada en la que hubo algunos cruces con la oposición que lo acusa de inconsistente y de llevar adelante gradualismo con ajuste

Con 139 votos a favor, 15 en contra y 90 abstenciones, el Frente de Todos logró aprobar en Diputados el proyecto de Presupuesto 2021 luego de una extensa jornada en la que se dieron algunos cruces con la bancada de Juntos por el Cambio que, por primera vez en el año, logró bajar masivamente al recinto. De esta forma, el gobierno del presidente Alberto Fernández ya tiene recorrido el 50% de su primer presupuesto.

La sesión comenzó pasadas las 12 del mediodía de ayer y terminó pasadas las 6.30 de la mañana de hoy, casi sin cambios, con el cierre de los presidentes de cada uno de lo bloques. Así, el proyecto fue girado al Senado de la Nación, donde será tratado en las próximas semanas.

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En una sesión en la que estuvieron presentes 117 diputados (22 del Frente de Todos, 89 de Juntos por el Cambio, 2 del Interbloque Federal, 2 de Unidad Federal para Desarrollo y 2 del Frente de Izquierda), las discusiones giraron nuevamente en torno a las diferencias políticas entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Más que en el texto del proyecto, que ya había sido debatido en las comisiones, el bloque opositor decidió apuntar a los números macroeconómicos del proyecto y reflotó una palabra que fue muy utilizada durante el gobierno de Mauricio Macri: gradualismo.

En ese sentido, señalaron que el Gobierno presentó un proyecto en el que hay un gradualismo económico, pero que lleva adelante un ajuste. Así lo hizo saber Luciano Laspina.

El diputado de JxC, una de las espadas en las discusiones económicas, luego de hacer referencias a los presupuestos del Gobierno de Cristina Kirchner y a las obras públicas que inauguró Cambiemos, utilizó una frase que había dicho el ex presidente Macri para culpar a los diputados por la toma de deuda. “El déficit es el padre y la deuda es el hijo. No hay ninguna magia en esto y la prueba es que en lo que va en los pocos meses de Alberto Fernández la deuda creció unos USD 20.000 millones. Las fuentes de financiamiento son deuda y emisión monetaria. Pero como la emisión monetaria que tuvo que aplicar este gobierno es intolerable para la demanda de pesos que hay en Argentina y más en este marco de desconfianza y de volatilidad en la que vuelan los mercados, tenemos el mismo riesgo país que en la etapa de sobreendeudamiento”.

Luego retomó el concepto de gradualismo al señalar: “Si criticamos el gradualismo de Cambiemos, podríamos criticar el gradualismo que plantea este presupuesto. El ministro Guzmán plantea un puente que empieza con este presupuesto y que nos debería llevar a una economía con mejores fundamentos, en donde todos seremos felices. Este gradualismo esta asediado por una brecha cambiaria que hablamos todos los días porque acá hablamos del presupuesto y del 2021 como si afuera hubiese una realidad virtual donde está todo ordenado y solo esperamos la vacuna para ser felices. No es así, tenemos una brecha cambiaria enorme. Lo que nos propone el ministro Guzmán es trazar un puente de esperanzas con algunas medidas que son dosis homeopáticas para alguna situación que requeriría de una estrategia de shock que hace que el puente de Guzmán no nos conduzca a la otra orilla sino a la misma pesadilla”.

Laspina critico los números del presupuesto y señaló que incluye un ajusteLaspina critico los números del presupuesto y señaló que incluye un ajuste

Tras repetir varias veces que el presupuesto plantea un “ajuste, después discutiremos si es bueno o malo”, dijo que Guzmán plantea un crecimiento de 5%, aunque se preguntó “con qué dólares”.

El presupuesto se basa en indicadores tales como un dólar que llegará a los $102,40 para diciembre del año próximo, la inflación retrocede hasta el 29%, un PBI que pasa de una caída de más de 12% para este año a crecer 5,5% y la administración nacional tendrá un déficit de 4,5 por ciento del PBI

La respuesta llegó de parte de los diputados del FdT que señalaron que acusaron a la administración de Cambiemos de haber dejado al país sobreendeudado y sin crecimiento. Hasta el diputado José Luis Ramón, del bloque Unidad y Equidad Federal -que acompañó al oficialismo en el voto- tuvo un cruce con la oposición, ya que los acusó de casi 300 contrataciones para la Auditoria General de la Nación.

El presupuesto que se aprobó estipula que el dólar llegará a los $102,40 para diciembre del año próximo, la inflación retrocederá hasta el 29%, el Producto Bruto Interno pasará de una caída de más de 12% para este año a crecer 5,5% y la administración nacional tendrá un déficit de 4,5 por ciento del PBI.

Más allá de los lineamientos macroeconómicos, el proyecto de ley tiene una fuerte impronta respecto de la obra pública, sector al que apunta el Gobierno nacional para comenzar a generar trabajo y crecimiento económico. Pero, además, tiene un recorte del gasto vía el congelamiento de los subsidios, lo que significa que prevé un alza en las tarifas de los servicios públicos para el año que viene.

En lo que se refiere a las jubilaciones, el proyecto establece un incremento de 32% de las partidas para el pago, lo que significaría que le ganarían a la inflación si se cumple el presupuesto de que el año que viene el índice de Precios del Consumidor será de 29 por ciento.

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Bullrich: “Dar 50 mil pesos a quienes usurpan terrenos es un llamado a salir a usurpar”

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La ex ministra de Seguridad de la Nación llegó a Entre Ríos para acompañar a Luis Miguel Etchevehere mientras esperan la resolución de la Justicia en la disputa por la herencia familiar.

La presidenta del PRO y ex ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, llegó este jueves a Entre Ríos para acompañar a Luis Miguel Etchevehere mientras esperan el fallo de la Justicia en la larga disputa judicial con su hermana dolores por la herencia familiar.

“Vine porque desde el PRO y Juntos por el Cambio consideramos que uno de los elementos fundamentales del país, para que funcione, es la defensa de la propiedad privada” dijo Bullrich ante los periodistas apostados en el acampe a la entrada del campo de la familia Etchevehere.

Y siguió: “En los últimos meses han habido acontecimientos muy serios, primero en el sur, luego en Guernica y ahora acá con una invasión directa a un campo de la familia Etchevehere que demuestra todo tipo de maniobras para intentar cambiar las reglas de nuestra Constitución Nacional”.

“Consideramos fundamental que el gobierno nacional tenga un discurso claro y único acerca de la necesidad de defender la propiedad privada” reclamó Bullrich y cargó contra la decisión del gobernador bonaerense Axel Kicillof de pagar un subsidio para que quienes ocuparon un predio en Guernica puedan encontrar una solución habitacional acorde a sus necesidades.

“A nosotros nos parece muy mal que a cada familia le den 50 mil pesos durante 6 meses cuando un policía gana 40 mil o un repositor en un supermercado 37 mil, y le vamos a dar 50 mil a los usurpadores, bueno, vamos todos a usurpar, esto es un llamado a la usurpación y no estamos de acuerdo con eso” dijo.

Y cerró con su ya consabida prédica anticuarentena en línea con los discursos de Donald Trump y Jair Bolsonaro a pesar de la probada catástrofe sanitaria que esa estrategia tuvo y tiene en Estados Unidos y Brasil, los dos países con mayores cantidades de muertos por coronavirus Covid-19. “Le pedimos al Presidente que ponda en orden al país que ya bastante mal está con esta larguísima cuarentena” concluyó Bullrich.

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Alberto Fernández quiere que el Congreso apruebe en noviembre una ley para crear el Consejo Económico y Social

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Lo planteó ayer al titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa y busca instalar de manera permanente un esquema de diálogo entre empresarios, sindicatos, gobiernos y movimientos sociales para la resolución de temas económicos

En plena coincidencia con el planteo de Cristina Kirchner de avanzar hacia un amplio acuerdo político con diferentes sectores de la Argentina parea dar con una solución a los problemas económicos, Alberto Fernández encomendó a sus espadas en el Congreso a avanzar cuanto antes en la aprobación de un proyecto de ley para la creación de un Consejo Económico y Social.

El planteo lo hizo el Presidente ayer durante un almuerzo con el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el ministro de Defensa, Agustín Rossi. Antes lo había hablado con el jefe de la bancada del Frente de Todos, el diputado Máximo Kirchner.

En la reunión de ayer con Massa el Presidente le sugirió al jefe de Diputados que aspira a que en noviembre el Congreso apruebe la ley del Consejo Económico y Social.

En la práctica, este Consejo implicará un espacio de diálogo con sindicalistas, empresarios, movimientos sociales y el Poder Ejecutivo para establecer lineamientos concretos y permanentes para la política económica.

El Presidente se inclina por la idea de crear por ley un órgano para planificar políticas a largo plazo, con un mandato para su titular de cinco años y áreas de trabajo vinculadas a la educación, el desarrollo regional, ciencia y tecnología, empleo y jubilaciones.

Además, la idea es que el mandato de cinco años del Consejo Económico y Social trascienda el actual gobierno y que la renovación del presidente de ese órgano se ejecute en la segunda parte del mandato del próximo presidente. Este esquema le daría autonomía y capacidad de emitir opiniones libremente sin atadura a una administración.

Se trata de un tema que desde hace un tiempo que Alberto Fernández venía hablando con sindicalistas y empresarios. En rigor, el Presidente lo planteó desde el inicio de su mandato pero la pandemia arrasó con toda posibilidad de avanzar en ello.

La carta abierta de Cristina Kirchner terminó por convencer al Presidente en darle celeridad a ese proyecto de ley. Es que la vicepresidenta señaló, entre otras cosas, que la “economía bimonetaria” es hoy el problema “más grave” de la Argentina. Y en este contexto planteó sin vueltas que la solución será imposible “sin un acuerdo que abarque al conjunto de los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales de la República Argentina”.

Alberto Fernández comentó con Massa y Rossi que una vez que se termine de aprobar el proyecto de ley de presupuesto 2021 entre hoy y mañana en Diputados el bloque del Frente de Todos se aboque a avanzar con el proyecto de ley de creación del Consejo Económico y Social.

En los borradores iniciales de esta propuesta que habían empezado a elaborar el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz y el massista José Ignacio De Mendiguren que hoy preside el BICE, se mencionaba la idea de que el Consejo Económico y Social contaría con varias comisiones de trabajo para evaluación de la política económica y la generación de propuestas que permitan pensar políticas a largo plazo independientemente de quién esté a cargo del gobierno.

En el Consejo Económico y Social que convocó en dos oportunidades Alberto Fernández durante su mandato participaron movimientos sociales, gremios, empresarios, la Iglesia y el Gobierno. Pero nunca se pudo elevar una propuesta concreta en su conjunto y tampoco resultó ser un esquema de trabajo permanente. En julio pasado se empezó a trabajar la idea de darle sustento en el tiempo a este Consejo pero el tema quedó en la nada misma.

En algún momento se especuló en que si se armaba un Consejo Económico y Social por ley sería Roberto Lavagna el candidato designado para presidir un espacio de estas características. Incluso hubo ofrecimientos concretos del Gobierno al ex candidato a presidente pero éste nunca aceptó la oferta.

Argentina's President Alberto Fernandez (R) speaks next to Vice-President Cristina Fernandez de Kirchner as they announce the restructure of a $66 billion foreign-law debt, during a ceremony at Casa Rosada Presidential Palace in Buenos Aires on August 31, 2020 amid the COVID-19 novel coronavirus pandemic. - Recession-hit Argentina has managed to restructure 99 percent of a $66 billion debt issued under foreign legislation, Economy Minister Martin Guzman announced on Monday, following months of strained talks and several missed deadlines. (Photo by Juan MABROMATA / AFP)Argentina’s President Alberto Fernandez (R) speaks next to Vice-President Cristina Fernandez de Kirchner as they announce the restructure of a $66 billion foreign-law debt, during a ceremony at Casa Rosada Presidential Palace in Buenos Aires on August 31, 2020 amid the COVID-19 novel coronavirus pandemic. – Recession-hit Argentina has managed to restructure 99 percent of a $66 billion debt issued under foreign legislation, Economy Minister Martin Guzman announced on Monday, following months of strained talks and several missed deadlines. (Photo by Juan MABROMATA / AFP)

Esquema español y holandés

En el año 2009 Massa era jefe de Gabinete de Cristina Kirchner y poco antes de renunciar a ese cargo también había anunciado la creación de un Consejo Económico y Social en la Argentina. Una delegación de la CGT y de la UIA habían visitado en ese entonces España para interiorizarse del funcionamiento del CES español, creado en 1991, cumpliendo el mandato de la Constitución española de 1978. El presidente del organismo les habló de las virtudes del diálogo social en tiempos de crisis pero luego la idea quedó en la nada misma.

En noviembre pasado, antes de asumir la Presidencia, Alberto Fernández mantuvo un encuentro con un grupo de embajadores de la Unión Europea y allí se entusiasmó con la idea del Consejo Económico y Social que funciona en Holanda, más conocido como “Polder”.

En Holanda el órgano conformado por ley está integrado por representantes de cámaras empresarias, sindicatos, expertos en temas económicos y miembros del gobierno. Todos buscan el mismo objetivo: resolver conflictos, acordar posiciones en leyes complejas y asesorar al gobierno en la toma de decisiones.

El mismo Felipe Solá, que también había participado de ese encuentro con embajadores de la UE comentó que “sería bueno instalar por ley el modelo holandés de resolución de conflictos porque es una manera orgánica de resolver los problemas”.

En Holanda, el “modelo Pólder” está sustentado por ley y es un órgano asesor en el que empleadores, empleados y expertos independientes que son miembros nombrados por la Corona trabajan juntos para llegar a un acuerdo sobre cuestiones sociales y económicas clave.

Este Consejo asesora al gobierno y al Parlamento holandés sobre política social y económica. También facilita los acuerdos y hasta puede coordinar posiciones para dar con un proyecto de ley complejo. Los casos más emblemáticos que resolvió en los últimos años este Consejo Económico y Social fueron la creación del Acuerdo de Energía Holandés para el Crecimiento Sostenible, los consensos para imponer una profunda reforma previsional o un programa de empleo nacional.

El embajador de Holanda en la Argentina, Roel Nieuwenkamp, se mostró entusiasmado al igual que Alberto Fernández con la idea de que la Argentina explore un sistema similar al de los Países Bajos. “Vale la pena que en la Argentina hagan el intento de armar un Consejo Económico Social porque son muchos los desafíos por delante y se necesitará de acuerdos sólidos”, dijo el embajador de Holanda.

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