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Crece la presión de Máximo Kirchner sobre Martín Guzmán para hacer cambios en el Presupuesto

El proyecto implica un recorte en los subsidios. También lleva implícito un acuerdo con el FMI. El jefe de la bancada K lo desafía.

Después de la crisis de gabinete y la pelea con Cristina Kirchner por el rumbo económico, Martín Guzmán enfrentará un nuevo round en los próximos días. Aunque todavía no le confirmaron fecha, el ministro de Economía ya se prepara para defender el Presupuesto 2022 en reuniones privadas con Máximo Kirchner y Sergio Massa, y luego con la oposición que sostiene que no posee metas realistas. Un ejemplo: prevé la inflación de 2022 en 33%.

“No está definido aún, quizás haya charlas previas con el bloque”, señalaron fuentes del Gobierno. Mientras que desde el bloque del Frente de Todos señalaron que esta semana tendría lugar el encuentro -sin días ni horarios agendados- y que la semana próxima arrancarían las exposiciones con funcionarios del equipo de Hacienda.

En la bancada oficialista, anidan las principales críticas contra el sendero fijado por el funcionario, a quien le adjudican parte de la responsabilidad por la derrota en las PASO. Los puntos que generan más chispazos son la reducción del déficit primario al 3,3% del PBI y el recorte de los subsidios para llevarlos al 1,8%, una baja que podría llegar al 1,5% con la segmentación de tarifas.

El debate se enmarca en los tironeos por los recursos de cara a las elecciones de noviembre. Guzmán enfrenta fuertes presiones del kirchnerismo y el massismo para acelerar el gasto social y avanzar en las medidas de emergencia, de las que hasta ahora solo se concretó la suba del salario mínimo a $32.000 en octubre y el incremento del piso en ganancias a $175.000.

Lejos de bajar el perfil, el ministro envío dos señales la semana pasada. Primero, negó que hubiera un “ajuste fiscal” -como denunció Cristina Kirchner- , si bien reconoció que “no se pudo ejecutar todo el gasto” en obra pública. Y, en simultáneo, su equipo se reunió con economistas, sociedades de bolsa y bancos para explicarles que el Presupuesto es “sostenible”.

El principal desafío, con todo, será convencer a los accionistas del Frente de Todos, que el año pasado le devolvieron el Presupuesto con importantes cambios. Máximo Kirchner ya adelantó que pretende modificar el proyecto de ley por el recorte de subsidios a la energía. “Uno no puede actuar en base simplemente a cuentas matemáticas. El Presupuesto enviado al Congreso se discutirá”, disparó la semana pasada.

La puja por las tarifas con el kirchnerismo tuvo su momento de mayor tensión en abril, cuando Guzmán intentó sin éxito echar al subsecretario de Energía, Federico Basualdo, por trabar el aumento en las boletas dispuesto por Economía. El resultado fue un incremento del 9% en la luz y del 6% en el gas, lo que en agosto se reflejó en una suba anual de los subsidios mayor al 400%.

Debajo de las tensiones por la ley de leyes, subyace la negociación con el FMI. Justamente, la reducción del déficit fiscal y los subsidios son algunos de los puntos que se negocian con el organismo y generan cortocircuitos en el Frente de Todos. Así lo reveló en un audio de la diputada Fernanda Vallejos al asegurar que “la política económica se debió subordinar a la política sanitaria, no a la reducción del déficit fiscal y a cumplir con el mandato del FMI”.

El kirchnerismo insiste en que se cierre un programa de más de 10 años ante la imposibilidad de hacer frente a los abultados vencimientos. El proyecto enviado al Congreso da por hecho un acuerdo con el Fondo y no incluye los pagos de capital del año próximo. La cancelación de la semana pasada de US$ 1.880 millones con los DEG volvió a poner presión sobre las reservas del Banco Central en un contexto de elevadas presiones cambiarias.

El cerco sobre el Ministerio de Economía también alcanzó a las leyes económicas que pidió acelerar el Presidente. El oficialismo ya anticipó que habrá cambios al proyecto de Ley de Hidrocarburos enviado la semana pasada al Congreso con beneficios por 20 años para estimular las inversiones y el ingreso de divisas por exportaciones. Las provincias buscan limitar el poder “discrecional” que se le otorgaría al Ejecutivo.

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