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Economia

Cómo frenar la fuga de capitales

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La ONU estimó en 2017 que Argentina pierde unos 21 mil millones de dólares anuales por la evasión y elusión impositiva de las multinacionales.

Las guaridas fiscales sirven para esconder activos y flujos financieros, evadir impuestos, eludir regulaciones vinculadas al control de capitales, ocultar la identidad de los beneficiarios finales y el origen del dinero cuando este proviene de la evasión, la corrupción, el narcotráfico o la trata de personas. Representan uno de los problemas centrales de nuestra economía. Un cálculo de la ONU sobre el impacto de la evasión y elusión impositiva de las multinacionales a nivel mundial, reveló en 2017 que Argentina pierde unos 21 mil millones de dólares anuales por esta canaleta.

¿Es posible combatir esta problemática sin un acuerdo internacional? Algunas iniciativas nacionales ofrecen ejemplos para tener en cuenta. Brasil cuenta, desde hace años, con un sistema simple de precios de transferencia que define márgenes fijos por sectores y se aplica a empresas vinculadas y a operaciones con guaridas fiscales. En España más de 70 municipios –entre ellos, Madrid y Barcelona– se encuentran comprometidos a que no haya contrataciones con empresas que desvíen las utilidades de dicha contratación a guaridas fiscales. Ecuador tiene una ley de pacto ético que descalifica de la función pública a las personas que tengan activos en guaridas fiscales. En un tema tan técnico, los detalles suelen ser esenciales. Empecemos por uno elemental: ¿qué jurisdicciones son guaridas fiscales?

El Índice de Secreto Financiero elaborado por la organización británica Tax Justice Network es la herramienta más precisa disponible hoy, ya que pondera el grado de opacidad financiera de una jurisdicción con el peso que tienen en la economía global. Con esta perspectiva, el mito del paraíso fiscal de playas y palmeras se diluye: Suiza, Estados Unidos, Luxemburgo, Alemania, el Reino Unido y sus satélites coloniales, son los grandes centros financieros para la evasión global.

En el plano de las multinacionales, responsables de un 65 por ciento de los flujos financieros ilícitos globales, el tema es de tal importancia que los países centrales se han involucrado activamente en la discusión. De más está decir que estas iniciativas chocan con los propios intereses cruzados del mundo desarrollado, pero contienen elementos que contribuyen a plantear una hoja de ruta.

Un hallazgo de la iniciativa contra la erosión de la base y el desvío de utilidades (BEPS, por sus siglas en inglés), impulsada por el G20/OCDE, es el informe país-por-país que exige que las multinacionales revelen dónde operan, qué capital, empleados, ventas y ganancias tienen y cuánto pagan de impuestos país por país. Esta iniciativa, que permite medir el nivel de actividad real y, por tanto, la carga impositiva que deben afrontar las corporaciones en cada país, ha sido implementada por Argentina, aunque con una serie de limitaciones. La limitación más flagrante es que solo se aplicará a casas matrices localizadas en Argentina que facturan más de 750 millones de Euros anuales.

En la práctica, esto cercena el universo total a unas 10 empresas. Basta contrastar este dato con la estadística del INDEC de 2017 para ver cómo una medida interesante en el papel es maniatada con la letra chica. En ese año de las 500 más grandes empresas del país, 301 eran de capital extranjero en 2017.

Un nuevo gobierno puede exigir, entre otras cosas, que el informe país-por-país de las multinacionales sea público y alcance a empresas que facturen más de 40 millones de euros, ambas cuestiones incorporadas en 2018 por el Parlamento Europeo. También es necesario hacer pública la información de los registros comerciales, de tierras rurales e inmobiliarios urbanos, e incluir un registro público de beneficiarios finales que obligue a todas las personas físicas y jurídicas que operan en el sistema financiero, a identificar a los beneficiarios últimos poseedores de 1 por ciento o más de las acciones del grupo.

También es necesario revisar las normas sobre las operaciones intra-grupo (que algunos ubican en un tercio del comercio mundial, pero podría ser más) y hacer una profunda reforma tributaria que permita al sistema ser más eficiente y redistributivo. Sin comenzar a dar esta batalla, viviremos siempre en esta zozobra capaz de desestabilizar cualquier programa económico por medio de la fuga de capitales, la evasión fiscal y el impacto devastador que tienen sobre todas las variables económicas.

* Economista – asesora en Justicia Fiscal del Grupo de Izquierda en el Parlamento Europeo.


 

La experiencia ecuatoriana

Por Andrés Arauz * 

Durante el gobierno de Rafael Correa, Ecuador cambió su Constitución para poner la soberanía económica, la justicia social y la lucha contra la corrupción como objetivos constitucionales. La Constitución ordenó un ambicioso plan de desarrollo que requería tasas de inversión pública entre 10 y 14 por ciento del PIB. Eso requería triplicar la recaudación fiscal mediante el combate a la evasión tributaria de las transnacionales extractivas y las élites nacionales fuertemente vinculadas al aparato político. El FMI estima que la fuga de capitales suma 20 por ciento del producto y se encuentra escondido en guaridas offshore, la mayoría en Estados Unidos y Panamá. Más allá de los imperativos ideológicos del gobierno, hubo puro pragmatismo en la decisión de ponerse a la vanguardia de la lucha contra los paraísos fiscales: era esencial para evitar futuras crisis, preservar divisas y financiar su plan de desarrollo.

El telón de fondo de esta lucha fue la brutal crisis económica de 1999. En ese momento dos tercios de los depósitos ecuatorianos estaban en las Islas Caimán, Montserrat o Curazao. La situación era insostenible: la élite fugaba sus capitales a los bancos offshore, y minaba la liquidez nacional, devaluando al sucre y profundizando la crisis. Más del 70 por ciento de los bancos quebraron: millones de ecuatorianos emigraron. El costo al Estado de la debacle fue de 8 mil millones de dólares, un tercio del PIB de la época. Ecuador terminó en ese chaleco de fuerza que es la dolarización a partir del año 2000.

Conscientes de esta centralidad del mundo offshore, el gobierno de Correa implementó medidas –principalmente tributarias– para combatir a la corrupción escudada en los paraísos fiscales. Se legisló la auditoría de precios de transferencia, se establecieron tarifas diferenciadas de impuesto a la renta para capitales destinados a paraísos fiscales, se prohibieron contratos estatales con empresas con accionistas en paraísos fiscales y se dictaminó la transparencia obligatoria de los accionistas directos e indirectos de todas las corporaciones ecuatorianas. A nivel financiero, se prohibió que los bancos ecuatorianos (y sus propietarios) puedan poseer bancos en paraísos fiscales. Estas medidas mitigaron la salida de dólares y judicializaron la evasión tributaria.

En 2016, bajo el impacto de los Panama Papers, el gobierno de Correa propuso combatir esta corrupción de cuello blanco con su propuesta de “pacto ético”: prohibir que funcionarios públicos puedan tener capitales en paraísos fiscales. Sometida a referendo en 2017 la iniciativa ganó con 55 por ciento de los votos. La ley estableció una transición de un año, hasta marzo de 2018, para que los funcionarios se deshagan de sus activos offshore.

En Ecuador las grandes fortunas, el poder político y los paraísos fiscales forman un mortífero triángulo como demuestran los casos de los ex candidatos presidenciales Alvaro Noboa y Guillermo Lasso. En marzo de 2019, PáginaI12 reveló que otro supermillonario, Jaime Nebot, varias veces candidato a presidente y ex alcalde de Guayaquil, violó el Pacto Ético, al mantener vigente su fundación panameña y constituir una nueva offshore estadounidense en el Distrito de Columbia. Otro caso resonante que puso al descubierto la ley del Pacto Ético es el del presidente Lenín Moreno salpicado por la revelación de empresas offshore en Belice y Panamá a nombre de su círculo familiar.

¿Qué lecciones podemos sacar de esta experiencia ecuatoriana? Los controles tributarios a los paraísos son importantes, pero insuficientes. Los grandes capitales aprovechan las lagunas legales: usan testaferros, circulan por varias jurisdicciones, etc. Mientras la evasión es transnacional, los órganos de control y justicia tienen límites jurisdiccionales.

En este sentido es importante priorizar los controles preventivos: en vez de perseguir el dinero en países lejanos, debemos impedir que se fugue. Se necesitan controles estrictos, democráticos y transparentes a la salida del dinero de nuestros países y francas prohibiciones a la utilización de empresas de papel, a los contratos públicos con empresas cuyos accionistas tengan offshore y a la financiación partidaria a personas con vínculos en guaridas fiscales. Si Argentina quiere llevar adelante una exitosa estrategia contra las guaridas fiscales que cierre el grifo de la fuga de capitales, tendrá que clausurar todas las lagunas legales visibles en la experiencia ecuatoriana.

* Economista ecuatoriano de la Universidad Nacional Autónoma de México.

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Economia

El impuesto a la riqueza, en la tapa del Washington Post: fuerte crítica a la ley y a cómo se implementó en la Argentina

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El diario norteamericano explicó que muchos contribuyentes deberán vender parte de sus activos para pagarlo y señaló que la situación económica empeoró por las medidas del Gobierno

El nuevo impuesto a la riqueza se cobrará el 30 de marzo

La decisión del gobierno argentino de implementar un impuesto a las grandes fortunas generó fuertes críticas entre los contribuyentes que deberán vender parte de sus activos para pagarlo.

Así lo indica un artículo publicado en la portada impresa de hoy del Washington Post, firmada por Diego Laje y Anthony Faiola titulado en su versión en papel “Argentina pasa la factura de la pandemia a los ricos”.

Allí se da cuenta del testimonio de Gabriel De Raedemaeker quien relató que “ya está calculando qué partes de su finca podría tener que vender. No es que las cosechas hayan fracasado o que los precios de las materias primas estén en crisis. Es el nuevo impuesto sobre el patrimonio del gobierno”.

“El Estado me está llevando al límite”, explicó De Raedemaeker, de 54 años (y vicepresidente de CRA), que se enfrenta a un aumento de impuestos del 70% en virtud del nuevo gravamen de la época de la pandemia que afecta a los ciudadanos con más de 3,4 millones de dólares de patrimonio.

La nota sobre Argentina la portada de The Washington Post  de hoyLa nota sobre Argentina la portada de The Washington Post de hoy

“Al menos desde la década de 1940, cuando la humilde Eva ‘Evita’ Perón pronunciaba encendidos discursos desde el balcón a sus ‘masas descamisadas’, el conflicto de clases ha permanecido justo debajo de la superficie de este Estado sudamericano crónicamente endeudado. Para salir de un enorme agujero fiscal agravado por la pandemia, Argentina está lanzando una llamada de atención que ahora resuena en todo el mundo: Que paguen los ricos”, explicaron los autores, en referencia a este polémico impuesto, que se superpone con el pago de Bienes Personales y amenaza con generar una fuerte conflictividad judicial.

Luego, el artículo menciona que muchos países “han recurrido a los ricos en tiempos de crisis. Después de la Primera y Segunda Guerras Mundiales, los países europeos y Japón adoptaron impuestos sobre la riqueza para financiar la reconstrucción. Más recientemente, Irlanda e Islandia utilizaron este tipo de impuestos para ayudar a rellenar las arcas del Estado tras la crisis financiera mundial”.

En base a estos precedentes, “¿por qué no, argumentan sus defensores, hacer recaer el coste de la épica recesión mundial causada por la pandemia en aquellos que más se lo pueden permitir?” y citan el aumento de la desigualdad global generado por la pandemia del coronavirus desde hace un año.

En particular, citan el caso de Bolivia, “el país más pobre de Sudamérica ha ido más allá de las palabras, adoptando en diciembre un impuesto permanente sobre la riqueza. El impuesto tocará sólo a 152 personas”, tuiteó el presidente socialista Luis Arce. “El beneficio llegará a miles de familias bolivianas”.

El oficialismo impulsó una marcha cuando el proyecto se debatió en diputados (Thomas Khazki)El oficialismo impulsó una marcha cuando el proyecto se debatió en diputados (Thomas Khazki)

“Los analistas afirman que es probable que la pandemia dé impulso a los llamamientos en favor de sistemas fiscales que aborden las diferencias extremas entre ricos y pobres. Pero los impuestos sobre el patrimonio son notoriamente difíciles de aplicar, y tienen un historial de efectos secundarios profundamente negativos que pueden socavar seriamente su intención”, subrayaron los autores.

En este sentido, recordaron que en Francia, “un antiguo impuesto sobre la riqueza, derogado en 2018, fue culpado de un aumento de la evasión fiscal y de la huida de miles de los ciudadanos más ricos del país”.

“Puede conducir a la salida de la riqueza, lo que no es beneficioso para ningún país”, dijo Jean Pisani-Ferry, un miembro senior del Instituto Peterson con sede en Washington.

“Hace una década, 12 de los países más desarrollados del mundo tenían impuestos sobre el patrimonio. El número se ha reducido a tres: Noruega, España y Suiza. Especialmente complicados son los impuestos diseñados para captar un porcentaje de los activos, en lugar de los ingresos, como el gravamen único de Argentina”, aclararon.

En Bolivia también se aprobó un impuesto a la riqueza
EFE/Martin Alipaz/Archivo
En Bolivia también se aprobó un impuesto a la riqueza EFE/Martin Alipaz/Archivo

Al respecto, explicaron que “incluso las personas muy ricas pueden no tener suficiente dinero en efectivo para pagar una factura de impuestos grande e imprevista”.

“Los impuestos sobre la riqueza plantean problemas intrínsecos”, afirma Pascal Saint-Amans, director de política fiscal de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. “Puedes gravar a Bezos con 1.000 millones de dólares, pero ¿tendrá siempre 1.000 millones listos para pagar en efectivo? ¿Qué tendría que vender? Se trata de la liquidez de los activos”, declaró.

“Argentina está recurriendo a sus ciudadanos más ricos después de haber perdido la fe de los inversores extranjeros, y con pocos otros medios para tapar los agujeros financieros. El país ha soportado colapsos financieros periódicos e impagos de deuda durante varias décadas; entró en la pandemia con la necesidad de reestructurar 65.000 millones de dólares de deuda privada que ya no podía pagar”, recordó el Washington Post.

Puedes gravar a Bezos con 1.000 millones de dólares, pero ¿tendrá siempre 1.000 millones listos para pagar en efectivo? (Saint-Amans, OCDE)

El diario de la capital de EEUU describe como la pandemia empeoró las cosas en el país, con un producto interior bruto que se cayó 11,8% el año pasado: “El peso se desplomó cuando los argentinos, temerosos, acumularon dólares estadounidenses, y el gobierno, como tantas veces en el pasado, recurrió a la imprenta para llegar a fin de mes. Ahora, Argentina está buscando otro gran rescate del Fondo Monetario Internacional, que casi con toda seguridad vendrá con la condición de que el país instituya recortes de gastos”.

Además, señalaron que la pobreza pasó del 35,4% en el primer semestre de 2019 al 40,9% en el mismo período de 2020, y que en los últimos meses, Walmart, Latam Airlines, Uber Eats, Norwegian Airlines y Nike se fueron del país o redujeron sus operaciones locales.

Carlos Heller y Máximo Kirchner autores del proyecto que se convirtió en leyCarlos Heller y Máximo Kirchner autores del proyecto que se convirtió en ley

“El gobierno ha conseguido evitar un aumento más amplio de la pobreza durante la pandemia mediante programas sociales y ofreciendo ayudas en efectivo. Los funcionarios dicen que el impuesto sobre el patrimonio es necesario para ayudar a compensar ese gasto. Proyectan que el gravamen único recaudará 3.500 millones de dólares de unos 12.000 individuos”. “Estamos hablando del 0,02 por ciento de la población”, dijo Carlos Heller, miembro de la Cámara de Diputados de Buenos Aires que copatrocinó el proyecto de ley. “Es una pequeña contribución que estamos pidiendo a los argentinos más ricos”.

Y aunque menciona el caso de personas que pueden ocultar parte de su patrimonio en el extranjero para evadir impuestos, aclara que “hay un grupo que lo tiene mucho más difícil: los ruralistas, los agricultores acomodados”.

“De Raedemaeker perdió entonces mucho dinero, dijo. Ahora, de un plumazo en diciembre, el gobierno peronista ha aumentado su carga fiscal hasta el equivalente a 192.000 dólares, frente a 113.000 dólares. Como muchos ruralistas, De Raedemaeker es rico en tierras; cultiva trigo y soja en 1.700 hectáreas en la provincia de Córdoba, en la fértil Pampa occidental. Pero dice que no tiene el flujo de caja para absorber un aumento tan repentino y que podría tener que vender un tractor para cubrir el costo”, subrayaron.

“Este intento de construir la igualdad nos aplana a todos”, dijo. “En lugar de premiar el mérito, el trabajo y el estudio, simplemente quieren que la gente dependa del Estado”, concluyó en esta nota.

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En enero, el superávit primario llegó a $ 24.074 millones

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Por recorte en el gasto y un excepcional crecimiento de los ingresos por comercio exterior el balance fiscal dio positivo

El Gobierno logró alcanzar el superávit primario en enero gracias a un aumento en los ingresos por retenciones. Las cuentas públicas arrojaron un resultado positivo de $ 24.074 millones

El pago de intereses de la deuda pública, neto de pagos intra-sector público, fue de $27.104 millones. De esta forma, el resultado financiero del Sector Público Nacional fue deficitario en $3.030 millones, el más bajo de los últimos cinco años, según destacaron desde el ministerio de Economía. Fuentes de esa cartera señalaron que la quita de intereses por la reestructuración de la deuda fue clave: significó un ahorro desde el punto de vista financiero de $ 45.000 millones.

El Tesoro aún no solicitó asistencia al Banco Central pero, de acuerdo con lo que establece el Presupuesto 2021, que contempla un déficit primario de 4,5% podría hacerlo en los próximos meses.

Los ingresos totales del Sector Público crecieron 53,3% el mes pasado, en particular los tributarios, impulsados por la suba excepcional en los derechos de exportación. Es que durante el primer mes de este año, en el que habitualmente los ingresos por la actividad comercial son más bajos producto de la estacionalidad, se dio un hecho singular que se sumó a las mejoras de los términos del intercambio que se registraron en enero.

En diciembre, medidas de fuerza en zonas portuarias postergaron las exportaciones para el mes siguiente, lo que explica la fuerte alza en los derechos de exportación. “De todos modos, aún si se excluyera este efecto por ‘única vez’ del cálculo, la recaudación tributaria evidenciaría una dinámica superior al nivel de precios”, explicaron en la cartera que dirige Martín Guzmán en un comunicado. Los ingresos tributarios crecieron 79,7% y, dentro de ellos, los derechos de exportación se incrementaron 228,1%.

Más allá del alza de los derechos de exportación, los otros tributos que hablan del nivel de actividad también tuvieron un crecimiento por encima del de la inflación interanual. Por ejemplo, lo recaudado por el IVA registró un aumento interanual de 50,3%, mientras que lo que se retuvo por el Impuesto a las Ganancias se incrementó en un 80,8% respecto del primer mes de 2020. Por otro lado, los ingresos relacionados al impuesto a los débitos y créditos crecieron un 42,9% respecto al mismo periodo del año anterior.

Por su parte, el gasto primario registró un incremento de 45,8%, menor al de los ingresos. En enero las transferencias corrientes se incrementaron $ 58.712 millones, lo que implica una suba interanual de 45,1%. De este total, $50.681 millones correspondieron al sector privado. Dentro de este rubro se registraron pagos remanentes del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) por $10.736 millones, correspondientes a la ejecución del ejercicio 2020.

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Registro de alquileres: el impacto impositivo será mayor entre los jubilados

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Es porque si declaran el alquiler ya no rige el mínimo no imponible especial del Impuesto a las Ganancias.

 La obligación de registrar los contratos de alquiler y de tributar sobre la renta generada por la locación de inmuebles podría generar un importante impacto en la carga del impuesto a las Ganancias sobre los jubilados y pensionados propietarios que hasta ahora no declararon en la AFIP ese ingreso.

Esto pasa porque “más allá de que el contribuyente pueda optar por declarar la renta del alquiler dentro del Monotributo, al exteriorizar que tiene otro ingreso diferente al de la jubilación, perdería el incremento de las deducciones personales consagrado en la Ley del Impuesto a las Ganancias y debe tributar más”. Además debería pagar la cuota mensual impositiva del Monotributo por el ingreso del alquiler, le dijo a Clarín el tributarista Marcelo D. Rodriguez, de MR Consultores.

Las jubilaciones y pensiones pagan el impuesto a las Ganancias si los haberes superan 6 veces el haber mínimo. A los actuales valores, equivale a $ 114.210, suma que, con el aumento de marzo del 8,1%, ascendería a $ 123.462. Con el proyecto de Ganancias de Sergio Massa esa deducción especial subiría a 8 haberes mínimos.

Pero este mínimo impositivo especial no se aplica “si el jubilado o pensionado tiene otros ingresos o está obligado a tributar el Impuesto sobre los Bienes Personales, siempre y cuando esta obligación no surja exclusivamente de la tenencia de un inmueble para vivienda única”, aclaró Rodríguez.

Otros ingresos van desde tener un sueldo por trabajar en relación de dependencia, por ser autónomo o monotributista, tener participación en sociedades, alquileres, o intereses de plazos fijos, según el tributarista Daniel Lejtman, de Lisicki, Litvin y Asociados.

jubilado ganancias alquiler

Entonces, si un jubilado o pensionado cobra $ 100.000 netos hoy no está alcanzado por Ganancias. Pero si declara el alquiler, le descontarán $ 3.302 mensuales. Además, deberá pagar la cuota impositiva del monotributo, cuyo valor depende el ingreso del alquiler. En total, en este caso podrían sumar casi $ 4.000 mensuales.

Con $ 120.000 de jubilación neta, hoy le descuentan $ 1.357 y pasará a pagar $ 8.324 mensuales más la cuota impositiva del Monotributo.

Con $ 150.000 de jubilación neta, hoy le descuentan $ 8.144 mensuales y le descontarán $ 17.776 mensuales, más la cuota impositiva del alquiler.

Estos valores podrían cambiar con el aumento de marzo y si se aprueba el proyecto de Ganancias de Massa.

Actualmente, pagan Ganancias 230.000 jubilados y pensionados, pero se desconoce cuántos tienen propiedades en alquiler y cuántos las tienen ya declaradas.

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