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“Como docente es imposible que yo aporte eso”

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El nuevo testimonio que desmiente la lista de supuestos aportantes a la campaña de Cambiemos vino desde las propias filas del macrismo. Silvia Moreno fue candidata a concejal en General Villegas, el lugar en el que ayer estuvo Vidal.

General Villegas es cuna, entre otros municipios bonaerenses, de aportantes fantasma a la campaña del PRO. Y, paradójicamente, es el lugar donde la gobernadora bonaerense finalmente habló del tema después de un largo silencio, en un intento por cargar la responsabilidad a lagunas de la ley de financiamiento y a los denunciantes sin asumir un modus operandi que oculta el origen del dinero usado para hacer proselitismo. Silvia Moreno es docente, directora de dos jardines de infantes municipales en General Villegas, y en las elecciones primarias de 2015 se postuló para concejal en la interna abierta del PRO. Ahora se encontró en la lista de aportantes a las elecciones presidenciales de entonces como si hubiera donado 38.000 pesos para Cambiemos. “Se imaginarán que como docente estoy lejos de poder aportar ese dinero”, le dice a PáginaI12. En rigor, toda la lista completa de candidatos a intendente, concejal, suplentes y consejeros escolares aparece aportando cifras muy elevadas: entre 13.000 y 50.000 pesos. El esquema se repite en Tres Arroyos, Monte Hermoso, Carmen de Patagones, Pehuajó, La Plata, Junín, entre otros tantos puntos de la provincia de Buenos Aires.

“Villegas es un lugar chico. Acá la gente te cruza en la calle y te pregunta ¿Realmente aportaste eso? Y tengo que explicar que no, que es verdaderamente imposible. Ni me pidieron que aportara, ni me pidieron que figurara. Simplemente tomaron mis datos y me pusieron ahí. Supongo que los tenían porque fui candidata a concejal en las primarias de 2015 por el PRO. Como la línea donde yo estaba perdió, dejé de participar y lo que venía no me interesaba. Yo siempre me dediqué a la docencia, y cuando uno acompaña estos proyectos políticos, lo hace como vecino, para mejorar lo local”, ilustra Moreno al hablar con este diario. “Ahora –explica– estoy más concentrada en la pelea por la educación. Pero la escucho a Vidal y se conjuga todo: para ella la culpa la tienen los que denuncian y los docentes”. Los jardines que Silvia dirige son el 917 y el 901. El primero funciona con 60 chicos en una pequeña casa provisoria a la espera, desde hace ocho años, de un edificio cuya obra aún está inconclusa. El segundo tiene 330 niños, en dos turnos. Ella dice que no tiene energía para impulsar una denuncia, pero se sumará a quien la haga porque espera “un esclarecimiento”. “Estoy segura –remarca– que ninguno de los candidatos que estaban en esa lista puso dinero de verdad”.

Ariel Moreno, que trabaja hace dieciocho años en el sector administrativo del Concejo Deliberante, era otro de los integrantes de la lista. Era candidato a concejal en la interna también. Dice que tiene un recuerdo borroso de haber escuchado a alguien preguntar si había interesados en aportar a la campaña, pero de lo que está seguro es que él no puso ni un peso. Sin embargo, figura como si hubiera entregado 32.000. “No es real, yo no los puse. Es evidente que se ha utilizado información de algunas personas que estaba en poder del propio partido. Quizá los que estaban en condiciones de poner dinero lo hicieron. No era mi caso”, le explica a PáginaI12.   “También apareció mi esposa, que era candidata a consejera escolar como suplente.”, agrega. Se llama María Andrea Ranalli, y aparece con una donación de 13.000 presos para el PRO. “A mí, la verdad, esto no me sorprendió para nada”, concluye Moreno.

La lista de precandidatos de PRO en aquel entonces, en aquella interna, la encabezaba Horacio Lorenzo, quien quedó fuera de juego en las primarias.  El aporte que figura de su parte para la campaña presidencial es el más alto: 50.000 pesos. Cuando se enteró, el fin de semana pasado, informó que, en efecto, la lista completa que lo acompañaba aparecía con aportes de campaña: “No pusimos dinero para ninguna campaña. Por qué se hacen esas cosas, lo desconocemos. Nos juntamos para intentar aportar al pueblo donde vivimos, era una lista de toda gente laburante (…) fuimos víctimas de un abuso de los organizadores de la campaña de Cambiemos, pero así está el país”. Los nombres de aquella lista que figuran con donaciones son 19, por un total de 511.000.

A pesar de las evidencias, en ese mismo municipio fue donde ayer Vidal dijo que “no hay nada que ocultar”, que la ley tiene “lagunas y deficiencias” que habría que corregir y que los aportes sean siempre bancarizados, y que de todos modos “es una denuncia kirchnerismo”, lo que intentó luego relativizar agregando “aunque no importa de donde venga” (ver aparte). En rigor, hay varias pesquisas en marcha, pero las primeras no fueron del kirchnerismo. La primera es una investigación preliminar del fiscal electoral porteño Jorge Di Lello, que se enfocó en aportantes falsos a la campaña de 2017 en la provincia de Buenos Aires donde fueron candidatos Graciela Ocaña y Esteban Bullrich. La segunda está en el juzgado de Sebastián Casanello y apunta a posible lavado de dinero. Se originó con una denuncia de Lucas Schraerer, de La Alameda. El punto de origen fue el hallazgo del periodista Juan Amorín, de El Destape, del que surge un denominador común: las personas cuyas identidades fueron utilizadas el año pasado son pobres, beneficiarios de planes sociales y monotributistas sociales. En la provincia sí hizo una denuncia la senadora bonaerense Teresa García, donde apunta directo a la gobernadora Vidal, como presidenta del PRO, también por los aportes de 2017. García pidió que se incauten todas las fichas de afiliación del PRO, porque muchos aportantes  también aparecen como afiliados contra su voluntad. Esa causa quedó activada esta semana con el requerimiento de la fiscal Ana Russo ante el juez Ernesto Kreplak.

Según publicó Diagonales hay otros municipios donde aparecen aportantes de 2015 que niegan haberlo sido, con montos similares. Serían 81 municipios en total, según señala la publicación, donde hay listas completas de donantes electorales truchos. En Carmen de Patagones los candidatos figuran con donaciones por 530.000 pesos en total; en Tres Arroyos, por 517.000 pesos. Ese es el monto promedio de cada municipio. En teoría, ya existe una causa abierta por estos casos de aparentes falsos aportantes de la propia política que tiene María Servini de Cubría a raíz de una denuncia que dijo haber hecho Jorge Más, que encabezó la lista e Cambiemos en 2015 en Pehuajó.

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El impacto de las críticas de Cristina Kirchner en Comodoro Py: “La consigna es resistir los ataques”

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Las acusaciones de la vicepresidenta en la audiencia por el caso de “dólar futuro” llegaron a todos los jueces federales, para quienes ella intenta “desprestigiar a la justicia”.

Tres días después del duro discurso de Alberto Fernández contra el Poder Judicial, Cristina Kirchner no escatimó en críticas sobre el funcionamiento de la justicia que la investigó en ocho causas por presunta corrupción. En Comodoro Py, aunque varios magistrados federales aseguraron no haber escuchado el descargo de la vicepresidenta, sus puntos centrales contra jueces y fiscales circularon rápidamente. “La consigna es resistir los ataques”, dijeron algunos. Para otros, “se trató de un discurso político” con un marcado objetivo: “desprestigiar a la justicia”.

Lejos de apaciguarse, el fuego cruzado entre la Casa Rosada y la Justicia aumenta semana tras semana. Parecen ahora lejanas las 200 intimaciones a jueces y fiscales que realizó la ANSES para que decidan si se van a jubilar o no. También quedaron atrás el pedido de Alberto Fernández de hace tres días, para que se reforme a la Justicia, o los dichos de Wado de Pedro señalando que si los jueces no se “transforman, se van”.

En línea con sus declaraciones y posteos en las redes sociales de los últimos meses, este jueces Cristina volvió a acusar a los jueces por entrometerse “en las decisiones de la política”, de ser “cómplices del endeudamiento del país”, de actuar de manera “corporativa”, intervenir en “los procesos electorales” y de impulsar procesos judiciales “que son armados, sin sustento”.

El mensaje repercutió en Comodoro Py, donde la vicepresidenta tiene ocho causas elevadas a juicio oral por presuntos hechos de corrupción. En dos de ellas, por supuesto lavado de dinero, también están involucrados sus hijos Máximo y Florencia Kirchner.

“La consigna es resistir” señaló un magistrado que ocupa un importante despacho hace muchos años. Al interior de la gran mayoria de los actores del sistema judicial “se consideró que es demasiado todo esto y el mensaje es resistir”, insistió.

Quienes siguieron el descargo de Cristina Kirchner, entre ellos algunos integrantes del Ministerio Público Fiscal, consideraron que lo que debía ser una defensa vinculada al expediente judicial “se volvió un discurso político, centrado en una sola cosa que es una pericia que no se trata de la única medida de prueba en el caso”, dijeron a Clarín.

En los Tribunales federales de Retiro creen que hay un “hilo conductor entre todas las medidas impulsadas por la Casa Rosada”, desde la Reforma Judicial impulsada por Alberto Fernández para licuar el poder de los doce jueces de Comodoro Py, hasta la modificación del sistema previsional del sector.

De allí devino la intimación por parte de la Anses a 200 jueces y fiscales para que en el lapso de treinta días informen si continuarán con sus expedientes previsionales o si los retirarán.

El Gobierno también busca modificar la ley que rige al Ministerio Público Fiscal y el método de enjuiciamiento de los fiscales. “No quedó ni un sector de la Justicia que no quieran modificar”, señaló un fiscal con despacho en Comodoro Py.

Hay que recordar que el kirchnerismo también buscó desplazar de la Cámara Federal porteña a los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes permanecen temporalmente en sus cargos por orden de la Corte Suprema de Justicia.

Las acusaciones son cruzadas: el Poder Judicial no disimuló sus diferencias con una gestión a la que acusa de intromisión y violación de la división de poderes.

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Jair Bolsonaro anunció que visitará a Alberto Fernández y respaldó las gestiones de la Argentina ante el FMI

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El presidente de Brasil indicó que su primera visita oficial a Buenos Aires será el 26 de marzo. “Hinchamos para que tengan éxito en las negociaciones”, agregó.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció este jueves su primer viaje oficial a la Argentina, que se concretará el 26 de marzo próximo, para reunirse con su par Alberto Fernández, en el marco de las celebraciones por los 30 años de la fundación del Mercosur. Además, con un gesto sorpresivo, apoyó las negociaciones argentinas con el FMI.

“El 26 de marzo estaré en Buenos Aires, en nuestra querida Argentina, celebrando los 30 años del Mercosur”, dijo Bolsonaro en una transmisión vía Facebook.

El mandatario brasileño visitará por primera vez a su tercer socio comercial y al primero dentro del Mercosur, que también integran Paraguay y Uruguay.

Con una frase que remitió a la pasión futbolera de ambos países, Bolsonaro también respaldó la negociación de Argentina para reestructurar su deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“El Covid causó dificultad económica en todo el mundo. Hinchamos para que Argentina tenga éxito en las negociaciones con el FMI, la situación es bastante complicada. Brasil es uno de los grandes interesados en eso. Y será la primera vez que voy a conversar con el presidente”, dijo Bolsonaro, acompañado por el ministro de Infraestructura, Tarcisio de Freitas.

La confirmación de la visita por parte del presidente brasileño ocurre dos días después de que el canciller Ernesto Araújo alentara la flexibilización del Mercosur para que cada país pueda realizar acuerdos comerciales en forma unilateral, por fuera del bloque.

Bolsonaro y Fernández dialogaron en forma virtual el 30 de noviembre, día de la amistad binacional, en el marco de una estrategia de acercamiento iniciada en Brasilia por el embajador argentino, el ex vicepresidente Daniel Scioli.

Scioli se volcó a Twitter para confirmar el anuncio. Lo acompañó con un extracto de la transmisión del presidente brasileño.

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La Justicia acelera la quiebra del Correo Argentino y no descarta que la familia Macri deba pagar la deuda exigida por el Estado

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En medio del enfrentamiento entre la Casa Rosada y el expresidente, el fuero comercial dio curso a una presentación del procurador del Tesoro, Carlos Zannini, que coloca a la compañía al borde de la liquidación

En una resolución de apenas ocho renglones, la jueza comercial María Cirulli desmanteló la defensa que trataba de evitar que la posible quiebra del Correo Argentino S.A. provoque un efecto dominó contra la estabilidad económica del Grupo Socma y el patrimonio personal de los hermanos y sobrinos del expresidente Mauricio Macri.

“Por ello, lo establecido en la LCQ 48, restantes normas legales, precedentes jurisdiccionales vinculantes y doctrina citada, resuelvo:

1. Establecer que el paquete accionario de Correo Argentino S.A. carece de valor positivo.

2. Citar la audiencia informativa establecida en la LCQ 48, inciso 5, en el día 29 del mes de marzo de 2021 a las 12 hs.

3. Notifíquese por ministerio de la ley”, dictaminó la magistrada.

La traducción del argot jurídico es fácil de ejecutar. La juez Cirulli resolvió que las acciones de la familia Macri en el Correo Argentino no valen nada, y que por lo tanto -si en un plazo fijado por el Código de Procedimiento en lo Civil y Comercial- no acercan una nueva propuesta, se acelera la quiebra de la compañía familiar y ante la ausencia de fondos para resolver la deuda se podría avanzar sobre el Grupo Socma y el patrimonio de los familiares directos del exjefe de Estado.

Desde la perspectiva del Gobierno, la familia Macri y su empresa, Correo Argentino S.A. le estaría debiendo al Estado 4500 millones de pesos.

El presidente saliente de Argentina, Mauricio Macri, al entregar el bastón presidencial a Alberto Fernández en 2019El presidente saliente de Argentina, Mauricio Macri, al entregar el bastón presidencial a Alberto Fernández en 2019

Si la cifra alegada por Balcarce 50 fuera cierta, Socma y el patrimonio de la familia Macri no alcanzaría a satisfacer la deuda reclamada por el Estado Nacional al Correo Argentino.

En este contexto, la defensa del Correo Argentino sostiene que se trata de una ofensiva judicial que está teñida por las diferencias entre Alberto Fernández y su antecesor. Desde esta perspectiva, a los abogados del Correo Argentino les sorprendió que la jueza Cirulli accediera al expediente hacia fines de febrero y que apenas seis días hábiles después decidiera que no tiene sentido seguir con la instancia de “cramdown” y permita la posibilidad de iniciar la quiebra del Correo para luego avanzar sobre otros bienes del Grupo Socma y la familia Macri.

“Esa resolución se tomó hoy. Significa que la jueza de primera instancia, en un plazo llamativamente breve, no valoró ni tomó en cuenta las impugnaciones a la valuación del paquete accionario de Correo que hicieron Socma y otros interesados en adquirir el paquete accionario. Sorpresivamente, tampoco ordenó una notificación para que el estudio evaluador brinde explicaciones cómo hubiese correspondido en una valuación de tanta complejidad. Evidentemente la resolución va a ser apelada. Con respecto a la fecha establecida, corresponde al plazo para que Correo y/o los interesados acompañen las conformidades correspondientes para homologar una propuesta. Este plazo podría ser suspendido en caso de que prosperen los recursos que se han planteado”, aseguró a Infobae un vocero de la compañía.

Pese a los cuestionamientos jurídicos presentados por la defensa del Correo Argentino, en Casa Rosada explicaron que todo está ajustado a derecho, que se cumplieron los plazos, y que la decisión de la jueza Cirulli es irreprochable.

Al otro lado de la trinchera legal, los defensores del Correo Argentino aseguraron que el fallo de la jueza no quedará firme, que presentarán todas las apelaciones habilitadas por las leyes vigentes y no descartan llegar a la Corte Suprema a través de un recurso extraordinario.

La cita clave será el próximo 29 de marzo. Si la defensa del Correo Argentino no prospera, la Justicia comercial podría avanzar sobre los bienes del Grupo Socma y a continuación, sobre el patrimonio de los accionistas Gianfranco, Mariano, Florencia, y los hijos de Sandra Macri.

Todo en medio del enfrentamiento visceral entre Alberto Fernández y Mauricio Macri.

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