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Sociedad

Bono vacacional de $20.000: cómo gestionarlo y cuáles son los requisitos

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Será uno por grupo familiar. Esos beneficios se otorgarán siempre que la actividad que da derecho a ellos se encuentre paralizada o tenga una facturación inferior al 30%.

El Gobierno dispuso que el Programa “Bono Fiscal Vacacional”, con el que apunta a estimular la actividad del turismo, operará con un límite máximo de 2 mil millones de pesos, que se asignará hasta un monto de 20 mil pesos por grupo familiar, a partir de enero de 2021.

Así se estableció en la reglamentación de la Ley de Sostenimiento y Reactivación Productiva de la Actividad Turística, que otorga incentivos para ese sector, uno de los más golpeados por la pandemia y las medidas de aislamiento.

Se trata de la ley N° 27.563, que contempla “una serie de medidas para el sostenimiento y la reactivación de la actividad turística nacional con la finalidad de paliar el impacto económico, social y productivo producido en dicha actividad, en todas sus modalidades, en virtud de las consecuencias generadas por la pandemia de Covid-19”, de acuerdo con un decreto publicado este martes en el Boletín Oficial.

Según el Gobierno, el Ministerio de Turismo y Deportes -autoridad de aplicación de la ley- podrá dictar las medidas necesarias para la implementación del Programa, a los efectos del otorgamiento del aporte.

El integrante del grupo familiar que efectúe la solicitud deberá acreditar de modo fehaciente, o manifestar con carácter de declaración jurada, ante ese Ministerio, los siguientes datos: la composición del grupo familiar; los ingresos mensuales netos totales del grupo, los que no podrán exceder el equivalente a cuatro veces el monto del Salario Mínimo Vital y Móvil o el monto que resulte de multiplicar el valor de ese salario por la cantidad de integrantes del grupo familiar, el que resulte menor y toda otra información que requiera esa cartera.

Por grupo familiar, se definió al integrado por el solicitante en forma unipersonal, si no tuviere convivientes; o por este o esta y su cónyuge o conviviente y sus hijos o hijas menores de 18 años convivientes, o sin límite de edad en el caso de hijos e hijas con discapacidad a cargo.

Cuando el solicitante tenga menos de 25 años y el domicilio de residencia sea igual al domicilio de sus progenitores, el grupo familiar se considerará compuesto por el solicitante y sus progenitores a los efectos de los requisitos y demás condicionalidades establecidas en el Programa.

Los beneficiarios y las beneficiarias de los bonos otorgados al amparo del Programa solo podrán destinarlos al pago de los servicios comprendidos en la Ley N° 27.563, ofrecidos y prestados dentro del territorio nacional.

El importe de los bonos recibidos deberá considerarse como medio de cancelación parcial o total de la obligación por los servicios contratados, sin reducir el monto de los tributos que graven la operación ni ser deducible a los efectos de la determinación del impuesto a las Ganancias, según lo dispuesto.

Ese importe será computado mensualmente por las empresas como crédito contra el IVA o bien las contribuciones patronales sobre la nómina salarial con destino a los subsistemas de Seguridad Social.

El decreto aclaró también que “de existir un remanente que exceda las obligaciones indicadas, el mismo será trasladable a los períodos mensuales siguientes hasta los vencidos al 31 de diciembre de 2021, respetándose igual orden de imputación y limitaciones”.

Por otra parte, el Poder Ejecutivo dispuso que los beneficios a empresas del sector previstos en la ley resultarán de aplicación a los sujetos que se encuentren inscriptos en el registro que, a tal efecto, se establecerá en el ámbito del Ministerio de Turismo y Deportes.

Además, esos beneficios esa ley se otorgarán siempre que la actividad que da derecho a ellos se encuentre paralizada o tenga una facturación inferior al 30%, en comparación a los niveles previos a la pandemia.

En cuanto a la prórroga de pago de impuestos, incluirá a tributos cuyo vencimiento opere desde la entrada en vigencia de la ley y hasta el 31 de diciembre de 2020.

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Coronavirus

Cuáles son los requisitos que deberán cumplir los extranjeros de países limítrofes para ingresar a la Argentina

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El Gobierno nacional habilitó el ingreso por turismo de nativos y extranjeros radicados en los países limítrofes a partir del 30 de octubre y este lunes la Dirección Nacional de Migraciones detalló cuáles serán los requisitos que deberán cumplir.

El Gobierno nacional habilitó el ingreso por turismo de nativos y extranjeros radicados en los países limítrofes a partir del 30 de octubre y este lunes la Dirección Nacional de Migraciones detalló cuáles serán los requisitos que deberán cumplir.

Según la resolución oficial, las personas extranjeras que ingresen al territorio nacional deberán presentar al momento de hacer el trámite migratorio: una Declaración Jurada Electrónica, que tendrá que ser completada indefectiblemente dentro de las 48 horas previas al embarque, un test PCR con resultado negativo y un seguro médico COVID.

Habrá únicamente dos vías para ingresar: el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y la terminal marítima de Buquebús, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

No obstante, desde el Ministerio del Interior aclararon que el decreto no modifica las condiciones de ingreso de argentinos y residentes en el país. Lo podrán seguir haciendo por vía aérea, marítima o a través de los cinco puestos terrestres actualmente habilitados.

En el caso de los argentinos y argentinas que ingresen al país en las mismas condiciones que los extranjeros de países limítrofes, es decir por Ezeiza o la terminal de Buquebús, podrán optar por la realización de un test PCR o la cuarentena obligatoria, mientras que en los pasos fronterizos seguirá siendo obligatoria la cuarentena de 14 días.

En el caso de extranjeros, tendrán que cumplir sin excepción los tres requisitos, y en caso contrario les será impedido el ingreso a la Argentina.

Todos aquellos extranjeros que ingresen al país estarán alcanzados por lo establecido en la Decisión Administrativa (DA) de Jefatura de Gabinete que regula la actividad turística.

En tanto, las compañías aéreas y la empresa de transporte fluvial que operan en el tránsito de extranjeros deberán exigir el cumplimiento de las medidas establecidas previo al embarque de las personas. De no hacerlo correctamente será plausible la aplicación de multas.

Por otro lado, informaron que siguen teniendo plena vigencia el resto de las medidas de seguridad sanitaria como distanciamiento social, toma de temperatura y utilización de barbijos, entre otras.

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La Legislatura avanza contra la violencia de género

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Durante una capacitación se destacó, además, el énfasis en la prevención de la violencia de género como una política de estado.

Brand Studio para Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

El pasado mes de julio, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires realizó su capacitación en violencia de género. Diputados, funcionarios y empleados del Poder Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires recibieron formación específica obligatoria con perspectivas de igualdad, anti discriminación y no violencia.

La ley lleva el nombre de Micaela García, una joven de 21 años víctima de femicidio en la provincia de Entre Ríos. Tras su desaparición y luego de una semana de intensa búsqueda en abril de 2017, la muerte de Micaela conmocionó al país. Joven militante política, cuyo compromiso social por los derechos humanos y de las mujeres se hicieron eco en millones de argentinos/as. Al momento de su muerte, el asesino y abusador de Micaela, Sebastián Wagner, tenía una condena por dos casos de violación.

Se dispuso que quienes trabajan en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incorporen la perspectiva de género para la prevención y erradicación de la violencia.

Se dispuso que quienes trabajan en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incorporen la perspectiva de género para la prevención y erradicación de la violencia.

Las masivas movilizaciones de mujeres y la denuncia hacia la violencia machista visibilizaron y pusieron en la agenda pública las problemáticas y desigualdades que atraviesan las mujeres y las disidencias por cuestiones de género, cuyas formas son múltiples, así como los ámbitos en los cuales la misma tiene lugar.

El 10 de enero de 2019 el Congreso de la Nación Argentina sancionó la Ley N° 27.499, conocida como “Ley Micaela”, mediante la cual se estableció la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública, en todos sus niveles y jerarquías. El 10 de octubre de ese mismo año, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó la Ley N° 6.208, de adhesión a la Ley N° 27.499.

Asimismo, el 10 de marzo de 2020, mediante el Decreto N° 48-VP-2020, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reglamentó la Ley N° 6.208 y Ley Nacional N° 27.499, y aprobó el “Programa de Capacitación” para sus trabajadores y trabajadoras.

Entre los considerandos, se dispuso que quienes trabajan en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incorporen la perspectiva de género para la prevención y erradicación de la violencia, asuman una actitud activamente crítica frente a hechos de discriminación, se sensibilicen ante la discriminación, el hostigamiento y/o las violencias de cualquier índole. Además, conozcan y hagan respetar la legislación vigente en materia de género y tengan presentes los recursos y herramientas del Estado para la prevención y atención de la problemática a fin de brindar el adecuado asesoramiento e información a las mujeres en situación de violencia.

El 10 de enero de 2019 el Congreso de la Nación Argentina sancionó la Ley N° 27.499, conocida como "Ley Micaela”.

El 10 de enero de 2019 el Congreso de la Nación Argentina sancionó la Ley N° 27.499, conocida como “Ley Micaela”.

A partir de allí, se realizó un trabajo conjunto con la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) y su Secretaría de Asuntos Académicos y se desarrolló un curso que constó de tres módulos, para que diputados, funcionarios y empleados de toda especialidad y jerarquía de la legislatura se capaciten de manera obligatoria y virtual en perspectiva de género, no violencia contra las mujeres y anti discriminación en el marco de la implementación de la “Ley Micaela”.

Entre sus fundamentos, se propuso impulsar el acceso a la información actualizada sobre la temática y a la discusión y contrastación de ideas, fomentar el compromiso de intervenir en la prevención de acciones que atenten contra cualquier tipo de discriminación y favorecer y generar un ambiente libre de discriminación.

“La prevención de la violencia de género es una política de estado”, afirmó Diego Santilli, Presidente de la Legislatura y Vicejefe de Gobierno de CABA.

“La prevención de la violencia de género es una política de estado”, afirmó Diego Santilli, Presidente de la Legislatura y Vicejefe de Gobierno de CABA.

“La prevención de la violencia de género es una política de estado. Este tipo de acciones son disparadores para entender cómo nos podemos comprometer con la prevención y erradicación de la violencia de género”, expresó el Presidente de la Legislatura y Vicejefe de Gobierno de CABA, Diego Santilli.

Por su parte, el Vicepresidente Primero de la Legislatura, Agustín Forchieri, destacó : “Con la capacitación virtual en cumplimiento con la Ley Micaela buscamos acercarnos un poco mas hacia una Legislatura con perspectiva de género. El compromiso que vimos por parte de los trabajadores y trabajadoras de la casa fue muy importante, además de un gran paso hacia el tipo de entorno que queremos construir para que ya no exista ningún tipo de violencia contra las mujeres”.

Durante la capacitación, que constó de 9 clases virtuales, se plantearon categorías para entender la discriminación por género y desigualdad, con asignaturas como la construcción de las masculinidades, los feminismos y colectivos, los tipos de violencia, los deberes del Estado y los dispositivos de denuncia, entre otras, que fueron abordadas por referentes y docentes vinculados a la temática como Diana Maffía, Dora Barrancos, María Alicia Gutiérrez, Ernesto Meccia y Virginia García Beaudoux. Para obtener la certificación se completó un trabajo de integración final.

“Destacamos el compromiso y la tarea que se llevó a cabo conjuntamente desde el Estado y las instituciones. Es una obligación moral que nos toca, promover y profundizar la información de los conceptos y herramientas claves sobre la perspectiva de género”, resaltó Santilli.

Es de destacar que en la ciudad de Buenos aires, la línea 144 brinda atención telefónica especializada a mujeres víctimas de violencia de género durante las 24 horas, los 365 días del año.

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Sociedad

La ANMAT prohibió la comercialización de una miel de abejas y un aceite de oliva

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Los dos disposiciones fueron publicadas este lunes en el Boletín Oficial

La Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica prohibió este lunes a través de la publicación de dos disposiciones en el Boletín Oficial, la comercialización de una miel de abejas y de un aceite de oliva.

La Disposición 8027/2020 establece la prohibición de “la comercialización en todo el territorio nacional y en las plataformas de venta electrónica del producto: “”Miel de Abejas” marca La Colmena, RNE N° 13003564, RNPA N° 025113023645, Ballesteros Córdoba”, por consignar registros inexistentes resultando ser un producto falsamente rotulado y en consecuencia ilegal”.

En el considerando explica que “el Departamento Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos del Instituto Nacional de Alimentos fue consultado en relación a la promoción y venta en la plataforma MercadoLibre del producto que no cumpliría la normativa alimentaria vigente”.

Señala que frente a ello, dicho departamento realizó las consultas federales a través del Sistema Federal de Información para la Gestión de Alimentos al Departamento de Higiene de los Alimentos de la provincia de Mendoza, a fin de verificar si dicho producto cuenta con los registros de producto y establecimiento autorizados, quien informó que ambos registros son inexistentes y también realizó una consulta a la Dirección General de Control de la Industria Alimenticia de la provincia de Córdoba dado que el producto se elaboraría en la localidad de Ballesteros, provincia de Córdoba, a fin de verificar si el RNPA está autorizado; la citada dirección informó que “el código del número de registro no corresponde a la jurisdicción consultada”.

Tras ello se determinó que “el producto se encuentra en infracción por consignar registros de establecimiento y de producto inexistentes, resultando ser un producto falsamente rotulado y en consecuencia ilegal”.

Es por ello que “por tratarse de productos que no pueden ser identificados en forma fehaciente y clara como producidos, elaborados y/o fraccionados en un establecimiento determinado, no podrán ser elaborados en ninguna parte del país, ni comercializados ni expendidos en el territorio de la República” y que “a fin de proteger la salud de los ciudadanos ante el consumo de productos ilegales, toda vez que se trata de productos alimenticios que carecen de registro, motivo por el cual no pueden garantizarse su trazabilidad, sus condiciones de elaboración, su calidad con adecuados niveles de control bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente y su inocuidad, el Departamento de Rectoría en Normativa Alimentaria del INAL recomendó prohibir la comercialización en todo el territorio nacional del citado alimento en cualquier presentación y fecha de vencimiento”.

Por su parte, la Disposición 8028/2020 determina la prohibición de “la comercialización en todo el territorio nacional del producto: “Aceite de Oliva Extra Virgen Primera prensada en frío, Finca Mendoza, Elaboración Artesanal, San Rafael-Mendoza”, por carecer de autorización de establecimiento y de producto, resultando ser un producto en consecuencia ilegal”.

En el Considerando publicado en la Disposición sostiene que “a raíz de una consulta de un consumidor a través de ANMAT Responde de la Dirección de Relaciones Institucionales en relación a la comercialización del producto que no cumpliría la normativa alimentaria vigente”.

Es por ello que “en el marco de las investigaciones, el Departamento Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos del Instituto Nacional de Alimentos realiza la consulta federal a través del Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de los Alimentos al Departamento de Higiene de los Alimentos de la provincia de Mendoza, a fin de verificar si dicho producto se encuentra autorizado”.

Luego y ante la información brindada por “la autoridad sanitaria de la provincia de Mendoza” y que informara “que el RNPA es inexistente”, además se establece que “el producto se halla en infracción por carecer de autorización de establecimiento y de producto, resultando ser un producto en consecuencia ilegal”.

Sostiene a su vez que “por tratarse de un producto que no puede ser identificado en forma fehaciente y clara como producido, elaborado y/o fraccionado en un establecimiento determinado, no podrá ser elaborado en ninguna parte del país, ni comercializado ni expendido en el territorio de la República” y que “en atención a las circunstancias detalladas y a fin de proteger la salud de los ciudadanos ante el consumo de productos ilegales, toda vez que se trate de productos alimenticios que carecen de registro, motivo por el cual no pueden garantizarse su trazabilidad, sus condiciones de elaboración, su calidad con adecuados niveles de control bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente y su inocuidad, el Departamento de Rectoría en Normativa Alimentaria del INAL recomienda prohibir la comercialización en todo el territorio nacional del citado alimento”.

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