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Economia

“Argentina necesita obras y China alimentos, son socios naturales”

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La compañía asiática participa como contratista en las principales megaobras del país, como los parques solares Cauhachi y Cafayate o los proyectos hidroeléctricos de Tambolar y Portezuelo.

PowerChina es el contratista más grande de energía renovable del país, con una cartera de proyectos valuados por más de 1.500 millones de dólares. Entre ellos se encuentran el Parque Fotovoltaico de Cauchari de Jujuy, parques eólicos en Chubut y La Rioja, proyectos solares en Salta y Córdoba, así como dos megaobras hidroeléctricas: el dique El Tambolar de San Juan y recientemente obtuvo la licitación de Portezuelo del Viento en Mendoza, una obra que está en tironeo con La Pampa y sobre la que el presidente debe laudar sobre la realización de nuevos estudios de impacto ambiental.

El presidente de la firma en el país, Tu Shuiping, explicó a Ámbito Financiero por qué razones tienen interés en la Argentina. El directivo es optimista con la situación económica tras el acuerdo con los bonistas y sostiene que “Argentina y China se necesitan”. La empresa mantiene su estrategia de operar con socios locales y cuestiona que en el país los procesos son “más trabados” que en otras partes del mundo, con demasiadas negociaciones. Expectativas a futuro por las obras de infraestructura que defina el Gobierno para mejorar la competitividad.

Periodista: ¿Cuándo surge el interés por Argentina?

Tu Shuiping: Viene de año 2011, cuando en PowerChina estábamos mirando proyectos de energías renovables. Luego, buscamos tener participación con los parques eólicos Loma Blanca 1 y 3, en Chubut. También participamos en la licitación de la represa Chihuido en Neuquén y en 2015 se firmó un acuerdo por el parque eólico Arauco en La Rioja. Después nos involucramos en el dique Tambolar en San Juan y con Jujuy en el parque solar Cauchari, el más grande de la región y el que está a mayor altura en todo el mundo. Participamos en proyectos locales. En abril se firmó un contrato con Córdoba por parques solares y hace poco nos presentamos en la licitación de Portezuelo, en Mendoza.

P: ¿Cómo ve la situación del país?

T.S.: Es muy positivo el acuerdo con los bonistas.Lo peor ya pasó, Argentina está en proceso de mejora. En el corto plazo puede haber un problema de dólares, pero la visión de largo plazo es que va a mejorar. Los funcionarios tienen intención de alcanzar un crecimiento..

P: Por distintas razones, Argentina no suele atraer a empresas, ¿qué atrae del país a PowerChina?

T.S.: El mundo no entiende cómo funciona argentina. China tiene una estrategia de mercado muy grande. Y el mundo está integrado. Para armar un celular, hay partes que llegan de Estados Unidas, de Corea, de China, de Europa. Todo es integral. Argentina no es competitivo en productos industriales, es muy caro lo laboral y la logística, también hay un efecto de los sindicatos. No es competitivo ni en la región ni en el mundo. Pero tiene mucha tierra, y en China se necesita carne, soja, pescado. Argentina también tiene litio. Y necesita obras de infraestructura. Le conviene a Argentina gestionar más exportaciones para tener dólares y mejorar la economía. Por eso veo como socios naturales a China y Argentina. Se necesitan. PowerChina viene de forma independiente, por oportunidades concretas. Nosotros, como contratistas, trabajamos en 110 países. En energía renovable falta financiamiento, pero hay proyectos muy buenos. El viento y el sol de Argentina son de los mejores del mundo. Falta infraestructura. Por ejemplo, en comunicaciones: Argentina tiene 8.000 estaciones y en China una sola ciudad tiene por lo menos 20.000. Hay una oportunidad.

P: ¿Qué significó para la empresa el cambio de gobierno?

T.S.: En Brasil o Perú el 50% de las obras son privadas o PPP. En Argentina la mayor parte es obra pública. La estrategia del gobierno es tener liderazgo en esa industria. Siempre trabajamos con gobiernos provinciales o nacionales, y hay interés de todas las partes. Para un gobierno, algunos proyectos son prioritarios, pero luego cambian de idea. Y lo mismo en cada provincia. Esto hace que un proyecto pueda estar demorado, y después se puede levantar otra vez en otro gobierno. Si la economía mejora, esto va a funcionar.

P: Uno de los casos cambiantes fue la represa de Portezuelo, ¿qué opinan del proyecto y de los estudios que se piden?

T.S.: En 2011 participamos en la precalificación. Estamos mirando a largo plazo, somos muchos especialistas visitando sitios. Trabajamos durante casi 10 años. Somos una contratista principal en ese sector, tenemos el 50% de market share en centrales hidroeléctricas. Es el que más nos interesa. Siempre tuvimos intención de acompañar. Para nosotros, con los estudios eran suficientes para el proceso licitatorio. Acompañamos el pliego, hay que hacer detalles de geología porque los proyectos hídricos son complejos. Se puede avanzar.

P: ¿Cuál es el estado de Tambolar en San Juan?

T.S.: En 2015 firmamos un contrato con Panedile y el gobierno de San Juan. Durante el gobierno de Macri no se pudo avanzar. El proyecto técnicamente está bien, igual que Portezuelo, y ahora se empieza a cumplir en tiempo y forma con la idea de tener la obra en 2023. Estamos coordinados con los socios locales. Que en San Juan prácticamente no haya covid también ayuda.

P: Mencionaba a socios locales, parece ser una estrategia común.

T.S.: En los últimos 10 años siempre trabajamos con socios locales o subcontratistas locales. Históricamente contratamos empleados locales. Con 14 proyectos, sólo había en el país 65 chinos, incluidos los de Casa Matriz, con 87 empleos directos locales. En el pico, pueden trabajar hasta 5.500 empleados locales. En Jujuy, por ejemplo, hubo 1.500 trabajadores, de los cuales solo 20 eran chinos y algunos especialistas europeos.

P: ¿Qué particularidades observa de la forma de trabajo en Argentina?

T.S.: Argentina tiene un sistema nacional, provincial, municipal. Hay que registrarse como contratista provincial, negociar con los sindicatos. Es un sistema mucho más trabado, con más pasos. Todo es negociación. Son algunas de las cosas que se pueden mejorar: hacer un balance entre el beneficio a los trabajadores y la eficiencia. En China hay más cultura del trabajo. El que no trabaja no tiene comida. Acá las diferencias son chiquitas. Así, las empresas no son fuertes, ni los trabajadores. En cualquier negociación pierde el grupo empresario. Nosotros evaluamos proyectos con inversión propia, pero nos cuesta avanzar porque es compleja esa situación. Lo más positivo: la seguridad y el foco en el impacto ambiental.

P: ¿Qué proyectos analizan a futuro?

T.S.: Argentina necesita reforzar su capacidad de exportación para ganar dólares. Y en ese sentido tiene que mejorar su eficiencia. Como país, tiene su fuerza natural pero necesita rutas, ferrocarriles, hidrovías, puertos. Siempre acompañamos a la estrategia de país. Los proyectos del ferrocarril Roca y Urquiza son muy interesantes. El Gobierno está analizando qué proyectos se pueden hacer y cuáles son los prioritarios. Todavía no hay nada concreto. El gabinete y las provincias están definiendo.

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La AFIP sale a fiscalizar en forma electrónica: qué variables va a revisar para detectar inconsistencias

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El organismo extendió la feria fiscal determinada durante la cuarentena, pero en esta ocasión reactivó las fiscalizaciones electrónicas. revisará declaraciones juradas, movimientos bancarios y otros elementos

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reactivará las fiscalizaciones electrónicas, que estuvieron detenidas durante la cuarentena. De esa manera, lanzará una campaña de revisiones sobre movimientos de cuentas bancarias, inconsistencias en declaraciones juradas y otros movimientos sospechosos para detectar maniobras de evasión. La comunicación de que se activó una fiscalización se podrá encontrar en el portal del organismo, ingresando con clave fiscal. Es una vuelta a los controles que va en paralelo con la apertura de la motatoria.

El organismo conducido por Mercedes Marcó del Pont, a través de la resolución general 4818 pblicado hoy en el Boletín Oficial, extendió una vez más la feria fiscal que se viene aplicando desde el 18 de marzo de 2020, ahora hasta el 11 de octubre de este año. La feria, desde su inicio, mantuvo excepciones. Por ejemplo, nunca se interrumpieron las fiscalización con las que se proporciona información a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y las relacionadas con el Régimen de Precios de Transferencia.

La novedad en esta extensión es una tercera exclusión de la feria, la de los procedimientos de fiscalización electrónica. Se trata de la búsqueda de inconsistencias en movimientos bancarios, facturación y otras variables respecto de los que la AFIP comunica a los contribuyentes y responsables el inicio de una “Fiscalización Electrónica” y otorga 10 días hábiles administrativos para contestar el “Requerimiento Fiscal Electrónico”, prorrogables por otros 10 días.

Una aplicación estricta de los plazos y la imposibilidad de solicitar más de una prórroga por razones debidamente fundadas, pueden poner al contribuyente en una situación de incumplimiento que no es tal (Domínguez)

A modo de ejemplo, el tributarista Sebastián Domínguez de SDC Asesores Tributarios enumeró una serie de motivos habituales que disparan fiscalizaciones electrónicas:

1) Cuando los depósitos en las cuentas bancarias superan en un determinado porcentaje los ingresos declarados en la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias;

2) Cuando las ventas declaradas en el IVA difieren en un determinado porcentaje respecto a lo declarado en la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias.

3) Cuando hay pasivos declarados en la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias que la AFIP entiende que pueden ser ficticios, representando incrementos patrimoniales no justificados.

Pero más allá de estos puntos, las revisiones electrónicas buscan todo tipo de inconsistencias.

Es algo típico de las moratorias, porque una de las formas que tiene el fisco de atraer a los contribuyentes a las moratorias es mostrando que fiscaliza (Piano)

El inicio de una fiscalización electrónica se notifica en el domicilio fiscal electrónico y se completa en el servicio “Fiscalizaciones Electrónicas”, dentro del portal de AFIP, ingresando con clave fiscal.

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Más allá de las adecuaciones que resulten necesarias como resultado de las inconsistencias detectadas, los contribuyentes están obligados a responder al requerimiento fiscal electrónico. Si se incumple el requerimiento, la AFIP puede determinar sanciones y medidas muy graves para los contribuyentes.

Por ejemplo, puede recurrir a la aplicación de multas de entre $150 y $45.000, según el caso. También al encuadramiento en una categoría del “Sistema de Perfil de Riesgo (SIPER)” que refleje un grado creciente de riesgo de ser fiscalizado o a la exclusión o suspensión de los Registros Especiales Tributarios o Registros Fiscales a cargo de la AFIP en los cuales estuviere inscripto. Por último, puede consderar al incumplimiento como una inconsistencia asociada a su comportamiento fiscal.

En contexto de distanciamiento social los contribuyentes pueden tener dificultades para detectar la notificación o, incluso, para cumplir los plazos para una respuesta.

“Lo que en realidad pasa con este tema es que estaban relajados todos, porque los contribuyentes tenían tiempo para responder. Ahora vuelve la situación normal, donde esas fiscalizaciones tienen que ser respondidas en un plazo y puede tener consecuencias para los contribuyentes. Los contribuyentes tienen que estar más alertas a las contribuciones que reciben en el domicilio fiscal electrónico”, dijo Adriana Piano de SMS.

“Es algo típico de las moratorias, porque una de las formas que tiene el fisco de atraer a los contribuyentes a las moratorias es mostrando que fiscaliza”, agregó Piano.

Habría que tener en cuenta que los requerimientos que se cursen no afecten a personas en edad de riesgo que deban salir de su casa o ir a sus oficinas para recabar la información solicitada (Litvin)

“Una aplicación estricta de los plazos y la imposibilidad de solicitar más de una prórroga por razones debidamente fundadas, pueden poner al contribuyente en una situación de incumplimiento que no es tal. En consecuencia, si Fisco aplicara sanciones y medidas que no corresponden, generará problemas operativos y mayores costos para contribuyentes”, escribió Sebastián Domínguez.

“Habría que tener en cuenta que los requerimientos que se cursen no afecten a personas en edad de riesgo que deban salir de su casa o ir a sus oficinas para recabar la información solicitada. Yo excluiría a las personas en edad de riesgo”, dijo César Litvin de Lisicki, Litvin y Asociados.

“Dada la cuarentena es muy difícil contestar requerimientos de información teniendo en cuenta la limitante que es el trabajo no presencial. Desde ese punto de vista todos los regímenes informativos deberían ser aplazados dado que el trabajo de los profesionales en ciencias económicas está recargado”, agregó.

Feria fiscal

La AFIP prorrogó la feria fiscal hasta el 11 de octubre de 2020, inclusive. Durante la vigencia de las medidas de aislamiento y distanciamiento social, preventivo y obligatorio se mantendrá la suspensión del cómputo de los plazos vigentes para los contribuyentes en distintos procedimientos administrativos.

Una feria fiscal consiste en la extensión de todos los plazos procedimentales en materia impositiva, aduanera y de la seguridad social. La medida no suspende las acciones de la AFIP. No obstante, durante su vigencia quedan en suspenso el cómputo de los plazos que rigen para la respuesta de los contribuyentes a los requerimientos del organismo, explicó la AFIP a través de un comunicado.

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Por las nuevas normas del Banco Central, los agroexportadores alertan que habrá una retracción en el ingreso de divisas

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“Es una situación insostenible”, advierten desde el sector. “Los bancos internacionales cerraron cualquier tipo de financiación a las empresa agroexportadores”, agregaron.

“Es una situación insostenible”. Así calificaron las empresas agroexportadoras a las nuevas restricciones de acceso al dólar que impuso el Banco Central la semana pasada. Y alertaron que habrá una fuerte retracción en el ingreso de divisas para lo que resta del año, que ya viene en caída en este año.

“Lo que hizo el banco central fue obligar a un default empresarial masivo”, criticó una fuente del sector consultada por Clarín ya que según la normativa de la autoridad monetaria, las empresas que registren vencimientos de capital programados entre el 15 de octubre y el 31 de marzo del año que viene podrán acceder al mercado de cambios solamente el 40% del monto de capital que vencía mientras que el 60% lo tendrán refinanciarlo o  comprarlo en el mercado blue o en el contado con liqui, que cotiza por estos días varía en 137 pesos (una brecha del 85%).

En este sentido, hay compañías del sector agroindustrial que han hecho inversiones muy importantes en los últimos años, como el de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) que invirtió alrededor de 140 millones de dólares para construir su propio puerto y Aceitera General Deheza (AGD) que desembolsó 120 millones de dólares también para concluir su puerto, ambos ubicados en Timbúes.

Más allá del problema específico para renegociar sus pasivos, agregaron que desde que salió al norma oficial, los bancos internacionales “cerraron cualquier tipo de financiación a las empresa agroexportadores” lo que profundiza aún más la situación de cara a lo que viene.

Los bancos internacionales ya venían “molestos” con Argentina por la fallida expropiación a Vicentin por parte del Gobierno, hasta conformaron un Comité Ejecutivo esos banco para tratar esta situación. “Las últimas medidas del Central fueron la gota que rebalsó el vaso, dijeron desde el sector.

Por otro lado, las restricciones a la moneda estadounidense también complica la prefinanciación de exportación que hacen las empresas para poder comprar la mercadería (granos) a los productores, que ronda por año en unos 25.000 millones de dólares.

Los productores vendieron por encima de las 31 millones de toneladas de soja  de las casi 50 millones de toneladas que se produjeron en el ciclo 2019/20

Los productores vendieron por encima de las 31 millones de toneladas de soja de las casi 50 millones de toneladas que se produjeron en el ciclo 2019/20

“Se paga normalmente con el embarque pero si no tenés un mercado que fluya en venta de granos y un mercado de granos estabilizados, es imposible que se pueda pagar. Y si no pagás, hay que contraer deuda y tomar otro crédito para pagar esa deuda. Es un círculo muy negativo”, alarmó otra fuente del sector.

En este sentido, remarcó que ante contexto económico negativo y ante las medidas del Banco Central, los productores frenaron la venta de granos a los agroexportadores, sobre todo de soja que es el principal generador de divisas.

Según datos del Ministerio de Agricultura, hasta el 11 de septiembre, los productores vendieron por encima de las 31 millones de toneladas de soja de las casi 50 millones de toneladas que se produjeron en el ciclo 2019/20. Esto es 5 millones de toneladas menos si se compara contra los 36 millones de toneladas que habían comercializado la campaña pasada a misma fecha, lo que representa a Valor FOB (434 dólares por tonelada) unos 2.000 millones de dólares que no ingresaron hasta el momento.

Los agroexportadores liquidaron hasta agosto 13.400 millones de dólares contra los 15.200 millones que se habían liquidado a igual período de 2019, según datos de Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), la organización que nuclea a las empresas del sector.

Según una encuesta del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral reveló que solamente un tercio de los productores ya han vendido todo. Prácticamente la mitad de los productores manifiestan tener guardado hasta la mitad de la producción, y casi un 15% los que todavía guardan más de la mitad.

Si bien en muchos casos se presumen cuestiones especulativas, la mitad de los productores manifestaron que es la reserva que permitirá cubrir alquileres y otros gastos de producción, mientras que menos de un 10% respondió la expectativa de precios más alto.

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El Banco Central aclaró que no hay impedimentos para la compra de dólares por homebanking

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La autoridad monetaria aseguró que no existe ninguna traba para que los bancos ofrezcan la compra y venta de dólares a través de las plataformas digitales.

El Banco Central (BCRA) aseguró este lunes que no hay impedimentos para que las entidades financieras vendan dólares a los clientes que cumplan con los requisitos para hacerlo, pese a que la operatoria está inhabilitada en las homebanking de todos los bancos desde el miércoles de la semana pasada.

La autoridad monetaria señaló que la base de datos de las personas que reciben un plan social -uno de los criterios de exclusión para comprar hasta US$ 200 para atesorar por mes- está disponible en Internet y es pública, por lo que los bancos pueden consultarla.

En tanto, desde los bancos argumentaron que para acceder a esa información es necesario ingresar manualmente los datos de cada cliente en la página web de la Anses, lo que torna al cotejo “virtualmente imposible” para las operaciones a través de Internet.

“No hay impedimento para que los bancos vendan dólares. La web de Anses estuvo siempre disponible. La base de datos es pública y los bancos pueden hacer a la consulta”, aseguraron fuentes del Banco Central a Télam.

El martes pasado, a través de la comunicación “A” 7105, el Central determinó que no podrán comprar dólar los beneficiarios de un plan o programa de ayuda social, incluyendo los subsidios de carácter alimentario, entre otra media docena de nuevas restrcciones. Ante este escenario, los bancos trabajaron durante los últimos días para actualizar sus sistemas e instrumentar las normativas y pidieron a la Anses la base de datos de quienes tienen un plan social para cruzarla con sus clientes. Sin embargo, esto último no ocurrió.

“Más de 4 millones de personas compraron dólares en agosto. Es imposible cargar a mano los nombres de todos para saber si tienen o no un plan social. Necesitamos tener el aval del Banco Central para que los clientes firmen una declaración jurada o que Anses nos de la base de datos”, confiaron a Télam voceros de uno de los principales bancos del país.

Hasta el martes pasado los bancos tenían la obligación de verificar que los clientes que quisieran comprar dólar ahorro no hubieran realizado operaciones de compra o venta de dólar a través de la bolsa o hubieran accedido a créditos a tasa cero, entre otras exigencias. Para hacerlo, la mayoría habilitó un mecanismo de declaración jurada que depositaba en el cliente la responsabilidad de cumplir con la norma y liberaba al banco de habilitar la venta sin sufrir riesgos de violar la Ley Penal Cambiaria.

En tanto, la normativa del Banco Central publicada la semana pasada no permite a los bancos emitir una declaración jurada para que el cliente diga que no son titulares de un plan social y, en cambio, deben verificarlo individualmente.

“Las entidades financieras deberán realizar una consulta en la página de Internet de la Anses de la que resulte una certificación negativa denegada por contar la persona con ingresos propios por estar en relación de dependencia, ser beneficiaria de haberes previsionales o ser trabajadora autónoma, monotributista o de casas particulares”, detalló el Central en la comunicación.

Desde el sector bancario argumentaron que el modo de acceso a esta información no es operativa y señalaron que otra opción podría ser que la Anses les otorgue el listado de titulares de planes. Fuentes del organismo que conduce Fenanda Raverta aseguraron a Télam que esa no es una opción posible.

La Anses señaló a través de un comunicado que esa información está disponible , en la dirección web: servicioswww.anses.gob.ar/censite.

Según informaron las fuentes a Télam, tanto los bancos como el Banco Central trabajan en una solución, pero, de continuar este escenario, mañana será el quinto día hábil seguido sin la posibilidad de comprar dólares a través del sistema homebanking.

La comunicación “A” 7105 restringió la compra de moneda extranjera a los beneficiarios de IFE, AUH y el resto de los planes sociales, así como a quienes no tengan ingresos declarados y a los cotitulares de cuentas en moneda extranjera. También impidió la operatoria a quienes hayan refinanciado cuotas de créditos personales y prendarios, cuotas de créditos hipotecarios, el saldo de la tarjeta de crédito a 12 meses o sean deudores de créditos hipotecarios UVA. Además, impuso que la compra de dólar oficial tenga una percepción de 35% sobre el impuesto a las Ganancias o Bienes Personales, que se suma al recargo del 30% del impuesto PAÍS que se aplican sobre el precio de venta oficial de la divisa.

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