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Alfonso Prat-Gay: “Cuando un país llega a un acuerdo con el FMI es un fracaso de la política y de la dirigencia política”

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El ex ministro de Hacienda analizó la decisión del gobierno de Mauricio Macri de pedir financiamiento al organismo internacional. Además, criticó el rumbo que tomó el Banco Central y explicó su salida del Gabinete.

El ex ministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay aseguró este domingo que la decisión del gobierno de Mauricio Macri de pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional (FMI) fue “prematura” y que “no fue una buena noticia” para la Argentina. Además, confesó el principal motivo por el que se alejó del gabinete y reveló sus intenciones de ser candidato a gobernador de Tucumán por Cambiemos en el 2019.

“Cuando un país llega a un acuerdo con el Fondo es un fracaso de la política y de la dirigencia política que tiene que pedir auxilio en otro lugar”, explicó el ex funcionario en referencia a la decisión del gobierno nacional de solicitar financiamiento al FMI frente a la compleja situación económica que vive el país.

En una entrevista que brindó al programa En diálogo con Longobardi, que conduce el periodista Marcelo Longobardi en CNN en Español, Prat-Gay sostuvo que “la modalidad que el Fondo (Stand By Agreement) ya le está imponiendo a la Argentina es un acuerdo que está previsto para países que tienen situaciones transitorias pero muy complejas de balance de pagos”. En ese sentido, indicó que en la actualidad hay solo tres países que mantienen ese tipo de acuerdo y son “Irak, Jamaica y Kenia”.

El ex funcionario explicó que “hay un flujo de dólares que está saliendo” y que “es la contracara de las reservas que fue perdiendo el Banco Central”, lo que implica que “el Gobierno para no perder reservas va a un programa con el Fondo y esa no es una buena noticia”. Para ejemplificar la decisión del gobierno nacional, Prat-Gay describió que “nadie va al FMI alegremente. Es un prestamista de última instancia. Es como llevarte mal con tu suegro y tener que pedirle plata. Aunque le devuelvas el dinero, te lo va a recordar toda la vida“.

Alfonso Prat-Gay junto al presidente Mauricio Macri

Alfonso Prat-Gay junto al presidente Mauricio Macri

Prat-Gay sostuvo que el gobierno presentó el pedido al FMI como una decisión preventiva y afirmó que, a su criterio, la determinación “fue prematura”. “No hay ninguna condición objetiva para considerar que Argentina estaba al borde del colapso”, señaló.

El ex ministro argumentó su tesis: “Cuando asumimos había un tipo de cambio oficial pero había uno paralelo que era donde se negociaban todas las operaciones financieras y comerciales. Ese tipo de cambio, en diciembre de 2015, estaba en $16. Si a esos $16 los traigo a valores de hoy, con la inflación acumulada en Argentina y retándole la acumulada en Estados Unidos, me da un valor de 28 pesos”. En esa línea, agregó: “El nivel a partir del cual empezó a intervenir el Banco Central era lejísimos a un tipo de cambio de pánico”.

Por otra parte, elogió la forma de actuar del Presidente frente al complejo escenario económico. “Macri puede equivocarse o no pero lo que no le sucede es quedarse en el mismo lugar. Esa es la condición de un líder y un presidente que no vemos habitualmente en Argentina. Rescato esa capacidad de Macri de decir si hay un problema, busquémosle la solución”, afirmó.

Prat-Gay contó que en el inicio del gobierno de Cambiemos “Argentina volvió a tener un vínculo normal con el FMI” y a partir de ese entonces el organismo internacional “envió a sus analistas para hacer una evaluación que se suele realizar todos los años”.

El ex ministro recordó que cuando el FMI publicó su evaluación sobre la economía de la Argentina “apoyó el gradualismo fiscal” e identificó como puntos débiles dos cuestiones: la dependencia del financiamiento externo y un tipo de cambio atrasado.

El ex ministro criticó algunas de las decisiones del gobierno nacional (Télam)

El ex ministro criticó algunas de las decisiones del gobierno nacional (Télam)

Frente a ese panorama, afirmó que “los mismos funcionarios que recibieron ese informe y reaccionaron diciendo que estaba todo bien porque el tipo de cambio es el que tenía que estar y no les preocupaba el déficit comercial, son los que se tienen que sentar a negociar con los burócratas que hicieron el informe, en el que le advirtieron que había un problema”. “Arrancás la negociación en una posición de debilidad”, aseguró.

Además de analizar la decisión del gobierno nacional, el ex funcionario explicó su tesis sobre las causas que podrían haber llevado a la Argentina a regresar al FMI. Según su criterio, el déficit comercial fue el principal problema. Señaló que “entre exportaciones e importaciones hay una diferencia de 5 puntos del PIB. “Creo que el equipo económico no supo advertir esto a pesar de que el FMI se lo dijo en el informe”, afirmó. Y agregó: “Cinco puntos del PBI de déficit es muy alto”.

Prat-Gay aseguró que quiere que le vaya bien al gobierno y señaló que las pocas veces que apareció desde que se fue, intentó que alguien lo escuchara, al tiempo que remarcó que “el problema central es que por cuestiones de competitividad Argentina, al crecer un poco más que poco, enseguida genera una necesidad de divisas que no tiene a menos que el mundo se la esté prestando todo el tiempo”.

Criticas al Banco Central

En referencia al último aumento del dólar en el país, que tuvo lugar el último viernes, Prat-Gay afirmó que “en el último episodio quedó muy de manifiesto que el Banco Central salió a intervenir demasiado pronto. “Un Banco Central que nos decía ‘no se preocupen porque este es un régimen de flotación cambiaria y el tipo de cambio hace lo que tiene que hacer’, de repente cambió de libreto y salió a intervenir”, indicó.

“Si el Banco Central hubiese tenido un diagnóstico sobre qué países con déficit grande de cuenta corriente están expuestos a esta situación, hubiese entendido que ese tipo de cambio era parte del problema y que no tenía mucho sentido defender un tipo de cambio atrasado”, sostuvo.

Prat-Gay cuestionó las decisiones del Banco Central que dirige Federico Sturzenegger

Prat-Gay cuestionó las decisiones del Banco Central que dirige Federico Sturzenegger

Salida del Gabinete nacional

“Mientras estuviéramos en la transición hacia la normalidad era muy necesario tener un ministro de Economía que coordinara todo. Lo discutí más de una vez con Macri. Es la razón por la cual yo me fui del gobierno. Porque yo creía que para una economía que salía de una crisis tan profunda era realmente muy arriesgado tener la decisión tan atomizada como ahora Es muy difícil coordinar a tantos ministerios”, afirmó el ex funcionario, en alusión a la decisión del jefe de Estado de tener un equipo económico y no un único ministro de Economía.

En ese sentido, apuntó contra la formación del equipo de ministros y las diferencias internas. “La concepción de equipo que tiene el Gobierno es la ausencia de conflicto. Las voces disonantes corren el riesgo de romper la armonía y es más importante la armonía que el resultado final. Eso funciona en países como Suiza o Chile, donde el ministerio de Economía está dividido, pero no tienen ni por asomo la lista de problemas que tiene Argentina”, sentenció.

Candidatura a gobernador de Tucumán

“Mi intención es colaborar. Tucumán es la provincia de mi viejo, de mis abuelos, bisabuelos. Yo viví de chico ahí. Es el lugar que siento propio. Puedo aportarle mucho a la provincia si encontramos la manera de trabajar conjuntamente con el resto de la oposición al peronismo”, indicó Prat-Gay sobre su intención de ser candidato a gobernador del territorio que gobierna el peronista Juan Manzur.

El ex ministro de Hacienda destacó que su principal interés “es ser parte de una solución integral para Tucumán” y que “si eso implica una candidatura, estoy encantado de que así sea”. “Estoy al servicio de ese objetivo, de ganar Tucumán para los tucumanos y para que Cambiemos transforme esa provincia en lo que debería ser. Son muchos años de decadencia y frustración”, señaló.

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Cuáles son los argumentos del Gobierno para impulsar un juicio por el crédito que Macri tomó con el FMI

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Un escrito del Banco Central da cuenta de las ideas oficiales sobre las que gira esta estrategia, que critica la forma en que se endeudó el país en 2018

La investigación que el Banco Central pidió que se transforme en un expediente judicial para comprobar si hubo una defraudación en el crédito al Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018 se basa en dos grandes argumentos. Así se desprende de un memo de la entidad que preside Miguel Pesce y que expresa que: el dinero sirvió para la fuga de capitales y que el crédito no pasó el filtro previo de las instancias jurídicas y legislativas correspondientes.

“El expediente administrativo del registro del Ex Ministerio de Hacienda de la Nación en el que tramitaran las actuaciones relativas al acuerdo stand by de acceso excepcional suscripto con el FMI, fue iniciado el 21 de junio de 2019, esto es, con posterioridad a la suscripción y formalización de los documentos que sellaran dicho acuerdo”, se indicó. En cambio, “la carta de Intención y los memorándums fueron suscriptos el 12 de junio de 2018”.

“Como consecuencia de ello, la Carta de Intención, el Memorándum de Entendimiento de Política Económica y Financiera y el Memorándum de Entendimiento Técnico, por los que la República Argentina solicitara el acuerdo más grande de la historia del FMI, fueron todos suscriptos sin un dictamen jurídico previo que analizara cuestiones medulares que necesariamente deberían haber sido objeto de estudio legal previo a la suscripción de los documentos”, sostiene el BCRA.

Esto es, “si el Poder Ejecutivo Nacional y en especial el Ex Ministerio de Hacienda se encontraba facultado a decidir y formalizar un acuerdo con el FMI por semejante monto, y sujeto a las condicionalidades establecidas en los documentos que lo conforman”.

“La opinión legal emitida –reitero, posterior a la formalización del acuerdo- se ha limitado a analizar una cuestión meramente formal, consistente en la facultad del Ex Ministerio de Hacienda para cursar las misivas al Organismo Internacional, de acuerdo al rol que le asigna el artículo V, sección I del Convenio Constitutivo de ese Organismo”.

“A pesar del principio general contenido en el art.60 de la ley 24.156 promulgada en el año 1992, que prohíbe a las entidades de la APN formalizar operaciones de crédito público no contempladas en la ley de presupuesto general del año respectivo o en una ley específica, dicho acuerdo fue suscripto en ausencia absoluta de ley formal que lo autorizara”, precisó.

Dicho acuerdo fue suscripto en ausencia absoluta de ley formal que lo autorizara

“La excepción a ese principio general contenido en la norma cuando la operación de crédito fuera formalizado con un organismo financiero internacional del que la Nación formara parte, constituía una delegación prohibida a la luz del art.76 de la Constitución Nacional, y los claros términos de la cláusula provisoria octava que acompañó la sanción de la nueva Constitución, que dispuso la caducidad de toda la legislación delegada preexistente que no contuviera plazo establecido para su ejercicio”, indica el escrito.

Tampoco se trató de un préstamo tomado para realizar inversiones para el desarrollo económico del país declaradas de interés nacional por ley o por el PEN, único caso en que la ley 11.672 permanente de presupuesto faculta al PEN a contratar préstamos con Organismos Internacionales a los que la República pertenezca como miembro, siempre que el préstamo se ajuste a las condiciones usuales de los respectivos convenios básicos, condición ésta que tampoco se cumplía por la excepcionalidad del monto en términos cuantitativos, a la luz de la cuota correspondiente a la Nación”, advirtió el BCRA.

Tampoco se trató de un préstamo tomado para realizar inversiones para el desarrollo económico del país

En este sentido, el Banco Central “no emitió el informe previo a la formalización del acto, sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos, herramienta fundamental para dilucidar la capacidad de repago del país frente a los compromisos asumidos, a la luz de los distintos rubros que conforman la cuenta corriente y de capital, y que el artículo 61 de la ley 24.156 de Administración financiera y de los sistemas de control de la APN, considera esencial cuando la operación de crédito público, origine la constitución de deuda pública externa”.

La entidad cita el informe “Mercado de cambios, Deuda y Formación de Activos externos 2015-2019”, elaborado por el B.C.R.A. a solicitud del presidente de la Nación Argentina, que “dio cuenta del aumento exponencial en la formación de activos externos (coloquialmente llamada “fuga de capitales”)”.

Miguel Pesce, presidente del BCRA  Miguel Pesce, presidente del BCRA

“A lo largo de todo el período, se triplicó, superando los USD 86.000 millones. Aún durante la primera fase de auge e ingreso de capitales, la formación de activos externos de los residentes alcanzó los USD 41.100 millones. En la etapa de aceleración de salida de capitales, entre mayo de 2018 y hasta que fueron establecidos los controles cambiarios más estrictos recién en octubre 2019, del total pautado con el FMI llegaron a desembolsarse cerca de USD 44.500 millones”, detalló.

Estos fondos junto a las reservas internacionales, abastecieron una fuga de capitales del sector privado, que alcanzó los USD 45,1 mil millones”, afirmó .

Por lo tanto, ante “la ausencia absoluta de medidas de contención de dicha fuga durante, dan cuenta de la flagrante violación a los diáfanos términos del art. VI del convenio constitutivo del FMI aprobado por la República Argentina por Ley 21.648 que prohíbe la utilización de los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable y continua de capitales”.

A su vez, de “la contradicción explícita con los objetivos expuestos en el memorándum de Entendimiento sobre Políticas Económicas y Monetarias en el marco del acuerdo con el FMI, ya que se asumió, entre otros compromisos, el de disminuir las tensiones en la balanza de pago, incrementando las reservas internacionales”.

“Todo ello, en el marco de un acuerdo suscripto sin el más mínimo de control de legalidad y legitimidad”, sentenció.

“La función administrativa -y la negociación o toma de deuda por parte del Poder Ejecutivo lo es- está sometida al test de la razonabilidad que implica analizar la oportunidad, mérito o conveniencia de su dictado y la competencia de los órganos para decidir y formalizar el acto, esto es, su legitimidad”, destacó.

“La efectivización de una decisión política está sujeta a una serie de procedimientos; requisitos; informes y dictámenes cuyo cumplimiento y respeto resultan obligatorios para los funcionarios públicos”, indicó.

“Su omisión constituye una grave irregularidad que compromete la responsabilidad personal de los funcionarios involucrados en la misma”, concluyó el escrito que seguramente pasará a formar parte de la causa judicial que el Gobierno quiere impulsar.

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La Asociación de Magistrados rechazó el pedido del Presidente para que el Congreso investigue a los jueces

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“El contenido de las sentencias nunca puede caer bajo el novedoso concepto de ´control cruzado´”, sostuvo la entidad a través de un comunicado. También se refirió a un “afirmación errada” del Presidente sobre el Impuesto a las Ganancias

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de la Nación (AMFJN) emitió ayer a última hora de la noche un comunicado en el que rechazó el pedido que el presidente Alberto Fernández hizo el lunes en la apertura de la asamblea legislativa para que el Congreso de la Nación controle a los jueces.

“El contenido de las sentencias nunca puede caer bajo el novedoso concepto de ‘control cruzado’, ajeno al orden constitucional jurado”, sostuvo la entidad y agregó que Fernández omitió “considerar que el Poder Ejecutivo y el Senado tienen a su cargo el nombramiento de los Magistrados mediante el sistema de propuesta, acuerdo y designación vigente según la Constitución Nacional”.

“El Poder Judicial de la Nación está en crisis”, dijo el jefe de Estado y agregó “que parece vivir en las márgenes del sistema republicano”. Por eso pidió al Congreso “que asuma su rol de control cruzado sobre el Poder Judicial”. El senador del Frente de Todos Oscar Parrilli habló ayer sobre la creación de esa comisión.

Sobre la definición de vivir al margen del sistema republicano, la AMFJN , presidida por el juez Marcelo Gallo Tagle, dijo que “debe precisarse que la independencia del Poder Judicial es un eje central del sistema de frenos y contrapesos que constituye un estado democrático. Sin ello, no hay República”. El comunicado fue firmado por todos los integrantes de la mesa directiva de la entidad que la integran las tres listas políticas que tiene la justicia.

La asociación respondió otro pasaje del discurso del Presidente en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. Fue el referido al pago del impuesto a las ganancias. “Ningún magistrado ni funcionario judicial paga hoy el Impuesto a las Ganancias que si tributan millones de trabajadores y funcionarios del sector público y privado”, dijo.

Marcelo Gallo Tagle, presidente de la AMFJNMarcelo Gallo Tagle, presidente de la AMFJN

“También ha preocupado una afirmación errada”, dijo la entidad sobre la referencia a Ganancias y agregó: “cuando sabido es que a partir de la ley Nº 27.430, todos aquellos designados o promovidos desde el 1º de enero de 2017 están sujetos al gravamen sobre el trabajo. Si no hay más comprendidos en tal imposición, es porque se encuentran demoradas cientos de designaciones en cargos vacantes, problema crucial al que no se hizo referencia”.

“Por ello, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional se encuentra en el triste deber de tener que señalar, con respetuosa firmeza, que no es la generalización de casos particulares, ni la destrucción de los sistemas de Justicia con motivo de sentencias que desagraden a sectores políticos concretos, el camino para lograr el equilibrio de poderes en un Estado Social de Derecho, que entre todos debemos construir”, agregó la AMFJN en su comunicado de cinco párrafos.

En el último la entidad dijo que avalaba uno de los aspectos de los dichos del jefe de estado. “Empero, coincidimos plenamente con el Sr. Presidente de la República cuando dice: “´Vivimos tiempos de judicialización de la política y politización de la justicia, que terminan dañando a la democracia y a la confianza ciudadana porque todo se trastoca´. Esta grave situación es la que debemos prevenir y solucionar, en necesario marco de Verdad, sin agravios y sin presiones”, concluyó.

Comunicado completo

En el discurso de apertura de las sesiones legislativas, el Sr. Presidente de la Nación dijo a toda la ciudadanía que el Poder Judicial “es el único poder que parece vivir en las márgenes del sistema republicano”. Por el contrario, debe precisarse que la independencia del Poder Judicial es un eje central del sistema de frenos y contrapesos que constituye un estado democrático. Sin ello, no hay República.

Pidió también al Congreso “que asuma su rol de control cruzado sobre el Poder Judicial”, omitiendo considerar que el Poder Ejecutivo y el Senado tienen a su cargo el nombramiento de los Magistrados mediante el sistema de propuesta, acuerdo y designación vigente según la Constitución Nacional. El contenido de las sentencias nunca puede caer bajo el novedoso concepto de “control cruzado”, ajeno al orden constitucional jurado.

También ha preocupado una afirmación errada sobre que “ningún magistrado ni funcionario judicial paga hoy el impuesto a las ganancias”, cuando sabido es que a partir de la ley Nº 27.430, todos aquellos designados o promovidos desde el 1º de enero de 2017 están sujetos al gravamen sobre el trabajo. Si no hay más comprendidos en tal imposición, es porque se encuentran demoradas cientos de designaciones en cargos vacantes, problema crucial al que no se hizo referencia.

Por ello, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional se encuentra en el triste deber de tener que señalar, con respetuosa firmeza, que no es la generalización de casos particulares, ni la destrucción de los sistemas de Justicia con motivo de sentencias que desagraden a sectores políticos concretos, el camino para lograr el equilibrio de poderes en un Estado Social de Derecho, que entre todos debemos construir.

Empero, coincidimos plenamente con el Sr. Presidente de la República cuando dice: “Vivimos tiempos de judicialización de la política y politización de la justicia, que terminan dañando a la democracia y a la confianza ciudadana porque todo se trastoca”. Esta grave situación es la que debemos prevenir y solucionar, en necesario marco de Verdad, sin agravios y sin presiones.

Buenos Aires, 2 de marzo de 2021

Paula Asaro

Marcelo Gallo Tagle

Vicepresidente MPF

Presidente

Atilio Álvarez

Osvaldo Facciano

Vicepresidente MPD

Vicepresidente Jueces

Maximiliano Callizo

Enrique Comellas

Vicepresidente por Funcionarios

Secretario General

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El Gobierno promulgó la ley que establece que los próximos acuerdos con el FMI deberán ser aprobados por el Congreso

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La norma fija límites y controles a la emisión de deuda. Frente a la Asamblea Legislativa, Alberto Fernández calificó como el mayor fraude de la historia el crédito que tomó Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional en 2018

El Gobierno promulgó este miércoles la ley que establece límites y controles a la emisión de deuda en moneda extranjera, entre los cuales se destaca que futuros empréstitos deberán ser aprobados previamente por el Congreso de la Nación.

Con las firmas del presidente Alberto Fernández, del jefe de Gabinete Santiago Cafiero, y del ministro de Economía, Martín Guzmán, hoy se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 131/2021 que promulga la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, que fue sancionada por la Cámara de Diputados semanas atrás.

La norma fija que las negociaciones en materia de deuda pública con cualquier tipo de financiación internacional deben contar con el aval del Congreso. En efecto, el artículo 1° de la Ley 27.612 explica que el Presupuesto de cada año “deberá prever un porcentaje máximo para la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras respecto del monto total de las emisiones de títulos públicos autorizadas para ese ejercicio”.

“Toda emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras que supere dicho porcentaje requerirá de una ley especial del Honorable Congreso de la Nación que la autorice expresamente”, determinó.

Mientras que todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI) así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, también requerirá del aval de los legisladores nacionales.

Tanto la emisión de deuda en moneda extranjera como los programas firmados con el FMI “no podrán tener como destino el financiamiento de gastos primarios corrientes”.

Alberto Fernández firmó el decreto que promulga la ley de sostenibilidad de la deuda (Comunicación Senado)Alberto Fernández firmó el decreto que promulga la ley de sostenibilidad de la deuda (Comunicación Senado)

Alberto Fernández firmó la promulgación de la ley luego de su enérgico discurso frente a la Asamblea Legislativa en el que criticó la toma de deuda por parte de la gestión de Mauricio Macri. Dentro de las casi dos horas que duró su exposición, dedicó un capítulo de la apertura de sesiones ordinarias a la relación del gobierno de Cambiemos con el FMI. En ese sentido, adelantó que instruyó a lo abogados del Estado para iniciar una querella criminal contra “los autores de la mayor administración fraudulenta y malversación de caudales públicos de la historia”. También criticó a las autoridades del Fondo Monetario que accedieron a desembolsar USD 55 mil millones.

El Presidente sostuvo que “debemos no permitir nunca más un endeudamiento irresponsable”. Y graficó: “A una Argentina en absoluto default, el Fondo le entregó el préstamo más grande de su historia. El monto adeudado debe ser pagado en cuatro años. En 2022, esta cifra alcanza los 18 mil millones de dólares. El año subsiguiente, asciende a 19.186 millones. Recién en 2024 el pago de la deuda se cancela. Remarco las cifras para que los argentinos entiendan la magnitud del problema que han creado quienes estuvieron en el Gobierno”.

Endeudar al país de ese modo y que la toma de créditos haya sido resuelta con total irresponsabilidad y a espaldas del Congreso, no puede ser visto de otra manera que no sea visto como una administración fraudulenta y una malversación de caudales públicos como nunca antes habíamos registrado“, concluyó su cuestionamiento hacia la gestión de Macri y precisó que las negociaciones con el FMI “seguirán adelante en un macro de respeto”. Si bien aclaró que desde el Gobierno no pretenden apresurarse en cerrar un acuerdo con el Fondo, el mismo será tratado por las ambas cámaras para su aprobación.

“Nuestras negociaciones con el FMI seguirán adelante en un marco de respeto. El diálogo hasta ahora ha sido constructivo. El programa que se acuerde con el Fondo será enviado al Congreso Nacional”, expresó el Jefe de Estado.

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