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Alberto Fernández quiere que el Congreso apruebe en noviembre una ley para crear el Consejo Económico y Social

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Lo planteó ayer al titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa y busca instalar de manera permanente un esquema de diálogo entre empresarios, sindicatos, gobiernos y movimientos sociales para la resolución de temas económicos

En plena coincidencia con el planteo de Cristina Kirchner de avanzar hacia un amplio acuerdo político con diferentes sectores de la Argentina parea dar con una solución a los problemas económicos, Alberto Fernández encomendó a sus espadas en el Congreso a avanzar cuanto antes en la aprobación de un proyecto de ley para la creación de un Consejo Económico y Social.

El planteo lo hizo el Presidente ayer durante un almuerzo con el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el ministro de Defensa, Agustín Rossi. Antes lo había hablado con el jefe de la bancada del Frente de Todos, el diputado Máximo Kirchner.

En la reunión de ayer con Massa el Presidente le sugirió al jefe de Diputados que aspira a que en noviembre el Congreso apruebe la ley del Consejo Económico y Social.

En la práctica, este Consejo implicará un espacio de diálogo con sindicalistas, empresarios, movimientos sociales y el Poder Ejecutivo para establecer lineamientos concretos y permanentes para la política económica.

El Presidente se inclina por la idea de crear por ley un órgano para planificar políticas a largo plazo, con un mandato para su titular de cinco años y áreas de trabajo vinculadas a la educación, el desarrollo regional, ciencia y tecnología, empleo y jubilaciones.

Además, la idea es que el mandato de cinco años del Consejo Económico y Social trascienda el actual gobierno y que la renovación del presidente de ese órgano se ejecute en la segunda parte del mandato del próximo presidente. Este esquema le daría autonomía y capacidad de emitir opiniones libremente sin atadura a una administración.

Se trata de un tema que desde hace un tiempo que Alberto Fernández venía hablando con sindicalistas y empresarios. En rigor, el Presidente lo planteó desde el inicio de su mandato pero la pandemia arrasó con toda posibilidad de avanzar en ello.

La carta abierta de Cristina Kirchner terminó por convencer al Presidente en darle celeridad a ese proyecto de ley. Es que la vicepresidenta señaló, entre otras cosas, que la “economía bimonetaria” es hoy el problema “más grave” de la Argentina. Y en este contexto planteó sin vueltas que la solución será imposible “sin un acuerdo que abarque al conjunto de los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales de la República Argentina”.

Alberto Fernández comentó con Massa y Rossi que una vez que se termine de aprobar el proyecto de ley de presupuesto 2021 entre hoy y mañana en Diputados el bloque del Frente de Todos se aboque a avanzar con el proyecto de ley de creación del Consejo Económico y Social.

En los borradores iniciales de esta propuesta que habían empezado a elaborar el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz y el massista José Ignacio De Mendiguren que hoy preside el BICE, se mencionaba la idea de que el Consejo Económico y Social contaría con varias comisiones de trabajo para evaluación de la política económica y la generación de propuestas que permitan pensar políticas a largo plazo independientemente de quién esté a cargo del gobierno.

En el Consejo Económico y Social que convocó en dos oportunidades Alberto Fernández durante su mandato participaron movimientos sociales, gremios, empresarios, la Iglesia y el Gobierno. Pero nunca se pudo elevar una propuesta concreta en su conjunto y tampoco resultó ser un esquema de trabajo permanente. En julio pasado se empezó a trabajar la idea de darle sustento en el tiempo a este Consejo pero el tema quedó en la nada misma.

En algún momento se especuló en que si se armaba un Consejo Económico y Social por ley sería Roberto Lavagna el candidato designado para presidir un espacio de estas características. Incluso hubo ofrecimientos concretos del Gobierno al ex candidato a presidente pero éste nunca aceptó la oferta.

Argentina's President Alberto Fernandez (R) speaks next to Vice-President Cristina Fernandez de Kirchner as they announce the restructure of a $66 billion foreign-law debt, during a ceremony at Casa Rosada Presidential Palace in Buenos Aires on August 31, 2020 amid the COVID-19 novel coronavirus pandemic. - Recession-hit Argentina has managed to restructure 99 percent of a $66 billion debt issued under foreign legislation, Economy Minister Martin Guzman announced on Monday, following months of strained talks and several missed deadlines. (Photo by Juan MABROMATA / AFP)Argentina’s President Alberto Fernandez (R) speaks next to Vice-President Cristina Fernandez de Kirchner as they announce the restructure of a $66 billion foreign-law debt, during a ceremony at Casa Rosada Presidential Palace in Buenos Aires on August 31, 2020 amid the COVID-19 novel coronavirus pandemic. – Recession-hit Argentina has managed to restructure 99 percent of a $66 billion debt issued under foreign legislation, Economy Minister Martin Guzman announced on Monday, following months of strained talks and several missed deadlines. (Photo by Juan MABROMATA / AFP)

Esquema español y holandés

En el año 2009 Massa era jefe de Gabinete de Cristina Kirchner y poco antes de renunciar a ese cargo también había anunciado la creación de un Consejo Económico y Social en la Argentina. Una delegación de la CGT y de la UIA habían visitado en ese entonces España para interiorizarse del funcionamiento del CES español, creado en 1991, cumpliendo el mandato de la Constitución española de 1978. El presidente del organismo les habló de las virtudes del diálogo social en tiempos de crisis pero luego la idea quedó en la nada misma.

En noviembre pasado, antes de asumir la Presidencia, Alberto Fernández mantuvo un encuentro con un grupo de embajadores de la Unión Europea y allí se entusiasmó con la idea del Consejo Económico y Social que funciona en Holanda, más conocido como “Polder”.

En Holanda el órgano conformado por ley está integrado por representantes de cámaras empresarias, sindicatos, expertos en temas económicos y miembros del gobierno. Todos buscan el mismo objetivo: resolver conflictos, acordar posiciones en leyes complejas y asesorar al gobierno en la toma de decisiones.

El mismo Felipe Solá, que también había participado de ese encuentro con embajadores de la UE comentó que “sería bueno instalar por ley el modelo holandés de resolución de conflictos porque es una manera orgánica de resolver los problemas”.

En Holanda, el “modelo Pólder” está sustentado por ley y es un órgano asesor en el que empleadores, empleados y expertos independientes que son miembros nombrados por la Corona trabajan juntos para llegar a un acuerdo sobre cuestiones sociales y económicas clave.

Este Consejo asesora al gobierno y al Parlamento holandés sobre política social y económica. También facilita los acuerdos y hasta puede coordinar posiciones para dar con un proyecto de ley complejo. Los casos más emblemáticos que resolvió en los últimos años este Consejo Económico y Social fueron la creación del Acuerdo de Energía Holandés para el Crecimiento Sostenible, los consensos para imponer una profunda reforma previsional o un programa de empleo nacional.

El embajador de Holanda en la Argentina, Roel Nieuwenkamp, se mostró entusiasmado al igual que Alberto Fernández con la idea de que la Argentina explore un sistema similar al de los Países Bajos. “Vale la pena que en la Argentina hagan el intento de armar un Consejo Económico Social porque son muchos los desafíos por delante y se necesitará de acuerdos sólidos”, dijo el embajador de Holanda.

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Causa Ciccone: Amado Boudou espera que lo autoricen a continuar la condena en su nueva casa

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El ex vicepresidente tiene prisión domiciliaria desde abril. Durante la pandemia logró mudarse, pero no pidió permiso para salir a la calle. La Corte Suprema confirmará hoy todas las condenas

Boudou ya no será inocente por el caso Ciccone. La Corte Suprema tiene previsto rechazar todos los recursos presentados por los condenados en ese caso. De esa manera, quedarán firmes las condenas para el ex vicepresidente, su amigo José María Nuñez Carmona, Nicolás Ciccone, y el resto de los acusados. En el caso de Boudou, son 5 años y 10 meses de prisión. Ya pasó por la cárcel tres veces y desde abril sigue cumpliendo la pena desde su domicilio.

El ex vicepresidente se enteró de los primeros rumores ayer por la mañana, por un llamado de su amigo, José María Nuñez Carmona, que venía siguiendo el trámite del expediente por las vocalías de la Corte Suprema y notó una repentina aceleración en los últimos diez días. La primera reacción fue en tono político. “Esto es un mensaje para alguien”, dijeron en su entorno. Esa misma fuente sospecha que el fallo de la Corte tiene un hilo conductor con la resolución de la Cámara de Casación sobre la ley del arrepentido y otros fallos que surgen desde la Justicia.

Otras fuentes cercanas a Boudou relativizan las motivaciones políticas del fallo. “Amado estaba en la fila y le tocó, al Gobierno no le preocupaba su suerte. Si se confirma la condena es porque nadie estaba pidiendo por él”, graficó un allegado del ex vicepresidente, que nunca tuvo relación con el actual presidente Alberto Fernández.

Boudou no habló ayer en público: quiere esperar la “letra fina” del fallo de la Corte Suprema, anticipado ayer por Infobae. Sus abogados defensores no prepararon ninguna presentación judicial, al menos para las próximas horas. Con la confirmación de las condenas, el trámite quedará en manos del juez de ejecución, Daniel Obligado, quien le otorgó la domiciliaria en abril por la emergencia sanitaria.

“Las circunstancias no se modifican por el fallo de la Corte. Ellos no tienen nadie que los ayude con sus hijos, los padres de su mujer viven en México y Amado perdió a sus padres durante la cuarentena”, respondieron desde el entorno de Boudou para justificar que debería seguir con la prisión domiciliaria.

(Foto: Franco Fafasuli)(Foto: Franco Fafasuli)

Boudou ya estuvo detenido tres veces. La primera vez fue el 3 de noviembre de 2017, cuando la Prefectura lo sorprendió en su departamento de Puerto Madero con una orden del juez Ariel Lijo. Luego volvió a la cárcel en agosto de 2018, tras la condena del Tribunal Oral Federal 4 por el caso Ciccone. Ese período se extendió hasta el 11 de diciembre de ese año, cuando ese mismo tribunal, con otra composición, decidió otorgarle la excarcelación tras el pago de 1 millón de pesos y la colocación de una tobillera electrónica con GPS. Su tercer paso por el complejo penitenciario de Ezeiza arrancó el 18 de febrero del año pasado, luego de un fallo de la Cámara de Casación que decidió revocar su excarcelación.

El ex vicepresidente está cumpliendo con arresto domiciliario desde abril. Comenzó en un departamento del barrio de Barracas y luego pidió permiso para mudarse a una casa, confirmó a Infobae una fuente de su defensa.

La mudanza fue su única salida al exterior. Durante la pandemia su vida se concentró en su dos hijos mellizos. También dedica buena parte del tiempo a estudiar historia y francés. “Siempre fue una máquina de leer y con esta situación mucho más”, contó alguien del entorno.

Su socio, Nuñez Carmona, también decidió concentrase en el estudio. En el verano, según pudo saber Infobae, retomará la carrera de Derecho en la UADE. Su objetivo es recibirse a mediados de 2021.Con ese título, descontaría cuatro meses a la condena de 5 años y 6 meses, aunque ya suma unos 30 meses entre todas las detenciones.

Núñez Carmona también obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria: desde agosto pasa sus días en un departamento de Mar del Plata, donde vive junto a su mamá de 93 años. Solo salió a la calle para visitar médicos. Siempre con una orden judicial y monitoreado por la pulsera electrónica.

Por el caso Ciccone también fueron condenados el empresario Nicolás Ciccone, que cumple con prisión domiciliaria desde hace más de dos años, el arrepentido Alejandro Vandenbroele (el único que no apeló), Rafael Resnick Brenner (ex funcionario de la AFIP), y el ex jefe de Gabinete del Ministerio de Economía Guido Forcieri.

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La movilidad jubilatoria comenzará a debatirse hoy en el Senado

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La reunión se realizará desde las 14 y está previsto que el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; y la directora ejecutiva de ANSES, María Fernanda Raverta, expongan a través de videoconferencia ante los legisladores.

El proyecto de ley que modifica el índice de movilidad jubilatoria, enviado por el Poder Ejecutivo al Senado, comenzará a ser debatido hoy durante un plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, se informó oficialmente.

La reunión se realizará desde las 14 y está previsto que el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; y la directora ejecutiva de ANSES, María Fernanda Raverta, expongan a través de videoconferencia ante los legisladores.

El proyecto de ley, enviado la semana pasada al Congreso, “propicia una nueva fórmula de movilidad de las prestaciones, mediante la sustitución del artículo 32 de la ley 24.241 y sus modificaciones cuya aplicación se encuentra suspendida por el artículo 55 de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la emergencia”.

La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo modifica el índice de movilidad jubilatoria, elaborado en base al trabajo de una comisión mixta, y comenzará a utilizarse desde 2021, cuando venza el actual período de emergencia en la materia.

El proyecto contempla un aumento semestral mediante una fórmula que combina los índices de evolución de los salarios (50%) y de la recaudación (50%), vigente durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).

El texto fue elaborado en base a la propuesta de 131 páginas elevada por esa comisión, creada a partir de la Ley 27.541 de Solidaridad Social e integrada por 17 miembros -legisladores del oficialismo y de la oposición y funcionarios nacionales-, cuya labor constó de 17 reuniones en las que se recibieron a 24 expositores.

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Alberto Fernández descongela la relación con la CGT: almorzará con seis sindicalistas en Olivos

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La dirigencia cegetista le reclamará por el recorte de la ayuda económica, las jubilaciones y las obras sociales. El Presidente, que no recibe a la central obrera desde septiembre y estaba molesto con las críticas sindicales, quiere apurar el Consejo Económico y Social

Alberto Fernández decidió descongelar el diálogo con la Confederación General del Trabajo (CGT): almorzará este martes en Olivos con seis dirigentes de la cúpula cegetista, que irán con una amplia lista de temas para resolver, desde el reclamo por el recorte de la ayuda económica hasta la ayuda para las obras sociales, pasando por el Consejo Económico y Social.

La delegación sindical estará integrada por los cotitulares de la CGT Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (estaciones de servicio), Andrés Rodríguez (UCPN); Gerardo Martínez (UOCRA), Armando Cavalieri (Comercio) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias).

La relación Gobierno-CGT estaba atravesando por una crisis luego de que el consejo directivo de la central obrera mantuvo una agitada reunión, el 10 de noviembre pasado, en el que abundaron los cuestionamientos contra el oficialismo por el ajuste que se puso en marcha a través de la eliminación de planes de asistencia como el IFE y el ATP (para pagar una parte de los salarios de empresas en crisis), la nueva fórmula de actualización de las jubilaciones, la desactivación del programa Precios Cuidados y el aumento de las tarifas y las prepagas.

La dirigencia cegetista resolvió entonces pedir una audiencia con el Presidente para plantearle su posición o, a lo sumo, un encuentro con el gabinete económico, pero el Gobierno decidió no concederle ninguna reunión por el malestar que causaron las críticas sindicales. Sin embargo, siguió en contacto con los gremialistas el ministro de Trabajo, Claudio Moroni.

Héctor Daer, cotitular de la CGT, y Alberto Fernández, en el acto del 17 de octubre en la sede cegetistaHéctor Daer, cotitular de la CGT, y Alberto Fernández, en el acto del 17 de octubre en la sede cegetista

El último contacto entre el jefe del Estado y la CGT fue en el acto por el 17 de octubre que se hizo en la sede cegetista de Azopardo 802, aunque el anterior contacto a solas en el que pudieron abordar una agenda de temas se produjo en septiembre pasado, también en la Quinta de Olivos, donde durante tres horas y media repasaron la situación socioeconómica y la propuesta sindical para reformular el sistema de obras sociales y evitar su desfinanciación.

En ese momento, la CGT y el ministro de Salud, Ginés González García, negociaban una propuesta para aumentar el aporte de los trabajadores a las obras sociales destinado a compensar los severos problemas financieros del sistema sindical de salud, agravado por la cuarentena, pero finalmente se frenó debido al rechazo que generó esa alternativa.

Entre las quejas de la CGT también figura que el titular de Salud no avanzó con la idea conjunta de redactar un proyecto de ley complementaria para corregir asimetrías del sistema de obras sociales. Sin embargo, González García trató este tema la semana pasada con sus colegas del gabinete económico y el superintendente de Servicios de Salud, Eugenio Zanarini.

Si fuera así, quedará más en evidencia que el Gobierno no quiso recibir hasta ahora a la CGT luego de sus críticas, pero le respondió virtualmente con anuncios vinculados con los reclamos que había efectuado la central obrera para dejar sin efecto el malestar existente.

El ministro de Trabajo Claudio MoroniEl ministro de Trabajo Claudio Moroni

Por un lado, se informó que pondrán en marcha el programa Potenciar Trabajo para asistir a parte de los beneficiarios del IFE y se relanzó el programa Repro II, a través del cual se pagará a los trabajadores de las empresas adheridas una suma de hasta $9.000 mensuales.

Por otra parte, poco después de que lo exigió el consejo directivo de la CGT, el Gobierno prorrogó por otros 60 días la prohibición de los despidos y la doble indemnización.

Además, los sindicalistas habían advertido que las obras sociales no estaban en condiciones de pagar las vacunas contra el COVID-19 y la Superintendencia de Servicios de Salud demoró sólo dos días en garantizar que el Gobierno “se hará cargo de la provisión y de la aplicación”.

Dos semanas después de las críticas de la CGT, por otra parte, Alberto Fernández se anticipó a contestar un viejo reclamo sindical: prometió que pondrá en marcha rápidamente el Consejo Económico y Social, sin esperar a crearlo mediante una ley, tal como había anunciado en el discurso que brindó el 10 de diciembre, cuando anunció como presidente de la Nación.

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